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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-01-2011

El conejo de Juan Manuel Santos
Otra ley de impunidad para paramilitares y sus financistas

Jos Hilario Lpez Rincn
http://agenciapensamientocritico.blogspot.com


()La informacin que surja en el marco de los acuerdos no podr, en ningn caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribucin a la Verdad Histrica y a la Reparacin o en contra de terceros. Ley 1424, aprobada en tiempo record

En escasos doce das hbiles, el Gobierno de Santos Caldern y el Congreso de Colombia aprobaron el proyecto de ley con el cual se pretende solucionar la situacin jurdica de los ex paramilitares desmovilizados no cobijados por la ley de justicia y paz.

Radicado el proyecto el 29 de noviembre de 2010, el Congreso lo aprob el 15 de diciembre de 2010 y el 29 de diciembre se convirti en la ley 1424 de 2010 Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparacin a las vctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurdicos y se dictan otras disposiciones.

La aprobacin ocurrida en tiempo rcord deja ver que tambin en este Gobierno, como en el anterior, existen temas de primera y temas de segunda; sectores sociales privilegiados y sectores sociales marginados. Temas de primera como la suerte de quienes engrosaron las filas del paramilitarismo, a quienes se deba evitar a como diera lugar, que fueran a dar a la crcel. Temas de segunda como el abandono social, material y sicolgico de las vctimas de los paramilitares. Sectores sociales privilegiados como los paramilitares, sectores sociales marginados como las vctimas de los paramilitares y los campesinos despojados de sus tierras. Cuntos aos lleva el Congreso haciendo que discute la ley de tierras? Cuntos aos lleva el Congreso haciendo que discute la ley de vctimas?

Sin embargo, como ensea el dicho popular no por mucho madrugar, amanece ms temprano.

Recordemos que la Corte Constitucional dej sin piso la ley 1312 por cuanto autorizaba a la Fiscala y a la Rama Judicial a renunciar a su obligacin de investigar y juzgar, contrariando exigencias de carcter constitucional e internacional de investigar y juzgar crmenes sobre los cuales la impunidad resulta inadmisible. Tal circunstancia motiv el veloz, pero no por ello provechoso, trmite que desemboc en la ley 1424 de 2010.

En el apresurado trmite de la ley, los mercadotecnistas del Congreso le agregaron al proyecto presentado por el Gobierno, que la ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, como si la paz fuera simplemente asunto de resolverle la situacin jurdica a 17 mil 30 mil ex paramilitares, qu ms da la cifra?. La paz perdurable ha de conseguirse como resultado de una sociedad incluyente; una distribucin equitativa de la tierra y de la riqueza, y la construccin de una sociedad verdaderamente democrtica.

Si en la ley 1312 la Fiscala y los jueces renunciaban a su funcin constitucional de investigar y juzgar, en la 1424 la situacin no es muy distinta. Lo que salta a la vista, literalmente hablando, es un enorme conejo que el Gobierno de Santos le pone a la sentencia de la Corte Constitucional. Veamos por qu:

La justicia se convierte en un sbdito del Gobierno Nacional, en tanto, como lo dispone el artculo 6: la autoridad judicial competente, decretar a peticin del Gobierno Nacional, a travs de la Alta Consejera para la Reintegracin o quien haga sus veces, dentro de los diez das siguientes a la presentacin de la solicitud, la suspensin de las rdenes de captura. En otras palabras, quien toma la decisin judicial no es el Juez sino el Gobierno Nacional, con lo cual el Juez pierde su autonoma e independencia. Es decir, el Juez no juzga, el Juez le obedece al Gobierno Nacional, a travs de la Alta Consejera para la Reintegracin o quien haga sus veces.

Tal disposicin contrara el artculo 228 de la Constitucin Poltica que contempla la independencia de las decisiones de los jueces: La Administracin de Justicia es funcin pblica. Sus decisiones son independientes () Su funcionamiento ser desconcentrado y autnomo.

Sin embargo, el mayor reparo se encuentra en el Artculo 4 de la mencionada ley 1424, mediante el cual se crea un Mecanismo no judicial de contribucin a la verdad y la memoria histrica en los siguientes trminos: Crase un mecanismo no judicial de contribucin a la verdad y la memoria histrica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la informacin que surja de los Acuerdos de contribucin a la verdad histrica y la reparacin, y producir los informes a que haya lugar.

La informacin que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artculo no podr, en ningn caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribucin a la Verdad Histrica y a la Reparacin o en contra de terceros. (Subrayado fuera de texto)

Si las confesiones de los desmovilizados no han de servir como prueba en contra de terceros, para qu tomarse la molestia de escucharlos? Lo que aqu se pretende es darle va libre a la impunidad , que fue una de las motivaciones que tuvo la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley 1312.

Con este precepto, las vctimas de los paramilitares vuelven a ser victimizadas, esta vez por el mismo Estado colombiano que cercena su derecho a obtener verdad, justicia y reparacin, violando el mandato del artculo 229 de la Constitucin Poltica de garantizar el derecho de toda persona para acceder a la administracin de justicia.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional considera que La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las vctimas y promover iniciativas de paz, reconciliacin y democracia 1

La esencia de esta ley nos enfrenta a la esencia del Gobierno de Santos Caldern, fiel heredero de la esencia de su patrocinador Uribe Vlez. Por ms de que nos quieran hacer creer que el rgimen es distinto, lo nico que hemos cambiado es de estilo . De capataz de hacienda pasamos a administrador de club de relajacin.

Pero el inters y la voluntad poltica de que la verdad sobre el paramilitarismo permanezca oculta siguen vigentes. El entierro de la verdad permite el florecimiento de la impunidad .

* El autor es abogado de la Corporacin por la Dignidad Humana
Fuente: http://agenciapensamientocritico.blogspot.com/2011/01/el-conejo-de-juan-manuel-santos-otra.html


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