Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2010

Honduras Ecuador una llamada para Amrica Latina

Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina Mara Romano
Rebelin


Amrica Latina (AL) es un espacio territorial estratgico para Estados Unidos (EE.UU.). Esto es: como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, as como regin exportadora de excedentes (i.e. retorno de ganancias, pago de regalas o de intereses por concepto de emprstitos). Es parte de un esquema expoliador y subordinante, slo posible con el aval de los grupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarizacin de la riqueza, el despojo, privatizacin, desnacionalizacin y erosin de los bienes de las naciones (que son de los pueblos), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la poblacin a la miseria o la muerte, genera un abanico de reacciones sociopolticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de los negocios de EE.UU. y sus socios locales.

Esto lleva a la creciente criminalizacin de la pobreza y represin de la protesta al asociar los movimientos sociales con figuras que requieren la intervencin de la fuerza del Estado, situacin que habilita la eventual injerencia de EE.UU. bajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus socios menores. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia. As, mientras el grueso de Estados nacin latinoamericanos promueve polticas que favorecen principalmente los intereses de ciertos grupos de poder, al mismo tiempo se observa necesaria la actuacin de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresin que tales polticas implican para con los pueblos.

La variable del orden interno, ante el despojo y saqueo, es pues permanentemente necesaria y as se puede identificar en el discurso-accin de EE.UU. El Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mrida (IM) son casos paradigmticos, pero no aislados, de la interferencia de EE.UU. en AL, que a los fines de garantizar su seguridad nacional, lase sus intereses socioeconmicos y geopolticos, promueve mecanismos ad hoc de orden interno en la regin. Se trata de un escenario que coloca de modo creciente a las fuerzas armadas locales, en alianza con EE.UU., como gestores del orden interno, facilitando o estimulando la militarizacin y paramilitarizacin e incluso las prcticas de terrorismo de Estado.

An ms, como es reconocido desde la Doctrina Monroe (1823) y el corolario de Polk (1848)3 , el carcter estratgico de AL, obliga a ese pas a contener cualquier intento de construccin de proyectos alternativos a lo largo y ancho de la regin, pero sobre todo a aqullos que aboguen por la integracin latinoamericana independiente. Es por tanto imperiosa una continua ofensiva contra los gobiernos alternativos puesto que no siguen al pie de la letra los lineamientos establecidos para la regin; ello ms all de sus propias limitaciones. As, al mantener importantes tensiones con EE.UU., su mera existencia es una amenaza para los intereses hegemnicos y oligrquicos.

La ofensiva puede ser ms o menos visible. Uno de los mecanismos de desarticulacin regional e interna de ese tipo de gobiernos latinoamericanos ha sido y es promover la confrontacin entre distintos actores locales, en especial entre el gobierno alternativo y el empresariado (la oligarqua empresarial local), las fuerzas militares y de seguridad, as como los paramilitares y otras figuras informales. Con el apoyo activo desde adentro de sos ltimos, la resolucin final tpica de este tipo de proceder es bien conocida: la instauracin de gobiernos ad hoc ilegtimos (y que bien pueden ser legales por medio de investiduras de democracia formal que carecen del apoyo de los pueblos) o inclusive el impulso de golpes de estado cvicomilitares.

La construccin de proyectos alternativos, aunada a la profundizacin de la actual crisis econmica mundial (que lastima las condiciones socioeconmicas de la regin y por tanto dificulta la profundizacin de la explotacin y entonces de acumulacin-transferencia de capital), erosionan el poder de la oligarqua local y la fuerza de injerencia de EE.UU. y otros actores metropolitanos en AL; de ah que haya un inters mutuo. En este panorama, el orden interno se convierte en hilo conductor en que tanto catalizador de la estabilizacin o la desestabilizacin, segn corresponda. En el caso de los gobiernos subordinados, se opera estabilizando el statu quo de los grupos de poder (y del Estado que los representa y del cual forman parte) y desestabilizando a las clases sociales explotadas, al orillarlas a la miseria y explotacin creciente e hipotecando su futuro. En cambio, cuando se trata de gobiernos alternativos, la dinmica es al revs. Cuando los pueblos se encuentran representados en mayor medida por determinados gobiernos, entonces el objetivo es desestabilizar estos gobiernos para estabilizar los intereses de los viejos grupos de poder (colquese aqu el uso de la poltica de dos fases).4 En ambas modalidades de funcionamiento de lo que calificamos como modelo de estabilizacin desestabilizacin, la alianza entre las oligarquas locales y los intereses extranjeros aparece como algo natural (en tanto est enraizado en los procesos de construccin y consolidacin de los propios Estados nacionales de AL). Los instrumentos para lograrlo son mltiples, desde el uso de los medios de (des)informacin, hasta operativos encubiertos.

Honduras primero y ahora Ecuador no pueden verse ms que como un fuerte llamado de atencin a los pueblos latinoamericanos para construir el tejido social y la articulacin necesaria para enfrentar esta situacin tan compleja.

Plataformas de proyeccin de dinmicas de estabilizacin-desestabilizacin: Plan Colombia e Iniciativa Mrida.

El Plan Colombia (PC) y su continuacin el Plan Patriota (PP), as como la Iniciativa Mrida (IM) en sinergia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN) no son un objetivo en s mismos, sino que constituyen un medio ms para garantizar los intereses del sector privado y del gobierno de EE.UU. y de sus socios menores locales, proceso que en los hechos toma forma en una compleja y peligrosa dinmica de estabilidad inestabilidad.

El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus ejes clave la transformacin y modernizacin de las fuerzas armadas y policacas para combatir la guerra interna (con las FARC y el ELN), a fin de lograr un cambio en la correlacin de fuerzas con la guerrilla, situacin que se sostiene para poder mantener el control de territorios estratgicos por parte de los diferentes actores y sus intereses. Con el PP se consolidan nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor proyeccin hacia los pases vecinos, colocando entre 14.000 y 17.000 hombres en toda la zona selvtica, especialmente en la regin fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo la modalidad de despliegue rpido; una forma de bajo perfil impulsada por EE.UU. que es parte de lo que el Pentgono denomina como una nueva arquitectura militar (Delgado, 2010).

En el marco de la IM, la modernizacin de las fuerzas armadas tiene por objeto ganar la correlacin de fuerzas contra el narcotrfico o el crimen organizado, enemigos difusos que ahora se han aglutinado bajo la etiqueta de narco-insurgencia. En este tenor es til recordar que la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, especialmente en AL, constituy un componente esencial de la Doctrina de Seguridad Nacional, al definir la insurgencia como: el uso sistemtico de la violencia para desestabilizar el orden social y poltico establecido (US Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol XXXI. Doc. 38). Eximiendo de tal definicin los golpes de Estado perpetrados por militares, el vandalismo y los desrdenes espontneos (Ibid).

Lo anterior es importante puesto que tal entendimiento permite debilitar gobiernos alternativos en funciones, criminalizar la resistencia social y atender la ocupacin de territorios de alta prioridad. Y si bien no se pretende decir que la IM (o el PC/PP) tienen como fin exclusivo promover un contexto de control social, ciertamente contribuyen a ello. Mxico acumula ms de 23.000 muertos asociados a operativos antinarcticos pero que incluyen muertes de inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el pas ms peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas. Lo llamativo es que en la ola de violencia han aumentado los asesinatos de lderes sociales opositores a procesos de despojo y de extractivismo sin control.

El eufemismo del negocio de las armas y de la conservacin de un escenario ad hoc estableinestable es ntidamente observado por el Departamento Nacional de Planeacin de Colombia al precisar que: la seguridad estimula la inversin y sta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superacin de la pobreza y la construccin de equidad. Y especifica prioridades a partir de lo que la Escuela Superior de Guerra (2009) denomina como circulo virtuoso de la seguridad: 1) Inversin y seguridad; 2) confianza y estabilidad; 3) inversin privada; 4) crecimiento econmico; 5) impuestos e inversin social; 6) bienestar social y satisfaccin de necesidades. Desde esta ptica, se considera entonces que un orden seguro es un orden democrtico capaz de garantizar la estabilidad del mercado (Loveman, 2006). Esto es que lo que importa, la seguridad del mercado y no la de los pueblos.

La injerencia en materia de seguridad y orden interno por parte de EE.UU. es principalmente marcada en los rubros de asesoramiento y entrenamiento de personal; la puesta en marcha de acciones conjuntas en suelo, agua y aire; y mediante el estmulo al incremento en el nmero de contratistas en diversas reas para asegurar, el orden interno y el control de territorios prioritarios. Esto complejiza y genera una amplia estabilizacin del Estado, especialmente de su brazo militar y de seguridad, y una profunda desestabilizacin interna debido a la presencia de polica, servicio secreto, ejrcito-marina-fuerza area, ejrcitos o seguridad privada formalmente contratados, paramilitares y dems actores forneos como asesores, agregados adjuntos en materia de seguridad y antinarcticos, personal de operaciones encubiertas, etctera. Lo preocupante del asunto es que en este contexto, la asociacin del narcotrfico con la insurgencia, al estilo Colombia en Mxico, advierte la ya mencionada criminalizacin de la resistencia social y con ello la posibilidad de violar flagrantemente los derechos humanos en el pas, puesto que se asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal no es suficiente para manejar el problema del modo en que es requerido.

Hay que sealar que en tales casos suelen entrar en operacin tanto el contratismo como el paramilitarismo. Recurdese que el paramilitarismo es una estrategia sistemtica del Estado basada en la doctrina contrainsurgente clsica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad apoyada por los sectores de poder formales e informales, locales y extranjeros y que acta como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y poltico. As, si bien el paramilitarismo es contradictorio para el Estado en tanto que genera una mayor desestabilizacin (social), a la vez es una forma de represin que invisibiliza la responsabilidad del Estado en actos que estn por fuera de la Ley (Fazio,2003), fomentando el terror (o el miedo) como instrumento de control social.

Militarizacin del orden interno, regionalizacin de la interferencia y el peligro de la instauracin de gobiernos represivos.

Mientras el PC/PP funge como base desde la que se busca garantizar una incidencia y estabilidad de los intereses de EE.UU. en la zona de influencia inmediata a Colombia y en el Cono Sur, la IM se perfila como instrumento de interferencia en el pas vecino en tanto que EE.UU. pretende garantizar su propia seguridad operando desde y en suelo mexicano. Claro est, se suma la proyeccin de tal injerencia hacia Centroamrica, Repblica Dominicana y Hait.

En este tenor, dos cuestiones son importantes. La primera, el alcance de la concepcin de lo regional en los lineamientos de combate contra el narco-terrorismo en Colombia y Mxico, contra el carcter internacional del negocio que suele dejarse de lado (la venta y el grueso del lavado del dinero se hace en los pases metropolitanos, donde adems se adquieren las armas que utilizan los diversos grupos armados vinculados al negocio de la droga -el 90% de sas incautadas en Mxico provienen de EE.UU.-). La segunda, el impulso que se est otorgando a la seguridad interna en toda la regin ms all de los alcances formales del PC/PP y de la IM-ASPAN. Lo demuestra el impulso de medidas que colocan a los militares como garantes del orden interno. El caso de Per es representativo (vase ms adelante).

El tema de lo regional no es menor. ste queda en evidencia en el modo en que se implementaron el PC y el PP y la posterior creacin, en 2005, de la Iniciativa Regional Andina (IRA); todo bajo el argumento de evitar el efecto domin que podra causar el narcotrfico. La IRA tiene como objetivo vital el control de la frontera, no slo de Colombia con sus vecinos, particularmente con Venezuela (que es uno de los principales proveedores de petrleo de EE.UU. y un gobierno que se opone claramente a la guerra contra el narco-terrorismo) sino en los dems pases del Cono Sur. Esto no es fruto de la mera imposicin de EE.UU., sino que ha sido la elite colombiana la que ha permitido tal interferencia del gobierno estadounidense, generando fuertes tensiones con sus vecinos (y de este modo, contribuyendo a regionalizar el conflicto) al postularse como pen del gobierno estadounidense en la regin (Palomo, 2010).

La postura de la UNASUR frente a este tipo de conflictos es clave, en tanto debemos tener en claro que para lograr la regionalizacin de la guerra contra el narcotrfico y el terrorismo, EE.UU. presiona de modo constante para mantener relaciones (econmicas y de seguridad) bilaterales, neutralizando la posibilidad de plantear una agenda a partir de una verdadera participacin multilateral capaz de integrar horizontalmente a los gobiernos de la regin andina (Bonilla, 2006). Es a partir de estos acuerdos que se materializa la presencia de personal militar en la frontera de pases del Cono Sur (no solamente en los que integran la IRA) lo que a su vez remite a ciertas estrategias vinculadas a la doctrina de seguridad nacional de los 60-70 y el modo en que se luch contra la insurgencia a travs de las fronteras de AL5.

Por ello no sorprende que el Secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, en su reunin con las fuerzas armadas peruanas (abril 2010), sealara que stas deben reestructurarse y focalizarse ms en los desafos internos (Gates en Salas, 2010). Cumpliendo con tales mandatos, las fuerzas armadas peruanas ya pueden intervenir en asuntos de orden interno: los militares pueden emplear la fuerza en situaciones de enfrentamiento con algn grupo hostil previa declaracin del estado de emergencia-, pero tambin cuando ayuda a la polica a restablecer el orden interno en otras situaciones de violencia o la apoya en operaciones contra el trfico de drogas, terrorismo, y en los dems casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la polica sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno (Per 21, 2 septiembre 2010, p. 6. Las negritas son nuestras). Lo interesante es que, a la par de formalizar la posibilidad de tal Estado de excepcin (Agamben, 2004), el presidente de Per Alan Garca, ha aceptado el ofrecimiento de EE.UU. de entrenar tropas peruanas para combatir el narcotrfico, descartando cualquier discusin sobre las tensiones entre intervencin y soberana-autodeterminacin. Segn sus propias palabras: En todos los temas que sean humanos y universales, yo no hago cuestin de soberanas y patriotismo, es decir, si los estadounidenses quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicpteros y entrenadores de satlite y de comunicaciones aqu, en buena hora.

No constituye un dato menor que Per firmara un TLC con EE.UU. similar al NAFTA, donde la desnacionalizacin de los principales activos del pas y la desestructuracin de la industria nacional y el mercado interno han sido los principales resultados (Saxe-Fernndez, 2002). En el caso de Per, es claro que lo primordial es el petrleo y los minerales. De ah que simultneamente se insista en abrir el 72% del Amazonas peruano a procesos de concesin para la prospeccin y extraccin. El esquema es parte de los intereses de EE.UU. en toda la zona del Amazonas. Ah ya se encuentran en manos de 35 multinacionales unos 180 bloques de concesin petrolera/gasera que cubren unos 688.000 km2 (Finer et al, 2008). Tan slo en Per hay 48 bloques activos y 16 por licitarse. De esos 64 bloques, todos excepto ocho fueron licitados a partir de 2004, justo cuando empezaron las negociaciones de tratados de libre comercio bilaterales entre EE.UU. y los pases de la regin andina (Per y Colombia firmaran). La resistencia social, que altera el orden interno (como fue el suceso de la masacre de Bagua), responde a que veinte de los mencionados bloques se traslapan con once reas protegidas, mientras que 58 de las 64 se superponen en tierras de propiedad indgena (Ibid).

La militarizacin de la regin y especialmente de las zonas fronterizas se justifica mediante un discurso que sostiene que la nica forma de enfrentar el narco-terrorismo o narco-insurgencia es mediante una tarea multinacional, que como es lgico ha de ser liderada y coordinada por EE.UU.

La agenda que llev Clinton a la reunin de la OEA en junio de 2010 dejaba claro que los puntos a debatir eran el trfico de drogas, la prevencin de bandas criminales y las respuestas a desastres naturales, con el objetivo de que las preocupaciones de EE.UU. fueran bien escuchadas en AL, precisamente ante la exclusin de EE.UU. de la UNASUR. La "securitizacin" de lo medioambiental no es casual puesto que vincula territorios ricos en recursos con la posibilidad de garantizar el acceso, extraccin y transporte de aqullos a pesar de una eventual agudizacin de problemas socioambientales. Tal territorializacin de la agenda de seguridad interna es por tanto primordial en cuanto permite despejar la operacin de la mano invisible del mercado. Contexto en el que, mostrar al narco-terrorismo como fenmeno regional, permite ampliar, espacialmente, el proceso anterior. Las declaraciones de la secretaria de Estado de EE.UU. parecen apuntar a ello, en tanto que procur asociar la situacin de Mxico a lo sucedido en Colombia al afirmar que: los crteles de droga estn mostrando cada vez ms indicios de insurgencia (Clinton en Booth, 2010). A esta afirmacin, agreg: Necesitamos una presencia ms vigorosa en Amrica Central para ayudar a los pases a reforzar la legalidad, para luchar contra los traficantes de droga (Ibid).

Para cubrir la mencionada necesidad, se estn llevando a cabo acciones concretas. En Honduras, por ejemplo, el Centro de Estudios Hemisfricos de Defensa (CEHD) de EE.UU. organiz un taller para asesorar a la polica, las fuerzas armadas, miembros del Congreso Nacional y funcionarios del gobierno sobre la Planificacin de estrategias de seguridad nacional. Segn el Director del CEDH, Richard Downie, se formul una hoja de ruta con acciones claves y con fechas para llegar al cumplimiento de los objetivos, los participantes hicieron todo eso en el contexto del esfuerzo del gobierno del presidente Lobo en tratar de enfrentar esos retos que tiene el pas en este momento (El Heraldo, 11 septiembre 2010). A la gravedad de la interferencia de EE.UU. en asuntos internos por medio de este tipo de asesoramiento, en el caso de Honduras se suma el hecho de que el gobierno que est recibiendo las sugerencias en materia de seguridad interna, es producto de un golpe de Estado tcnico al presidente legtimo, Manuel Zelaya.

Se suma adems el caso de El Salvador, donde se promulg la Ley Antimaras de septiembre de 2010 (Dilogo, 13 de Septiembre de 2010) y que justifica la presencia de tropas para el control del orden interno dada la violencia de baja intensidad perpetrada por el crimen organizado. La naturaleza de tal posicionamiento del Estado salvadoreo es expuesta por su presidente, Mauricio Funes, en el marco de la 65 Asamblea General de la ONU, en los siguientes trminos: la ayuda [a Centroamrica y Mxico] debe ser econmica, de inteligencia y de apoyo a la capacitacin y equipamiento de las fuerzas del orden para combatir el crimen y el lavado de dinero (Centro de Noticias ONU, 27 de septiembre de 2010).

Las negociaciones de instaurar emplazamientos militares de EE.UU. en Panam y Costa Rica se inscriben en este panorama. Lo mismo es vlido para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Es este escenario el que posibilita estrategias de desestabilizacin como la ocurrida en Ecuador, que aparenta ser una sublevacin espontnea de las fuerzas de seguridad debido a un supuesto recorte en los salarios y beneficios del sector. La agresin al presidente y funcionarios de gobierno altamente coordinada, la confusin y relativa desinformacin sobre los hechos y el caos generado dejan entrever la presencia de causas de fondo que van ms all de un mero reclamo de salario y que develan el poderen accin de los grupos que representan intereses que se encuentran amenazados por el gobierno de Correa. No es casual que el hecho se suscite principalmente en y desde Guayaquil, la regin dura de la oligarqua ecuatoriana. La promocin del caos y la confusin generalizada, la represin de parte de la polica contra la gente en las calles reclamando la liberacin del presidente, se presta para generar una imagen de debilidad institucional como antesala indispensable para estimular una eventual poltica de control por medio de la represin y el miedo. Lo que se intenta es desarticular las fuerzas sociales, esto es, que no estn en las calles defendiendo la legitimidad del gobierno elegido.

Independientemente de la evolucin de estos acontecimientos, lo que debe notarse es que mientras Honduras fue un termmetro para la derecha en cuanto a la articulacin del tejido social, Ecuador pareciera colocarse como antesala de un posible golpe a los proyectos alternativos con mayor poder real y simblico de la regin. No deja de ser llamativo que el atentado se geste en Ecuador, ciertamente la nacin con ms fracturas internas del conjunto de pases del ALBA (Morales en Bolivia cuenta con un respaldo social abrumador, mientras que Chvez cuenta con experiencia respecto a golpes de Estado en su contra y con un vnculo mucho ms estrecho con la fuerza militar nacional). Tambin es notoria en esta coyuntura la creciente tendencia en toda AL de borrar a los actores polticos de izquierda o progresistas de la esfera poltica formal, de tal suerte que se pueda facilitar la criminalizacin de sos.

Por lo anterior, la importancia de la regin es crucial. La avanzada de la oligarqua ecuatoriana no slo es un golpe contra el proyecto de nacin representado por el gobierno de Correa, sino a los propios esfuerzos de una integracin regional alternativa. En tal sentido, es lgico que los presidentes de los pases del Cono Sur condenen el intento de golpe de Estado, siendo enfticas las declaraciones de Morales, Chvez y Fidel Castro.

El llamado de atencin, consideramos, es ms que claro. Pero an ms, como hemos dicho, tambin es una alerta temprana de posibles escenarios de creciente violacin de derechos humanos y de propagacin del miedo como mecanismo de atomizacin social, situacin que, como han demostrado algunos procesos histricos, puede desembocar en fascismo (lase por ejemplo: Neumann, 1943). Se trata de un contexto que ciertamente dificulta pero al mismo tiempo apremia la construccin social concreta de proyectos de nacin alternativos, independientes y socioambientalmente justos y armnicos, no slo a escala nacional sino regional. El tejido social que los apoya y que potencialmente puede tambin sumarse, ciertamente existe, y esperamos que ante las circunstancias actuales de AL resurja con mayor fuerza y capacidades de articulacin.

Notas

1. Gian Carlo Delgado-Ramos es Doctor por la Universidad Autnoma de Barcelona, Espaa. Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

2. Silvina Mara Romano es doctora por la UniversidadNacional de Crdoba, Argentina. Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas de Argentina (CONICET) en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional, Unidad Ejecutora CONICET

3. En el fondo de la Doctrina, afirma Guerra (1973: 182), estaba implcita la declaracin: Amrica para los americanos, y la afirmacin de un derecho de soberana virtual sobre todos los territorios del Nuevo Mundo. En AL haba pueblos libres; pero sus derechos de soberana eran incompletos, sus territorios no eran de libre disposicin. El nico poder absolutamente soberano en Amrica, y de toda Amrica, era EE.UU. (Ibid).

4. El derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz (1954) se llev a cabo por medio de una poltica de dos vas: las negociaciones diplomticas y (al mismo tiempo) la implementacin de operativos encubiertos promovidos por la CIA y las elites locales para perpetrar un golpe de Estado (Wood, 1985). El derrocamiento del presidente brasileo Joao Goulart (1964), tambin se caracteriz por dos momentos clave: un primer momento orientado a la desestabilizacin mediante la presin econmica y poltica, y una segunda etapa destinada al golpe de Estado militar, gracias a la alianza de la oligarqua local con la elite estadounidense (Fico, 2008: 76). Una estrategia similar, de dos fases, fue aplicada para derrocar al presidente chileno Salvador Allende (1973): la primera etapa se centraba en presiones econmicas y polticas; la segunda etapa implicaba el apoyo a ciertos sectores de las fuerzas armadas para incitar a un golpe militar, tambin con la aprobacin de los grupos de poder locales y el apoyo del gobierno estadounidense (Informe Church II C2).

5. Es de crucial importancia recordar que uno de los operativos ms exitosos de seguridad transfronteriza se realiz en la dcada de 1970, la Operacin Cndor. Este operativo tena como meta aniquilar la subversin por medio del arresto, tortura y desaparicin de insurgentes y subversivos a travs de las fronteras de pases del Cono Sur, mediante la cooperacin de las Fuerzas Armadas de los pases del Cono Sur y con la ayuda estratgica de la CIA (McSherry, 2005).

Bibliografa

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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