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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-07-2010

Uruguay, un crimen de Estado
12 presos mueren calcinados en la crcel departamental de Rocha

Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la seleccin uruguaya de ftbol dej de ocupar la atencin meditica. Como en cualquier da anterior al campeonato mundial de Sudfrica, la "crnica roja" volvi al centro de los impdicos noticieros televisivos.

Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la crcel del departamento de Rocha (unos 250 kilmetros de Montevideo), doce presos murieron calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que pueda sorprender. El 1 de enero de 2009, en el Penal de Libertad (San Jos) los muertos por quemaduras haban sido dos; el 24 de agosto del mismo ao, en el Comcar (Montevideo), cinco presos haban fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial lleg "demasiado tarde". Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una pena de muerte extrajudicial.

Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del horror. La desesperacin y la impotencia ante la muerte que acecha a sus compaeros de reclusin. Los gritos desgarradores que claman por el rescate. Ningn guardia-crcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra el Estado infractor y su criminal violacin de los derechos humanos.

Segn las fuentes ms confiables el siniestro ocurri en la madrugada, cuando un calefactor de fabricacin casera (para abrigarse del fro invernal) tom contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector N 2 del establecimiento penitenciario. En pocos minutos el fuego haba consumido las camas de madera, los colchones de polifn, los recipientes de plstico. El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. Los cuerpos calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el bao, cuando intentaban escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua. (1) En el lugar haba dos extintores de fuego como prevencin de un incendiopero ninguno estaba cargado.

La crcel de Rocha - un vetusto edificio construido hace 100 aos - ocupa el segundo lugar en el rnking de penales ms hacinados del pas. Cuenta con 70 plazas y aloja a 174 reclusos, dijo el comisionado parlamentario lvaro Garc en su ltimo informe de agosto del ao pasado. Es decir, tena un hacinamiento de un 290%. La mayora de los presos fallecidos eran jvenes (entre 18 y 25 aos de edad) y oriundos de Rocha.

Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por causas violentas. La situacin lleg al lmite de lo aceptable. A tal punto que la tragedia de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobacin el proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria enviado por el gobierno. Bajo el discurso de la humanizacin carcelaria, el proyecto prev la distribucin de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construyen nuevas y modernas crceles en asociacin pblico-privada, estos es, en la connivencia entre Estado y capitales privados. En todo caso, la humanizacin carcelaria pasar, indefectiblemente, por la rbita del mercado.

Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente Jos Mujica pidi disculpas a los familiares de los presos por el horrible hecho. Y a otra cosa. Su ministro del Interior, el tambin tupamaro Eduardo Bonomi, le ech la culpa a la sobrepoblacin carcelaria y sali a defender la actuacin de la guardia policial: si hubieran demorado ms estaran todos muertos. Esto quiere decir que no habr sanciones para ningn jefe policial. Como mucho, algn chivo expiatorio de bajo rango pagar la omisin de funciones. Igual que en otros tantos casos.

Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados, la izquierda y los organismos de derechos humanos estaran reclamando la renuncia del ministro y la remocin de los mandos del sistema carcelario. Y el castigo a los culpables. El escndalo poltico sera maysculo. Pero bajo el reino del progresismo, todo se trata con equilibrio y sin intentar tomar ventajas polticas de una tragedia. El clima de consenso as lo exige. Ni la oposicin de derecha se atreve a sacar los pies del plato. Menos an ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en empresas y bancos pblicos, corte electoral y tribunal de cuentas.

En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus testimonios son una denuncia inapelable.

Susana Cabral, madre de Alejandro Rodrguez, de 26 aos, procesado por homicidio afirma: "los dejaron morir, dicen que se les prest atencin, pero cmo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?". En la puerta de la crcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a punto de desmayarse. Mara Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Nez Casuriaga, de 20 aos de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra vez: "me hijo muri!". Familiares de las vctimas denunciaron que hubo una demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las autoridades de la crcel no haban aprobado su apertura. (2)

Rubn Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: "Hubo negligencia de la Polica y de la Crcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de sierra el agua, dado que hacan un sun (pequeo aparato para calentar el agua). El entierro de mi hijo lo pago yo", dijo en respuesta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que haba anunciado que el Estado se haca cargo de los costos. Otro padre de un recluso procesado por trfico de estupefacientes al que le faltaban unos das para salir en libertad, exclamaba ayer en la puerta de la crcel: "Y ahora qu hago? Por fumar cuatro porros estaba en la crcel y no puede ser que ahora est muerto. Estoy soando, no puede ser, no es verdad y ahora qu hago". (3)

El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas de familiares, amigos y vecinos los acompaaron. En un departamento gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad. Como pattico contraste, la farndula. El sistema poltico prepara el homenaje a la seleccin de ftbol que regresa el lunes de Sudfrica. En las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levant el imponente estrado. Donde el presidente de la Repblica recibir a los jugadores de la hazaoso" cuarto puesto en el mundial de ftbol. Para compartir con ellos el clima de unin nacional que una gesta deportiva ha generado. Porque segn Mujica, Es indudable que ha sido un sacudn para la sociedad uruguaya. La seleccin de ftbol se ha convertido en un elemento de identificacin mucho mayor que todos los discursos de la campaa electoral. El pas se sinti unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos identifique as. (4) Todos contentos. Crceles de la miseria

En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusin son peores que en la crcel de Black Beach de Guinea Ecuatorial. (5) As defina el austriaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situacin en la crcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), alberg a miles de presos polticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de marzo 2009, Nowak sealaba en su informe que el Penal de Libertad es "una de las peores crceles del mundo, y aconsej que ese penal "debe ser clausurado lo antes posible".

El emisario internacional dijo en aquella ocasin, que antes de arribar al pas saba que la situacin carcelaria era grave, pero lo que encontr fue "mucho peor" de lo que pens en un principio. "Todos nos quedamos en estado de shock cuando fuimos a ver las latas (mdulos de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas estn detenidas en forma abrumadora", dijo el relator de la ONU. Agreg que no estuvo en ningn sitio "donde los detenidos dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas estn encerradas en pequeas jaulas y no durante horas sino por muchos aos". Adems, critic la denominacin "Libertad" de ese Penal: es cnica para un centro de reclusin "reconocido en el mundo como un sitio donde se practic sistemticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre".

Tambin indic que en la mayora de las crceles del pas, la celdas construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con psimas condiciones higinicas y de alimentacin, con acceso restringido al agua que fuerza a los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de plstico o bolsas para hacer sus necesidades fisiolgicas. El acceso mdico es limitado, por lo que "los presos tienen que infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un doctor". Segn las conclusiones preliminares de su informe, la situacin de violencia intercarcelaria es "alarmante", y lament que el rgimen de visitas se vea "socavado" por las "requisas humillantes" a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibi "pocas denuncias de tortura" probadas con exmenes forenses, s constat "numerosas y crebles" denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la polica en las crceles, comisaras y centros de detencin de menores y adolescentes.

El lapidario informe del relator de la ONU - que reafirmaba lo que el Servicio Paz y Justicia vena denunciando sistemticamente - cay como una bomba en el pacato sistema poltico que se jactaba de ser una excepcin democrtica en Amrica del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la Suiza de Amrica, del pas de clase media, integrador y tolerante, cedi paso al bochorno tercermundista de Guinea Ecuatorial.

Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabar Vzquez, declaraba el sistema penitenciario en emergencia humanitaria y que esa sera una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos. Pasaron cinco aos y nada cambi. En marzo 2010 asumi la presidencia Jos Mujica, denunciado la vergenza nacional de la crceles. Prometi humanizar la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.

Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la poblacin carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a 9.100 personas privadas de libertad. Se trata de un incremento del orden del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la poblacin carcelaria aument en 1.000 personas. Al da de hoy, la tasa de encarcelamiento es de unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de Amrica Latina, que es de 145 cada 100 mil. Del total de presos en los distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61% reincidentes. De ellos, slo el 44,4% ha recibido una condena y el resto est en condicin de procesado sin sentencia. (6)

La poblacin carcelaria se destaca por su baja edad (la mayora de los presos tiene menos de 30 aos) y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados no culmin sus estudios, sean estos del nivel que sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo industrial-secundario: El 61,35% de la poblacin censada perteneca a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, domstico, changador, desocupado y subocupado. (7)

Es decir, los inquilinos de las crceles uruguayas son, ampliamente, vctimas de la miseria producida por la fractura social, o sea, vctimas de la fbrica social de pobresy de presos. Mejor dicho, blanco de los brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.

Lejos de toda concepcin humanista, tanto el progresismo como la oposicin de derecha coinciden ms all de los matices. Proponen ms policas, ms vigilancia preventiva, y endurecimiento de las penas. Y ms encierro: construyendo nuevos mdulos carcelarios y reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentracin de la dictadura

El objetivo securitario son, evidentemente, las clases peligrosas. Esas que deambulan en medio de la pobreza, entre la apropiacin de lo ajeno y la limosna. Que asolan contra los bienes y la propiedad privada y generan la inseguridad ciudadana. Que sobreviven sin sindicatos corporativos que las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni mbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso dominante, y la estrategia represiva, en el ncleo duro de la pobreza estructural se concentra el delito. All apuntan las polticas de criminalizacin.

Basta ver la condicin social de los presos muertos en Rocha para hacerse una composicin de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.

Notas


1) Ultimas Noticias, 9-7-2010.

2) El Pas, 9-7-2010

3) Ibdem.

4) Entrevista a Mujica, El ftbol, la crisis de la utopa y lo transitorio, Brecha, 9-7-2010.

5) Black Beach: este presidio de Guinea Ecuatorial fue descrito por Amnista Internacional como "una sentencia de muerte lenta y prolongada". All los presos son vctimas de torturas, palizas, violaciones y fusilamientos e incluso muerte por inanicin.

6) Brecha, 17-3-2009, y 29-5-2009.

7) Derechos Humanos en Uruguay. Servicio Paz y Justicia (Serpaj), diciembre 2008.


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