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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-07-2010

Con una huelga de hambre, los presos polticos mapuche exigen a Piera el fin de la Ley Antiterrorista

Luca Seplveda Ruiz
Rebelin


El lunes 12 de julio ms de una veintena de presos polticos mapuche encarcelados en Concepcin y Temuco, comenzaron una huelga de hambre lquida, emplazando al gobierno del Presidente Sebastin Pieira a abordar su situacin, "tal como lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia Cubana", tema que ha ocupado grandes espacios en la prensa chilena.

Siete de los presos en la crcel El Manzano de Concepcin estn siendo juzgados simultneamente por la justicia civil y la militar, en clara vulneracin de sus derechos. Su decisin es un llamado a visibilizar los montajes de los que han sido objeto, segn acusan, a travs de los fiscales y la polica con la colaboracin de la prensa. Alegan que se les ha condenado en forma anticipada a travs de los medios, que los sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones ligadas a recuperacin de tierras ancestrales.

Existe un total de 57 presos polticos mapuche en la actualidad (incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad), repartidos en crceles ubicadas en Concepcin (El Manzano), Lebu, Los Angeles, Caete, Angol, Victoria, Traigun, el Centro de Reclusin de Menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96, segn el informe 2010 de la Comisin Etica Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un nmero importante de las detenciones practicadas.

Demandas de los huelguistas

Las demandas de los presos en Concepcin y Temuco se centran en el fin de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar, ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuche; libertad a todos los presos polticos mapuche encarcelados a lo largo de Chile y derecho al debido proceso, sin utilizacin de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsin. Se manifiestan finalmente por la desmilitarizacin de las comunidades y zonas mapuche constantemente allanadas por reivindicar derechos polticos y territoriales.

Por la utilizacin de la justicia militar, Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Caso Palamara), en tanto que organismos dependientes de Naciones Unidas han representado al gobierno chileno en diversas oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislacin antiterrorista a la lucha social. Los informes de los relatores especiales han sido claros al respecto, pero el Estado chileno hasta ahora no cumple las recomendaciones formuladas por esas instancias.

Jueza Roa y abogado Schneider

Desde Temuco, a las demandas ya citadas, los presos polticos agregan en un comunicado pblico que exigen la inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro, doa Haydee Roa, "por sus conocidos compromisos con el poder poltico y latifundistas de la zona que la llevan a cometer arbitrariedades". Los prisioneros denuncian que la magistrado "persiste en su actuar injusto y racista" pese a haber sido amonestada de oficio por la corte de Apelaciones de Temuco.

Tambin postulan la inhabilidad del abogado querellante de la intendencia, Alexander Schneider Oyanedel, por actuar simultneamente como defensor pblico y como querellante en el atentado al fundo San Leandro de Lautaro, uno de los hechos de los que se acusa a los imputados.

Ellos demandan asimismo "el encarcelamiento inmediato de los testigos protegidos", por estar confesos de delitos investigados por la fiscala. Los presos polticos llaman "a nuestro pueblo Mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo" a solidarizar con sus reivindicaciones.

En Caete

53 testigos sin rostro se preparaban para declarar contra los prisioneros polticos en el juicio a realizarse en Caete, ligado al proceso de recuperacin territorial de Puerto Choque , varias veces diferido (la ltima fecha conocida era junio) lo que mantiene en prisin por cerca de dos aos a algunos de los imputados. La Corte de Apelaciones de Concepcin haba confirmado recientemente a John Landeros Salgado como el juez encargado de la preparacin del juicio oral, considerado un mega juicio por la cantidad de imputados (23 en total) y la gravedad de las penas solicitadas. En ese juicio los abogados defensores se aprestan a exigir la entrega de los nombres de los testigos protegidos que inculpan a sus defendidos.

Estos comuneros enfrentan posibles condenas que van de los 103 a los 30 aos de crcel. Hay diversos precedentes anteriores en que luchadores sociales mapuche han sido condenados a travs de testimonios de testigos sin rostro, aunque existen tambin algunas excepciones recientes en que los jueces se han negado a considerar como vlidas ese tipo de declaraciones y pruebas. El werkn (mensajero) de la comunidad Newen Mapu, Jos Pedro Millacheo, acusado de incendiar un camin forestal en el sector rural de San Ramn, localidad de Pidima, fue absuelto el 7 de julio en un juicio oral en Angol, luego de dos aos de persecucin que incluyeron un perodo de clandestinidad y en total, casi un ao de prisin. El tribunal desestim la prueba rendida por un testigo protegido.

En declaracin pblica, por su parte, los familiares de presos polticos recluidos en la crcel El Manzano (Concepcin) sostuvieron: Denunciamos que Chile es el pas que tiene la mayor cantidad de presos polticos miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminacin y racismo que aun prevalece en este pas. nuestros familiares estn frente a un juzgamiento poltico que responde a la defensa de grandes intereses econmicos de los latifundistas, de los dueos de las compaas hidroelctricas, mineras y forestales, lo que hace muy difcil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones. Previo a la huelga de hambre, los familiares haban solicitado la presencia de observadores que contribuyeran a trasparentar esta ltima etapa del proceso judicial y a lograr estndares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de condiciones ante la ley frente a un sistema que los propios chilenos nos han impuesto.



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