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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-01-2011

Entrevista a Sandra Gamboa, abogada de las vctimas de asesinatos del DAS
"lvaro Uribe debe ser procesado por la Corte Suprema: la Cmara de Representantes no es un tribunal independiente"

Patricia Rivas
Rebelin


Sandra Roco Gamboa dice de s misma que es "una simple abogada litigante", pero es de esa rara especie de abogados que cree y que lucha por la Justicia, comprometida con la verdad, capaz de contagiar a quien la escuche el respeto por el Derecho, incluso en un pas donde la leguleyada ha sido, desde su fundacin, la herramienta de opresin ms extendida, y donde la ley se ha elaborado habitualmente a medida de la trampa. Vinculada al Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, Sandra Rocio Gamboa pertenece a ese puado de colombianos que no enfrentan la realidad del genocidio cotidiano recurriendo a la indiferencia, a la esquizofrenia de la Colombia virtual de la propaganda, sino al compromiso con las vctimas, a la defensa de la humanidad, al trabajo concienzudo, riguroso, y al coraje frente a las amenazas, ms o menos veladas, de los victimarios, que en Colombia suelen ser muy "respetables".

Aprovechamos su paso por Madrid para pedirle la informacin que nos niegan los medios de comunicacin, acerca de un proceso histrico que se desarrolla ante la Corte Suprema de Justicia contra quien fuera director del DAS (servicio de "inteligencia" presidencial) durante el mandato de lvaro Uribe, por el asesinato de varias personas incmodas al rgimen y que, previamente a su asesinato por estructuras paramilitares en connivencia con el DAS, fueron criminalizados y acusados de nexos con la insurgencia. Una estrategia que fue exportada a Amrica Latina y a Europa, con el sorprendente apoyo del aparato institucional de pases como Espaa y de la que han sido vctimas ciudadanos como Remedios Garca, que lleva dos aos y medio esperando saber de qu se le acusa y poder defenderse, y en Venezuela el periodista colombiano William Parra, cuyo crimen consisti en cubrir la fuente de la insurgencia para contar la guerra en los ms prestigiados medios de su pas y negarse a revelar al otro bando beligerante la ubicacin de su fuente. Tras sobrevivir milagrosamente a un atentado mientras caminaba con su pequea hija por la ciudad de Bogot, y casi morir desangrado, solicit asilo en Venezuela, donde tiene condicin de refugiado. All ha seguido demostrando sus excepcionales dotes de reportero, ejerciendo el periodismo con el rigor y la garra que le vali el sobrenombre que le endos Jaime Garzn antes de que los paramilitares lo asesinaran por el delito de sacarle los colores al establecimiento colombiano con su humor tan irreverente como sensible a la injusticia, y a quien los enemigos de la paz condenaron a muerte por su labor de facilitador para el intercambio humanitario en Colombia.

William Parra cubri para TeleSUR la ltima invasin de Israel contra el Lbano, en verano de 2006, dotado con una cmara, un puado de dlares recogido por sus compaeros y su saber hacer. Sin camargrafo, sin chaleco antibalas, sin seguro mdico. Quien conoce a William sabe que no come cuentos de agencia. Parra sabe que los conflictos slo pueden contarse honestamente desde dentro, dndole la voz a todas las partes, y generalmente siempre hay voces que son silenciadas desde el cartel meditico. Es en ese lmite donde se est en condiciones de descubrir los hechos ocultos, es decir, de informar. Sin periodistas como William, sencillamente no es posible la democracia. Si la nica versin que recibimos es la que el poder consiente, si nadie nos desvela lo que interesadamente se cubre, se silencia o se deforma, queda el totalitarismo. Ahora William Parra vuelve a ser perseguido por el Estado colombiano, que desde hace dos aos le acosa con acusaciones en los medios de comunicacin de "vnculos con el terrorismo", sin que hasta el momento haya podido conocer qu pruebas se tienen en su contra ni rendir declaracin para defenderse de unos cargos que desconoce.

Es un misterio de dnde sacan los defensores de derechos humanos la energa para enfrentar cotidianamente al aparato de opresin que en Colombia aplica la violencia y extiende el terror, la pobreza y la muerte de forma estructurada, con una sistematicidad y en una dimensin no igualados en este siglo en Amrica. Pero comenzar el ao con la fuerza y la rectitud de esta "abogada litigante", se me antoja la mejor manera de proyectar una mirada esperanzadora para Colombia sin recurrir a la hipocresa. Porque la humanidad es posible, todava, gracias a quienes la defienden cotidianamente.

Sandra Roco Gamboa, extenuada por una agenda maratnica y el implacable fro de Madrid, recupera el brillo en la mirada apenas le preguntamos por sus defendidos, en una combinacin entre indignacin y esperanza en la Justicia.



Hace aproximadamente 9 meses que pas por Madrid y en ese entonces estaba en pleno desarrollo el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS. Qu novedades ha habido y cul es el estado de esta causa?


En el proceso desarrollado ante la Corte se pueden encontrar varias notas caractersticas. La primera, un respeto absoluto de parte de la Corte por la presuncin de inocencia, por el desarrollo de un debate procesal legtimo, autntico, legal, donde se permiti que la defensa practicara los medios de prueba que fueron solicitados; donde tambin se permiti esa posibilidad a los abogados de la parte civil que adelantamos el caso.

Por otro lado, tambin encontramos un recaudo, que podra ocupar aproximadamente 400 pginas de transliteracin. Un recaudo de medios de prueba testimoniales que, incluyendo los medios que fueron presentados por la defensa, en realidad terminaron concluyendo en una prueba slida de certeza absoluta sobre la responsabilidad de Jorge Noguera Cotes en los crmenes imputados. Yo destaco mucho cmo, a travs de los interrogatorios de los sujetos procesales, fue posible llegar a una verdad consideramos no solamente procesal, sino adems material. Pudimos evidenciar relaciones, hasta ahora desconocidas para nosotros entre dos de los asesinatos. Me refiero en especfico al homicidio del Dr. Fernando Pisciotti Van Strahlen y al homicidio del profesor Alfredo Correa Andreis. Se pudo determinar la vinculacin en estos dos crmenes de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coincidencias entre los casos como la previa judicializacin. En el caso del Dr. Correa Andreis la previa judicializacin de l mismo, y en el caso del Dr. Pisciotti, la previa judicializacin de dos de las personas ms cercanas.

Asmismo observamos el ejercicio de un desarrollo absolutamente dialctico y de un trabajo esforzado de la fiscal, la doctora ngela Mara Buitrago. Lamentablemente, el resultado y lo que se recibi, a pesar de esto, es que la doctora ngela Mara Buitrago fue retirada de la fiscala, y se perdi la posibilidad de contar con una mujer que conoca profundamente el caso, una mujer muy inteligente, muy activa en el proceso, y lo ms lamentable de esto es que sale por decisin del fiscal encargado y salen imponiendo un manto de duda sobre el desarrollo de su gestin, cuando ha sido y es reconocida en todos los niveles como una fiscal absolutamente activa, que mova sus procesos y llev a la crcel a muchsimos militares. Esta fiscal fue retirada del caso por el Fiscal General de la Nacin, quien adujo supuestas razones de falta de resultados en los procesos. Afortunadamente, recientemente ha salido una decisin del Consejo de la Judicatura que resalta que no existe tal valoracin en el trabajo de la doctora ngela Mara Buitrago Ruiz. No obstante, ella ya no es funcionaria de la Fiscala, y con ello, se ha perdido una mujer absolutamente valiosa y una funcionaria administradora de Justicia, estructural en la lucha contra la impunidad en Colombia.

En este momento tenemos que la fiscal fue relevada por otro fiscal que, si bien solicit la condena y aludi a algunos de los elementos estructurales del caso, no se ocup del estudio ms all de la responsabilidad penal individual, de cmo funcionaba la figura de Jorge Noguera Cotes dentro de todo este entramado del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esto es, una visin estructural del caso sin, obviamente, deslindarse de la discusin acerca de la responsabilidad penal individual.

Por su parte, el delegado del Ministerio Pblico igualmente cambi, lleg una nueva representante de la Procuradura quien, de manera sorpresiva pero muy en la lnea de lo que ha sido la actuacin de la Procuradura en la etapa de instruccin, solicit la absolucin de Jorge Noguera Cotes por los homicidios agravados, pidiendo condena por los restantes delitos: concierto para delinquir agravado, entre otros. Consideramos que esta visin de la Procuradura, si bien respetable en trminos procesales, no consulta la verdad procesal y la verdad material, que qued tan absolutamente sentada en la etapa instructiva y que qued totalmente corroborada en la etapa de juicio. En este momento la parte civil, particularmente el doctor Alirio Uribe Muoz, est desarrollando sus alegaciones finales ante la Corte, y tras finalizar la intervencin de la parte civil, la Corte culminar la audiencia y se proceder al proferimiento de sentencia.

Tambin llamamos la atencin en este proceso sobre las denuncias presentadas por diversos testigos, sobre las presiones de las que eran objeto para que no declararan en el caso. Llama la atencin dos casos particulares. Uno, el de la seora Nohora de Jess Ospino, testigo en relacin con el homicidio del doctor Fernando Pisciotti, quien se encuentra resguardada en otro pas, al que llegaron a buscarla e intimidarla das antes del momento en que deba viajar a Colombia a rendir esta diligencia. Finalmente, la Corte Suprema, comprometida con el ejercicio de la verdad, dispuso que a travs de medios tecnolgicos se pudiera recaudar esa declaracin, como en efecto se hizo, donde ella corrobor los cargos existentes contra Jorge Aurelio Noguera Cotes, y donde adems denunci la situacin de agresin contra su vida.

El otro caso, muy particular y muy llamativo, es el de un funcionario del DAS que intervino en la operacin conocida como "Rodadero Cicln". Este funcionario, Juan Carlos Snchez Candia, haba declarado en la etapa instructiva e inici su intervencin en el juicio de una forma absolutamente sui generis. Inici su intervencin pidindole a los magistrados de la Corte que le pidieran autorizacin al Director del DAS para que l pudiese hablar. Como se observa, es la imposicin del Ejecutivo sobre la rama judicial, lo que es una contradiccin absoluta a las bases propias del mnimo y elemental Estado de Derecho. Al indagar el magistrado presidente, el magistrado ponente del caso, las razones por las cuales el testigo haca tal afirmacin, el testigo revela cmo se le haba obligado a l y a otros funcionarios del DAS a firmar un acta en la que juraban no declarar nada de lo conocido durante su trabajo en el DAS ante ningn particular ni ninguna autoridad sin la autorizacin del Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Evidentemente, el magistrado tuvo que aclararle a l a la audiencia que sta no era razn que pudiera oponerse ante un juez de la Repblica, y particularmente, ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual este testigo finalmente pudo declarar y entreg adems material documental fundamental para observar cul haba sido el papel directo de Jorge Noguera Cotes dentro de lo que quiso ser una operacin que terminase con la captura de Hernn Giraldo y que finalmente no se corrobor. Y al mismo tiempo, esta declaracin y esta prueba documental entregadas por este testigo permitieron hacer una correlacin con una lista de personas encontradas a Rafael Garca el da de su captura.

Este listado de personas dice Rafael Garca que le fue suministrado por Jorge Noguera Cotes coinciden con los contenidos y con las fotografas establecidas dentro de un informe que ellos haban desarrollado. Todos los puntos, todas las situaciones atinentes a los cargos quedaron corroboradas. Qued corroborado el testimonio de Rafael Garca, pero adems se pudo probar cmo no era el nico medio de prueba con el que se contaba en este caso. Existen mltiples, centenares de medios de prueba que han sido traducidos por la parte civil en un alegato de 300 pginas y aproximadamente 800 pies de pgina. Estos pies de pgina corresponden a las ubicaciones de cada una de las afirmaciones y de los hallazgos probatorios en el caso. Como pocos, este caso tiene muchsimo material probatorio que, a nuestro juicio, debe implicar una condena contra Jorge Noguera por todos los crmenes por los que ha sido acusado.

Qu implicara esa visin estructural que usted reclama sobre el caso, que no es -entendemos- solamente sobre Jorge Noguera y que se ha mal-llamado el caso de las chuzadas del DAS?


Esa visin estructural apunta a dos elementos principales: Una visin de quines eran las vctimas dentro de lo que constituye un plan sistemtico de persecucin contra determinados sectores en el pas y, en segundo lugar, el empoderamiento del paramilitarismo en la institucionalidad colombiana, la conformacin de lo que hemos denominado un aparato criminal organizado de poder. Este aparato organizado de poder funcionaba entre el DAS y el paramilitarismo. Nosotros lo evidenciamos en nuestros alegatos. Lamentablemente, ni la Fiscala ni el Ministerio Pblico en sus alegaciones finales aludieron a esto, a por qu estas vctimas fueron precisamente seleccionadas y escogidas entre el paramilitarismo y el DAS.

Cules eran los rumbos, los vasos comunicantes, los conectores entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), las fichas claves del DAS y las fichas claves del paramilitarismo? Esto no es algo que sea sui generis, ni impuesto por la parte civil. La misma Organizacin de las Naciones Unidas ha encontrado que, dentro de lo que ellos catalogan de manera genrica como "crmenes de sistema" y, para este caso, cmenes de lesa humanidad, deben ser determinados en relacin con las estructuras que los cometen y las vctimas hacia quienes van dirigidos.

En este orden, sigue resultando el caso contra el profesor Correa de Andris como un ataque contra el ejercicio de los derechos humanos realizados por un docente, por un socilogo, por un investigador social. El ataque contra Fernando Pisciotti Van Strahlen es el ataque contra un poltico del Partido Liberal colombiano. No era ni siquiera un poltico que pudiese ser definido como de izquierda. Era un poltico que no estaba de acuerdo con la imposicin poltica, econmica y social del paramilitarismo en el Banco Magdalena. Y en el caso de Zully Codina (asesinada tambin por el binomio DAS-Paramilitares) se ha recaudado pruebas y documentacin alusiva a la relacin entre el paramilitarismo y entidades del orden municipal y departamental en la costa. Eso es un asunto que no puede deslindarse, si se est hablando en trminos de verdad material y de lucha contra la impunidad, de garanta de no repeticin. Porque entender la estructura es entender toda la multiplicidad de actores que an hoy no estn siendo procesados por estos crmenes.

Y hablando de impunidad, cmo se puede entender el reciente asilo otorgado por el Gobierno de Panam a funcionarios como Pilar Hurtado, que tuvo una participacin directa en estos hechos de persecucin y de hostigamiento desde el DAS?


El caso de Mara Pilar Hurtado indudablemente resulta una bofetada a las vctimas, por va doble. Porque ella no es simplemente una ciudadana. Ella era una funcionaria pblica de un altsimo cargo que, segn lo que demuestran las evidencias, habra utilizado su poder para la verificacin de diversos crmenes, que incluyen crmenes de persecucin y tortura, que constituyen, en el marco que se ha presentado, con el anlisis contextual que se ha presentado, crmenes de lesa humanidad. Pero, por otro lado, evidencian una situacin de omisin del Fiscal General de la Nacin, Y aqu no podemos hablar de los fiscales delegados ante la Corte, ni de fiscales debajo rango. Aqu hablamos del Fiscal General de la Nacin que, por obligacin constitucional, deba proceder a hacer la imputacin. Los medios de prueba que evidencian la necesidad de una imputacin y de un procesamiento de la seora Mara del Pilar Hurtado reposan en la Fiscala hace varios meses, han sido dados a conocer a la opinin pblica a travs de diversos medios y, a pesar de ello, slo hasta el momento en que ella procedi a salir del pas y se oficializ este asilo, contrario a la tradicin jurdica internacional, es que se procede por el Fiscal a presentar esta imputacin que podra terminar siendo, como decimos en Colombia, "un saludo a la bandera".

Si ya revisamos el tema mismo del asilo, esta ciudadana no es ninguna perseguida poltica. Al contrario: ella haca parte de un aparato de persecucin. No es ms que un contrasentido concebir cmo una persona que, segn lo que se ha evidenciado, podra hacer parte de un aparato de persecucin es beneficiada con una figura sagrada en el Derecho Internacional que est concebida para proteger precisamente a los perseguidos. No es slo lo que dice el Fiscal General actual encargado; que ella ha cometido delitos comunes y que, por eso, no debera sostenerse el asilo que se ha dado en su favor. Es que, adems de delitos comunes, ella tiene sealamientos que precisan imputaciones adems por crmenes de lesa humanidad. Tambin hace parte del Derecho Internacional la consideracin de que se permanece en la impunidad cuando no se imputan los delitos de lesa humanidad efectivamente cometidos. Por ejemplo, si un caso de torturas se maquilla como lesiones personales, o un homicidio agravado, un homicidio en persona protegida se maquilla como homicidio simple. En este orden, es preciso que la nueva Fiscal, la doctora Morales, asuma en el menor tiempo posible su cargo y que una de sus banderas -y es lo que se espera en un Estado de Derecho y en una lgica de respeto por la Constitucin- sea desarrollar esta imputacin contra esta ciudadana en las condiciones propias de un debido proceso, si, pero con la claridad que determinan la Constitucin y la Ley.

Cuando hablamos del DAS, hablamos de una estructura que dependa directamente del Presidente de la Repblica, que reportaba directamente al Presidente. Estamos escuchando en estos das declaraciones del ex Presidente Uribe afirmando que l apoya el asilo de la seora Hurtado porque en Colombia no hay garantas judiciales para los funcionarios. Cul es la opinin de usted al respecto?

No slo es absolutamente irrespetuoso que un propio ex mandatorio catalogue lo que, en ltimas, es el reflejo de su labor, como un escenario proclive a la falta de garantas judiciales. Eso es una cosa bastante contradictoria. Por otro lado, esto lo que evidencia es el desarrollo de una estrategia del seor lvaro Uribe Vlez para protegerse a s mismo, y para tratar de sostener una no comparecencia ante la justicia para l mismo a travs de Mara del Pilar Hurtado. En este momento, segn lo que se ha difundido por los medios de comunicacin, lvaro Uribe Vlez podra ser el presidente de la Repblica que ms acciones penales tiene en su contra. No obstante, la Comisin de Acusaciones de la Cmara no ha proferido, histricamente, una sola acusacin que permita el procesamiento de un ex presidente.

Nosotros consideramos, y as fue consignado en la ltima denuncia presentada por la responsabilidad de lvaro Uribe Vlez en crmenes de lesa humanidad, de persecucin y tortura psicolgica, que la determinacin de la responsabilidad penal de un mandatario o de un ex mandatario tiene que hacerse bajo los lineamientos que establece el bloque de Constitucionalidad. Y el bloque de Constitucionalidad es absolutamente claro en la determinacin de las responsabilidades. Dice: un crimen de lesa humanidad slo puede ser procesado por TRIBUNALES INDEPENDIENTES E IMPARCIALES. La Cmara de Representantes no es un tribunal; tampoco es independiente, segn se percibe simplemente leyendo quines estn ocupando este papel de "procesadores" de lvaro Uribe Vlez, y tampoco puede llegar a ser imparcial. En esta medida, siguiendo los cnones de Derecho Internacional y de bloque de Constitucionalidad, es decir, que hacen parte de la Constitucin Poltica de Colombia, lvaro Uribe Vlez debera ser procesado por la Corte Suprema de Justicia, que s es un tribunal; que s es independiente; y que s es imparcial.

Quera preguntarle tambin por el caso de nuestro colega William Parra, un periodista que tuvo que salir de Colombia precisamente temiendo por su vida, despus de sufrir un atentado muy grave por su compromiso con la verdad del pais, y en este momento est enfrentando cargos muy graves. En qu punto se encuentra su caso?


Le agradezco la pregunta, porque permite aclarar adems en el contexto de las preguntas anteriores un equvoco que se ha querido mantener, y es tratar de parangonar la situacin de Mara del Pilar Hurtado con la situacin de William Parra. Incluso esto lo ha dicho el mismo lvaro Uribe Vlez en varios escenarios en Colombia y a travs de los medios de comunicacin. William Parra es un periodista independiente, es un hombre que hace el ejercicio crtico de su derecho que, a nuestro juicio es el nico sentido tico de una labor periodstica. William Parra sali de Colombia hace ya varios aos, porque iba a ser asesinado. l sali despus de haber sufrido un atentado del cual se sobrepuso milagrosamente, y que en las condiciones en que se present, l no duda en atribuir a presiones recibidas en das anteriores al atentado para suministrar la ubicacin de sus fuentes periodsticas.

Para m es muy impresionante como abogada de William Parra observar cmo la humanidad de William no slo lleva las cicatrices del intento de asesinato del que fue vctima, sino que, en este momento, su humanidad tambin es perseguida. Despus de que l debe salir del pas es que la Polica Nacional enva una comunicacin sugirindole que deba buscar proteccin para su vida y que la polica se la llegara a ofrecer. Ahora est a instancias de lo que no dudamos en catalogar de un montaje judicial, siendo, al parecer, procesado, tambin por el ejercicio de su labor periodstica.

Y por qu digo al parecer? Contra William Parra se abri un sumario hace aproximadamente dos aos. Desde el momento en que este sumario se abri y ya puedo hablar de esto en la medida en que ha sido objeto de otro tipo de acciones constitucionales y no estara violando ningn tipo de reserva, William manifest a travs mo su inters en ser escuchado en diligencia indagatoria. Inters que, segn la Fiscala, ellos tambin compartan. La indagatoria bajo el rgimen de la Ley 600 de 2000 se concibe como un mecanismo de vinculacin de la persona al proceso, pero tambin se concibe como un mecanismo, ante todo, de defensa judicial. Y debe ser aplicado en relacin con todos los medios de prueba que se hayan obtenido hasta ese momento. Y esa obligacin de mostrar los medios de prueba, de conocer lo que se enrostra en contra de cada ciudadano se mantiene durante todo el procedimiento de Ley 600.

Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, se solicit copia espejo de todos los medios de prueba obrantes frente a William Parra, y durante dos aos largos se nos negaron de una y otra forma. Y eso no fue lo nico que hicieron: hubo varios interregnos, perodos de tiempo en que se nos escondieron los cuadernos del proceso y se oblig a William Parra a presentar una accin de tutela para que fuesen respetados sus derechos al debido proceso y a la defensa. Esta tutela fue ganada, fue decretada por el Tribunal Superior de Bogot y parcialmente cumplida por la unidad de Terrorismo de la Fiscala General.

Inmediatamente sale el fallo de tutela, observamos que, a pesar de que en el trmite de la tutela, el fiscal haba decretado unos medios de prueba, no se haba pronunciado sobre la totalidad de los medios de prueba solicitados por la defensa. En esa medida, envi una comunicacin al fiscal, solicitndole que se pronunciara sobre un medio de prueba que no haba dicho si se negaba o si se admita. La respuesta a partir de all fue una serie de resoluciones del fiscal donde me maltrat, como profesional y como mujer. Lleg a tal profusin de resoluciones, que empez a levantar calumnias en mi contra. Esta era una estrategia de la fiscala para, mientras me maltrataba a m, seguir vulnerando los derechos de William Parra.

Con posterioridad a ello, se venci el trmino que legalmente la fiscala tena para instruir el caso. Se vencieron los 18 meses. Dice la ley que una vez pasado este trmino, el fiscal tiene la obligacin de tomar una decisin sobre el estado del sumario y llamar a juicio o archivar la investigacin. Aqu lo que hizo el fiscal, al parecer, fue variar los procedimientos. Y nos hemos enterado a travs de los medios de prensa de que ha solicitado una orden de captura contra William Parra, audiencia de orden de captura a la que no hemos podido tener acceso porque existe una supuesta reserva sobre estas diligencias por especificaciones de la Ley. Son audiencias reservadas a las que slo podra tener acceso el fiscal. Y que la posibilidad para indagar qu fue lo que dijo este fiscal.

Es absolutamente contradictorio que, sin haber declarado la nulidad en el proceso anterior, de un momento a otro, resultemos en este proceso. No tenemos ni idea de qu fue lo que dijo este fiscal para hacer entrar muy posiblemente a error a un juez de la Repblica que ha ordenado en este momento la captura de William Parra. William, con mucha anterioridad, haba recibido el refugio de Venezuela, dado en conformidad con la ley y con el Derecho Internacional, que pone en evidencia que la situacin de William es la de un perseguido poltico y, particularmente, la persecucin contra un periodista por no querer ceder a su obligacin-derecho de reserva de la fuente.

En este momento, estamos en esta situacin. No sabemos qu tipo de argumentaciones fue las que present el seor fiscal, pero estamos insistiendo en el acceso a estas audiencias para entender y para aclarar qu fue lo que sucedi y cmo, una orden de captura que no cumpla los requisitos, a nuestro juicio no tena cabida y cmo, de un momento a otro, se ha variado: antes el proceso se adelantaba por rebelin y ahora se han introducido otros delitos que es, lamentablemente, una estrategia consolidada dentro de la unidad de Terrorismo de la Fiscala en casos contra periodistas independientes, contra campesinos, contra dirigentes sociales, o contra acadmicos, como el profesor Miguel ngel Beltrn, que an hoy, culminando el juicio, no ha tenido acceso a ningn medio de prueba de los que dicen que fueron hallados en los supuestos computadores mgicos de Ral Reyes.

VNCULOS RECOMENDADOS POR REBELIN:

Sandra Gamboa: Mancuso ha corroborado que el paramilitarismo es un fenmeno estatal (Rebelin, 25.04.2010)

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Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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