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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-10-2010

La aplicacin ilegal de la pena de muerte en Colombia

Renn Vega Cantor
Rebelin

Durante los ltimos ocho aos, distintos funcionarios y agentes del gobierno central han asumido como algo normal el decretar y aplicar la pena de muerte a muchos colombianos, sobre todo a aquellos que empezaron a ser calificados como terroristas o cmplices del terrorismo, una nocin tan vaga que en ella cabe todo.


En trminos formales se nos dice que Colombia es un Estado Social de Derecho (sic) y nos lo repiten hasta el cansancio leguleyos, polticos, "violentlogos", periodistas, dueos de ONG y catedrticos en todos los rincones del pas. En concordancia, se afirma que en Colombia no existe la pena de muerte, la cual fue abolida legalmente hace un siglo exacto, en 1910. Esto no pasa de lo puramente formal, porque en la vida real en este pas se aplica la pena capital, de manera generalizada desde, por lo menos, 1946, cuando los conservadores retomaron el control del gobierno.

En ese sentido Pena de Muerte, lo que se dice Pena y de Muerte, ha sido una constante de la historia colombiana, hasta el punto de que podra decirse, sin exagerar, que los colombianos que hemos nacido durante los ltimos 70 aos pertenecemos a una interminable generacin, la de la Pena de Muerte.

Sin embargo, en los ltimos ocho aos se ha presentado un cambio con respecto tanto a la aplicacin como a la legitimacin que desde el Estado contando con la complacencia de las clases dominantes, de sus medios de comunicacin y de una parte de la poblacin- se ha hecho de la pena de muerte, como se demuestra con algunos acontecimientos recientes.

1. 1910: Se decreta la abolicin legal de la pena de muerte

La pena de muerte legal ha existido en el territorio de lo que hoy se llama Colombia en diversos momentos de la historia, desde la poca colonial. Su primera abolicin se produjo en 1851, en medio de las llamadas Reformas de Medio Siglo, bajo el gobierno de Jos Hilario Lpez. Volvi a ser implantada por la Regeneracin Conservadora, en la Constitucin de 1886, para delitos como el parricidio, la traicin a la patria, el asesinato, la piratera, el asalto en cuadrilla de malhechores y el provocar incendios, pero se prohibi taxativamente para delitos polticos.

Durante la dictadura de Rafael Reyes (1904-1909) se presentaron las ltimas ejecuciones legales en Colombia, es decir, amparadas en la propia Constitucin. Los penltimos connacionales en ser llevados al patbulo fueron los cuatro autores materiales del fallido atentado de Barro Colorado (carrer 7 con calle 45, en Bogot) contra el Presidente de la Repblica, lo que aconteci el 10 de febrero de 1906. Juan Ortiz, Carlos Roberto Gonzlez, Fernando Aguilar y Marco Arturo Salgar fueron juzgados y condenados por organizar un ataque en cuadrilla de malhechores y luego ejecutados en el mismo lugar donde haban atentado contra Reyes.

Y el ltimo colombiano sometido a la pena de muerte legal fue el abogado negro Manuel Saturio Valencia, el 7 de mayo de 1907, cuando un grupo de fusileros le dispar directo al corazn. El delito por el que se le conden fue su responsabilidad, nunca probada, en unos leves incendios en la ciudad de Quibd, pero la verdadera razn estaba en que haba tenido relaciones sexuales, de las que result un hijo, con una dama blanca. La familia de esa mujer jur vengarse y aprovech la ocasin de un incendio que se present en Quibd el primero de mayo de 1907, para inculpar a Valencia. El joven abogado fue juzgado y condenado en forma por dems acelerada, ya que entre el momento del incendio y la ejecucin pblica slo transcurrieron 6 das. Un raro ejemplo de celeridad en la justicia colombiana, cuando sta se aplica a pobres o a negros! Con sobrada razn se dice que la justicia es para los de ruana!

En 1910, luego del fin de la dictadura, la Asamblea Constituyente que reform la Constitucin de 1886 aboli la pena de muerte. En el artculo B de las disposiciones transitorias de esta reforma constitucional se determin que los delitos castigados con pena de muerte en el Cdigo Penal, lo sern en adelante con veinte aos de presidio, mientras la ley dispone otra cosa.

Nunca ms, hasta el da de hoy, un texto constitucional vigente en este pas aval la pena capital, porque el artculo 11 de la Constitucin de 1991 establece que el derecho a la vida es inviolable. No habr pena de muerte. Como se muestra enseguida, tan lacnica afirmacin constitucional est tan lejos de la realidad que parece un mal chiste.

2. La pena de muerte nunca reconocida

Aunque, constitucionalmente hablando, en 1910 se hubiera abolido la pena capital, en la prctica sta se sigui aplicando en forma generalizada desde la violencia que se extendi por el pas luego del asesinato de Jorge Elicer Gaitn en abril de 1948.

En efecto, el partido conservador, en alianza con gamonales, terratenientes y sectores de las jerarquas catlicas, para conservar el poder, pese a ser minoritario en trminos polticos, organiz grupos de criminales, auspiciados y financiados desde el Estado, entre los cuales sobresalen los pjaros, los chulavitas y la tristemente clebre POPOL, polica poltica, todos los cuales se dieron a la tarea de asesinar a quienes eran considerados como enemigos del rgimen conservador, entre ellos liberales, gaitanistas, y comunistas.

Los asesinatos perpetrados por miembros del Estado se hicieron cotidianos y esa prctica no ha desaparecido hasta el da de hoy, porque luego del fin del laureanismo (1950-1953) y de la dictadura militar que le sigui, la de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el Frente Nacional no abandon las viejas prcticas del conservadurismo y ms bien las extendi, enmascaradas ahora con un abierto anticomunismo, para perseguir la protesta social y popular.

De esta forma, han sido asesinados miles de colombianos de organizaciones polticas y sociales de izquierda, as como sindicalistas, dirigentes agrarios, lderes comunitarios, estudiantes, profesores, mujeres pobres, defensores de derechos humanos, campesinos, jornaleros, indgenas y un interminable etctera. Un buen nmero de las personas asesinadas en Colombia despus de 1948 fueron ejecutadas de manera directa por el Estado, o por grupos privados que han sido auspiciados por el mismo o porque desde el mismo Estado los representantes del bipartidismo liberal conservador se daban a la tarea de sealar a los enemigos de la democracia colombiana y del mundo libre para que fueran perseguidos, exiliados o ejecutados por bandas criminales, rabiosamente anticomunistas.

Estas prcticas criminales tenan, sin embargo, como caracterstica distintiva que, en general, los funcionarios del Estado jams reconocan su participacin en esos delitos, y en raras ocasiones se ufanaban en pblico, o a travs de los medios de comunicacin, de ser responsables de la muerte de ningn colombiano. Incluso, los responsables de los crmenes se lavaban las manos y proclamaban su inocencia, como sigue sucediendo hoy en algunos casos con respecto al respaldo, apoyo y financiacin a los paramilitares.

3. El uribismo o el sicariato estatal

En 2002 se produce un cambio radical en cuanto a la pena de muerte aplicada por el Estado colombiano, ya que se instaura en el manejo estatal la lgica y la prctica de los sicarios, asesinos a sueldo cuya labor consiste en ejecutar a sangre fra a sus vctimas.

Durante los ltimos ocho aos, distintos funcionarios y agentes del gobierno central han asumido como algo normal el decretar y aplicar la pena de muerte a muchos colombianos, sobre todo a aquellos que empezaron a ser calificados como terroristas o cmplices del terrorismo, una nocin tan vaga que en ella cabe todo. Esa prctica se ha impulsado desde la propia Presidencia de la Repblica, como ha quedado demostrado con las continuas invitaciones de lvaro Uribe Vlez a matar a todo aquel que fuera sealado como enemigo del rgimen. Frases como "Si parece culpable, chenlo a la fosa", Fumguelos a mi nombre, general, Hay que matar a los bandidos, son tpicas de esa incitacin cnica y desvergonzada a matar, con toda la impunidad del caso y protegidos con el manto estatal. El cambio fundamental estriba en que ahora no se niega el asesinato de adversarios sino que se impulsa y apoya desde el propio Estado. Eso fue lo que hicieron el rgimen uribista y sus ms encumbrados funcionarios, como Juan Manuel Santos y Francisco Santos.

Ahora el primer funcionario del Estado llama abiertamente al asesinato de sus adversarios, y adems se ufana en hacerlo, y lo mismo hacen otros miembros del gobierno, como el Vicepresidente de la Repblica.

Son tristemente clebres dos hechos:

-Primero, el asesinato de 3 dirigentes sindicales en Arauca en agosto de 2004, crimen que fue aplaudido por el vicepresidente de entonces, Francisco Santos, con la descarada afirmacin de que eran terroristas que haban sido dados de baja en combate. Como para que no quedaran dudas del reconocimiento de la accin por parte del Estado, el entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, ante la pregunta de un periodista de los Estados Unidos que le indag si los muertos eran sindicalistas, le respondi: S, los que fallecieron all eran sindicalistas. Pero estaban en una lista con rdenes de captura justificadas. Son dos cosas separadas. Hay criminales que son mdicos o pilotos. Ellos estaban comprometidos con el ELN. Cayeron en una operacin en la que se les estaba buscando (por ser del ELN).

-Segundo, la masacre de 8 campesinos, entre ellos varios nios, de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad en febrero de 2005 por parte de miembros del ejrcito. Un mes despus el propio lvaro Uribe justificara el crimen con estos trminos: En esta comunidad de San Jos de Apartad hay gente buena, pero algunos de sus lderes, patrocinadores y defensores estn seriamente sealados, por personas que han residido all, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organizacin terrorista.

Lo significativo de estos dos hechos radica en que, como ahora ya est confirmado, los sindicalistas no eran guerrilleros y no murieron en ningn combate, sino que fueron asesinados a mansalva por miembros activos del ejrcito. A su vez, los miembros de la Comunidad de Paz no pertenecan a ninguna organizacin insurgente y fueron ultimados por miembros del ejrcito, que han sido condenados a muchos aos de crcel. Por lo dems, resultaba poco creble que nios de cinco aos pudieran atacar a mano armada al ejrcito. Sin embargo, por esta apologa del crimen, no han sido juzgados ni el Presidente ni el Vicepresidente de la Repblica, y estos personajes nunca le han pedido perdn ni a las victimas ni al pas por los sealamientos y por los crmenes cometidos por las fuerzas armadas del Estado.

Como puede verse, desde el Estado se avala el sicariato y se justifican todas las acciones de las fuerzas represivas, como se ha puesto de manifiesto con los mal llamados falsos positivos, un crimen sistemtico de Estado, que no puede ser interpretado con la equivocada denominacin de ejecuciones extrajudiciales, porque sencillamente en Colombia no existen las ejecuciones judiciales, esto es, la autorizacin legal y constitucional para matar a alguien. Ese nombre tiende a ocultar que simple y llanamente son crmenes de Estado, sin asidero legal de ninguna clase, aunque cuenten con el apoyo de la fuerza militar y de los medios de comunicacin, para presentarlos como legales y legtimos.

Por si hubiera dudas de que estamos hablando de crmenes de Estado, es bueno recordar que los militares fueron los organizadores y ejecutores de las muertes de miles de colombianos pobres y humildes, hay que subrayarlo, porque que se sepa no ha habido ni un solo oligarca entre los falsos positivos y, adems, esta prctica criminal tuvo patrocinio estatal con la Directiva No. 29 del Ministerio de Defensa de noviembre de 2005, en la cual se indica que se pagaran recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e informacin que sirva de fundamento para la continuacin de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones.

Comentando este hecho criminal, el investigador Samuel Barinas concluye un estudio sobre los eufemsticos falsos positivos de esta forma lapidaria: Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Queran medir el xito de su criminal poltica de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta directiva los noticieros de la radio y la televisin y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como jefes de finanzas de la guerrilla, mano derecha del comandante tal, o simplemente, terroristas muertos en combate

Otro hecho que rubrica la legitimacin pblica de la pena de muerte que se realiza desde el Estado, con la violacin de la Constitucin Nacional, ha sido el del ataque de Sucumbos en Ecuador en marzo de 2008, cuando fueron masacradas 26 personas, entre ellas 4 ciudadanos mexicanos y 1 ecuatoriano. A raz de esto hecho, tpico de la guerra preventiva made in USA, el rgimen uribista intent justificarlo de mil maneras, con el respaldo abierto y cnico de la gran prensa, diciendo que Colombia tena derecho a defenderse y que por eso atacaba a las FARC en Ecuador y violaba la soberana territorial de ese pas.

El que tuvo bien claro lo que haba sucedido fue un humilde juez de Sucumbos, quien desde el principio seal que haba sido un crimen, y por eso inici el juicio contra los responsables, entre los que se encuentra el actual Presidente de la Repblica de Colombia. ste nunca se ha arrepentido de los hechos de Ecuador, antes por el contrario ha manifestado en repetidas ocasiones que se siente muy feliz y satisfecho por la accin criminal, como muestra del cambio que hemos sealado, que consiste en no ocultar los crimines sino en exaltarlos en pblico.

No sorprende que los abogados de oficio que tiene J.M. Santos ante la justicia ecuatoriana hayan recurrido al sensacional argumento jurdico que intenta ocultar las manifestaciones pblicas del hoy Presidente de Colombia en las que se ufana del asesinato de Ral Reyes. Dicha argumentacin jurdica, sin ningn asidero ni legal ni lgica dice textualmente: La decisin de bombardear el campamento donde se encontraba Ral Reyes fue de Estado, amparada por legislacin internacional en la lucha contra el terrorismo, y que por consiguiente no hubo ninguna accin o prueba que demuestre que Santos actu de manera personal. Como quien dice, la pretendida legislacin internacional de lucha contra el terrorismo avala la pena de muerte en cualquier pas y por eso hasta el Presidente de la Repblica puede violar la constitucin del pas que preside, amparndose en una etrea legislacin internacional (que si existiera, que no es el caso, no podra reclamar extraterritorialidad), para bombardear otro pas y asesinar a un grupo de personas, sin importar que ni en Ecuador ni Colombia exista la pena de muerte. Si existiera el Premio Nobel de Jurisprudencia se lo ganaran sin ninguna duda los abogados de Santos, por tamao descubrimiento jurdico!

4. Los sicarios del aire

En el uribismo se implement un nuevo tipo de sicariato, que consiste en el uso masivo de la aviacin militar para bombardear de manera indiscriminada y desproporcionada con el objetivo exclusivo de matar al adversario. A este tipo de accin criminal bien se le puede llamar sicariato areo, que no es sino un refinamiento tcnico del sicariato en motocicleta, que fue inventado en la dcada de 1980 en las calles de Medelln y luego se export a otros lugares del pas y del mundo, como producto de lo cual los sicarios colombianos gozan de gran reconocimiento internacional por su frialdad, sangre fra y puntera para matar a sus victimas. Este sicariato se ha convertido en un producto de exportacin tpicamente colombiano, porque en estos momentos los sicarios colombianos gozan de gran prestigio entre los crculos criminales de Mxico y otros lugares del planeta.

Valindose de los dineros del Plan Colombia y de las ayudas de los Estados Unidos, el Estado ha comprado aviones sofisticados con los cuales adelanta sus labores sicariales, consistentes en bombardear de manera permanente a la insurgencia y a campesinos e indgenas. Esta arma de guerra se ha venido utilizando de manera reiterada y sin limitacin alguna, como se puso de manifiesto el 23 de septiembre cuando fue asesinado el lder militar de las FARC, Alfonso Briceo, conocido como el Mono Jojoy.

Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado indican claramente que el objetivo de esta accin desde un principio era la de masacrar al Mono Jojoy, como se evidencia con esta afirmacin de uno de los militares que particip en la operacin:"Sabamos que tenamos dos objetivos grandes: acabar con el 'Mono Jojoy' y combatir a los 1.300 hombres que lo custodiaban.

Y el Ministro de Defensa (sic), Rodrigo Rivera, un mediocre burcrata de segunda categora, se regodea de la aplicacin ilegal de la pena de muerte: Fue una operacin quirrgica porque no iba dirigida a desmantelar el campamento sino contra el objetivo. Sabamos que tena la costumbre de levantarse entre la 1:00 y las 4:00 de la maanay consultar documentos (...) por eso se decidi que (el operativo) fuera a las 2:00 de la maana. Una operacin quirrgica, vale decir destinada a matar a una persona, como las que realizan cotidianamente Israel contra los palestinos o Estados Unidos en Iraq, Afganistn y Pakistn. Por eso no sorprende que sta haya sido una operacin en la que participaron directa e indirectamente Estados Unidos. ste suministr 30 bombas inteligentes, equivalentes a 7 toneladas de explosivos (7.000 mil kilos) para matar a un guerrillero de 59 aos y enfermo, como lo relatan con deleite los militares que hablan en la prensa amarilla y pornogrfica de Colombia: "Tena diabetes aguda por lo que las heridas tomaban tiempo en sanar. No poda tomar licor, sufra impotencia sexual, estaba deprimido, haba sido operado del apndice, tena otitis en el odo izquierdo, sufra de hipoglicemia, de hipertensin. Regularmente se le inflamaban los pies y por eso no usaba botas de caucho, sino militares. Por eso cada vez que poda, se pona sandalias".

Fue contra este hombre que se realiz esta operacin sicarial en la que se emplearon, ya no se sabe con exactitud cul es la cifra, porque ya se habla de 72 naves areas, incluyendo aviones y helicpteros, con la participacin de casi 1.000 miembros de los cuerpos especiales y emplearon bombas muy sofisticadas, como cuenta uno de los participantes: Usamos bombas construidas con un material exclusivo que, al reventar, produce tres efectos: uno que enciende fuego; uno de onda explosiva, que es lo que tumba lo que encuentra; y uno de fragmentacin, que son las esquirlas. En este caso, el efecto de la onda explosiva destruy el bnker".

A esto lo llaman combate? Este crimen fue el resultado de un enfrentamiento militar, similar al que libran los israeles cuando asesinan a los palestinos?

Como ha dicho hace poco Fidel Castro: Imagino que no pocos militares colombianos estn abochornados por las grotescas versiones de la supuesta batalla en la que muri el Comandante Jorge Briceo Surez. En primer lugar, no hubo combate alguno. Fue un burdo y bochornoso asesinato. El almirante Edgar Cely, tal vez embarazado con el parte de guerra con que la autoridad oficial inform la noticia y otras versiones oscuras, declar que: Jorge Briceo, alias Mono Jojoy, muri por aplastamiento cuando [...] la construccin en la que estaba escondido en la selva se le vino encima. El lder cubano aade que Lo ms grave es lo que falta por contar, que ya hasta el gato lo sabe, porque los propios yankis lo han publicado. El gobierno de Estados Unidos le suministr a su aliado ms de 30 bombas inteligentes. En las botas que le suministraron al jefe guerrillero, le instalaron un GPS. Guiadas por ese instrumento, las bombas programadas estallaron en el campamento donde estaba Jorge Briceo. Por qu no se explica al mundo la verdad? Por qu sugieren una batalla que nunca tuvo lugar?

Por otra parte, el cadver de Briceo presenta las mismas caractersticas de los muertos de la masacre perpetrada por Israel en diciembre de 2008/enero de 2009 en Palestina, cuando se vean los cuerpos inflados y derritindose. Es un resultado del uso de fsforo blanco, un componente qumico que est prohibido en las guerras. se es otro de los grandes logros del ejrcito colombiano, usar armas prohibidas por las convenciones internacionales!

Los medios de comunicacin, periodistas, polticos, pseudointelectuales, todos convertidos en chacales de la muerte, aplauden la maniobra artera y criminal que es la aplicacin de la pena de muerte en estos tiempos pretendidamente posmodernos. Y Juan Manuel Santos fue a la ONU a decir que haba matado a uno de los peores terroristas de Colombia en su guarida y fue felicitado por Barack Obama, Premio Nobel de la Muerte, quien manifest su beneplcito por el crimen, y lo mismo hizo Jos Miguel Insulza, uno de esos raros casos en que el apellido coincide con al perfil moral e intelectual del sujeto. Si Santos dice que se mat a uno de los principales enemigos del pueblo colombiano, nos preguntamos por qu se dice eso si a lvaro Uribe Vlez no le ha pasado nada, ni tampoco se ha bombardeado a la Casa de Narquio, la sede Presidencial?

Ante todo lo dicho, flotan otras preguntas en el aire: Qu van a decir Amnista Internacional, la Cruz Roja, las ONG de derechos humanos y, sobre todo, los juristas colombianos sobre este tipo de crmenes efectuados por el Estado colombiano? Qu tienen que decir todas estas instancias ante el uso de fsforo en las bombas suministradas por los Estados Unidos? Por qu ese silencio mudo de la izquierda democrtica ante este crimen de guerra perpetrado por el Estado colombiano? Acaso est muy distante el da en que desde los aviones y los helicpteros, como sucede en Israel, se ametralle a otros colombianos en campos y ciudades, so pretexto de ser terroristas?

5. Los macabros rituales de la pena de muerte a la colombiana

En casi todos los pases del mundo donde ha existido y hoy existe la pena de muerte legal, aplicada por el Estado, se prctica una ritualidad macabra que acompaa a las ejecuciones. No solamente es el acto de matar a un ser humano lo que cuenta sino todas las horrorosas prcticas que se desarrollan durante y despus de la ejecucin. Al respecto se debe recordar, para citar un ejemplo, que cuando se mataba a alguien en Europa en los siglos XVI y XVIII se obligaba a la gente a asistir a la ejecucin y luego se dejaba el cadver clavado en postes de madera por semanas para que fuera presa de las aves de rapia. Este ritual tena la finalidad de generar escarnio y crear terror entre la poblacin. Algunos podrn decir que esos eran otros tiempos, pero que hoy en el capitalismo posmoderno eso ya no se practica. Nada de eso, aunque hoy los rituales se han sofisticado son igual de escabrosos, mxime con el papel enajenante que cumple la televisin, la cual muestra con morbo y saa los cadveres de los enemigos de la democracia, como se hace en Israel, Estados Unidos y ahora en Colombia.

A propsito de ese estilo, en Estados Unidos se prohbe que en televisin se muestren los cadveres de los soldados muertos en Iraq o Afganistn lo mismo que sucedi con las victimas del 11 de septiembre de 2001-, pero se irrespetan y se profanan los cadveres de los enemigos, como sucedi con los hijos de Sadam Hussein y con el propio lder iraqu. En esas condiciones, lo que ahora vemos en Colombia no es ni siquiera original, pues es una burda copia de los mtodos de matar de Israel y Estados Unidos, pues mediante bombardeos indiscriminados y el empleo de fsforo blanco se masacra y luego se presenta el espectculo morboso de exhibir los cadveres desfigurados de sus adversarios para diversin de la opinin pblica. Por eso, lo que ltimamente se ha visto en Colombia es una simple rplica de lo hecho por los estadounidenses con sus victimas en Iraq o Afganistn.

En la pena capital a la colombiana, tal y como ahora se aplica por parte del Estado traqueto, tambin se escenifican unos rituales despreciables, en los cuales los medios de comunicacin desempean un papel central. Se trata en primer lugar de rebajar al extremo al otro,que no es presentado como un ser humano sino como una bestia, sin ni siquiera reconocer su carcter de adversario. En el caso reciente resulta escalofriante que se exalten las virtudes de Sascha, una perra antiexplosivos del ejrcito que muri en el bombardeo, como una prdida lamentable para la democracia colombiana, mientras se solazaban mostrando de manera morbosa el cadver desfigurado de Alfonso Briceo.

La oligarqua colombiana ni siquiera respeta a los muertos, lo cual es casi una ley universal, que por supuesto no se aplica en estos lares traquetizados. Por eso, ese regodeo sangriento de presentadores y presentadoras de televisin, de periodistas, de opinadores y charlatanes que se deleitaban mostrando de manera pornogrfica y criminal, muy al estilo de la prensa de Estados Unidos o de Israel, el cadver desfigurado de un campesino, cuyo principal crimen fue el de combatir a esa oligarqua, y de propinarle memorables derrotas, durante 40 aos.

Porque, precisamente, si algo se destaca de ese ritual despreciable que no respeta ni a los muertos, es el odio de clase hacia todos aquellos de origen humilde que se han revelado para enfrentar, en este caso con las armas, a las clases dominantes de Colombia. Lo peor del caso radica en que los pobres, tan despreciados por esa oligarqua, tambin participen en la fiesta de clase que celebran los de arriba contra uno de los suyos. Algo similar a lo que sucede con muchos admiradores del nazismo que, pese a su extraccin pobre y cetrina, admiran a Hitler, un personaje que de existir no dudara ni un momento en matarlos con su mano homicida.

Finalmente, que la pena de muerte se ha legitimado en este pas, aunque no necesite legalizarse, lo demuestra la efusividad de todos los altos funcionarios del Estado, cada uno de los cuales quiere llevar la delantera en hacer meritos en la campaa criminal por saber cul de ellos es el ms asesino, como suceda en los tiempos de lejano oeste en Estados Unidos. Cada uno de ellos quiere convertirse en el Matoncsimo Kid para ganar puntos ante sus amos de los Estados Unidos. Y por eso, hasta la tribuna de la ONU se considera adecuada para que un personaje que ocupa el solio presidencial, de tan dudosa moralidad y con tan psimos antecedentes en materia del respeto a las vidas ajenas -es prfugo de la justicia ecuatoriana, est involucrado en el asesinato de 4 mexicanos y un ecuatoriano y de miles de colombianos pobres, por lo de los mal llamados falsos positivos- ahora venga a presentarse como el salvador de Colombia e incluso haya comparado el asesinado del Mono Jojoy con la gesta libertadora de Bolvar.

Tamao atrevimiento slo puede caber en una mente enferma y megalmana, que cae muy bien en una Colombia embrutecida por los medios de comunicacin y en la que se ha impuesto la lgica del todo vale, tan propia de esa combinacin letal de neoliberalismo con las subculturas del narcotrfico y del paramilitarismo. Qu ms se le puede pedir a un genuino representante de la lumpemburguesia colombiana?

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR





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