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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2011

Un anlisis desde la izquierda anticapitalista
Crisis del Estado autonmico, reforma constitucional y bloques de poder

Jos Antonio Errejn y Jaime Pastor
Viento Sur


Una encuesta de Pblico de hace unos meses mostraba una mayora de la poblacin favorable a una reforma de la Constitucin. No deberamos engaarnos, sin embargo, sobre el origen y el signo de esta mayora; en un porcentaje muy elevado, esta disposicin est alentada por la campaa de la derecha meditica contra el despilfarro de las autonomas. Es significativo el carcter minoritario de los que en aquella encuesta deseaban, por ejemplo., suprimir el papel de los militares como garantes de la unidad nacional/de la patria o el an ms minoritario de quienes se planteaban fortalecer mecanismos constitucionales como la planificacin de la actividad econmica o postulados como el que proclama que toda la riqueza del pas en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est subordinada al inters general. La reforma constitucional hoy se piensa, seriamente, slo desde la derecha, atrapada la izquierda parlamentaria en ese nimo defensivo y conservador de lo existente y sin fuerzas suficientes en la extraparlamentaria para ir ms all de la reivindicacin nostlgica de la ruptura que no fue con el franquismo.

Un proyecto de reforma constitucional -o, como sera deseable, un nuevo proceso constituyente- solo tiene sentido cuando forma parte de un proyecto poltico, esto es, de un programa de transformacin social (ojo, que tambin los hay de derechas y son los ms frecuentes en los ltimos tiempos) y democrtico radical que incluya, por tanto, el derecho de autodeterminacin- que precisara de modificaciones sustanciales en el ordenamiento poltico y, por tanto, jurdico-constitucional.

En estos momentos ha entrado ya en la agenda poltica el llamado problema de la ineficiencia y las duplicidades en la prestacin de servicios pblicos. Se trata de un hecho verificable pero en absoluto privativo del modelo espaol. Son muchos los Estados de la UE que presentan problemas de duplicidades similares o an mayores que los del Estado espaol con independencia de su carcter simple compuesto. Las ineficiencias de los aparatos de Estado tienen que ver, sobre todo, con sus dficit de funcionalidad con los procesos de acumulacin de capital y reproduccin de la fuerza social de trabajo. Por eso la polmica sobre las ineficiencias del Estado es en realidad tan vieja como el propio Estado capitalista.

En el caso espaol la propuesta que resurge hoy de reforma constitucional se vincula con exigencias de racionalizacin del Estado autonmico, lo que es tanto como decir que se asocia al proyecto, largo tiempo acariciado por la derecha poltica, de revisar los excesos del Ttulo VIII de la Constitucin. Ello no obstante, este proyecto ha ganado nuevos adeptos en las filas de la izquierda institucional y cobra nuevos bros con los argumentos de reducir la fuente de alimentacin de la deuda pblica, a pesar de que es notorio que la misma representa solo el 13% de la deuda total.

Se habla , as, de eliminar las duplicidades e ineficiencias del Estado autonmico y los think tanks de derechas, esgrimiendo la salvaguarda del principio de unidad de mercado (por cierto inexistente en la Constitucin espaola de 1978 pero luego sacionado en una ms que discutible interpretacin por el Tribunal Constitucional)) postulan directamente operaciones de recuperacin de competencias y agrupaciones de Comunidades Autnomas (CC AA) y Comunidades Locales (CC LL) para alcanzar economas de escala que hagan viable la prestacin de determinados servicios.

Es verdad que en todos los sistemas de organizacin territorial no centralista (como, pese a una Constitucin escrita defensora de la indisoluble unidad de la nacin espaola y a las presiones recentralizadoras, es el caso del autonmico) se presentan problemas de gobernabilidad, acentuados en los pases de la UE por la succin hacia arriba que representan la normativa y la accin comunitaria. El federalismo alemn, por ejemplo, ha sufrido frecuentes y continuas reformas hasta el punto de haberse llegado a denominar un federalismo en reforma.

El sistema de distribucin territorial del poder del Estado est fuertemente impregnado, segn el constitucionalismo dominante, por el principio de cooperacin caracterstico de sistemas federales como el alemn o el austriaco, hasta el punto de haber sido calificado de federalismo cooperativo. Siguiendo ese modelo, para instrumentar el mismo desde el comienzo de la andadura autonmica se han puesto en marcha diferentes dispositivos de los que los ms frecuentes han sido los convenios de colaboracin entre el Estado y las CC AA. A travs de ellos se han desarrollado actuaciones muy diversas relacionadas con el ejercicio de competencias concurrentes entre ambas administraciones, pero tambin competencias de coordinacin reservadas a la Administracin General del Estado (AGE), as como la implementacin y el desarrollo de planes y programas operativos financiados con fondos comunitarios

No obstante, todo lo anterior constituye solo un sucedneo de una autntica estructura federal del Estado que el PSOE nunca ha sido capaz de plantear directamente a la sociedad espaola, temeroso de la reaccin de los sectores ms vinculados a la dictadura, permitiendo as que calaran y se convirtieran en sentido comn hegemnico todos los prejuicios espaolistas que han sido patrimonio secular de la derecha ms reaccionaria. Llamamientos como el de Jordi Gracia a que el PSOE abandere una refundacin federalista de la izquierda pueden entenderse desde los efectos amargos de la reciente derrota del PSC en Catalunya, pero carecen de base relevante en el resto del Estado y hasta en el interior del propio PSOE .

Lo pblico y el reparto de competencias, en cuestin


Las duplicidades constatadas y an los solapamientos tienen que ver en un porcentaje muy elevado de los casos con intromisiones directas de la AGE en las competencias de las CC AA, vulnerando de facto el orden competencial en la materia de que se trate y sin que el Tribunal Constitucional haya intervenido de manera efectiva. En el origen de estas intromisiones cabe situar la reticente actitud de una parte importante de la alta burocracia que domina de facto la funcin pblica, contemplando, ms que con desconfianza, con abierta hostilidad el proceso de descentralizacin poltica y poniendo todas los obstculos posibles para que el mismo se hiciera efectivo.

El menor de dichos obstculos no fue, desde luego, la forma en la que se hicieron los traspasos de funciones y servicios correspondientes a las competencias asumidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonoma y, muy en particular, el mtodo utilizado para calcular el coste efectivo de los servicios a traspasar. En aplicacin de dicho mtodo, en cuyos pormenores no podemos detenernos, una buena parte de los servicios ha sido traspasada a las CC AA en una situacin claramente deficitaria, incluso si se tiene en cuenta que su nivel de prestacin en el momento del traspaso era muy bajo. Esto ha conducido a las administraciones autonmicas, necesitadas de legitimacin social a toda costa, a financiar esos dficit de la forma que fuera, en ocasiones poco ortodoxas y recurriendo a la contratacin externa y hasta el endeudamiento (lo que en teora es ilegal) para financiar gastos corrientes.

Una crtica muy extendida a las CC AA es el peso excesivo de sus gastos corrientes sobre el total de sus presupuestos. Al respecto hay que recordar que estas AA PP son las responsables de la prestacin de la prctica totalidad de los servicios sociales financiados en su totalidad con cargo a este tipo de gastos, interesadamente calificados de improductivos por la derecha puesto que, incluso en trminos puramente econmicos ,su condicin de gastos sociales tiene por efecto aumentar la renta disponible de los hogares aumentando la demanda agregada en niveles de renta con una alta propensin al consumo, que ha sido, como es sabido, el motor fundamental del crecimiento y el factor explicativo del prolongado estancamiento actual.

Desde diversos sectores de la funcin pblica estatal se acusa a las CC AA de privilegiar a sus empleados con retribuciones ms elevadas que las del Estado. Las retribuciones bsicas de los mismos ,por esa su condicin, son las mismas en cualquier administracin, siendo en las retribuciones complementarias donde pueden encontrarse diferencias. Corresponde a cada administracin pblica establecer sus prioridades y a su respectivos electorados convalidar o rechazar esas prioridades polticas. Los salarios de los empleados pblicos han sido objeto de fuertes y continuos ajustes para cumplir las condiciones de convergencia primero y, luego, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Eurogrupo ha llevado a un fuerte deterioro de la funcin pblica que es aprovechado -no solo por el PP- para legitimar los continuos procesos de externalizacin y privatizacin. No olvidemos que en el proyecto privatizador de la CEOE, de Manifiestos como el promovido por la Fundacin Everis y de la derecha poltica el deterioro de la funcin pblica es la condicin para operar el tan ansiado adelgazamiento de los servicios pblicos.

No seremos tan ingenuos como para suponer que estos mayores gastos corrientes y de personal expresan la voluntad de los gobiernos autonmicos de oponerse a la oleada privatizadora de la que algunos son adalides. Porque lo cierto es que la construccin del Estado autonmico ha coincidido en el tiempo con la ofensiva desamortizadora desplegada a nivel global por el capital y la derecha y que tal coincidencia se ha traducido en una cierta contradiccin entre ambas tendencias. El desarrollo del por otra parte raqutico Estado del Bienestar desde la dcada de los 80 del pasado siglo se ha hecho al paso de la construccin de las administraciones autonmicas de modo que por lo que concierne a algunos servicios sociales, sus beneficiarios no pueden tener memoria de tales antes de la puesta en marcha de la administracin autonmica. Esa y no otra es la razn por la que la derecha, la patronal y la gran banca arremeten contra las ineficiencias de las autonomas de las que, por cierto ,algunos sectores sacan abundantes ganancias como es el caso de las corporaciones sanitarias ,beneficiarias claras de las polticas externalizadoras de los gobiernos regionales del PP desde luego, en Madrid y la Comunidad Valenciana, pero tambin en las del PSOE (Baleares y Andaluca).

Es indudable la emergencia de bloques regionales de poder de naturaleza oligrquica y en buena medida integrantes del bloque histrico inmobiliario rentista que ha dominado el pas desde la dcada de los sesenta del pasado siglo. Estos bloques, claramente visibles en las CC AA gobernadas por el PP como Pas Valenci y Murcia, pero presentes tambin con otra conformacin social en las gobernadas por el PSOE, se articulan sobre la pervivencia de estructuras de poder provenientes del franquismo y renovadas en su etapa desarrollista. Esto explica, junto a otros factores, la incorporacin de toda la derecha al PP, as como la influencia de la derecha ms directamente franquista en el rumbo de la poltica efectivamente realizada.

La estructura del Estado Autonmico le ha venido de perlas a esa derecha de matriz franquista, bien implantada en el territorio y en la sociedad civil, a la que ha impregnado con sus valores, su cultura y sus prejuicios sin que las polticas democrticas hicieran nada por impedirlo. La moderada desconcentracin competencial que planificaron los profesores de Derecho Administrativo del Opus Dei en los gobiernos de Franco (Lpez Rod, Meiln Gil, etc.) se ha consumado asfixiando as las aspiraciones de autodeterminacin de gallegos, vascos y catalanes, renovando las bases territoriales del poder oligrquico caracterstico de la monarqua borbnica y cerrando el paso al proceso histrico de reapropiacin del protagonismo colectivo por los distintos pueblos ibricos, tmidamente apuntado en la poca de la II Repblica.

Qu propuestas desde la izquierda?


El debate sobre el Estado de las Autonomas es, por supuesto, mucho ms que un debate constitucional o entre constitucionalistas y la derecha lo ha sabido ver as hace tiempo. Es un debate sobre el Estado, sobre sus funciones y su sostenimiento. Lo que de verdad importa es qu cosas hace el Estado, cmo las hace, para quin las hace y quin o quines pagan los costes del actuar del Estado. La mejor arquitectura constitucional no vale nada si no est orientada a la respuesta a este tipo de problemas que la derecha, insistimos, ha orientado correctamente en funcin de los intereses histricos del bloque social a los que sirve y que pretende unificar.

Desde el punto de vista de la izquierda, es decir desde el que tiene que ver con la construccin de un bloque social y plurinacional antagnico al bloque social dominante en la segunda mitad de siglo XX y lo que llevamos del XXI, esta arquitectura constitucional tendra que partir de un previo reconocimiento del derecho de autodeterminacin de los pueblos que lo soliciten y de una propuesta de un pacto entre iguales que permitiera cumplir bsicamente, adems de garantizar el reflejo institucional, simblico y competencial de nuestra realidad plurinacional y regional, las siguientes funciones:

1) Contrarrestar las asimetras de poder favorables a las clases posesoras de los medios de produccin y distribucin, de las finanzas y los servicios, al gran capital inmobiliario y financiero, a las corporaciones dueas de los sectores principales de la energa, la construccin, el agua, los transportes, etc., en beneficio de las capas asalariadas y subalternas. 2) Democratizar las relaciones sociales en los diferentes mbitos, en particular en los de la produccin, la distribucin y el consumo, con efectos sobre el entorno natural, el uso de lo recursos naturales y los bienes comunes.

El Estado autonmico no ha cumplido ninguna de estas funciones: -No ha mejorado la distribucin de riqueza, ya que los ndices de desigualdad son superiores a la media de la UE-15 -No ha mejorado el acceso a derechos como vivienda, medio ambiente o trabajo -No ha impedido el deterioro del medio ambiente, con muy bajos niveles de calidad de vida en las ciudades y la degradacin de los recursos naturales con ecosistemas frgiles amenazados -El ejercicio de derechos y libertades ciudadanas se ha visto seriamente recortado no slo con legislacin de excepcin (como la Ley de Partidos) sino tambin con el endurecimiento del Cdigo Penal y el acoso a poblacin trabajadora de origen no comunitario; adems, se han aadido los efectos de restriccin material de los mismos debidos al incremento del paro y la precariedad -El funcionamiento del propio Estado no slo no se ha democratizado sino que han proliferado los factores de oligarquizacin e instrumentalizacin de las Administraciones Pblicas al servicio de intereses privados, ligados con grupos sociales poderosos en el mundo econmico

La legitimidad principal de un proceso que avance hacia un federalismo plurinacional y solidario reside en la posibilidad de que el mismo se convierta en fuente de vigor para la democratizacin de la poltica en general. En este pas ese proceso se ha visto bloqueado desde el principio por los aparatos de los partidos de gobierno,los dos partidos nacionales PSOE y PP, a los que se han sumado ,segn las coyunturas, Convergncia i Uni, Coalicin Canaria y, aun con sus zigzags, el Partido Nacionalista Vasco. En realidad, la construccin de las administraciones autonmicas ha funcionado como vector fundamental de robustecimiento de los propios aparatos partidarios en los mbitos territoriales, ayudando a cimentar una implantacin y una hegemona de la que en absoluto disponan (salvo el PNV) en los albores de la democracia. Con la esperanza de ocupar cargos polticos en la nacientes y pronto frondosas burocracias autonmicas, muchas personas jvenes han engrosado las filas de estos partidos de gobierno que se convierten as en agencias de colocacin para los ms ambiciosos y menos escrupulosos de las nuevas generaciones.

Esta instrumentalizacin de la actividad poltica ha favorecido, adems, la aparicin de casos frecuentes de colusin entre intereses privados y el desempeo de la actividad pblica, as como la prctica de la puerta giratoria, el paso de los negocios a los gobiernos y viceversa, en una dinmica que ha intensificado la propensin de los gobernantes a colocarse en el punto de vista de los negocios, sobre todo en el de los grandes negocios, contemplado en lo sucesivo como la mejor expresin del inters general.

Esta ha sido la base de los bloques regionales arriba descritos, de los que pueden citarse ejemplos en los citados partidos de gobierno: el nacionalismo hidrulico en Murcia y la Comunidad Valenciana en el caso del PP, los delirios de construccin de infraestructuras intiles arrastrando a Cajas de Ahorro en Castilla la Mancha, la prctica generalizada de las comisiones ilegales en el anterior gobierno de CiU en Catalunya y en el del Asturias, etc.

La conversin de los partidos en agencias de colocacin ha acelerado adems su conversin en aparatos del Estado. En adelante, sus afiliados se consideran a s mismos personal del Estado separado de la sociedad civil, a la que dicen o pretenden representar y sobre la que cada vez ms ejercern un papel de vigilancia para detectar la emergencia de cualquier episodio de movimiento autnomo para cooptarlo o para neutralizarlo

Es sta la percepcin que sobre el Estado autonmico ha ido calando en la opinin pblica, preparndola para la siembra de la propaganda de la derecha meditica que los ha presentado como inherentes a toda descentralizacin poltica y opuestos al rigor y la eficacia de la burocracia franquista(!). As, el bloque social conservador levantado sobre las expectativas de aprovechamiento de los recursos de las administraciones territoriales, cuando se pincha la burbuja del mundo feliz del negocio inmobiliario que ha alimentado en buena medida el metasttico crecimiento de las administraciones territoriales, se vuelve contra el propio Estado autonmico al que de pronto descubre causante del despilfarro y la ineficiencia que no advirti en la poca de las vacas gordas y el negocio fcil: cuando todas los Correa se llenaban los bolsillos con las adjudicaciones amaadas de las administraciones autonmicas. Las clases subalternas,por su parte, lo contemplan como un juguetito de los polticos destinado a engordar el pesebre de la clase poltica

Parece, pues, que la derecha puede llegar al poder con un proyecto de reforma efectiva de la Constitucin, consciente de que han madurado las condiciones y dispone de una base social suficiente para poner en cuestin el acuerdo que tuvo que suscribir en 1978 con el fin de integrar a la izquierda; sa es ahora su segunda transicin: lograr una reforma de la reforma.

Es en este contexto en el que hay que enmarcar el debate suscitado por los medios de la derecha meditica sobre los costes del Estado autonmico. Pero tambin en el marco de la tendencia del capitalismo, en la poca de su ms profunda crisis, a encontrar reas de negocio en espacios sociales de demanda segura como son los que previamente ha abonado el Estado del Bienestar con su creacin de derechos sociales y prestacin de servicios. El negocio de la atencin a la dependencia es solo el ltimo ejemplo de esta tendencia del capitalismo y la derecha a convertir derechos en mercancas.

La existencia de esos sectores econmicos beneficiarios de las polticas privatizadoras de los dos partidos de gobierno ha robustecido las coaliciones poltico-sociales y los bloques regionales de poder que de alguna manera cierran el paso a la participacin de otros grupos en el reparto de los cuantiosos presupuestos de las administraciones autonmicas. Detrs de las protestas contra los obstculos a la libre circulacin de los factores productivos y a la unidad de mercado se encuentran las posiciones ligadas a los ms poderosos grupos empresariales que denuncian las componendas regionales de estos bloques de poder. Unos y otros, grandes, medianos y pequeos grupos empresariales claman por quedarse con el negocio que representan las prestaciones sociales que hoy son prestadas por la administraciones territoriales (no slo CC AA sino tambin ayuntamientos, diputaciones y cabildos) convertidas, tras la adecuada reforma institucional, en mercancas provistas por el mercado.

Hacia una recentralizacin del Estado?


Los redactores de estos comentarios no votamos la Constitucin del 78 ni tampoco sus procedimientos de reforma. Pero es lo cierto que es el marco en donde se desenvuelve la vida poltica en el Estado espaol y, por tanto, en donde la izquierda anticapitalista est obligada a moverse, siempre, eso s, con la aspiracin a trascenderlo o superarlo mediante un nuevo proceso constituyente. El debate sobre la posible reforma constitucional afecta sobremanera la vida de la gente trabajadora y es por eso una tarea insoslayable para la izquierda anticapitalista intervenir en l con sus propias propuestas transitorias en el marco y la perspectiva de un proyecto histrico de superacin del capitalismo.

La vuelta a un Estado nacional centralizado es un proyecto de la derecha y de una parte del PSOE buscando para ello apoyarse en una base social atemorizada por los efectos de la globalizacin neoliberal y contando adems con el aval de sentencias como la del Tribunal Constitucional sobre el nou Estatut cataln. Es un proyecto reaccionario que suea con un Estado fuerte, los unos para cobijar el desarrollo de un capitalismo espaol competitivo (ah se ve el alcance lberal de la derecha espaola) y los otros ,adems, porque confan en que un Estado fuerte permita hacer crecer entre su electorado la falsa ilusin de que pueden volver los viejos y buenos tiempos de las polticas redistributivas y ,con ellas, el auge de la socialdemocracia.

Enfrente est una variadsima constelacin de posiciones que van desde el independentismo atemperado de la derecha catalana (y, aunque con matices, vasca), que aspira a un tratamiento de Estado libre asociado porque desea mantener las favorables condiciones del mercado espaol, hasta las posiciones de quienes querran aprovechar los procesos de secesin del Estado espaol para agrietar la dominacin del capitalismo global.

Creemos haber mostrado de forma suficiente la forma en la que el Estado autonmico ha hecho posible la formacin de bloques regionales de poder y con ellos la oligarquizacin de la poltica espaola y la conversin de los partidos polticos en aparatos de reclutamiento de personal dirigente del Estado al servicio de los negocios.

La pugna es, por tanto, interna al bloque social dominante y sus distintas fracciones y elites pero no por ello indiferente a los intereses de la gente trabajadora y los pueblos del Estado espaol. Es tarea de la izquierda anticapitalista denunciar los intereses que hay detrs de estos proyectos y proponer respuestas comunes y alternativas tanto en el plano social como en el de la defensa firme de los derechos de los pueblos.

Fuente: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3542


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