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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-10-2010

Dos mujeres indgenas logran justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Emilio Godoy
IPS


"Sueo con volver a mi comunidad y que todo vuelva a la normalidad, aunque no ser fcil", dijo a IPS Valentina Rosendo una de las dos indgenas que acaban de encontrar justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Quiero que el gobierno reconozca que se equivoc con dos mujeres indgenas", aadi sobre la sentencia inapelable el mximo tribunal continental, que conden al Estado mexicano por la violacin de militares a las dos jvenes del pueblo mephaa, ocho aos atrs.

Rosendo tena 17 aos cuando en febrero de 2002 fue violada por dos soldados, despus de abordarla cuando lavaba ropa cerca de su casa en la aldea de Barranca Bejuco, en el municipio Ayutla del estado de Guerrero, a unos 600 kilmetros al sur de Ciudad de Mxico.

Un mes despus, tres soldados agredieron sexualmente a Ins Fernndez, esta vez en su casa de la vecina comunidad Barranca Tecuani, en el mismo municipio.

Por ambos casos, la Corte Interamericana (CorteIDH) hall culpable al Estado por violar los derechos de las dos indgenas a la integridad personal, a la dignidad y la vida privada, a no ser torturada, a una vida libre de violencia, a las garantas judiciales y a la proteccin judicial.

"Son dos sentencias muy similares. Constatan la presencia militar, la discriminacin y la violencia contra la mujer. Califica la violacin de acto de tortura, en un hecho sin precedentes en el caso de Mxico", explic a IPS Alejandra Nuo, directora para Mesoamrica del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al dar a conocer este lunes 4 el contenido de los dos fallos.

Ante la imposibilidad de obtener justicia en Mxico, Rosendo present su caso, en noviembre de 2003, ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Cejil y el autnomo Centro de Derechos Humanos de la Montaa "Tlachinollan", de Guerrero. Fernndez hizo lo mismo en junio siguiente.

La CorteIDH, con sede en San Jos de Costa Rica, y la CIDH, con sede en Washington, son los rganos de proteccin y defensa de los derechos humanos de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), que actan en forma independiente.

En mayo y agosto de 2009 la CIDH elev los dos casos a la Corte.

"No es posible que el Estado siga negando estos hechos, cuando es evidente el dao grave ocasionado en estas comunidades indgenas. Ins no puede vivir tranquilamente, Valentina no puede regresar a su comunidad", seal a IPS Abel Barrera, director ejecutivo de Tlachinollan.

La CorteIDH, presidida por el juez peruano Diego Garca-Sayn, concluy que el Estado viol dos convenciones americanas: la de Derechos Humanos de 1969, la destinada a Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1987, y la establecida para Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1998.

En sus sentencias, emitidas el 30 y el 31 de agosto, la Corte conden al Estado a investigar eficazmente las agresiones contra Rosendo y Fernndez en el fuero civil, efectuar un acto pblico de disculpa, en espaol y mephaa, a publicar las sentencias en el Diario Oficial de la Federacin y abrir un centro de atencin para la mujer en el zona de los abusos.

Adems, compromete al Estado a reformar el Cdigo de Justicia Militar, que data de 1933, para que sean los juzgados civiles los que procesen a los uniformados cuando comentan delitos durante el ejercicio de sus labores.

As mismo, requiere la revisin de la Ley de Amparo, de modo que las vctimas puedan impugnar la declinacin de competencia de un juez al fuero de guerra.

La Corte castiga al Estado con un pago de unos 87.000 dlares en resarcimiento e indemnizacin para Fernndez, su esposo Prisciliano Sierra y sus hijos hijas, y de unos 75.000 para Rosendo y su hija Yenis Bernardino.

Adems, deber saldar 48.000 dlares a Tlachinollan y Cejil como costas del proceso.

"No fue fcil buscar justicia. Dej mi pueblo, me dej mi esposo. El gobierno me dijo mujer mentirosa", relat Rosendo, con lgrimas en las ojos y enfundada en una blusa beige y un pantaln azul tipo jean (mezclilla).

Rosendo se vio forzada a aprender espaol tras la violacin, vive en un lugar no especificado del pas, trabaja en una tienda de alimentos y ha vuelto a la escuela para terminar su educacin secundaria, mientras su hija de 9 aos cursa el tercer grado de primaria.

"Ella est desesperada y me pregunta por qu cambiamos de casa en casa y tiene que hacer otros amigos. No est creciendo como una nia normal", expres Rosendo, quien asiste cada domingo a terapia psicolgica.

No es la primera vez que la CorteIDH exige la reforma del fuero castrense y este tema se ha convertido en uno de los ms candentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El presidente conservador Felipe Caldern informo que enviar al bicameral Congreso legislativo un proyecto para reformar el Cdigo Militar. Pero la Corte Suprema de Justicia no ha logrado un pronunciamiento comn sobre sus pasos para cumplir con la sentencia interamericana.

"Vamos a estar atentos al cumplimiento de la sentencia, es obligacin del Estado", adelant Nuo.

El gobierno manifest el pasado viernes 1 su disposicin a acatar el contenido de ambas resoluciones, pero sin especificar el cmo y el cundo, aunque tiene entre 6 y 12 meses para cumplir con las disposiciones.

La Corte Interamericana conden en noviembre de 2009 en dos ocasiones al Estado mexicano. La primera fue por el asesinato en 2001 de tres jvenes en la nortea Ciudad Jurez, fronteriza con Estados Unidos, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio donde aparecieron los cadveres.

El otro fallo fue por la desaparicin forzada del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, tambin en Guerrero. En ambas situaciones, ONG de derechos humanos han denunciado lentitud en el apego a las sentencias.

Por eso, un grupo de organizaciones quiere crear un comit de seguimiento para el respecto al contenido de las condenas.

En el paso de este ao, la Coidh emitir su fallo sobre el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados en 1999 por soldados mexicanos en Guerrero y condenados en 2000 a seis y 10 aos de crcel, respectivamente, por porte de armas y siembra de marihuana.

La militarizacin de Guerrero "busca desmovilizar, contener la organizacin de los pueblos indgenas", apunt Rosales, ganador de la edicin 2010 del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, concedido por el estadounidense Centro RFK para la Justicia y los Derechos Humanos.

- Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96571



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