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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-07-2010

Socialistas y populares nos ofrecen ms de lo mismo: que los beneficios se privaticen mientras las prdidas se socializan
169 diputados

Carlos Taibo
El Correo Vasco


Merece reflexin lo que ha ocurrido en las ltimas semanas, al calor del despliegue de un draconiano plan de ajuste, con los cuadros del Partido Socialista Obrero Espaol. Por concretar el argumento en lo sucedido en un recinto relevante, el Congreso de Diputados en Madrid, tngase presente que ni uno solo de los 169 representantes socialistas que toman asiento en esa institucin ha tenido a bien expresar, en pblico, ninguna disensin, ni mayor ni menor, en lo que hace al contenido del mentado plan. Hablamos de las mismas personas no se olvide que unos das antes sostenan una y otra vez que el Gobierno socialista no tolerara en modo alguno recortes en los derechos sociales...

No s si a estas alturas tiene algn sentido examinar las escasas y precarias explicaciones ofrecidas para justificar un cambio tan drstico, y tan pattico, de actitud. Para que no queden cabos sueltos rescatemos, aun con todo, las dos que parecen disfrutar de mayor presencia. La primera seala sin ms que el plan de ajuste es una imposicin de la Unin Europea. Aunque el argumento en s resulta irreprochable, deja en mal lugar, claro, a nuestros gobernantes y a sus aclitos: si, por un lado, revela bien a las claras que los primeros los gobernantes no haban hecho sus deberes, por el otro pone de manifiesto su incapacidad para preservar, retrica aparte, un proyecto distinto del que preconiza una UE visiblemente neoliberalizada. La segunda de las explicaciones, ya muy sobada, se asienta en la supersticin de que los numerosos y graves problemas que arrastra la economa espaola nada tienen que ver con las polticas abrazadas por los dirigentes socialistas: muy al contrario remitiran se nos dice a fenmenos externos y responsabilidades ajenas, como los vinculados con la crisis estadounidense, la herencia recibida en 2004 del Partido Popular o, en suma, las impresentables prcticas de los especuladores que se mueven por todas partes.

Sobran las evidencias para repudiar, y hacerlo sin ningn margen para la duda, la tesis que acabamos de poner en boca de otros. Baste con recordar al respecto que el Gobierno espaol, con Jos Luis Rodrguez Zapatero a la cabeza, no slo permiti las prcticas especulativas y el engordamiento de la burbuja inmobiliaria: antes bien, estimul con claridad uno y otro proceso. Ms all de ello, y en lo que se refiere a los ltimos aos, ha asumido medidas tan impresentables como las que se han traducido en la desaparicin del impuesto sobre el patrimonio, la concesin de 400 euros de rebaja fiscal a todos los ciudadanos beneficiando por igual, lamentablemente, al ms rico y al ms pobre, una subida del IVA en la que es imposible apreciar ninguna vocacin redistributiva, la preservacin de una laxsima legislacin en lo que respecta a los parasos fiscales o, en fin, la extrema inanidad de una lucha contra el fraude que permite que las prcticas delictivas sigan siendo una realidad. Para que nada falte, el mismo Gobierno que a la postre ha reducido los salarios de los funcionarios y ha congelado las pensiones no ha tenido mayor problema en asignar sumas hipermillonarias al rescate de instituciones financieras en crisis.

Conviene prestar atencin a un dato que descuella, con todo, por encima de los dems: faltan las noticias que den cuenta de la apertura de causas legales contra aquellas personas que es razonable suponer fueron en su momento responsables de prcticas financieras y contables poco edificantes. Alguien podr preguntarse si ello es as de resultas de una actitud impresentablemente relajada del lado de los jueces. Pues no parece que sea se el problema: lo que ocurre, tanto ms indignante, es que las normas legales que nuestros gobernantes decidieron alentar y aplicar son extremadamente permisivas en lo que hace a las conductas correspondientes. Al fin y al cabo, eso es lo que ha venido a significar la tan trada y llevada desregulacin que ha marcado indeleblemente la lgica neoliberal: si las normas legales reguladoras desaparecen, lo hacen tambin, como por ensalmo, los delitos. De nuevo se me permitir que subraye que lo anterior remite, en lo que atae a nuestros gobernantes, a algo ms que una mera complicidad con conductas reprobables.

Para cerrar el crculo, no est de ms que hagamos un glosa de la singularsima actitud que, en relacin con todo esto, ha asumido el Partido Popular. Una de sus dimensiones la configura el hecho, paradjico, de que en estas horas se niegue a apoyar un plan de ajuste que en los hechos, y mal que bien, ha defendido calurosamente durante mucho tiempo. Para dar cuenta de una conducta tan sorprendente no hay que ir muy lejos: por detrs estn, claro, las miserias del juego poltico, con las elecciones en la trastienda. Mayor relieve corresponde, aun as, a la segunda dimensin: slo los ms ingenuos parecen llamados a abrazar la conclusin de que, cuando el Partido Popular gobern, con Jos Mara Aznar, en Madrid sus prcticas fueron diferentes de las alentadas ms adelante por su rival socialista. No parece fuera de lugar recordar al respecto, por cierto, que con ocasin del primer mandato presidencial de Rodrguez Zapatero los populares repetan incansables que las cosas en economa iban bien qu tino en el diagnstico, por cierto porque el Gobierno socialista se limitaba a aplicar las mismas recetas preconizadas por sus antecesores...

Puestos a resear una sorpresa ms, la ltima, ah est la que ofrece la certificacin de que tirios y troyanos, socialistas y populares, al final nos ofrecen, con solemne descaro, ms de lo mismo: si la globalizacin en curso ha acarreado que los beneficios se privaticen mientras las prdidas, en cambio, se socializan ya lo saben funcionarios y pensionistas, ninguna garanta hay de que los desmanes y dislates de los ltimos aos no se van a repetir a la vuelta de la esquina.

Carlos Taibo. Profesor de Ciencia Poltica en la Universidad Autnoma de Madrid y colaborador de Bakeaz

Fuente: http://www.elcorreo.com/alava/v/20100709/opinion/diputados-20100709.html



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