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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-08-2010

Las elecciones estatales, la ratificacin de la desaparicin de Luz y Fuerza del Centro y la liberacin de los presos polticos de Atenco
Tres situaciones para leer el momento actual en Mxico

Andrs Avila Armella
Rebelin


En esta ocasin he de tomar tres ejemplos para situarnos en la situacin actual de la poltica mexicana, sobre todo encaminado a comprender cmo est haciendo ahora mismo, su poltica el Estado mexicano. Para ello es importante destacar que si bien el gobierno calderonista ha formado y forma parte de dichos acontecimientos, en estos ejemplos podemos ver la importancia de otros instrumentos del Estado; en el primer caso, las elecciones, juegan un papel importante los partidos polticos, los Institutos Electorales y el poder judicial, en el caso del decreto de desaparicin de la Compaa de Luz y Fuerza del Centro podemos ver el papel del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en el tercer caso, el de los presos polticos, se destaca el papel del gobierno federal, del gobierno del Estado de Mxico y del poder judicial.

Aunque suelo subrayar que para comprender la forma en que se hace la poltica oficial es necesario insistir en el carcter burgus del Estado mexicano, y de ah sus caractersticas esenciales, hemos de reconocer tambin que existen contradicciones en su seno que provocan constantes choques polticos entre las fuerzas que lo administran y disputan. En la realidad concreta, la poltica nacional no es reflejo ntido de ninguna fuerza o partido poltico en particular, sino el resultado contradictorio de la resolucin de convergencias y diferencias entre grupos de poder, muchos de los cuales se manifiestan o se expresan a travs de partidos polticos o de personajes de la poltica.

Naturalmente existen diferencias en la correlacin de fuerzas que explican que algunas fuerzas polticas logren imponerse ms que otras. Por lo tanto, tenemos que destacar el hecho que agrupa dentro del Estado a las diferentes instituciones y agrupaciones polticas an siendo contradictorias; el reconocimiento del mismo, de sus leyes, sus instituciones y procedimientos como los nicos vlidos para dirimir las diferencias y para concursar polticamente. Esto significa que asumir la posicin de Estado no es lo mismo que asumir la posicin poltica del presidente de la repblica, sino aceptar que la nica forma posible de discernir con l es la que indican los procedimientos legales. As funciona el consenso del poder burgus.

Las elecciones estatales

El proceso electoral del presente ao en donde se disputaron algunas gobernaturas, estuvo caracterizado por las siempre polmicas alianzas entre el PAN y el PRD (en algunos casos junto con PT y Convergencia)[2], ante el hecho inminente de que el PRI tena amplias posibilidades de ganar cada eleccin. Finalmente no ocurri mayor sorpresa, cada partido utiliz a su favor los puestos gubernamentales con que cuenta y de ah se desviaron recursos, se manipularon los medios de comunicacin y se practic el acostumbrado acarreo; esto le bast al PRI para mantenerse como la fuerza poltica con mayor influencia mientras el PAN y PRD ocuparon nuevos puestos y perdieron otros[3].

Pero como nosotros no representamos ni nos sentimos representados por ninguno de estos partidos sino que lo que nos preocupa es cmo queda parado el pueblo trabajador despus de estos resultados, simplemente hemos de observar que no existen elementos sustanciales para pensar que como resultado de alguna eleccin van a mejorar las condiciones de vida de los pobres y trabajadores del pas, mucho menos para pensar que como resultado de alguna eleccin mejorarn las condiciones polticas para hacer trabajo revolucionario. La correlacin de fuerzas entre el capital y el trabajo no se ha alterado significativamente como producto de este proceso electoral, pero tampoco la correlacin de fuerzas entre los distintos partidos y fuerzas polticas que administran el Estado mexicano.

Nuevamente se mantiene la constante de una alta abstencin y desilusin del pueblo para con la poltica burguesa por un lado, y por el otro el reforzamiento del consenso de las fuerzas polticas burguesas que refrendan su compromiso para con la institucionalidad del Estado y la voluntad de no entorpecer en lo ms mnimo el proceso de acumulacin capitalista[4]. De manera singular destaca el papel del Partido de la Revolucin Democrtica quien parece cambiar cada tres aos, cuando ms, su concepcin de enemigo, pues ya en el pasado habra realizado alianzas con el PAN para algunas candidaturas estatales con el argumento de que el enemigo fundamental era el PRI, pero hace tres aos hablaba de el PAN como el enemigo fundamental de los cambios que necesita el pas, hoy ha vuelto a presentarlo como su aliado en contra del PRI.

El caso ms notable es lo ocurrido en Oaxaca con el triunfo de la candidatura de Gabino Cu quien contendi por segunda vez por la gobernatura del estado abanderado por el PRD, PT y Convergencia, slo que esta vez tambin fue abanderado por el PAN. Cu haba concursado en el perodo pasado en contra del prista Ulises Ruz Ortz, quien result vencedor tras un amaado proceso electoral. Cu acus al PRI y a Ulises Ruz de haber hecho fraude electoral y promovi una serie de movilizaciones para revertirlo, sin embargo, una vez que los tribunales electorales ratificaron la victoria del PRI, asumi con frrea disciplina de hombre de Estado, que lo cierto es lo que digan las instituciones y ces las movilizaciones.

Sin embargo durante el 2006 ocurri un hecho muy importante que cimbr a todo el estado de Oaxaca y a Mxico entero, la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, quien tras una serie de sucesos represivos entre los que destac el desalojo con lujo de violencia de un plantn de los maestros de la seccin 22 del SNTE en el centro de Oaxaca, conform una fuerza popular cuya principal demanda fue la renuncia del gobernador Ulises Ruz. En la APPO confluyeron distintas organizaciones polticas, gremiales, sociales, de campesinos, pueblos originarios y oaxaqueos que a nivel individual se incorporaron al movimiento, tomaron prcticamente toda la ciudad de Oaxaca y puntos importantes de dicho Estado, logrando, en los hechos, la expulsin del gobierno prista; sin embargo el Estado mexicano, a todos los niveles siempre reconoci a Ulises como el nico representante del gobierno oaxaqueo y neg la interlocucin a la APPO.

Est claro que para cambiar significativamente las condiciones de vida de los oaxaqueos hace falta mucho ms que cambiar a un gobernador, y la mayora de quienes integraban la APPO lo tenan claro, sin embargo hubiera resultado muy importante que el pueblo organizado lograra la renuncia de Ulises Ruz, pues esto hubiera potencializado la organizacin de los oprimidos a varios niveles, no slo en Oaxaca sino en todo el pas. La decisin de Estado, en torno a la cual cerraron filas todos los partidos polticos burgueses fue la de impedir que la poltica se definiera en espacios tan alejados de su influencia y control, por lo que haba que reprimir a la APPO y restituir a Ulises Ruz.

Esto slo fue posible a travs de la intervencin policaco militar de las fuerzas federales, que en ese caso fue la Polica Federal Preventiva, el Ejrcito y la Marina, apoyadas por grupos de choque y paramilitares al servicio de la oligarqua local. La APPO haba vencido a las fuerzas represivas del estado de Oaxaca, y prcticamente haba derrocado a Ulises Ruz, fue el poder federal en cuya cabeza estaba el PAN, quien logr devolver el poder a los pristas. Pero ms que devolver a los pristas, el papel de las fuerzas federales era garantizar los espacios de poder para la oligarqua local y para la burguesa, y en ese momento juzgaron que el enemigo del Estado y de la burguesa era la APPO y no Ulises Ruz.

Ahora, el Estado mexicano en su conjunto pretende culminar la leccin para quienes formaron y lucharon en la APPO; si no les gusta un gobernador, slo podrn cambiarlo por los mtodos y procedimientos establecidos por la normatividad del Estado. Y as, despus de cuatro aos, Ulises Ruz deja la gobernatura de Oaxaca habiendo terminado su perodo constitucional, y entregando con sus propias manos el mando a Gabino Cu. La esperanza de la oligarqua local es que el nuevo gobernador, respaldado por los supuestos partidos de izquierda, por un lado, y el partido en el ejecutivo federal, por otro, tengan la capacidad de garantizar su sobrevivencia y contener, al mismo tiempo la movilizacin popular. De ahora en adelante, los oportunistas del PRD que decan apoyar a la APPO, sern los encargados de convencer a sus antiguos compaeros de que es posible la interlocucin con el nuevo gobierno y conminarlos a evitar movilizaciones independientes.[5]

Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD, se vanagloria del triunfo de su estrategia poltica y pretende convencer a sus detractores internos y simpatizantes radicalizados, de que la nica forma posible de conquistar espacios de poder para su partido y para los inconformes, es jurando y demostrando lealtad a todas las instituciones del Estado. Por su parte, PT y Convergencia critican la posicin aliancista del PRD en los otros estados, pero callan en el caso de Oaxaca.

El martillo de la SCJN cay sobre el SME

La desaparicin de la Compaa de Luz y Fuerza del Centro y el abatimiento de uno de los sindicatos con mayor trayectoria de lucha poltica sindical en el pas fue sin duda una decisin de Estado que ha servido y seguramente seguir sirviendo como bandera del bloque hegemnico en el poder para demostrar que los opositores al rgimen pueden ser vencidos con la violencia y sin mayor mediacin. Todo inici con un dictamen atpico de la Junta de Conciliacin y Arbitraje que desconoci a la dirigencia del sindicato como interlocutor, a lo cual sigui un decreto presidencial que declaraba la desaparicin de la Compaa de Luz y Fuerza del Centro, y por tanto dejaba sin personalidad jurdica al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Ante esta situacin irrumpi la indignacin de cientos de miles de personas que se solidarizaron con los electricistas en una de las movilizaciones ms grandes de la historia de Mxico, la medida constituye sin duda un golpe en contra de los trabajadores y a favor del capital, cuyo principal argumento fue abatir las conquistas laborales de los electricistas, su salario, prestaciones y condiciones de trabajo por ser estas un obstculo a la desmedida acumulacin capitalista. La inconformidad fue manifiesta por parte de prcticamente toda la izquierda, algunos sindicatos e incluso de las fuerzas polticas de la izquierda parlamentaria.

Sin embargo la disyuntiva que enfrent la dirigencia del SME fue; tomar las calles, movilizarse y presionar con la fuerza de los trabajadores al Estado mexicano para retractarse de la decisin tomada, o bien, utilizar los canales institucionales con la esperanza de que en ltima instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nacin dictaminara el carcter inconstitucional del decreto y devolviera a los trabajadores su materia de trabajo.

Ntese bien que la disyuntiva no est en mantener la lucha legal e institucional a la par de las movilizaciones o no hacerlo, sino entre dos concepciones contrapuestas; sostener la lucha poltica y la movilizacin como eje de la lucha, respaldada con los recursos legales, o bien depositar las esperanzas en las instituciones y procedimientos legales, a la vez que se respaldaba dicha estrategia con algunas movilizaciones.

Todas las fuerzas oportunistas se encargaron de convencer a la dirigencia del SME de que lo conducente era lo segundo, y aceptaron que el SME se movilizara discretamente mientras en las instituciones corra el tiempo de revisin de distintos tipos de recursos. A este respecto se promovieron medidas a diferentes niveles de gobierno e institucionales; por un lado abriendo una supuesta negociacin entre la dirigencia del SME y la Secretara de Gobernacin en donde slo se le ofreca a los trabajadores condiciones de rendicin, por otro lado impulsando dictmenes en la Cmara de Diputados, acompaadas por el ya acostumbrado teatro de la toma de tribuna, y por otro acudiendo al poder judicial para que declarara invlida la decisin del ejecutivo.

Mientras el tiempo pasaba, la dirigencia del SME slo convoc a discretas movilizaciones cuyos tiempos y modos se encontraban subordinadas a los tiempos y modos de las instituciones del estado que habran de resolver sus demandas; y mientras el tiempo transcurra, los operadores del gobierno fueron ganando adeptos a su postura, se fue desgastando la moral de lucha de los trabajadores y el SME fue perdiendo paulatinamente la capacidad de movilizacin con que contaba.

Las negociaciones en la secretara de gobernacin no derivaron en nada, en el poder legislativo se respald el decreto presidencial, y lo nico que restaba era la resolucin de la SCJN. Finalmente la resolucin lleg y fue contraria al sindicato.

Es cierto que durante aos el SME cont con una tradicin de lucha, distinta a la de la mayora de los sindicatos plegados a los designios del rgimen, pero tambin es cierto que el SME se durmi en sus laureles y no logr ser un verdadero sindicato de clase que estuviera dispuesto a fortalecer la conciencia obrera dentro y fuera de su gremio para promover la lucha revolucionaria. Finalmente sus alcances y limitaciones estaban determinados por un tipo de prctica sindical enraizada desde hace muchos aos. Siendo as, es difcil decir si el SME como sindicato hubiera podido hacer ms de lo que hizo.

Lo importante a destacar aqu es el papel que jugaron ciertas fuerzas polticas y ciertas instituciones supuestamente democrticas. Principalmente los partidos PRD, PT y Convergencia y las dirigencias sindicales de la Unin Nacional de Trabajadores. Su principal papel fue el de dilatar y rebajar el carcter de la movilizacin, convenciendo a la dirigencia del SME de la posibilidad de obtener sus demandas acudiendo a las instituciones, principalmente en la cmara de diputados y en el poder judicial. Aqu ocurre algo parecido a lo citado anteriormente con el caso de Oaxaca; los personajes de dichos partidos pueden aceptar manifestarse, hacer declaraciones pblicas en los medios de comunicacin, promover una resolucin en la cmara de diputados y un amparo en la Suprema Corte, pero jams podran sacrificar sus objetivos electorales o su compromiso con la normatividad del Estado a favor de la movilizacin independiente de los trabajadores; as pues, el papel de dichas fuerzas polticas consiste en la contencin de la movilizacin independiente para, en todo caso, capitalizar el descontento para sus propios fines llegado el tiempo de las prximas elecciones.

Ahora, la ltima opinin para consolidar la verdad de Estado acerca de la desaparicin de la Compaa de Luz y Fuerza y el golpe al sindicalismo, est dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, y de ahora en adelante quedar cada vez ms claro la verdadera posicin de los mencionados partidos autodenominados de izquierda al respecto, aceptar la verdad de Estado. En todo caso se limitarn en algunos foros, a criticar la decisin tomada por Felipe Caldern, pero dndola por irreversible, lo mismo que han criticado el fraude electoral del 2006 a la vez que lo validan en los hechos.

Pero ms significativo an es que la desaparicin de la Compaa de Luz y Fuerza del Centro era un paso importante para la privatizacin, paulatina o de golpe de la energa elctrica. Con ello la clase dominante se encuentra congraciada prcticamente en su conjunto, por lo que difcilmente alguno de los partidos electorales lanzar en su prxima plataforma poltica para el 2012 la reconstitucin de la Compaa y la restitucin de todos sus derechos al SME, en todo caso manifestarn su rechazo a una futura privatizacin de la energa elctrica pero dando por vlidos los pasos dados hasta hoy en ese camino. Y por supuesto, de ninguna manera podramos descartar que a la vez que se oponen discursivamente a la privatizacin, sean ellos mismos capaces de llevarla a cabo una vez en el gobierno. Finalmente es probable que ofrezcan a los actuales dirigentes del SME puestos en la cmara de diputados o en algn gobierno bajo su control a cambio de su respaldo; ya estar en ellos si lo aceptan o si se mantienen al lado de los trabajadores en su lucha.

De alguna futura negociacin entre la dirigencia del SME y la Secretara de Gobernacin y la Secretara del Trabajo y Previsin Social, puede esperarse la obtencin de algn acuerdo, pero queda prcticamente descartado que el Estado cambie el curso definitivo de su decisin de extinguir la Compaa y desaparecer al SME. Tal vez pueda negociarse la recontratacin de algunos trabajadores, primas a las liquidaciones o prstamos para que inicien alguna cooperativa que venda servicios a la Comisin Federal de Electricidad. Pero en lo fundamental el golpe est dado al sindicalismo, y la capacidad de resistencia fue insuficiente para revertirlo por ahora.

El caso de los presos polticos de Atenco

No podemos explicar la liberacin de los 12 presos polticos de Atenco sin remontarnos a lo ocurrido hace cuatro aos. En ese entonces el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, impulsaba junto con muchas otras organizaciones la iniciativa que el EZLN lanzaba en su Sexta Declaracin de la Selva Lacandona, la cual llamaba a construir otra poltica distinta a la practicada por los partidos polticos que administran el Estado mexicano, se trataba de un intento de ofensiva de la resistencia popular en donde ya no bastaba resistir a los embates del neoliberalismo sino a emprender la lucha abierta contra el capitalismo y por tanto a la clase en el poder. La Otra Campaa avanzaba con xito agrupando a distintas organizaciones polticas y sociales, adems de individuos y colectivos a lo largo del pas, quienes coincidamos en el agotamiento de la poltica electorera y la necesidad de hacer poltica con nuestros propios recursos con un rumbo anti capitalista. Despus de importantes movilizaciones a lo largo del pas, sobre todo a finales de abril y principios de mayo en la Ciudad de Mxico, vino la respuesta de Estado.

En ella participaron rganos represivos municipales, estatales y federales quienes dependan sucesivamente del PRD, en Texcoco, PRI en el Estado de Mxico y PAN en el ejecutivo federal, adems del protagonismo de los medios masivos de comunicacin, cmaras empresariales, alto clero, la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, procuraduras y autoridades carcelarias. Todo el sello de una operacin de Estado.

El 3 y 4 de mayo del 2006 se reprimi a una de las organizaciones emblemticas de la resistencia popular de los ltimos aos, el FPDT, y a los individuos y organizaciones que formaban parte de La Otra Campaa con singular violencia. El asesinato de dos jvenes, Javier Corts y Alexis Benhumea, las golpizas multitudinarias, el copamiento del pueblo de San Salvador Atenco y la aprehensin de cientos de activistas fue el saldo de la operacin. Tras la misma permanecieron recluidos por varios meses varias decenas de activistas y tres compaeros identificados como dirigentes del FPDT fueron trasladados al penal de mxima seguridad de el Altiplano en Almoloya de Jurez, Edo. Mex. Estos ltimos, Ignacio del Valle, Felipe lvarez y Hctor Galindo, fueron sentenciados a ms de cien aos de prisin acusados del delito de secuestro equiparado, por supuestamente haber retenido de manera ilegal a funcionarios de Estado.

La operacin cumpli su objetivo pues La Otra Campaa no pudo rearticularse eficientemente y fue mermada considerablemente la capacidad de movilizacin del FPDT, dando un mensaje muy claro al resto de la poblacin inconforme, la rebelda sera reprimida con toda energa por parte del Aparato represivo de Estado.
En esta ocasin, el bloque hegemnico en el poder tambin fortaleci su posicin de que a los rebeldes se les puede vencer por la fuerza. A partir de ese hecho, Enrique Pea Nieto, gobernador del Estado de Mxico por el PRI, ha ganado la simpata de buena parte de la burguesa quien ahora lo perfila como su candidato preferido rumbo a las elecciones del 2012.

El proceso jurdico que se ha llevado en contra de los atenquenses estuvo amaado desde el principio, se presentaron testimonios y pruebas falsas en su contra y se les negaron muchos de sus beneficios constitucionales, adems de en los casos mencionados, darles un trato peor que el que reciben los grandes capos del narcotrfico y los jefes de las bandas de secuestradores.

Finalmente, despus de cuatro aos de prisin inhumana y a todas luces injusta, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin dictamin que la prisin de los integrantes del FPDT era improcedente y orden su liberacin.
Es importante sealar que los presos no estuvieron solos, pues durante estos cuatro aos se mantuvieron distintas acciones por iniciativa del FPDT y otras organizaciones para su liberacin, pero tambin es importante sealar las diferencias entre el momento de su reclusin y el de su liberacin.

Como ya se dijo, los objetivos de la operacin de Estado del 3 y 4 de mayo del 2006, ya se haban cumplido y en ella participaron prcticamente todas las instituciones de Estado, el mensaje a los rebeldes ya fue plenamente transmitido y el castigo para los activistas y dirigentes del FPDT para nada fue moderado, Quin puede decir que es poco pasar cuatro aos preso, y ms an en una prisin como El Altiplano? Es muy probable que de su gusto, la burguesa y los funcionarios hubieran dejado para siempre a los atenquenses en prisin, pero tambin es cierto que a estas alturas resultaba un tanto ambicioso y que un hecho tan ilegtimo restaba credibilidad y legitimidad a las instituciones de Estado.

Es decir, el consenso de Estado, y de clase burguesa que implic la represin en contra del FPDT, la resistencia popular y La Otra Campaa en el 2006, no tenan el mismo nivel de cohesin que el cumplimiento cabal de la condena de los presos, es por ello que la SCJN pudo decidir su liberacin. An as, Pea Nieto no perdi la oportunidad de decirle a la burguesa que lo respalda que si por l hubiera sido, los atenquenses seguiran presos, pues hasta el final la Procuradura del Estado de Mxico movi recursos legales para hacerlo de esa manera, y actualmente mantiene procesos abiertos en su contra. Es probable que el propio Pea Nieto supiera que esos recursos estaban destinados al fracaso, pero no por ello deja de ser significativo que los haya intentado pues sirve para transmitir un mensaje para sus seguidores y patrocinadores de la burguesa: bajo mi gobierno no se tendr compasin para con los que se rebelen en contra de sus intereses y no vacilar en hacer cumplir los designios del capital.

Por otra parte, el Estado mexicano aprovechar la situacin para promover una de sus grandes falsedades, la divisin de poderes y la imparcialidad del poder judicial, y pretender con esto dotar de legitimidad a sus instituciones; por su parte, los oportunistas tratarn de capitalizar el caso para en el futuro argumentar que slo a travs de los recursos legales es como se puede lograr la liberacin de los presos polticos. Le darn el mrito a los ministros de la Corte y a la ley, en lugar de ver que Nacho del Valle, Felipe lvarez y el resto del FPDT se haban ganado desde hace muchos aos su propia legitimidad, lo cual haca notoriamente injusta su reclusin y permita sumar adeptos para liberarlos.

La situacin actual

Legalidad y transgresin, represin y conciliacin, prisin y liberacin, son hechos contradictorios pero que forman parte de lo mismo, en su conjunto sirven para caracterizar la poltica del Estado Mexicano.
Por un lado encontramos un consenso claro de la clase en el poder; los nicos mecanismos tolerados para buscar obtener algo, son los que la legalidad burguesa ofrece, y estos slo funcionan bajo la tutela y observancia de las fuerzas polticas que forman parte de la administracin estatal.

Todas las fuerzas polticas burguesas aceptan como vlidas algunas transgresiones a la legalidad burguesa, pero solo aquellas que son realizadas por la clase dominante y por las fuerzas y partidos polticos que detentan el poder, principalmente cuando favorecen en lo general al bloque hegemnico en el poder.

As pues, est penado luchar por el derrocamiento popular de un gobernante, por la construccin de un sindicalismo independiente, por la defensa de la tierra o por el derrocamiento del rgimen capitalista, pero no est penado el fraude electoral, la violacin a las garantas individuales y sociales perpetradas por el Estado. Los defensores de su tierra y luchadores sociales pueden pasar cuando menos cuatro aos presos, pero los especuladores que pretendan despojarlos no sern castigados, como tampoco lo sern, segn otra resolucin de la corte, los policas y funcionarios que ordenaron las torturas y violaciones el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco[6]. De igual manera, los electricistas viven bajo amenaza de que si escalan a formas ms radicales de lucha sern reprimidos con la fuerza con que se reprimi a oaxaqueos y atenquenses, a la vez que los causes legales los han condenado a perderlo todo, mientras los funcionarios y capitalistas que han dejado a decenas de familias sin sustento econmico no vern la menor acusacin legal en su contra.

Mientras tanto los partidos polticos de la burguesa (PRI, PAN, PRD, principalmente) debaten sobre el uso del garrote y la zanahoria, a la vez que en cierta medida todos reconocen la validez de tan utilizada combinacin, y piensan como ganar los favores de la burguesa para las prximas elecciones as como tambin en las formas en cmo mediticamente utilizarn la desgracia de cada vez ms mexicanos para acarrearlos a las urnas.

Algo importante a cuestionarnos es Qu necesitara pasar para que una instancia de poder popular pueda realmente gobernar un estado como Oaxaca, para que se castigue a los responsables de ms alto nivel por el terrorismo de Estado practicado en Atenco y para que el Sindicato Mexicano de Electricistas vuelva a ser la instancia de participacin poltica principal de sus agremiados? Es posible que esto ocurra dentro del Estado actual? Podra suceder en caso de que algn candidato de la izquierda electorera llegue al poder ejecutivo? Mi opinin es que no, estamos hablando de decisiones de Estado y por tanto no estn sujetas a ser modificadas a capricho de personajes y partidos polticos en el gobierno. Para que se juzgue a criminales como Fox y Pea Nieto o se de una escalada de restitucin de derechos sociales y sindicales, se requerira cuando menos un verdadero cambio en las estructuras de poder econmico y poltico, que cuando menos el bloque hegemnico de la clase dominante cambie radicalmente. Y no se puede pensar que un Estado burgus, y dentro del modo de produccin capitalista se permita que una instancia de poder popular gobierne un estado de la repblica, un objetivo como ese slo puede ser realizado por un proceso revolucionario, son formas que pueden adaptarse al socialismo pero nunca al capitalismo.

Por nuestra parte, la izquierda revolucionaria debe preguntarse si vamos a hacer nuestra la lgica de aceptar haber perdido todo lo que nos han quitado y slo conformarnos con pedir que no nos quiten ms, o bien, cundo y cmo vamos a retomar la ofensiva, si vamos a dotarnos de nuestros propios instrumentos y mtodos histricos de lucha, o vamos a confiar en que el Estado, a travs de alguno de sus mecanismos, nos prometa algo y nos distraiga de nuestras tareas organizativas y de lucha fundamentales, sobre las cuales descansa la posibilidad de algn da arrebatarle el poder al capital y construir el de los trabajadores.

[1] El autor es militante del Comit de Lucha por el Movimiento de Emancipacin Nacional (COLMENA). Es Maestro en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en Sociologa por la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.
[2] As fue en las elecciones de Oaxaca.[3] El PRI conserv Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Veracruz, adems de ganar Zacatecas hasta hoy gobernado por Amalia Garca del PRD; mientras tanto PAN y PRD en alianza ganaron Sinaloa y Puebla, y junto con PT y Convergencia ganaron con la candidatura de Gabino Cu la gobernatura en Oaxaca.
[4] En las pasadas elecciones el ms alto ndice de abstencin lo registr Tamaulipas con ms del 60% y en Sinaloa que fue donde menos abstencin hubo sta fue del 42%. En Oaxaca fue del 44%, Veracruz del 43% y Zacatecas del 42% por mencionar algunos.
[5] En realidad el PRD nunca fij una posicin a favor de la APPO, e incluso en instancias tales como el congreso local, alcanz acuerdos de unidad con los dems partidos para atacarla, as que en este caso me refiero a los miembros del PRD que de manera individual, pero ligados a la poltica de su partido, declaraban su apoyo e incluso participacin en la APPO.
[6] La resolucin de la SCJN del 20 de agosto de 2007, dice que en efecto se cometieron abusos en el operativo del 3 y 4 de Mayo en Atenco y que se nombrara una comisin investigadora, pero no obliga a ningn funcionario a responder por los hechos. www.scjn.gob.mx



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