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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-06-2010

El 8J y el ajuste

Jos Antonio Errejn
Rebelin


Para los sindicatos convocantes siete de cada diez empleados pblicos, un 11,85% de los funcionarios de la AGE para el Gobierno, los resultados de la convocatoria de huelga general son como siempre, muy desiguales aunque esta vez el Gobierno ha puesto especial cuidado en no irritar a los sindicatos eludiendo dar cifras en mitad de la jornada. Sea como fuere, parece bastante claro que la huelga general en los servicios pblicos no ha sido un xito de convocatoria.

Personalmente creo que la preparacin no haba sido lo concienzuda que otras veces y que la dimensin del reto requera. Es verdad que la convocatoria se hizo con toda premura para poder cumplir con las prescripciones normativas y tambin porque la convocatoria fue percibida desde el principio como un ensayo para la huelga general contra el conjunto de las medidas contenidas en el decreto ley. Pero parece asimismo claro que los sindicatos han convocado con la boca pequea,segn una expresin generalizada en medios muy diversos. Los ms crticos con los sindicatos les acusan de cumplir un mero trmite, incluso acusan a UGT y CCOO de importarles muy poco los funcionarios. Se trata en el segundo caso del ensimo intento de la derecha de separar a los funcionarios del sindicalismo de clase pero no deja de reflejar el temor muy extendido entre los empleados pblicos de constituir un sector maldito llamado a desempear el papel de chivo expiatorio de la crisis. Que el funcionariado no tenga confianza en los sindicatos de clase es una hiptesis sobre la que carecemos de evidencias empricas (en todo caso, entre ambos suman la mayora de los delegados tanto en personal funcionario como en personal laboral). Lo que resulta menos interpretable es el mayor coste de la preparacin de una huelga de los servicios pblicos habida cuenta de la complejidad y heterogeneidad que estos presentan en la realidad espaola.

Las razones del bajo seguimiento pueden ser diversas. Un porcentaje muy elevado de funcionarios escasamente informados e interesados por la polticatodava no ha percibido los efectos materiales del descuento del 5% en sus ingresos mensuales; a finales de mes su percepcin y estado de nimo ser seguramente otro. De entre los informados, a una parte le ha echado para atrs la acumulacin del descuento del da de huelga y el aplicado ya en la nmina del mes de junio. Otra parte estima que las medidas del ajuste son irreversibles y no quiere agravar una situacin econmica de por s complicada. Est, en fin, aquel sector del funcionariado en el que tiene un peso destacado los altos cuerpos de funcionarios, en el que su antipata hacia los sindicatos ,especialmente UGT y CCOO, es superior al rechazo de las medidas de ajuste,.

Tener una estimacin del peso de cada grupo sera conveniente para la preparacin de futuras acciones contra el ajuste en la funcin pblica. Como lo sera que el funcionariado y el conjunto de la opinin pblica conocieran realmente la prdida de poder adquisitivo que han sufrido las rentas de los empleados pblicos por ejemplo desde 1994

Es mendaz cargarle con la responsabilidad del dficit a la funcin pblica espaola, todava inferior en trminos de gasto pblico sobre el PIB a la de los principales pases de la UE15.

Por lo dems,se sabe que la causa principal del dficit no es el incremento de gastos sino la cada en picado de los ingresos fiscales excesivamente dependientes en el pasado de la construccin y el sector inmobiliario.

Si no es reducir el dficit, cul es el objetivo buscado con las medidas de congelacin impuestas? Es un valor admitido que con estos ajustes NO se sale de la recesin, se regresa al estancamiento. El carcter principal de estas medidas es DISCIPLINARIO, una pedagoga del palo para ensear a los sectores asalariados de la poblacin, empezando por el empleo pblico, las nuevas condiciones a implantar para volver a un nuevo ciclo de acumulacin (de crecimiento y empleo para consumo de masas).

Pero el instrumento pedaggico buscado no puede ser ms daino. Adems del efecto devastador que produce ver como el Gobierno vulnera cuando lo estima conveniente un acuerdo amparado legalmente, inaugura una prctica, hasta ahora sin precedentes, de reducir los salarios pblicos como medida de poltica econmica, lo que no dejar de ser ampliamente utilizado por gobiernos posteriores, sabedores que estas medidas aplacarn el resentimiento de sectores de la poblacin contra los privilegios del empleo estable y vitalicio. Y muestra que, a juicio del Gobierno, los sueldos de los empleados pblicos estaban supravalorados y que se pueden reducir, adems de congelar los procedimientos de cobertura de vacantes, sin que se resienta el desempeo de la funcin pblica.

Tal vez el Gobierno y el conjunto de fuerzas polticas y sectores sociales que jalean cuanto menos callan ante esta medida, piensan que sobra mucha funcin pblica, que la burocracia es un piedra al cuello de la economa espaola que le impide o le resta el vigor y el empuje que precisara para recuperar las condiciones de prosperidad perdidas. Si hacen eso, aunque sea por razones puramente oportunistas y demaggicas (en tiempos de crisis, es bueno tener un chivo expiatorio al que cargarle con las culpas de la crisis), ponen en cuestin un pilar bsico del funcionamiento de las sociedades complejas, cual es el capital social constituido por el funcionamiento de las instituciones pblicas que constituyen la infraestructura fundamental para el funcionamiento de la produccin y la reproduccin social.

No es ya la funcin de mantenimiento de la demanda que suponen las rentas de los salarios pblicos sino la dotacin de aquellos servicios esenciales como la salud, la vivienda, la educacin, etc. que el mercado es incapaz de proporcionar con la dimensin y las condiciones adecuadas para una sociedad compleja. Una dotacin de servicios que forma parte de la entraa misma de la democracia, la que asegura derechos con independencia de los bienes y la capacidad de compra de que se dispone.

As pues, disciplinar a la poblacin trabajadora y desvalorizar la funcin pblica son dos objetivos/resultados del decreto ley que merecan una firme respuesta de los trabajadores del sector pblico y, an ms, del conjunto de la ciudadana. Si a los mismos les aadimos la congelacin de las pensiones pblicas y la reforma laboral -que cuando se escriben estos comentarios es posible que sea del conocimiento de los agentes sociales-, encontraremos sobradas razones para que lo que tal vez haya sido un ensayo, tenga una adecuada continuacin con todo en una huelga general en la que los trabajadores hagamos sentir con firmeza el peso y la justicia de las razones que nos asisten para exigir otra forma de salir del atolladero en el que nos metieron los artfices del modelo de crecimiento que ha estallado con el pinchazo de las burbujas inmobiliaria y financiera.

Esta no ser, no debera ser una huelga exclusivamente contra el Gobierno, a pesar de las sobradas razones que existen para contestar tanta vacilacin, tanta incompetencia y falta de coraje para enfrentarse al dictado de los mercados financieros. Esta debera ser una huelga general para la afirmacin del mundo del trabajo, para la recuperacin de nuestra identidad, para hacer sentir el peso de nuestra contribucin al diseo de una frmula ms justa y sostenible de convivencia social que la que nos ha deparado la dominacin del capital financiero (la hegemona de las polticas neoliberales). Siguiendo la senda de los trabajadores griegos, portugueses, ahora italianos, franceses, en contra de los planes de ajuste de sus gobiernos, de esta nueva cruzada neoliberal que amenaza con barrer los restos de los Estados del Bienestar en Europa.

Durante ms de tres dcadas las polticas neoliberales, desempeadas por la derecha o por la izquierda sistmica, han gobernado la vida social dejando a su paso un rastro de sufrimiento, pobreza y desigualdad en lo social, de devastacin de la naturaleza, de guerras, intolerancia, xenofobia y racismo. La crisis comenzada en el verano del 2007 parece destinada a acabar con el propio proyecto europeo y, lo que es peor, con la democracia en el continente anegada por la dictadura irresponsable y criminal de los mercados financieros.

La defensa de los servicios pblicos y de una funcin pblica necesaria para gestionarlos de forma eficiente, transparente y participada, es una condicin de existencia de la democracia en Espaa y en Europa. En esta defensa estn comprometidos los trabajadores de la industria y los servicios, los funcionarios, los pensionistas, los precarios, los inmigrantes, las mujeres y los jvenes expulsados del mercado de trabajo o que nunca han podido acceder a l, todos aquellos sobre los que el capital y los gobiernos pretenden descargar el peso de los esfuerzos para salir de la crisis en la que nos ha sumido su irresponsabilidad y la locura del capitalismo financiarizado y especulativo.

El partido del trabajo no puede dejar de concurrir en esta hora crucial para la suerte de la democracia en Espaa y en Europa.

P.S.: Cuando cierro este artculo parece ya confirmada la ruptura de las negociaciones sobre la reforma de la mercado del trabajo entre sindicatos y patronal. Las pretensiones de la patronal para abaratar los costes de despidos y, sobre todo, para acabar con los mbitos de negociacin colectiva superior a la empresa, rentabilizando la apurada situacin del Gobierno, han hecho imposible un acuerdo al que los sindicatos se vean abocados tras el escaso seguimiento de la huelga de los funcionarios.

Falta por ver ahora qu apoyos parlamentarios obtiene el gobierno para sacar adelante la reforma que los agentes sociales no han podido acordar. Es ms que previsible que CiU, CC y, eventualmente, el PNV le presten su apoyo a cambio de futuras contraprestaciones en los presupuestos para 2011. La izquierda parlamentaria no debera apoyar esta reforma mientras que el PP es probable que se abstenga solo para no dar ni el menor respiro al Gobierno en su estrategia de asfixia.

Con todo, lo verdaderamente importante ser la respuesta de UGT y CCOO al nuevo decreto ley que introduzca la nueva regulacin del mercado de trabajo. Desde todos los medios, especialmente los del grupo Prisa, se est haciendo una fuerte presin a las direcciones sindicales para que se hagan corresponsables de las duras e inevitables medidas contenidas en el plan de ajuste.

Una presin difcil de soslayar para UGT que probablemente ir al remolque de las decisiones de la direccin de CCOO, sobre la que va a recaer el peso de acontecimientos decisivos para los prximos aos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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