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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-12-2010

Una vergenza para Chile
Crceles del espanto

Hernan Soto
Pun


La muerte de 81 reclusos en la crcel de San Miguel, en Santiago, ha horrorizado al pas. Los presos estaban encerrados bajo llave y no pudieron escapar: murieron en pocos minutos calcinados o asfixiados por el humo. Adems hubo una quincena de heridos, todos de gravedad. Ha sido la mayor tragedia carcelaria que ha ocurrido en Chile, y podra repetirse en cualquier momento. Seis penales son considerados verdaderas bombas de tiempo.

Desde diciembre de 1989, en que murieron quemados 18 nios en el hogar de menores en que estaban recluidos, han muerto ms de 160 reclusos en incendios de crceles. Muchos de ellos jvenes, casi adolescentes que estaban mezclados con delincuentes avezados, cumpliendo penas que podran haber cumplido en libertad. En San Miguel muri un joven que estaba preso por haber pirateado CD de msica y tambin un hombre que no haba pagado una multa por haber consumido alcohol en la calle. La mayora de los muertos estaba condenado por delitos contra la propiedad.

La situacin que impera en las crceles chilenas es terrible. Una de las causas es el hacinamiento. De acuerdo al ltimo informe del Instituto de Derechos Humanos, en Chile la tasa de presos por cien mil habitantes es de 250, una de las mayores del continente. Hay ms de cincuenta y cinco mil reclusos en recintos construidos para 34 mil internos. La sobrepoblacin global es de 64%, y es extremadamente crtica en algunos recintos como la Penitenciara de Santiago, donde hay tres veces ms presos que los correspondientes a su capacidad normal. La crcel de Valparaso tiene una situacin semejante, mientras en la crcel de mujeres se ha duplicado la poblacin normal. En el penal El Manzano, en Concepcin, construido para 784 presos, hay 2.850 reclusos.

En el caso de San Miguel, no termina todava la investigacin para determinar las causas de la catstrofe. Se sabe ya que comenz con una ria, uno de esos habituales ajustes de cuentas en que se usan armas hechizas, sables, lanzas y estoques y tambin elementos inflamables. En este caso se us un lanzallamas artesanal, construido con un baln de gas. Los reos son encerrados a las 17.30 horas y permanecen en esa situacin hasta el da siguiente a las 8.30 horas, sin presencia de gendarmes en las galeras y espacios destinados a dormitorios. Muchos duermen en el suelo. En la noche impera all la ley de la selva.

Esta situacin, asociada a psimas condiciones sanitarias, mala alimentacin, alcohol y drogas, es sobradamente conocida y ha sido enrgicamente denunciada por la fiscal de la Corte Suprema, Mnica Maldonado. Por su parte, en 2006 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos subrayaba que en materia penitenciaria en Chile se continuaban violando sistemticamente los derechos humanos, ya que en las crceles imperaban graves condiciones de hacinamiento, falta de atencin mdica adecuada, torturas y malos tratos, falta de transparencia y control apropiados en la gestin de las crceles. Los estndares mnimos exigidos por la normativa internacional de derechos humanos no se cumplen. La Corte Interamericana de Justicia ha declarado que el detenido o privado de libertad se encuentra en manos del Estado en una relacin de sujecin especial, que lo coloca en una situacin de vulnerabilidad que obliga al poder pblico a prestarle proteccin. Esta situacin se agrava debido a la virtual indefensin en que se encuentran los presos, cuyas reclamaciones no son consideradas por los tribunales. El acadmico Alvaro Castro, de la Universidad Diego Portales, sostiene que la proteccin constitucional de los presos es casi inexistente y que del total de recursos de proteccin que se presentaron contra Gendarmera de Chile ente 1990/2000, slo un 7,1% fue acogido, un 87% se rechaz y un 5,1% termin declarado inadmisible, (revista Mensaje , Derechos humanos y crisis carcelaria, octubre 2010).

Historia larga

El problema carcelario, que siempre ha sido una amenaza slo para los pobres, tiene una historia que se confunde con la de Chile republicano. En los ltimos aos, sin embargo, ha adquirido caractersticas inesperadas. Son muy pocos los ricos que llegan a la crcel y menos los que se mezclan con los presos comunes. Pero los presos son cada vez ms numerosos. La razn del incremento es la reforma procesal penal, un avance respecto del procedimiento anterior, pero que hasta el momento est incompleta. No se ha reemplazado el Cdigo Penal, que tiene ya bastante ms de un siglo, cuyos parches no alteran sin embargo el papel que juega la propiedad como bien jurdico protegido, a menudo ms importante que la vida de las personas. Bienes jurdicos colectivos como el medioambiente, la salud pblica, el funcionamiento normal de la economa, la proteccin de la alimentacin sana, etc., no se consideran adecuadamente. Tampoco se ha facilitado la aplicacin de penas alternativas -como trabajo comunitario, brazalete electrnico, tratamiento teraputico bajo vigilancia-, ni se han establecido jueces de custodia de la aplicacin de las sentencias y proteccin de los condenados, as como encargados de su rehabilitacin y reinsercin social. La Justicia Militar sigue siendo un compartimento estanco, en que los militares son juez y parte arrastrando a los civiles a la jurisdiccin castrense.

El criterio dominante que condiciona de una manera u otra a los tribunales del crimen es el de la mano dura, cuya consecuencia es la tolerancia cero y eventualmente, la tercera es la vencida. Son en parte el resultado de una hbil maniobra poltica de la derecha, iniciada en los comienzos de la transicin, destinada a explotar la sensacin de inseguridad natural en las personas ante situaciones que no controlan, el miedo de los sectores medios y la aoranza de la represin antipopular de la dictadura. Esta orientacin estratgica que cont con el apoyo del duopolio de medios de comunicacin que controla la prensa y, sobre todo, con el de Paz Ciudadana, creacin de Agustn Edwards, el propietario de El Mercurio, que atrajo a altos personeros de la Concertacin que hicieron suya la campaa del miedo, fue determinante en el triunfo presidencial de la derecha y en el actual gobierno del presidente Sebastin Piera.

Tambin ha habido aprovechamiento de las visiones clasistas de sectores muy amplios. El delincuente se confunde con el pobre; el marginado que infringe normas pas a ser el otro, el enemigo, al que hay que derrotar, acorralndolo para capturarlo y segregarlo. Creo que para la gran mayora de los chilenos, la crcel es un instrumento de venganza antes que de rehabilitacin, escribi hace pocos das Benito Baranda, del Hogar de Cristo, agregando que los que tienen ms dinero y mejor posicin social no llegan a las crceles porque disponen de buenos abogados y saben cubrirse para no ser afectados por los delitos que cometen.

El enemigo -el delincuente- debe ser sacado de la sociedad y encerrado ojal para siempre. La propiedad y la integridad fsica de las personas deben ser protegidas de los ataques de los pobres. En las crceles no hay mayor preocupacin por la separacin de las personas en funcin del tipo de delito ni de la habitualidad con que se cometen. Todos, en definitiva, se mezclan y la propia Gendarmera, mal pagada y sobrepasada por los delincuentes, se involucra en prcticas de abierta corrupcin. Un prestamista de alto vuelo, que arruina a personas modestas cobrando intereses usurarios, se escurre del castigo que debera imponrsele mientras un miserable que comete un robo con violencia puede ser condenado a quince aos de crcel. Un hombre que roba un televisor ser condenado a una pena mayor que si asesinara al dueo del televisor.

En vez de preocuparse de buscar y encontrar las verdaderas causas del delito en la pobreza, la explotacin y la discriminacin que sufren los pobres, se busca la salida: la represin. La derecha sigue exigiendo mano dura y muchos dirigentes de la Concertacin la siguen. Caer a la crcel es algo que le sucede a los rotos, como parte de la normalidad de su existencia. La derecha sabe que la mano dura es intil, porque produce una espiral incontrolable, pero es til para intimidar a los que se atrevan a rebelarse. El Ministerio Pblico pone su parte con la ayuda de los medios, que sealan como culpables a personas que constitucionalmente deberan estar protegidas por la presuncin de inocencia. Esta situacin se ha visto en la represin a los mapuches, en las redadas contra los okupas -acusados de terroristas- y en el grotesco episodio del joven pakistan declarado anticipadamente culpable por el propio ministro del Interior.

Negocios a la vista

El modelo norteamericano de tolerancia cero, seguido fielmente en Chile, no exhibe atributos deseables. No solamente porque ha llegado a tener a ms de dos millones de personas encarceladas, cifra que se empina por sobre los cinco millones si se considera a los que estn en libertad provisional, sino porque los delitos no disminuyen. Por el contrario, aumentan tanto en trminos generales como en violencia.

Como consecuencias paralelas, la tolerancia cero ha impulsado el negocio de la seguridad, que en Chile se ha convertido en una actividad floreciente que mueve cientos de millones de dlares y da trabajo a decenas de miles de personas. Tambin favorece a las crceles concesionadas, que comienzan establecerse en Chile y que son un buen negocio, ya que hay interesados en construirlas y explotarlas. Actualmente funcionan seis, en las que estn recluidos ms o menos diez mil presos. Por cada uno de ellos el Estado paga alrededor de 400 mil pesos mensuales. Este sistema hasta el momento no ha sido debidamente controlado y comienzan a aparecer signos de hacinamiento y, segn se ha denunciado, hay falencias en trminos de atencin mdica, alimentacin e higiene. Sin embargo, se planean ms crceles concesionadas, a lo menos para completar las diez prometidas en los gobiernos de Lagos y Bachelet. La profundidad de la crisis ha obligado, por otra parte, a considerar la posibilidad de penales modulares ms baratos y de ms rpida construccin. De llevarse a cabo, seran seguramente concesionados.

El empresario Felipe Cubillos, que impuls la construccin de escuelas modulares en la zona del terremoto, tambin tiene algo que decir. Sostuvo en El Mercurio del 10 de diciembre que el Estado de Chile no da para ms. Y lo deslegitim diciendo que un Estado ineficiente es un Estado inmoral, lo que anticipa otro impulso privatizador. El Mercurio entretanto se mantiene alerta. Llama a tener cuidado con la emocionalidad, ya que las autoridades del Estado deben tener mesura y moderacin. Considera imprudentes algunas declaraciones de la fiscal de la Corte Suprema -que ha reconocido que es terrible que haya reclusos que entran a la crcel a cumplir una condena y mueren porque no son debidamente protegidos-. Le han molestado sobre todo las opiniones del presidente de la Corte Suprema, magistrado Milton Juica, en orden a que el hacinamiento de las crceles era consecuencia de un mensaje poltico determinado, aludiendo implcitamente a la exigencia de mano dura y al trmino a la puerta giratoria. Esas opiniones del presidente de la Corte Suprema, para El Mercurio significan una incursin en poltica que le est vedada, siendo aconsejable que se refiriera al tema solamente en el discurso con que se da comienzo al ao judicial el 1 de marzo de cada ao.

Lo que ocurre en las crceles reduce a sus verdaderas dimensiones la imagen triunfalista que se quisiera presentar del pas. El chilean way de que se ufan Piera en su gira por Europa, oculta una realidad aterradora y vergonzosa.

(Publicado en Punto Final, edicin N 725, 23 de diciembre, 2010)

www.puntofinal.cl

 



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