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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-03-2005

3 de marzo de 1976 en Vitoria: un recuerdo a las vctimas del franquismo
El deber de recordar

Jos Arturo Val del Olmo
Rebelin


La Ley de Amnista, aprobada el 15 de octubre de 1977, pretendi convertirse en una ley de punto final respecto de las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil espaola y de los cuarenta aos de dictadura que siguieron. Se relegaba as el Derecho Internacional que no permite la prescripcin ni el beneficio de la amnista cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos.

Con el fin de escenificar la idea de la reconciliacin se proyect un modelo consensuado de Memoria histrica que intentaba equiparar los dos bandos de la Guerra Civil y minusvaloraba el papel jugado por el movimiento obrero y la accin poltica de la oposicin en la progresiva erosin del rgimen franquista. Slo as se puede interpretar que se hayan aplaudido los intentos por juzgar a los responsables de dictaduras como la chilena o la argentina y sin embargo se haya silenciado la renuncia a investigar los crmenes cometidos durante la dictadura franquista. No slo los producidos durante la Guerra Civil y la posguerra sino tambin los que se produjeron a partir de los aos sesenta, en total mas de cien trabajadores y militantes de izquierda asesinados por la polica, la guardia civil o bandas fascistas entre 1976 y 1980. Entre ellos los cinco asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976.

Que la transicin a la democracia fue posible gracias a la lucha constante de la oposicin democrtica se demuestra por el hecho de que el Tribunal de Orden Pblico (TOP), creado como jurisdiccin especial para la represin sistemtica de toda oposicin, continuase actuando hasta enero de 1977. El estudio realizado por el magistrado Juan Jos del guila revela que desde 1974 hasta 1977 el TOP instruy un 60% de todos sus procedimientos judiciales y que el 25% de las causas se siguieron despus de la muerte del dictador desmintiendo as con rotundidad la pretendida voluntad aperturista y democratizadora de quienes entonces estaban en el poder. La gran mayora de los procesados fueron trabajadores y estudiantes menores de 35 aos.

Recuperar la historia de la lucha contra el franquismo es una cuestin de justicia. Implica reconocimiento, social e institucional, y reparacin, moral y material, para las personas que fueron asesinadas, torturadas, perseguidas, encarceladas o despedidas. Implica la accin de los Tribunales de Justicia en el plano jurdico para investigar los hechos y aplicar la legislacin y los convenios internacionales. Implica promocionar el estudio histrico y la divulgacin para dar a conocer los hechos. Implica produccin legislativa y liberar recursos para rejuvenecer los libros de texto recuperando el Estado como mbito historiogrfico, abordando el trnsito de la poca de la dictadura a la de la democracia, y enseando en las escuelas lo que fue la dictadura, su represin y el retraso social, econmico y cultural que impuso al pas.

Mientras que las instituciones republicanas tenan como finalidad la defensa de las libertades civiles y la democracia el rgimen franquista ejecut un plan de exterminio y persecucin poltica que esta documentado en las instrucciones de los generales que se alzaron en armas contra el Gobierno de la Repblica. Un rgimen que fue expresamente condenado por las instituciones internacionales, especialmente por Naciones Unidas cuya resolucin del 12-12-1946 declaraba el carcter fascista del rgimen impuesto por el General Franco y lo equiparaba jurdicamente al nacionalsocialismo alemn y al fascismo italiano.

Pero es el contexto de impunidad que an existe en nuestro pas el que explica la actual inobservancia de los derechos de las vctimas de la represin franquista. Impunidad porque no existe, de hecho o de derecho, responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, ni tampoco responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Por eso la Asociacin de Vctimas y familiares de vctimas 3 de marzo de 1976 ha visto sistemticamente rechazados sus recursos y ha tenido que acudir a instancias internacionales.

Se vulneran los derechos de las vctimas recogidos en el Conjunto de Principios para la Proteccin y la Promocin de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: el derecho a saber; que comprende el reconocimiento de la verdad, el deber de recordar para protegerla de las tergiversaciones de la historia, y el deber de conservar los archivos; el derecho de las vctimas a la justicia, y el derecho a obtener una reparacin econmica y moral.

En ese sentido el acuerdo parlamentario del 1-6-2004, por el que se reclama del Gobierno un Proyecto de Ley de Solidaridad con las Vctimas de la Transicin, representa un paso adelante. En l se debern establecer ayudas econmicas por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, as como facilitar el acceso a datos sobre la represin franquista en archivos pblicos y privados. Deber representar un reconocimiento moral, social y econmico a las vctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la transicin que mejore el acuerdo del Congreso de 20-11-2002, que reconoca moralmente a las vctimas pero no concretaba las ayudas, y que complete el homenaje a las vctimas del franquismo realizado por todos los grupos menos el PP el 1 de diciembre de 2003.

Mientras tanto tenemos el deber de no olvidar que un 3 de marzo la polica disolvi una Asamblea de Trabajadores disparando mas de 2.000 balas, asesinando a cinco trabajadores e hiriendo de gravedad a muchos mas. Unos acontecimientos sobre los cuales el Instituto Universitario de Historia Social Valentn de Foronda y la Universidad del Pas Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, acaban de dictaminar: que existen responsabilidades penales claras y que las decisiones que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas por funcionarios del Reino de Espaa.

Porque la realidad es que, 29 aos despus, las vctimas de aquellos sucesos no han obtenido ningn tipo de reparacin: ni en relacin con los responsables materiales y polticos, porque no se conoce formalmente a ninguno, a pesar de todas las pruebas y grabaciones existentes, ni en relacin con los perjuicios de todo orden causados.



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