Portada :: Feminismos :: Feminismos
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-11-2010

En el Da Internacional de la Eliminacin de la Violencia contra la Mujer
Peligro de involucin

Lidia Falcn
Pblico


La diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado democrtico es la proteccin y el respeto que muestra hacia sus ciudadanos. Ante los asesinatos de mujeres que continuadamente se producen en Espaa no es exagerado ni improcedente exigirle a nuestras instituciones que protejan a las vctimas. Es imaginable que si sufriramos de 60 a 70 vctimas mortales cada ao por atentados terroristas, los mecanismos de prevencin y punicin seran mucho ms contundentes.

La Ley Integral contra la Violencia de Gnero se aprob por unanimidad en el Parlamento, lo que ya permita sospechar de su benignidad. Y as fue. Para no molestar a los sectores de la derecha machista, el Gobierno consensu unas normas incompletas que las hacen ineficaces, a las que se unen la falta de medios que padece la Administracin de Justicia. El resultado ha sido evidente. El Instituto de la Mujer admite que deben ser 2.600.000 las mujeres vctimas habituales de violencia machista, y a da de hoy sumamos 65 asesinadas, seis ms que en 2009.

Pero cuando, a los casi dos aos de entrada en vigor de la ley, desde el Partido Feminista presentamos el informe Hacer de los derechos realidad sobre las carencias de dicha ley y nos dirigimos a todas las instituciones que representan el Estado el Parlamento y el Senado, el Parlament de Catalunya, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Igualdad, el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, los Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogaca, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo solicitando las modificaciones necesarias, se nos neg esa posibilidad o ni siquiera se nos contest. Nunca supe para qu haba servido la Comisin de Violencia del Parlamento que estuvo reunindose durante un curso.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene el redactado legal. Desde haber dejado fuera de su proteccin a toda mujer que no sea la esposa o est vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantas en beneficio del denunciado que cuando se trata de otras jurisdicciones como la laboral no se aplican desde hace cien aos que obligan a esperar a la denunciante interminable tiempo para ver dirimida su denuncia en los tribunales. La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente rdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, y que se siga manteniendo una valoracin estricta de la prueba en el juicio oral de modo que se absuelve a un gran nmero de agresores por falta de pruebas. El 30% de los que son juzgados, lo que significa que nicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden aadir la falta de responsabilidad de los jueces, fiscales, mdicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las vctimas cuando no cumplen la debida diligencia en la proteccin de la vctima y en la persecucin del delito. Exigencias que nosotras habamos introducido en el proyecto que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias legales aadimos que ni se han dotado de los medios necesarios a las comisaras de polica ni creado los suficientes juzgados, ni estos disponen de personal preparado para su misin, no creo que sea muy difcil entender por qu la persecucin de los maltratadores y asesinos de mujeres est siendo ineficaz.

Mas no es este el nico escollo con que hemos tropezado en el camino de lograr mayor eficacia en la proteccin y punicin del delito. Inmediatamente despus de que se aprobara esa tmida ley, un sector social inici una agresiva campaa contra ella y las instituciones que tenan que hacerla cumplir, asegurando que permite que las mujeres se beneficien presentando denuncias falsas. La difusin de esta perversa acusacin ha sido tan eficaz, ha estado tan bien dirigida, que en poco tiempo se dictaron normas de funcionamiento interno en los juzgados para no aceptar las denuncias sospechosas e investigar su veracidad. A partir de esa inflexin del criterio de la Justicia dedicada a la violencia contra la mujer, y a pesar de las negativas del Observatorio de Violencia del CGPJ sobre la veracidad de estas afirmaciones, las causas se archivan en mayor proporcin, se exige mayor rigidez en las pruebas y las absoluciones se menudean, se dictan condenas ms leves y las ms pequeas no se cumplen nunca y, en consecuencia, las mujeres denuncian menos. Resulta totalmente comprensible que las mujeres no confen en la Justicia.

La involucin se ha producido radicalmente con la ltima jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que la agresin contra una mujer por parte de un hombre no siempre es violencia machista, y pasa entonces a ser considerada como cualquier otra pelea entre ciudadanos. Y no digamos si ella se defiende, ser condenada a la par que el maltratador. Pero, incluso despus de una condena, la falta de medios hace imposible una verdadera proteccin de la vctima. Las famosas pulseras de alarma no se han impuesto ms que en una minora de casos, no hay personal suficiente para vigilarlas y, al estar en libertad el agresor, la intervencin de la polica llega tarde cuando aquel se propone consumar el asesinato.

Y en estas condiciones, muy resumidas, an se regaa a las mujeres porque no denuncian, logrando el objetivo perfecto para el poder: convertir a las vctimas en culpables de su propia desgracia.

Lidia Falcn es abogada. Presidenta del Partido Feminista de Espaa.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2721/peligro-de-involucion/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter