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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-08-2010

Inmigracin, seguridad, responsabilidades

Editorial de La Jornada
La Jornada


El asesinato de 72 migrantes extranjeros asesinados en Tamaulipas ha puesto a la vista de la opinin pblica nacional e internacional las condiciones de desamparo, segregacin, abuso y riesgo que enfrentan los centro y sudamericanos indocumentados en su paso por Mxico, y es pertinente formular algunas reflexiones al respecto.

En la circunstancia presente, la persistencia en nuestro pas documentada por organismos humanitarios dentro y fuera del territorio de expresiones de racismo, xenofobia y maltrato contra los inmigrantes, por parte de autoridades y ciudadanos, se agrava por un panorama de violencia generalizada en el que se han potenciado, a velocidad pasmosa, los casos de vejaciones, abusos, secuestros y asesinatos contra los extranjeros indocumentados. Adicionalmente, la indolencia y la impunidad que recorren las instancias del poder pblico respecto de estos crmenes han provocado que surjan en la sociedad sospechas sobre la connivencia entre agentes gubernamentales y bandas de delincuentes para lucrar con el trfico de personas, y la existencia de responsabilidades, as sea por omisin, de las autoridades correspondientes en estos episodios.

Mucho ms clara es la relacin entre la creciente vulnerabilidad de los extranjeros indocumentados en Mxico y la aplicacin, por parte del gobierno de nuestro pas, de un enfoque de seguridad pblica y nacional que plantea un escenario propicio para el atropello y la persecucin contra los inmigrantes centro y sudamericanos. El correlato de lo anterior es la suscripcin de la llamada Iniciativa Mrida, un acuerdo de cooperacin bilateral en materia de seguridad que prev combatir, sin distincin, el narcotrfico, la inmigracin ilegal y el terrorismo. Significativamente, fue en el contexto de las negociaciones de este acuerdo con Washington, hace casi tres aos, que el gobierno mexicano activ varios mecanismos para controlar la frontera sur y reducir su porosidad para el trnsito de indocumentados, as como el trfico de armas y drogas. Todo ello a pesar de que, como se seal ayer en este espacio, la carencia de documentos migratorios no constituye, en Mxico, delito alguno: es considerada, en cambio, una falta administrativa, sin ms sancin que multas equivalentes a entre 20 y 100 das de salario mnimo.

El colofn es ineludible: las autoridades migratorias del pas han asumido, en la prctica, un papel muy parecido al de la Polica Fronteriza estadunidense, con la diferencia de que las acciones para impedir el flujo de migrantes indocumentados hacia la nacin vecina del norte se realizan en territorio nacional, y por agentes del gobierno mexicano.

La prctica de las autoridades de Mxico en materia migratoria reviste, pues, un vnculo inocultable con la poltica de seguridad adoptada y mantenida por el calderonismo desde los primeros meses de este sexenio: en ambos casos, Washington ha logrado trasladar fuera de sus fronteras el desarrollo de acciones para contrarrestar fenmenos que, en la lgica de la superpotencia, estn relacionados la migracin indocumentada y el narcotrfico, y ello ha representado para Mxico un costo incalculable en vidas, afectacin de las garantas bsicas y deterioro y descrdito institucional.

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/29/index.php?section=opinion&article=002a1edi


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