Portada :: Mentiras y medios :: Proyecto Censurado 2009/10
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2010

Las 25 historias periodsticas ignoradas por los medios (XVI)
Muri en Espaa la jurisdiccin universal y el juicio a jefes de Estado de EEUU e Inglaterra por crmenes contra la humanidad

Glen Ford
Black Agenda Reprot/The Brussels Tribun


En octubre de 2009, el gobierno de Espaa cerr una de las ltimas ventanas para esclarecer responsabilidades en los ms terribles crmenes cometidos por las naciones ms poderosas de la tierra. Bajo una gran presin de EEUU, Espaa decidi limitar su propia jurisdiccin en casos de genocidio y crmenes contra la humanidad, aunque el derecho internacional establece que tales crmenes estn bajo jurisdiccin universal, en cualquier nacin, sean o no vctimas sus ciudadanos. La lgica es que estos crmenes contra la humanidad son ofensas contra cada miembro de la especie humana, un crimen contra todos.

Espaa fue competente para encausar por crmenes graves a violadores de derechos humanos de Guatemala, Argentina, China, Israel y otros lugares. La mayor parte de los juicios fueron contra individuos considerados intocables por el derecho poltico, por ejemplo Pinochet de Chile, el oficial argentino de ejrcito Adolfo Scilingo, el ex canciller estadounidense Henry Kissinger, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el ex primer ministro israel Ariel Sharon y seis de sus consejeros y, recientemente, seis ex funcionarios de la administracin Bush.

Las presiones contra el imperio de la justicia hispana se incrementaron cuando los magistrados espaoles anunciaron investigaciones que involucraban a Israel y EEUU. En enero de 2009, el juez espaol de la Corte Nacional Fernando Andreu anunci que investigara a siete altos miembros del gobierno israel, todava activos o ex funcionarios, por su responsabilidad en un ataque areo que en 2002 mat en Gaza a un alto dirigente de Hams y a otras 14 personas. En marzo de 2009, Baltasar Garzn, el juez ms destacado de Espaa, invoc el principio de jurisdiccin universal cuando intent investigar a seis ex funcionarios de la administracin Bush por otorgar una fachada legal a la tortura en la prisin norteamericana en Guantnamo, Cuba. Y en mayo, otro juez de la alta corte espaola, Santiago Pedraz, dijo que enjuiciara a tres soldados de EEUU por crmenes contra la humanidad, como autores de las muertes, el 8 de abril de 2003, del camargrafo espaol de televisin Jose Couso y del periodista ucraniano Taras Protsyuk, asesinados por tripulantes de tanques de EEUU que atacaron su hotel en Bagdad, el Palestina.
Las actividades de jueces como Garzn, Andreu y Pedraz han creado un gran dolor de cabeza diplomtico al gobierno de Jos Luis Rodrguez Zapatero. China advirti a Espaa que las relaciones bilaterales se podran deteriorar por un caso del Tbet y el primer ministro israel, Benjamn Netanyahu, dijo que Espaa arriesgaba quedar fuera del proceso de paz de Oriente Medio.

Pero lo que ms preocupa al gobierno espaol es el impacto negativo en sus relaciones con EEUU que pueda tener la investigacin de Guantnamo. Rodrguez Zapatero mejor sus expectativas entre los votantes espaoles porque podra forjar lazos clidos con la administracin de Obama. De hecho, otros lderes europeos se han distanciado de la postura espaola, temerosos de comprometer sus futuras relaciones con Washington.

EEUU, el mayor criminal contra la humanidad

El reportero Glen Ford observ que EEUU es el demandado potencial ms grande del mundo por crmenes de guerra y crmenes contra la humanidad. Y su prontuario en la comisin directa e indirecta de torturas y matanzas es incomparable con el de cualquiera otra nacin, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo fue la presin de EEUU lo que forz a Espaa a cerrar sus cortes a los casos de jurisdiccin internacional.

Sin embargo, el 27 de abril de 2010 fue lanzada una iniciativa judicial separada de Garzn por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por su sigla en ingls) de Nueva York, que intent hacerse parte en una investigacin criminal actualmente pendiente sobre el programa de tortura de EEUU en Guantnamo. La investigacin se centra en la tortura y el abuso contra 4 ex detenidos de Guantnamo con lazos estrechos con Espaa. El CCR puntualiz que Espaa debe conservar la jurisdiccin sobre este caso, debido a la naturaleza de los crmenes alegados y las obligaciones contradas por el pas de Zapatero como signatario de los Convenios de Ginebra y, particularmente, del Acuerdo contra la Tortura.
Por ocho largos aos hemos luchado para reparar los brutales actos inhumanos e ilegales perpetrados contra nuestros clientes, pero cada etapa ha sido bloqueada por las administraciones de Bush y Obama, dijo Michael Ratner, presidente del CCR, quien tramit la primera peticin de habeas corpus introducida en nombre de un detenido de Guantnamo en 2002. Vinimos a Espaa nada menos que en bsqueda de justicia, que tristemente no est disponible en Estados Unidos, dijo. (1) Un da antes del cambio en la ley espaola, un nmero de miembros del Tribunal Bertrand Russell, actuando bajo el paraguas de la Iniciativa Internacional para Procesar Genocidio de EEUU en Iraq, formul cargos de crmenes contra la humanidad y de genocidio contra cuatro presidentes de Estados Unidos y cuatro primeros ministros de Gran Bretaa. Las acusaciones citan un milln y medio de iraques muertos a lo largo de 19 aos de ataques norteamericanos y britnicos, incluyendo dos guerras de agresin a gran escala, con las sanciones [econmicas contra Iraq, en tiempos de Saddam Hussein] ms draconianas nunca diseadas, y la subsiguiente ocupacin de Iraq. Segn los cargos, muri medio milln de nios.

En paralelo, se destruy insensiblemente la rica y nica herencia de patrimonio cultural y arqueolgico de Iraq. Con el fin de someter a Iraq a la dependencia de los designios estratgicos de EEUU y del Reino Unido, los sucesivos gobiernos de ambas poderosas naciones intentaron la particin de Iraq y, por medio de la fuerza militar, establecieron un sistema poltico y un gobierno iraqu favorable a la ocupacin. Promovieron y acometieron el pillaje masivo de recursos naturales iraques e intentaron privatizar la propiedad y riqueza de la nacin. Los acusadores de EEUU y el Reino Unido formulan cargos de destruccin deliberada de una nacin, arguyendo que los asaltos a Iraq fueron masivos y sistemticos, y se prolongaron aproximadamente por una generacin.

Los demandados son George Herbert Walker Bush, William J. Clinton, George W. Bush, Barack Hussein Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown. El juicio sostiene que cada una de estas personas desempe un papel dominante en la destruccin planeada de Iraq y los acusa de apoyar, instigar, permitir, racionalizar, ejecutar, y/o perpetuar o excusar esta destruccin basada en mentiras, objetivos estratgicos e intereses econmicos, y contra la voluntad de su propia gente. El tribunal Bertrand Russell afirma que tales acciones se podran repetir en otra parte si se permite que estos culpables escapen a su responsabilidad.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) es la instancia legal global para crmenes de guerra, crmenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, el periodista Ford observa que en estos ltimos aos esa corte no ha procesado a nadie ms que africanos y cada vez ms se muestra como una herramienta de la hegemona occidental. EEUU, adems, rechaza reconocer al TPI, y de paso demanda inmunidad de procesamiento.

Actualizacin de Glen Ford:

La ilegalidad de EEUU ha dado trabajo a las areas propias del Tribunal Penal Internacional (TPI). La impunidad con que EEUU y Gran Bretaa causaron la muerte de 1,5 millones de iraques y el desplazamiento de otros 4,7 millones ms durante dos dcadas de agresin ininterrumpida (desde 1990 al presente), fue eclipsada a escala de matanza por el genocidio en el este de la Repblica Democrtica del Congo (RDC). Se estima que 6 millones de congoleses han muerto desde que los principales poderes delegados por EEUU en la regin, el dictador de Uganda Yoweri Museveni y los militares tutsi de Ruanda, se desbandaron a travs de la frontera de la RDC en bsqueda de aproximadamente un milln de refugiados hutus ruandeses, aventados por las guerras civiles ruandesas de 1994, incluyendo a la derrotada milicia hutu.

Los comandantes militares ugandeses y ruandeses establecieron rpidamente el control sobre la minera de la regin rica en yacimientos, proporcionando materias primas a EEUU y a las corporaciones extractivas europeas, en una relacin de negocios mutuamente rentables que prospera en un ambiente de terror y masacre. Pese a que sus actividades en el este del Congo han dado lugar a un holocausto igual al judo europeo bajo los nazis, Ruanda y Uganda disfrutan de impunidad como los clientes ms leales de Washington en el frica negra. Los medios corporativos de EEUU, conducidos colectivamente por sus narices por el departamento de Estado, estn al acecho de genocidas por todas partes de frica, excepto entre los protegidos de EEUU en Kampala y Kigali.

No habiendo procesado a nadie ms que a africanos desde su creacin en 2002, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ahora corteja activamente a EEUU, el ms prolfico perpetrador y patrocinador mundial de crmenes de guerra, crmenes contra la humanidad y genocidio, como gendarme global de las acusaciones del TPI. EEUU rechaza unirse al TPI porque teme que pueda ser procesado por sus propios crmenes (solamente 111 naciones han ratificado su acatamiento a la jurisdiccin del tratado). Pese a todo, el fiscal jefe del TPI, el abogado argentino Luis Moreno-Ocampo, cabildea abiertamente para que EEUU encabece una coalicin deseosa de desplegar fuerzas especiales como brazo policial del Tribunal con sede en La Haya.

Moreno-Ocampo aparentemente cree que la bsqueda global de justicia resultara fortalecida con la incorporacin de las raras y costosas capacidades del fabricante de guerra ms activo del mundo, segn lo informado por los estudiantes de periodismo Adam Branch y Samar Al-Bulushi en el diario africano Pambazuka. EEUU tampoco ve ninguna contradiccin en actuar como guardin internacional de la ley sin darse por aludido respecto a s mismo. Stephen Rapp, un embajador de EEUU para voluminosos crmenes de guerra, dijo que Washington puede apoyar constructivamente este tribunal cuando trabaje en nuestro inters. Y en los casos que hasta ahora abord, estn nuestros intereses y el inters de toda la clase humana.

EEUU fue el foco de la atencin aunque oficialmente estuvo slo como observador de la conferencia del TPI del 31 de mayo al 11 de junio 2010 en Kamala, Uganda. Es duro enfatizar cmo los pases estn felices de vernos aqu, dijo Harold Koh, asesor jurdico del departamento de Estado. Estuvieron muy apenados en el perodo de hostilidad de EEUU contra el tribunal. Por supuesto, Washington sigue inalterablemente opuesto a cualquier lmite a sus prerrogativas de superpotencia, pero dio la bienvenida a la invitacin de Moreno-Ocampo de hacer cumplir acusaciones altamente selectivas del TPI [como su orden de arresto del presidente sudans Omar al Bashir].

El TPI est ofrecindole la insignia de sherif al matn ms grande del mundo, una nacin que proclama orgullosa que la ley termina donde comienzan sus propios intereses. Posiblemente, la justicia no podr ser honrada.

Actualizacin del Comit ad hoc por la Justicia para Iraq:

En octubre de 2009, introdujimos en Madrid -en nombre de vctimas iraques- un caso legal contra 4 presidentes de EEUU y 4 primeros ministros britnicos por crmenes en Iraq, invocando las leyes de jurisdiccin universal para crmenes de guerra, crmenes contra la humanidad y genocidio. Nuestro caso abarca 19 aos, incluyendo los 13 aos de sanciones [econmicas contra Iraq] que demostraron tener un impacto abrumadoramente destructivo en la salud pblica iraqu, y el lanzamiento de una guerra de agresin ilegal contra Iraq basada en falsificacin deliberada y esfuerzos sistemticos por ocultar los verdaderos objetivos de la guerra al pblico en general, en EEUU, el Reino Unido y otras partes. Las sanciones provocaron un exceso en las tasas de mortalidad que se estima incidi en la muerte de 1,5 millones de iraques, incluyendo 500.000 nios menores de cinco aos. Hasta la fecha, las estimaciones de muertes violentas entre los iraques post-2003 ascienden a 1,2 millones. Dentro y fuera del pas, han convertido en desplazados a unos cinco millones de iraques, un quinto del toda la poblacin.

A pesar de la enormidad de los crmenes, la visibilidad de los acusados y de una campaa de prensa completa sobre el caso, la presentacin del juicio consigui publicidad cero en los principales medios de habla inglesa. En Espaa fue reportado una sola vez, marginalmente. Solamente los medios alternativos acogieron nuestros comunicados de prensa, y nicamente oyeron hablar del caso quienes escuchan o leen los medios alternativos. Supuestamente por las crticas, la gran prensa continu propagando la mentira de que fue una equivocacin el saqueo dirigido en Iraq por EEUU. Pero no fue una equivocacin. EEUU no vagaba ciego en un pantano. Nuestro caso demuestra la sincronizacin de los crmenes cometidos, incluyendo la destruccin de la infraestructura civil, bombardeo y uso indistinto de uranio empobrecido, promocin del sectarismo [religioso] y de la corrupcin, destruccin de las instituciones del Estado, urbicidio [destruccin de ciudades], pillaje, promocin de la tortura, todo conducente -y en incremento combinado- a la destruccin deliberada del Estado y la nacin Iraq. El fin en s fue el desastre humanitario que es el Iraq actual. Esto es lo que no pueden decir y no cubren los grandes medios principales.

Cuando introdujimos nuestra causa legal sabamos que la presin pblica sera instrumental. Basado en aos de investigacin y anlisis, nuestro caso fue presentado un da antes que el senado espaol votara -bajo presin externa- la reduccin radical del ejercicio de la jurisdiccin universal en Espaa. El silencio de los grandes medios seguramente contribuy al resultado. La nueva ley, impuesta retroactivamente, condujo al cierre de nuestro caso y de otros. La ventana se cerr, virtualmente sin comentarios, considerando que las cortes espaolas estuvieron abiertas a or agravios contra los derechos humanos para aquellos imposibilitados de conseguir justicia en sus propios pases, o por otros medios, y atendiendo a que Espaa haba tomado un rol principal en los esfuerzos por terminar con la impunidad en los asuntos internacionales. En trminos reales, nuestro caso fue censurado. Pero no slo fue censurado nuestro caso: se censur a Iraq.

Cun importante es este fracaso de los grandes medios principales? La guerra en Iraq no slo fue un ataque contra un pas soberano. Fue un ataque frontal contra el derecho internacional. Si la destruccin de Iraq queda inexplicable, aquello que le sucedi a Iraq puede ocurrir dondequiera. An as, seguimos empeados en el trabajo por el procesamiento de los crmenes de EEUU y del Reino Unido en Iraq. Mientras que Espaa fue la ruta ms clara para exigir el derecho a reparacin, pueden abrirse nuevos caminos. Justamente buscamos aliados para este trabajo. Estamos listos para apoyar iniciativas similares tomadas por otros. (Vase www.USgenocide.org).

Referencias:

1) Center for Constitutional Rights, CCR Seeks to Intervene in Spanish Courts Investigations into Bush Administrations Torture Program, CCR, April 27, 2010.

Fuentes: Glen Ford, Four U.S. Presidents and Four UK Prime Ministers Charged With Genocide, Black Agenda Report, October 13, 2009, http://www.blackagendareport.com/?q=content/four-us-presidents-and-four-uk-prime-ministers-charged-genocide Justice for Iraq: Legal case filed U.S. Presidents and UK Prime Ministers, The Brussels Tribune, October 7, 2009, http://axisoflogic.com/artman/publish/printer_57154.shtml

Estudiante investigador: Crystal Schreiner, Sonoma State University

Evluador acadmico: Mickey Huff, Diablo Valley College

Traduccin: Ernesto Carmona

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/10/proyecto-censurado-2011-16-espana-murio.html

rCR



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