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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-07-2010

A propsito de la absolucin de cuatro policas locales de Arrecife por la Audiencia
Torturas y malos tratos impunes en las comisaras del Estado Espaol?

Cristbal Garca Vera
Canarias-semanal.com


El pasado mircoles 30 de junio eran absueltos por la Audiencia Provincial de Las Palmas cuatro policas locales de Arrrecife, acusados de detener ilegalmente a un ciudadano, torturarle y falsificar luego el atestado sobre lo sucedido. Segn el relato de los hechos efectuado por la Fiscala -que solicitaba para ellos una pena de 11 aos de crcel - en la madrugada del 15 de diciembre de 2005 los agentes Manuel Hernndez y Juan Jos de Len observaron que una motocicleta estaba siendo conducida haciendo zigzag, por lo que decidieron darle el alto a su conductor, Jos Miguel Cedrs . Tras pedirle la documentacin observaron que ste careca de permiso de conduccin y del seguro obligatorio. Decidieron entonces inmovilizar el vehculo y proceder a rellenar el boletn de denuncia. El hombre les pidi que le trasladaran a su domicilio, a lo que los agentes, "no slo le respondieron que no, sino que iniciaron una discusin con ste, solicitando el apoyo de otros compaeros. A esta peticin de ayuda respondieron Miguel ngel Hernndez y Jos Miguel Ortega. Cuando estaban los cuatro, "como represalia por su actuacin conduciendo la motocicleta - y siempre segn el Ministerio Fiscal - supuestamente la emprendieron a golpes, puetazos y patadas contra el hombre, al que consiguieron derribar. Una vez en el suelo, tras los golpes presuntamente recibidos, lo engrilletaron, procediendo a su detencin . Jos Miguel Cedrs fue puesto en libertad en la maana de ese mismo da, a pesar de la denuncia interpuesta contra l por los agentes, que en su atestado declararon que les haba agredido, insultado y amenazado.

El juez encargado de este caso en la Audiencia Provincial de Las Palmas ha considerado probado que los cuatro policas locales, efectivamente, detuvieron a Cedrs -sin que haya quedado acreditado el motivo- lo tiraron al suelo, lo engrilletaron y lo condujeron a un centro de salud para que le trataran las heridas producidas durante la detencin y de las que tard una semana en recuperarse. El magistrado, sin embargo, no estim suficientemente probados los hechos denunciados, dictaminando la libre absolucin de los policas en base al principio jurdico in dubio pro reo, (ante la duda a favor del reo). Lejos de nuestra intencin est el criticar una norma que expresa, en definitiva, la necesidad de que el acusador deba probar la culpa del imputado y no ste ltimo su inocencia. Cualquiera medianamente informado sobre el funcionamiento real del poder judicial espaol, sin embargo, encontrara abundantes ejemplos para cuestionar la forma en que tal principio se aplica cotidianamente.  

Cuando nos adentramos en el espinoso asunto que nos ocupa, el de las acusaciones por torturas que se realizan contra los miembros de los diferentes cuerpos policiales del Estado, existen numerosos informes de organismos internacionales que denuncian la impunidad efectiva de estos agentes. No por casualidad es ste el subttulo de un exhaustivo estudio elaborado por Amnista Internacional - Sal en la herida (1) - sobre los casos de tortura y malos tratos en el Estado espaol. En la introduccin de este informe se recuerda que "junto a otras ONGs y diversos rganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europaesta organizacin lleva aos expresando honda preocupacin por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Espaa".

"La impunidad de que disfrutan muchos agentes de polica se debe" -segn AI - a varios factores. Entre ellos, a la paradoja de que son los mismos cuerpos de seguridad investigados los encargados de llevar a cabo dichas investigaciones y "los jueces de instruccin y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la polica y no les dan el mismo crdito a las supuestas vctimas ni a los testigos".

De acuerdo a lo denunciado por esta organizacin, "cuando surge un caso de presuntos malos tratos el proceso suele ser siempre el mismo: investigacin interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rpido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos mdicos y otros indicios crebles que la respaldan". Sin embargo, y segn se desprende de ste y otros informes similares, el encubrimiento y la complicidad con tales prcticas se produce en todos los mbitos de la administracin de "justicia", y se concreta en "obstculos a la presentacin de denuncias", " informes mdicos incompletos o inexactos" o "la ausencia de imparcialidad en las investigaciones y los retrasos excesivos de los procedimientos".

A este respecto, Jorge del Cura miembro de la Coordinadora para la Prevencin de la Tortura ha sealado que el Estado espaol ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comit Contra la Tortura y el Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura o por retraso inaceptable en la investigacin de estos delitos. (2)

Amnista Internacional se refiere, asimismo, a las penas insignificantes, en relacin a los delitos cometidos, que suelen imponerse a los escasos policas o Guardias Civiles que son finalmente condenados por torturas o malos tratos. As como al hecho de que, frecuentemente, stos reciben "indultos, son excarcelados pronto o simplemente no cumplen la condena" . Uno de los muchos beneficiarios de esta benevolencia selectiva fue el ya fallecido Juan Antonio Gil Rubiales (3) , un condenado por el Tribunal Supremo por torturas que provocaron la muerte de un detenido que acabara siendo nombrado comisario provincial de Sta. Cruz de Tenerife.

(Ample informacin sobre el tema tratado en este artculo en http://www.canarias-semanal.com/pub/canarias/comisar/comisar.html)

Carecemos, desde luego, de los datos necesarios para pronunciarnos sobre el episodio concreto de los cuatro policas locales de Arrecife absueltos por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Existen, no obstante, sangrantes y muy numerosos antecedentes que permiten objetar estos fallos judiciales. Sin salir de la isla de Lanzarote resulta obligatorio recordar a Antnio Fonseca , un ciudadano de Guinea-Bissau sobre cuya muerte en una comisara conejera en el ao 2000 la polica ofreci hasta tres versiones diferentes, segn stas iban siendo refutadas. En aquella ocasin se desech incluso la autopsia realizada por el prestigioso catedrtico de Medicina Legal Jos Antonio Garca-Andrade, quien sostuvo contundentemente -confirmando las denuncias de la familia- que la causa del fallecimiento haba sido un golpe dado con un objeto contundente . Ni la opinin de este experto ni la de un testigo presencial, que dijo haber visto como Fonseca era golpeado por los policas, impidi que el juez sobreseyera la causa sin formular cargos contra ellos. En 2007, el joven tinerfeo Jos Manuel Gonzlez acababa en el hospital despus de ser interceptado por dos agentes motorizados de la UNIPOL. El caso provoc una fuerte repulsa popular, con la peticin de que se disolviera esta unidad especial de intervencin policial, creada por el alcalde de Sta. Cruz Miguel Zerolo y denunciada pblicamente por la brutalidad de sus actuaciones . Como era esperable, tambin en esa ocasin prevaleci la versin de los agentes, segn la cual todas las heridas de Gonzlez se las produjo l mismo al huir y chocar contra una pared. Fueron absueltos. Pero ni siquiera la presencia de cmaras que registren este tipo de hechos es suficiente en el Estado espaol para garantizar una condena ajustada a su gravedad. As lo muestra el caso del agricultor Juan Martnez Galdeano , que falleci en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almera) en julio de 2005, despus de recibir una paliza -que continu despus de que fuera reducido- y de que se utilizar contra l una pistola de electrochoque Taser no reglamentaria. Buena parte de la agresin qued registrada y, excepcionalmente, emitida por todas las televisiones del Estado. De los ocho agentes procesados, cinco fueron absueltos. Dos fueron declarados culpables de una falta de lesiones con la agravante de abuso de superioridad y condenados al pago de una multa. El oficial al mando, Jos Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y de una falta de lesiones. Fue condenado a 15 meses de prisin, el pago de una multa y a inhabilitacin para empleo o cargo pblico durante tres aos.

Cinco das antes de la reciente absolucin de los cuatro policas locales de Lanzarote, la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentaba en Madrid su sexto informe (4) sobre una realidad silenciada sistemticamente por los principales medios de comunicacin. Cada ao, centenares de denuncias bien documentadas por la Coordinadora son ignoradas por quienes se consideran legitimados para dar lecciones sobre el respeto a los Derechos Humanos fuera de Espaa. Estos medios, en cualquier caso, no dejan de cumplir con su funcin como instrumentos de dominacin ideolgica al servicio del poder. Otra cosa bien distinta habra que exigir, empero, a las organizaciones e individuos de izquierda que han aceptado la conversin del tema -mediante procedimientos maccarthistas- en un innombrable tab  y prefieren mirar hacia otro lado para evitar posibles consecuencias. En estos casos es justo dudar de la autenticidad de sus discursos, pues ni la justicia ni la moral futuras se podrn alcanzar sin combatir las lacras de la sociedad presente. Y entre todas ellas, desde luego numerosas, pocas pueden competir en iniquidad con la prctica de la tortura.

Notas y referencias bibliogrficas:

(1) "Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de polica en casos de tortura y malos tratos". Informe de Amnista Internacional sobre el Estado espaol.

(2) Entrevista a Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevencin de la Tortura.

http://canarias-semanal.com/secciones/estado/articulosenesimo/Eentjorgedcura.html

(3) Ver: La atribulada historia de un comisario torturador". Por Armando Quiones

http://canarias-semanal.com/biografiaaineditas/articulos/historiarubiales.html

(4) El informe de la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura (CPDT) puede consultarse en http://www.prevenciontortura.org/



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