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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-10-2010

Las violencias y la huelga

Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Sin Permiso


A pesar, o quizs en razn de su relativo xito, la jornada de huelga del pasado 29-S en el Reino de Espaa ha sido objeto de una feroz andanada de ataques. La ofensiva ha unido a la prensa conservadora, a la patronal, a la derecha poltica y a tertulianos de toda laya. En su relato, la protesta contra los recortes sociales impulsados por Rodrguez Zapatero sera la expresin de un hatajo de parsitos, vividores polticos y violentos, slo capaces de perseguir sus objetivos arrasando con las libertades ajenas. El mal tendra algunas encarnaciones emblemticas: las trabajadoras y trabajadores que encabezaron piquetes o jvenes como los que ocuparon el edificio abandonado de la antigua sede de Banesto, en Barcelona.

La invocacin de la violencia para descalificar la accin de un adversario tiene un gran impacto emotivo y suele ser muy til cuando se intenta dejarlo fuera de juego. El violento, como el terrorista o el incvico, es el que rompe de manera desleal, torticera, las reglas de convivencia. Y precisamente por ello, merece un castigo ejemplar que lo coloque en su sitio. Cuando la prensa conservadora calific a los sindicalistas del 29-S como "delincuentes extremadamente peligrosos" al servicio de "un Estado de bienestar hitleriano", no pretenda limitarse a diagnosticar una realidad patolgica. Tambin intentaba preparar un escenario que justifique el recurso a la ciruga mayor: "encarcelar a los lderes" -como se sugiri desde La Razn- o directamente "ilegalizar a UGT y CCOO", como se escribi desde las pginas de El Mundo. Lo mismo puede decirse de las crnicas que, incluso desde medios supuestamente progresistas como El Pas o El Peridico, se apuraron en responsabilizar a los movimientos sociales que haban ocupado la antigua sede de Banesto por los hechos aislados de violencia callejera que tuvieron lugar en los alrededores. Al presentar, en efecto, dichos desrdenes como un despliegue de vandalismo coordinado por "okupas", "anti-sistemas" y "lmpenes de toda clase", no slo procuraba deslegitimar las razones de fondo de la movilizacin. Tambin dejaba expedito el campo para exigir medidas excepcionales de defensa de la "paz social": desde una mayor contundencia policial con el conjunto de movimientos alternativos hasta el cierre de pginas web sediciosas, pasando por el endurecimiento de un cdigo penal ya suficientemente riguroso.

La caracterizacin exagerada en la que incurre este relato no parece gratuita. Por el contrario, sobredimensionar un tipo determinado de violencia resulta una operacin eficaz cuando lo que se pretende es marginar o minimizar otras que estn en el origen de protestas como la del 29-S. Cmo explicar, si no, que quienes claman indignados contra un piquete sindical o contra los cristales rotos de una tienda de ropa no vean violencia alguna en las normas que, al tiempo que aseguran privilegios a los bancos, consienten el desalojo de familias enteras por razones econmicas o el despido de miles de personas? Cmo sumarse al coro que exige criminalizar la protesta social cuando es el mismo que absuelve la violencia privada o institucional que ha conducido al actual estado de cosas?

En Getafe, en Madrid, un agente dispar varios tiros al aire durante una carga policial que dej heridos a varios trabajadores que realizaban un piquete. En Barcelona, los disturbios callejeros ocurridos en la Plaa Universitat no slo se resolvieron en el desalojo sin orden judicial del espacio pacficamente ocupado unos das antes, sino que acabaron en una desproporcionada operacin de represin y detencin de decenas de personas que no haban tenido participacin alguna en los hechos de violencia. No obstante, ninguno de estos hechos fue objeto de censura institucional. Por el contrario, en un acto sin precedentes, la consejera del interior del gobierno cataln que no se ha apersonado nunca contra un acto de violencia empresarial o policial- anunci que ejercera la acusacin particular contra los activistas imputados por los disturbios del 29-S.

Que la huelga, la interrupcin del trfico o la ocupacin de inmuebles abandonados son actos conflictivos que pueden afectar derechos de terceros est fuera de duda. Que estos actos pueden derivar en hechos de violencia a veces gratuitos e injustificados, tambin. Sin embargo, pretender equiparar la violencia sobre las cosas y sobre las personas, o la violencia aislada de algunos individuos y la ejercida de manera sistemtica por el poder privado o por el poder estatal es un despropsito en toda regla, cuando no un ejercicio de abierto cinismo.

A pocos das de la huelga, el presidente del Banco de Espaa, Miguel ngel Ordoez no tuvo empacho en animar a los empresarios a "flexibilizar" las relaciones laborales con "la mayor premura posible" y declar que confiaba en que los recortes salariales en el sector pblico facilitaran "los ajustes que necesita el sector privado". El propio Zapatero, tras su paso por los Estados Unidos, anunci que la reforma no tena vuelta atrs y que el prximo paso sera retrasar la edad de la jubilacin a 67 aos para ajustar el coste de las pensiones. Slo quien no ha padecido en sus carnes estas polticas o est seguro de que se librar de ellas puede no verlas como un ejercicio de violencia o de arbitrariedad del fuerte contra el ms dbil.

En realidad, cuando las vas institucionales se encuentran fuertemente restringidas, cuando lo que rige es el "seguiremos, pase lo que pase, porque as lo exigen los mercados", cuando se consienten, en fin, abusos intolerables como el despido casi indiscriminado, la precarizacin laboral o la especulacin rampante, lo que sorprende es el enorme pacifismo y la calma de la mayora de la poblacin. De hecho, en un contexto as, la huelga, la manifestacin callejera o la ocupacin con fines polticos deberan verse como instrumentos de simple supervivencia para frenar una deriva abiertamente desptica. Y es que sin ellas no slo peligra la cohesin social sino la propia libertad, comenzando por la de los menos libres, esto es, la de aqullos que por su situacin de vulnerabilidad estn ms expuestos a la coaccin de la reprimenda patronal, del despido o de la ejecucin hipotecaria impulsada por un banco.

El actual capitalismo financiero ha generado numerosos rentistas y parsitos sociales que con descarada violencia pretenden condenar a millones de personas a un autntico camino de servidumbre (basta pensar en el presidente de la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales, Gerardo Daz Ferrn, quien a pesar de un accionar reconocidamente fraudulento est consiguiendo atravesar la crisis con relativa impunidad). La inmensa mayora de sindicalistas, jvenes y vecinos que participaron en las jornadas del 29-S no tienen nada que ver con todo eso. Por el contrario, sin ser seres angelicales o hroes impolutos, lo cierto es que su presencia cotidiana en los lugares de trabajo, en los barrios, en centros sociales y cooperativas, resulta esencial para preservar los espacios democrticos presentes en nuestras sociedades y para proteger los derechos de todos, incluidos los de aqullos que prefieren llevar una vida privatizada o mantenerse al margen de cualquier protesta.

Atajar el discurso simplista que pretende convertirlos a todos en "peligrosos delincuentes", en "inadaptados sociales" o en simples "lmpenes" debera ser un deber cvico, sobre todo si, como parecen sugerir las declaraciones de algunos dirigentes polticos y empresariales, esto no ha hecho ms que comenzar. Al hacerlo, no faltarn argumentos. El principal, acaso, seguir siendo dejar en claro quines, en verdad, son los aprovechados que, sin escrpulo alguno y con la frecuente complicidad institucional, dinamitan la paz social colocando sus mezquinos intereses por encima de los de la mayora.

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y miembro del Comit de Redaccin de SinPermiso. Jaume Asens es vocal de la Comisin de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de Barcelona.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3630


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