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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-01-2011

El Estado contra los comunes en el tipnis

Carlos Crespo Flores
Nueva Crnica


El gobierno boliviano, continuando estrategias gubernamentales previas, declar por Ley No. 3477 de 22/ix/2006, prioridad nacional y departamental la elaboracin del Estudio a Diseo Final y construccin del tramo Villa Tunari San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba Beni, de la Red Vial Fundamental. La carretera tiene una extensin de aproximadamente 306 kilmetros y partir por la mitad el Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure (tipnis), protegida por ley de la Repblica.

El xxix Encuentro Extraordinario de Corregidores del tipnis Autnomo de los Pueblos Indgenas Moxeo, Yuracar y Chimn del 18/V/2010, decidi rechazar contundente e innegociablemente la construccin de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande (punto 1 de la Resolucin N 0001/2010). La resolucin fue una respuesta a la decisin gubernamental de construir la carretera sin seguir los procedimientos tcnicos y legales, como un estudio de impacto ambiental previo y la aplicacin del derecho a consulta de los pueblos indgenas dentro del tipnis, por tanto vulnerando la misma Constitucin Poltica del Estado Plurinacional (cpep) recientemente aprobada, en sus artculos 30 y 343. Debido a estas irregularidades, el Viceministro de medio ambiente y un subalterno renunciaron por negarse a firmar la licencia ambiental (http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2010072601).

Pero existen otros riesgos altamente peligrosos para la existencia misma de los territorios indgenas y los ecosistemas en el tipnis (Molina y Lora, 2010; Molina, 2009; Gavald, 2010); como ha sucedido en otros mega proyectos, la carretera condenar a poblaciones indgenas yuracars, moxeas y chimanes algunas de ellas con escaso contacto con el mundo externo hasta su desaparicin. Por otro lado, la infraestructura vial de conexin destruir irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado, que se perder antes de siquiera determinar su valor1. Ms grave an, detrs de la carretera vendrn, no slo nuevos colonizadores, sino tambin las empresas petroleras, madereras y el narcotrfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular (Gavald, 2003,2010). Asimismo, existen denuncias sobre el alto costo de la construccin de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, adems de no existir informacin detallada y fidedigna al respecto (Los Tiempos, 28 vi 2009). Finalmente, la carretera no slo que es parte de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) (Molina, 2009), donde nuestro rol es meramente como pas de trnsito, sino que facilitar la conexin del Brasil al Ocano Pacfico para el traslado de bienes y servicios, tanto que ser financiada por el gobierno brasilero y construida por una empresa del pas vecino (oas): en agosto del 2009, Evo y Lula firmaron el Protocolo de Financiamiento de la carretera, por 332 millones de dlares2 (abi, 11-iv-2010), reproduciendo de esta manera el llamado subimperialismo brasileo (Perelman, 2005).

Actualmente la poblacin indgena en el tipnis llega a 64 comunidades y aproximadamente 10.000 habitantes en el tipnis, considerada una minora frente a la demanda estratgica del gobierno de Evo Morales y su base cocalera; por ello, est siendo presionada por los liderazgos cocaleros para aceptar la construccin de la carretera, sealando que si no aceptan la carretera no tendrn desarrollo ni atencin del gobierno y tendrn que atenerse a las consecuencias, denunciaba Adolfo Moye, presidente de la subcentral indgena tipnis: desde que sacamos una posicin firme de no permitir el avance de la carretera, los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artculos de primera necesidad (http://www.bolpress. com/art.php?Cod=2010081808).

Neo-extractivismo o historia larga contra los comunes

Eduardo Gudynas considera que estamos asistiendo a nuevo extractivismo progresista (Gudynas, 2010;7), referido a los gobiernos latinoamericanos que desde una matriz de izquierda estn desarrollando estrategias de explotacin intensiva de rrnn, considerado como un necesario camino para salir de la pobreza(y) aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento econmico, que generar beneficios al resto de la sociedad, en una versin de la lgica neoliberal del chorreo (Idem, 2007:7). De hecho, el argumento para profundizar este nuevo golpe de tuerca a la destruccin masiva de ecosistemas, territorios y paisajes, es contar con recursos frescos para financiar la poltica de subsidios. El presidente Evo Morales criticando la postura de la oposicin a la explotacin petrolera en reas protegidas y territorios indgenas, afirmaba en una concentracin: Estn diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya idh, que no haya regalas, pero tambin van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy.

La caracterizacin de neo extractivista al proceso boliviano no toma en cuenta la historia larga del Estado en nuestro pas en contra de los comunes en la naturaleza, es decir las diversas formas de cohesin social e interaccin con el entorno fundadas en principios de bien comn, solidaridad y apoyo mutuo. La pauta que conecta al proceso boliviano actual con la historia larga colonial y republicana, es el paulatino ataque, debilitamiento y hasta destruccin, de la forma comunidad en el acceso y uso de los rrnn. La encomienda colonial y la hacienda colonial y republicana, la reforma agraria del 52, pasando por la Participacin Popular, hasta la ley 2029 que provoc la guerra del agua del 2000, son esfuerzos sistemticos por destruir los comunes, en un continuum en la prctica del Estado y los poderes dominantes, ms all de la ideologa de los gobernantes.

El extractivismo de la poltica de rrnn del Estado boliviano no ha cambiado con el gobierno de Evo Morales, es la reproduccin de la historia larga de destruccin de los comunes de los rrnn y los indgenas de tierras bajas se hallan entre los ms afectados, al final son minoras tnicas que se encuentran en el ltimo eslabn en las jerarquas que ha creado el Estado postcolonial racista en la Bolivia de hoy. Bajo el argumento que son pocos, el gobierno ha decidido explotar los recursos de territorios indgenas y parques nacionales; como sealaba el presidente Morales criticando la resistencia de poblaciones indgenas contra las industrias extractivas:

La derecha usa a algunos hermanos dirigentes para oponerse o para pedir algunos temas que son tan profundos e innegociables: cmo es posible que todas las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de algunos hermanos indgenas; que todas las concesiones madereras, una vez recuperadas, pasen a pequeos grupos del movimiento indgena en Bolivia. Siento que es una forma de oponerse a las polticas que vamos desarrollando (www.Plataformaenergetica.org; 25/vi/2010).
Bibliografa

Arrzola, Elizabeth (2006). Bol 83: Cochabamba diversa, en Peridico Los Tiempos, Cochabamba: Septiembre 2006.

Gavald, Marc (2010). Desarrollismo primero? La cuchillada amaznica; http://rebelion.org/noticia. php?id=108663

Gavald, Marc (2003). La Recolonizacin, Icaria, Barcelona, 2003.

Gudynas, Eduardo (2010). El nuevo extractivismo progresista; Nueva Crnica, 30 de enero al 11 de febrero.

Molina, Silvia (2009). Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: bndes: Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recursos naturales de Bolivia; fobomade; 4 pp.

Molina, Silvia y Lora, Miguel (2010). Costos sociales y ambientales de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; 15 pp.

Perelman, Juan (2005). Pas que compra manda, pas que vende sirve; en Combate. Peridico anarquista. No 7. Otros documentos comunicado a la opinin pblica en defensa del isiboro scure; 1 de agosto 2010, Cochabamba.

1 La carretera pondr en riesgo irreversible a las 438 especies de aves encontradas en el tipnis (de las 470 que existen en el depatamento, que representa el 34 % del potencial nacional) (Arrzola, 2006).

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=562:estadocontra&catid=89:defendamos-el-isiboro-secure&Itemid=110


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