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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-10-2010

Intentona en Ecuador

Alfredo Serrano y Alberto Montero
Pblico


Afortunadamente, el intento de golpe de Estado contra el presidente Correa ha quedado en un susto del que los ecuatorianos tardarn en recuperarse y que seguramente dejar una marcada impronta sobre la futura gestin de su Gobierno.

Una impronta que puede que se asemeje a la que en su momento tuvieron sobre el presidente Chvez circunstancias similares a las que acontecieron anteayer en Ecuador y que no hacen sino desvelar, de una vez por todas, los intereses en juego y los nimos de preservarlos hasta sus ltimas consecuencias. En aquella tesitura, el presidente venezolano entendi que, o el proyecto de transformacin social que en esos momentos se iniciaba concitaba el respaldo firme de las clases populares (y para ello haba que gobernar abiertamente a su favor), o su suerte estaba echada.

Lo ocurrido en Ecuador es, mutatis mutandi, la expresin de algo similar y, previsiblemente, tendr consecuencias, como en Venezuela las tuvo. La erradicacin de privilegios nunca es del agrado de los agraviados y rpidamente concita la solidaridad de los que piensan que los suyos pueden ser los siguientes en desaparecer.

No otra puede ser la explicacin de que, paradjicamente, la excusa para un intento de golpe de Estado haya sido la discusin de una ley orgnica que garantiza y mejora los servicios pblicos y equipara las condiciones salariales para los funcionarios en un pas como Ecuador al que el neoliberalismo no slo desposey de su moneda, sino que tambin desmantel su sector pblico.

Esa ley introduca dos puntos problemticos desde el punto de vista de los privilegios adquiridos.

Por un lado, la discusin en torno al pago de las indemnizaciones a las que los funcionarios pblicos tienen derecho al jubilarse. Frente a la tendencia europea hacia el endurecimiento de las condiciones para el acceso a este derecho, la propuesta del Gobierno ecuatoriano no implicaba ningn tipo de privatizacin, no ampliaba el nmero de aos de cotizacin necesarios para percibirla y ni siquiera reduca su cuanta; es ms, la incrementaba. Lo que haca era introducir un elemento novedoso para su pago ante la posibilidad de que el Estado, ante una coyuntura fiscal difcil y como consecuencia de un elevado nmero de indemnizaciones que pagar en un ao, tuviera dificultades de liquidez para afrontarlas. A tal efecto se estableca que el pago, en un porcentaje no superior al 50% de la indemnizacin, se hara en bonos del Estado y slo para el colectivo que se encontrara entre los 65 y los 69 aos; a partir de los 70 se pagara en efectivo. Y, por otro lado y aqu se encuentra la madre del cordero de la revuelta policial, la ley planteaba una ruptura con la lgica salarial neoliberal de suplementar un salario base muy reducido con una serie de complementos de productividad cuya asignacin, en muchos casos, era absolutamente arbitraria y generadora de servilismos y corrupcin. De esta forma, la propuesta gubernamental, planteaba la supresin de esos complementos y, en compensacin, la elevacin del salario base. Salario que, por otra parte, resulta determinante de cara a la determinacin de la cuanta de la prestacin por jubilacin. Es decir, planteaba un sistema de remuneraciones ms justo y equitativo para todos los servidores pblicos.

La revuelta se produjo, entonces, como consecuencia de que, en funcin de las capacidades colegislativas atribuidas constitucionalmente al presidente de la Repblica, este introdujo un veto a la ley salida de la Asamblea. Esta ley asuma la propuesta gubernamental, pero introduca una excepcin para los cuerpos de seguridad del Estado, la cual fue eliminada por el veto presidencial. La consecuencia es ya conocida. En algunas latitudes, la democracia paga un peaje mucho ms caro que en otras por apostar a un cambio en el rgimen de acumulacin econmico. La decisin de Correa constituy el detonante de una revuelta policial a la que acabaron sumndose sectores sociales que, bien por los privilegios que tratan de defender y que ven en esa medida el anticipo de lo que les puede suceder, o bien por las relaciones conflictivas que mantienen con el presidente como es el caso de algunos sectores indgenas encontraron en la revuelta una va de vehiculizar su protesta por medios no democrticos. La ola de apoyos a la revuelta policial se extendi, as, entre los partidarios de ex presidente Lucio Gutirrez, los indgenas de Pachakutik o la oposicin de Guayaquil comandada por Jaime Nebot y Carlos Vera. Queda para la especulacin contrafctica el adivinar qu hubiera podido ocurrir si, al calor de la asonada, la situacin se hubiera descontrolado. En cualquier caso, y con independencia de si fue o no un golpe de Estado o un ro revuelto del que muchos pescadores trataron de extraer ganancias, lo realmente relevante ahora son las consecuencias de este hecho. Como ocurri con Chvez en su momento, es el momento de que Rafael Correa y su Gobierno asuman firmemente que su proyecto de transformacin social y econmica slo puede avanzar seguro si va indefectiblemente de la mano de las clases populares y de los pueblos indgenas que originalmente lo han respaldado y que ahora se encuentran algo distanciados. Porque cuando se pretende que la economa est dominada por el principio constitucional del Buen Vivir para el conjunto de la poblacin y, en especial, para las clases tradicionalmente excluidas, lo primero que se debe asumir es que slo puede lograrse a cambio de que algunos dejen de vivir tan bien como venan hacindolo. No hay otro camino ni otros aliados para ese viaje.

Alfredo Serrano y Alberto Montero son miembros de la Fundacin CEPS

http://blogs.publico.es/dominiopublico/2505/intentona-en-ecuador/



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