Portada :: Mxico
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-09-2010

Entrevista a Liliana Souza, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad
En Mxico rige un estado de excepcin

Luciana Bertoia
Pgina 12


La legislacin se rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que est en peligro y la poblacin queda en una situacin vulnerable, mientras el gobierno de Caldern libra su guerra contra el narcotrfico.

Liliana Souza es integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), una organizacin mexicana, fundada en 2004, quepresta atencin a las vctimas de la represin institucional. La psicloga particip en el Seminario Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos que concluy ayer en Buenos Aires y dialog con Pgina/12 acerca de la situacin de los derechos humanos en Mxico. Souza denunci que en ese pas rige un estado de excepcin de facto que atenta contra las garantas de la poblacin civil.

Cmo definen desde CCTI la situacin que actualmente se vive en Mxico?

Estamos viviendo un estado militarizado y paramilitarizado. Hay pugnas por los territorios que resultan claves para el crimen. Si bien el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotrfico, lo que est ocurriendo es que la poblacin civil se est viendo cada vez ms afectada. sta queda en una situacin de vulnerabilidad y de suspensin de las garantas individuales que el Estado debe asegurar a la poblacin. Por eso hablamos nosotros de un Estado de excepcin, en el que la misma legislacin se rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que est en peligro. Creemos que hay un repunte de violacionesde los derechos humanos y que el papel de las organizaciones ahora es hacer visible lo que queda escondido detrs de una cantidad inmensa de cifras que da el Estado sobre cmo va la guerra contra el narcotrfico.

El diario La Jornada public la semana pasada que hay tres mil desaparecidos en Mxico, entre ellos 400 por razones polticas. Ustedes manejan esos nmeros?

Tenemos dificultades para identificar si se trata o no de un asunto poltico. A veces las personas denuncian, pero otras no; a veces no son por asuntos polticos y se politiza en el proceso de la denuncia. Es complicado dar cifras exactas. Oficialmente, la cifra que se maneja es de 24.000 muertos, pero no se contabiliza la desaparicin porque no conviene. Hay denuncias de familiares, sobre todo en el norte del pas, de detenciones de jvenes que se los lleva el Estado.

En este marco, cul es el trabajo que realiza la CCTI?

Recibimos en el centro a personas que alegan haber sido torturadas. Pero tambin nosotros mismos nos trasladamos adonde se encuentran personas que se presume que han sido torturadas, por ejemplo en las crceles, cuando nos permiten entrar. Trabajamos tambin en las comunidades, dando talleres de prevencin para que una persona si es detenida sepa cules son sus derechos. Asimismo nos coordinamos con abogados y podemos acompaar el proceso de las personas que han sido torturadas. El cabildeo con las autoridades es otra rea que tenemos para conocer cmo va la implementacin de los instrumentos internacionales en materia de tortura.

Cmo toma el gobierno las denuncias que ustedes presentan?

El Estado no reconoce estas violacionesde los derechos humanos. Hay una criminalizacin de la protesta social y una culpabilizacin de las vctimas. Cuando estos grupos a los que les llaman sicarios llegan y hacen una masacre, inmediatamente asumen que las vctimas son parte de otro crtel y que son pugnas internas por droga y territorio. Hay otras situaciones donde est bien claro que el ejrcito dispara sobre civiles y hay una reprobacin en el discurso, hablan de los daos colaterales. Muchas vctimas llegan a la Comisin Nacional de Derechos Humanos o a la Procuracin General de la Repblica y no les aceptan las denuncias por tortura o por desaparicin. Existen muchas trabas legales que tienen que superar los familiares. Para eso hay dos soluciones: el silencio u organizarse como colectivos para luchar por sus derechos. Desde los aos 70 se formaron organizaciones de familiares de desaparecidos, de perseguidos polticos, de torturados. Ahora se conform una asociacin de desaparecidos en este contexto de narcotrfico, en los estados fronterizos de Nueva Len y Chihuahua.

Ustedes reciben ms denuncias desde que Felipe Caldern lanz la llamada guerra al narcotrfico?

Desde Vicente Fox hubo un repunte del uso de la tortura, ya se aplicaba, pero era ms discrecional. Ahora ya se emplean modalidades de tortura masiva. Porque hay un goce de impunidad, no importa que haya mucha gente o que sea en privado la tortura. Hay un discurso oficial que lo justifica. Hay un caso muy paradigmtico en San Salvador Atenco (en el estado de Mxico), donde las mujeres fueron torturadas sexualmente sobre sus compaeros, que estaban apilados. Pero no se aceptaron los testimonios de los otros como prueba. Este caso se va a llevar a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cmo evaluaron que la CIDH haya tratado das atrs la causa de dos ecologistas mexicanos torturados en 1999 por el ejrcito?

Ese caso es muy importante porque los defenda una abogada que se llamaba Digna Ochoa que fue asesinada. La versin oficial es que se suicid. Pero la represin contra los ecologistas en Guerrero sigue porque continan defendiendo los bosques y denunciando la tala indiscriminada.

Con la matanza, hace quince das, de 72 migrantes, salieron muchas organizaciones centroamericanas a denunciar los abusos de las autoridades mexicanas. Ustedes cuentan con registros de este tipo de denuncias?

Nosotros manejamos poco el tema de la migracin. Pero sabemos que se tortura en las estaciones migratorias.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-152661-2010-09-06.html

rCR



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter