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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-10-2010

Martin Scheinin cuestiona la legalidad de la Audiencia Nacional y la incomunicacin de los detenidos por terrorismo
El gobierno carga contra el relator de Derechos Humanos de la ONU

Agencias


El Gobierno espaol ha remitido a la sede de Naciones Unidas en Ginebra un informe en el que rechaza las recomendaciones que hace el relator de Derechos Humanos, el finlands Martin Scheinin, y carga contra ste, de quien asegura que sus propuestas carecen de "rigor" y "credibilidad", al tiempo que "lamenta" que las observaciones que realiza el relator sobre Espaa "no se correspondan con la realidad de la lucha contra el terrorismo".

Martin Scheinin haba cuestionado en su informe sobre Espaa, analizado en la 15 sesin del Consejo de Derechos Humanos que concluy el viernes en Ginebra, la legalidad de la Audiencia Nacional y la incomunicacin de los detenidos por terrorismo, alegando que perjudica los derechos y libertades fundamentales de estos.

Precisamente, estas demandas y sobre todo la peticin de supresin de la detencin incomunicada han sido expuestas histricamente por organizaciones sociales y de DDHH del estado espaol ante los organismos de Naciones Unidas.

El Ejecutivo espaol no pasa por alto este hecho y recuerda en el informe remitido a esta ltima sesin de la Comisin de Derechos Humanos que no son pocas las ocasiones en las que el Relator "asume como propias opiniones, crticas y denuncias no contrastadas, ni fundamentadas, e ignora pronunciamientos firmes de rganos jurisdiccionales superiores". Por ello, el Gobierno advierte de que el informe del Relator tiene poco "rigor y credibilidad".

Adems, y en este mismo sentido, Espaa recuerda que "dada la preocupacin" que manifiesta Martin Scheinin por el "rgimen de la incomunicacin en las detenciones" se le ha ofrecido la oportunidad de visitar "cuantos centros de detencin" considere oportunos.

ESPAA LAMENTA QUE "NO SE CORRESPONDAN CON LA REALIDAD"

Tras esta exposicin, el Ejecutivo espaol "lamenta" que, "pese al intenso dilogo" mantenido y la "total cooperacin ofrecida", algunas de las valoraciones que realiza el finlands "no se correspondan a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido de la sociedad espaola".

En concreto y ya refirindose a las recomendaciones concretas, el Ejecutivo rechaza suprimir la detencin incomunicada de los presuntos terroristas y argumenta que esta se lleva a efecto en Espaa con "todas las garantas procesales". En este sentido, aclara que su rgimen legal es "sumamente restrictivo", pues exige en todo caso "autorizacin judicial" mediante "resolucin motivada y razonada" que debe dictarse en las primeras 24 horas de la detencin, as como un control "permanente y directo" de la situacin personal del detenidos por parte del juez.

No obstante, explica que el Gobierno se ha comprometido a adoptar algunas medidas para reforzar las garantas, que ya se incluyeron en el plan de derechos humanos aprobado en diciembre de 2008 y que consisten en prohibir la incomunicacin a los menores de edad; designar un segundo mdico para que reconozca al detenido incomunicado y grabar en vdeo todo el tiempo de permanencia del detenido en instalaciones policiales.

PRETENDE CUESTIONAR EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

En cuanto a la peticin de suprimir la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Zapatero precisa que debe rechazar esta recomendacin porque se basa en "aquellas valoraciones y recomendaciones del Relator que pretenden cuestionar el marco legal e institucional sobre los que se asienta la actuacin de un Estado democrtico en la lucha contra el terrorismo".

Adems, argumenta que el Relator hace esta recomendacin "sin aportar razones que pudiesen avalar esa valoracin, sin ofrecer alternativas vlidas y justificadas, ms all de su opinin personal, y pasando por alto cuando no cuestionando abiertamente, la imparcialidad e independencia de los poderes del Estado, en particular de aquellos encargados de velar por la aplicacin de las leyes y la proteccin de los derechos de los individuos".

Ahondando en este argumento, el informe de Espaa alega que el relator no expone cul sera el impacto de la Audiencia Nacional en los "derechos y libertades fundamentales" de las personas a las que juzga.

En cualquier caso, Espaa s quiere dejar claro que la "centralizacin del enjuiciamiento criminal" de los delitos de terrorismo y de criminalidad organizada en un slo rgano jurisdiccional, el franquista Tribunal de Orden Pblico hoy denominado Audiencia Nacional, es una "opcin de poltica criminal legtimamente adoptada por el legislador espaol en pleno ejercicio de sus competencias soberanas".

Otra de las precisiones que realiza el Ejecutivo espaol al informe del Relator Scheinin es la referida a la definicin del delito de terrorismo y precisan que "el Gobierno espaol no acierta a entender qu definicin internacional de delito de terrorismo sustenta la argumentacin del Relator, toda vez que la comunidad internacional no ha logrado definir el delito, ni acierta a ver, tampoco, que sea el mandato del Relator proponer tal definicin".

En este sentido, recuerda que en Espaa, el terrorismo es tratado como un delito en el marco del Cdigo Penal y de la Legislacin procesal ordinaria. "En consecuencia, en Espaa no se ha adoptado nunca una legislacin especial para luchar contra el terrorismo", sino que "la lucha contra el terrorismo se lleva a cabo desde la ley, y en el marco definido por sta mediante la actuacin de las FCSE, de la actuacin de los jueces profesionales, independientes y parciales y la cooperacin internacional".

Adems, recuerda que en Espaa tampoco se ha derogado nunca "ni siquiera de modo parcial o temporal, la legislacin vigente en materia de derechos humanos". Lo cual no evita que a diario se produzcan violaciones de los mismos en crceles, cuartelillos o centros de internamiento.


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