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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2010

Ante los recortes previstos en el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2011
Iniciativa por el derecho a la memoria histrica

Rebelin


Un claro retroceso en materia de derechos humanos y memoria introduce el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo, para el ao 2011. En dicho proyecto se suprime el financiamiento otorgado por primera vez, en 2009, a travs de la Ley de Presupuesto, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria, como la Corporacin Villa Grimaldi y Londres 38, y se reemplaza por un fondo concursable abierto a todo tipo de instituciones colaboradoras del Estado.

A fin de descalificar la decisin adoptada por el anterior gobierno y aprobada por el Congreso Nacional, representantes del actual gobierno y de la derecha han afirmado que esta asignacin fue una concesin a grupos de presin afines a la anterior administracin, desconociendo que la aprobacin de esos recursos fue resultado de un largo proceso, en el que amplios sectores de la sociedad luchamos, durante dcadas, por verdad y justicia, exigiendo al Estado el reconocimiento de sus responsabilidades en las sistemticas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, y demandando una poltica de reparacin del grave dao provocado a la sociedad.

El actual gobierno parece desconocer que todo Estado democrtico tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular aquellos relacionados con la verdad, la justicia y la reparacin de los crmenes cometidos en su representacin y bajo su responsabilidad. Tambin parece ignorar que ello conlleva el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho a la memoria, no para instaurar una visin nica, sino para asegurar su ejercicio con autonoma y libertad.

Lo anterior es particularmente importante en una sociedad como la nuestra en la que conviven diversas memorias sobre el periodo, en la que an no existe un consenso tico de condena irrestricta a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. An hay sectores sociales y polticos de gran influencia, que niegan estos hechos o los justifican como parte de un proceso de restablecimiento del orden.
Conscientes de ello, ya en 1991, los miembros de la Comisin Rettig entre ellos destacados representantes de la derecha chilena--, establecieron en su informe final un conjunto de Recomendaciones de reivindicacin y reparacin simblica para que "en el plazo ms prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y simblicos destinados a reivindicar la memoria de las victimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social", recomendacin que el actual gobierno claramente ha desodo.

Luego, como forma de responder a las iniciativas de construccin de memoriales y monumentos a lo largo del pas, por parte de diversas comunidades, el ejecutivo comenz a destinar recursos a este fin, a travs del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En 2008, por primera vez se constituy una Mesa bipartita de trabajo encargada de elaborar un proyecto para un ex centro de detencin, tortura y exterminio (Londres 38). Esta instancia estuvo integrada por las organizaciones de la sociedad civil que demandaban la recuperacin del lugar y diversos organismos pblicos, entre ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Pblicas, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Intendencia Metropolitana, el Museo Histrico Nacional y la Asesora Presidencial en materia de derechos humanos.

Producto de la labor de la Mesa, las mximas autoridades de estos organismos asumieron el compromiso de proveer financiamiento pblico permanente para sustentar la gestin de este espacio de memoria, lo que se materializ en la Ley de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursos para la habilitacin y funcionamiento de un sitio histrico de este tipo. Durante el ao 2009, el ejecutivo tambin acogi la demanda del ex centro de detencin Villa Grimaldi que, desde haca varios aos vena demandando que el Estado asumiera su responsabilidad en la mantencin del espacio, rescatado de una venta ilcita a comienzos de los aos 90.

En virtud de la continuidad de los actos y decisiones del Estado, ste no slo es responsable de los crmenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura y acreditados por tres comisiones ad hoc e innumerables fallos judiciales. Tambin es cmplice y responsable del ocultamiento de la verdad y del sistemtico borrado de huellas que lleg hasta la demolicin de los ex centros de detencin, tortura y exterminio que amenazaban con constituirse en testimonios elocuentes de lo vivido.

Ahora, con la modificacin del Presupuesto 2011, el actual gobierno parece decidido a llevar a cabo una nueva borradura de ese pasado en lugar de reconocerlo como lo que es: parte constitutiva del patrimonio y la memoria nacional, y una contribucin al conocimiento y comprensin del pasado y, sobre todo, a la profundizacin de la democracia del presente.

Quienes suscribimos la presente declaracin solicitamos al ejecutivo y al Congreso Nacional se garantice el cumplimiento de los compromisos sealados, en tanto stos constituyen un avance en materia de polticas pblicas en el mbito de los derechos humanos y la memoria.

Santiago, 20 de octubre de 2010


Corporacin Parque por la Paz Villa Grimaldi

Londres 38, espacio de memorias

Comisin tica contra la Tortura

- Adhiere a esta declaracin por el derecho a la memoria enviando nombre y nmero de carnet (o nombre de la institucin que representas) a: [email protected]



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