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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-02-2011

EEUU, el gobierno de Zapatero y el caso Couso

Enrique Santiago Romero
Mundo Obrero


Los denominados papeles de Wikileaks, la publicacin de cientos de miles de telegramas remitidos por distintas embajadas de los EEUU al Departamento de Estado en Washington, han puesto de manifiesto no solamente la unilateralidad de la actuacin de la diplomacia de los EEUU, que trabaja con absoluto desprecio no slo a la comunidad internacional en general, sino tambin con respecto a los pases que considera sus aliados, tambin las tareas de espionaje que este pas ha realizado sobre sus enemigos, sus aliados e incluso organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Los cables han puesto de manifiesto aspectos que ya intuamos: que la ocupacin de Irak ha sido sangrienta y ha provocado cientos de miles de victimas entre la poblacin civil; que los EEUU han venido priorizando sus intereses econmicos en detrimento de los de sus aliados, incluso cuando se ha tratado de alcanzar acuerdos comerciales con pases considerados integrantes del eje del mal teorizado por las administraciones estadounidenses; y que los EEUU han venido manteniendo, estimulando y apoyando a numerosos regimenes criminales que han actuado en defensa de los intereses de la gran potencia.

Los cables relatan, por ejemplo, queel gobernador del Banco de Espaa, Miguel ngel Fernndez Ordez paladn del neoliberalismo en nuestro pas-, entregaba informacin a la Embajada de EEUU en Madrid sobre las empresas espaolas que invertan en Irn, informacin que los EEUU han utilizado para presionar a estas empresas, obligndolas a renunciar a esas inversiones, no tanto para provocar un boicot econmico sobre ese pas como para posibilitar que dichas inversiones fueran realizadas por empresas estadounidenses. Segn los papeles de Wikileaks, el patriotismo liberal y servilismo del gobernador MAFO y su equipo les ha llevado hasta extremos tales como bordear el delito de traicin previsto en el articulo 584 de nuestro Cdigo Penal.

Sin duda alguna, los cables ms bochornosos para el gobierno espaol han sido los relacionados con las tres causas judiciales que se instruyen en la Audiencia Nacional relacionadas, ms directa que indirectamente, con la denominada guerra contra el terrorismo que puso en marcha la administracin Bush tras el 11-S con el fin de acabar con el Derecho Internacional y la capacidad de regulacin e intervencin en los conflictos mundiales de las Naciones Unidas. Espaa aparece as como cmplice sumisa en la ejecucin de esa difusa guerra contraterrorista en cuyo nombre se ha asesinado a cientos de miles de personas, se han ocupado pases y usurpado recursos naturales, y se ha privado de derechos fundamentales a miles de personas a lo largo de todo el planeta, generalizando practicas criminales como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o la desaparicin forzosa. Una clara manifestacin del talante de nuestro Gobierno.

Los casos denominados vuelos de la CIA secuestro y traslado ilegal de personas desaparecidas a Guantnamo u otras prisiones ilegales con el fin de ser torturadas-, Guantnamo causa seguida contra el presidente Bush y sus colaboradores por la aprobacin de normas pseudolegales que pretendan legitimar el incumplimiento sistemtico del derecho internacional y la vulneracin generalizada de los derechos fundamentales de las personas- y el caso Couso crimen de guerra cometido contra los periodistas no-empotrados en el ejrcito de los EEUU que cubran la invasin de un Irak donde nunca aparecieron las armas de destruccin masiva- fueron seguidos de cerca e intervenidos por la Embajada de los EEUU, presuntamente contando para ello con la connivencia, si no la colaboracin, de gobernantes, cargos pblicos y funcionarios de la Fiscala espaola.

La torpeza cometida por Wikileaks al poner esa informacin nicamente a disposicin de cinco grandes medios de comunicacin escritos del mundo, que responden ms a sus propios intereses empresariales que a la obligacin tico-periodstica de respeto a la imparcialidad informativa y la difusin de informacin veraz a los ciudadanos, ha provocado que no conozcamos a fecha de hoy ni un 10% del contenido de esos cables, y que la informacin que conozcamos sea previsiblemente la menos comprometida para gobernantes y mercados. De hecho, llama la atencin la escasa informacin publicada sobre la intervencin de los Estados Unidos y de sus multinacionales en la crisis mundial desatada por la especulacin sin lmites cuyo epicentro se situ en las hipotecas-basura esadounidense que desde hace una dcada vienen contaminando impunemente la economa de todo el mundo. La informacin sobre la guerra econmica desatada por los Estados Unidos contra la comunidad internacional, a la par que su ms conocida guerra contra el terrorismo, parece no tener suficiente inters informativo a la vista de las clamorosas omisiones de publicacin cometidas por los cinco grandes medios impresos depositarios de la informacin obtenida por Wikileaks

A fecha de hoy, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos ni los funcionarios o altos cargos gubernamentales espaoles mencionados en las comunicaciones difundidas por Wikileaks han negado la veracidad de los hechos, habindose limitado a matizar lo publicado, negar la existencia de responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones y restar importancia a dichas informaciones.

De hecho, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, lejos de negar el contenido de dichos telegramas o comunicaciones, ha afirmado cnicamente que la publicacin de los mismos constituye un grave dao para la comunidad internacional -cuando lo que realmente constituyen un grave dao a la comunidad internacional son las actuaciones criminales y conspirativas de las distintas administraciones de EEUU, segn se desprende de los cables-, de donde se podra deducir que el Departamento de Estado de los EEUU otorga absoluta veracidad a lo publicado. Las manifestaciones posteriores del ex embajador de EEUU en Espaa, sr. Aguirre, tambin confirman contundentemente el contenido conocido de los cables emitidos desde la Embajada en Madrid.

Sin duda alguna, la causa judicial donde ms ha quedado en evidencia la sumisin de nuestros poderes pblicos a los intereses de los EEUU ha sido el denominado Caso Couso. Que valore el lector por s mismo, a la vista de la cronologa de los cables, el patriotismo de nuestros gobernantes y su defensa de la soberana nacional frente a la injerencia en nuestro asuntos de la potencia mundial hegemnica:

- El encargado de negocios de la embajada de EEUU en Espaa, Robert Manzanares, habl con el secretario de estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaa, Bernardino Len, el 22 de julio de 2004, para entregarle una carta del entonces Secretario de Estado de EEUU, Collin Powell, al ministro de Asuntos Exteriores espaol, Moratinos, sobre el caso Couso, todo ello en respuesta a una carta previa del ministro Moratinos. Manzanares pidi a Bernardino Len que se evitar cualquier acusacin a tres militares de EEUU a consecuencia del asesinato del cmara espaol y esperaban los EEUU- que, en caso de que el juez acusara formalmente a los militares de EEUU por dicho asesinato, el Ministerio de Asuntos Exteriores espaol se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposicin (telegrama n 19029).

- 21 de octubre de 2005. El embajador de los EEUU en Espaa, Eduardo Aguirre, afirma: Los ministros espaoles estn trabajando para que no prosperen las rdenes de detencin internacional. Dicha afirmacin la realiza el embajador tras haber hablado con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernndez de la Vega, con el entonces ministro de Justicia, Juan F. Lpez Aguilar, y con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ngel Moratinos (Telegrama n 43323)

- El 19 de octubre de 2005 el juez instructor del Juzgado Central de Instruccin. n 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordena la detencin internacional con fines de extradicin de los tres militares de EEUU que intervinieron en la muerte del cmara Jos Couso. El mismo da 19 de octubre el ministro espaol de Justicia, Juan Fernando Lpez de Aguilar, llama por telfono al embajador Aguirre y le indica que el Ejecutivo pondra todo su empeo en cuestionar la decisin del juez basndose en argumentos tcnicos (telegrama n 43323).

- El mismo da 19 de octubre de 2005 se produce una llamada del ministro Moratinos al embajador de EEUU, Aguirre. Segn afirma este ltimo en relacin con dicha llamada: Mara Teresa Fernndez de la Vega est implicada en el tema y, si el magistrado arreglaba las cuestiones tcnicas, el Ejecutivo pasara a apelar la resolucin (telegrama n 43323).

El anterior telegrama indica: en pblico ambos ministros mostrarn respeto por la decisin de los jueces,de donde parece deducirse que ambos ministros le haban indicado al embajador que en privado actuaran de distinta forma.

- Telegrama remitido por el embajador Aguirre al Departamento de Estado de los EEUU el 22 marzo de 2006, despus de que el 10 marzo de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara por primera vez el caso Couso. Previamente, el embajador Aguirre se rene con lavicepresidenta del Gobierno espaol, Sra. Fernndez de la Vega, el 21 de marzo de 2006, y tras esa reunin enva el citado telegrama, en el que se afirma: Mara Teresa Fernndez de la Vega dice a Aguirre que Conde Pumpido le ha informado de la excelente cooperacin de la que haba disfrutado por parte de la embajada y autoridades espaolas para ayudar a concluir el caso (Couso) Telegrama n 57678.

- Telegrama n 92692: Se indica en el mismo que, tras la primera resolucin del Tribunal Supremo espaol de 14 diciembre 2006 ordenando reabrir el caso Couso, la embajada de EE.UU. intensifica sus contactos con polticos y fiscales espaoles para desactivar el proceso.

- Telegrama de la Embajada de EEUU de 18 enero de 2007, numero 93036. Se indica lo siguiente: diplomticos de la seccin poltica y consular de la Embajada de EEUU se reunieron con el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el da 18 enero 2007 para sensibilizarlo de la preocupacin de EEUU sobre este proceso. Se indica en el telegrama que Zaragoza explica que es consciente del inters y compromiso de Cndido Conde Pumpido en el asunto, aadiendo el telegrama que Zaragoza entiende claramente las implicaciones polticas y el caso y que anticipa que proceder con el cuidado que ha dicho que tendra. Y sigue el telegrama: Conde Pumpido recomend al embajador Aguirre que contestara las peticiones del juez Pedraz, aunque fuera de forma superficial, para minar los argumentos de Pedraz de que EEUU no estaba colaborando.Contina el telegrama: Conde Pumpdo expres su convencimiento de que Espaa no tenia jurisdiccin sobre el caso y anticip que ste no iba a llegar a ninguna parte. En las fechas en que se producen la reunin indicada y el envo del telegrama citado, haca un mes que el Tribunal Supremo espaol se haba pronunciado favorablemente sobre la existencia de competencia por parte de los tribunales espaoles para investigar el caso Couso y haba ordenado la reapertura de la querella acordada por la Audiencia Nacional, reponiendo as el procesamiento y las rdenes de busca y captura dictadas contra los tres militares de EEUU. Aguirre indica en el telegrama que el Gobierno espaol buscara una va para acabar con el caso de forma silenciosa apelando a argumentos tcnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso

- 25 enero de 2007: El Fiscal General del Estado, Cndido Conde Pumpido, se rene con el embajador Aguirre. El 26 de enero Aguirre enva un nuevo telegrama al Departamento de Estado de EEUU indicando: Conde Pumpido asegur a Aguirre que aunque no hay nada que el gobierno espaol pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarn oponindose a las ordenes de detencin de los tres militares de EEUU, as como a los intentos de embargar bienes estadounidenses conectados con el proceso.

Antes de esto, el 11 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo espaol orden por primera vez reabrir la causa y rechaz los argumentos de archivo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

- Telegrama de 8 de febrero de 2007, numero 95857: Aguirre indica: Como en anteriores comunicaciones con el Gobierno espaol sobre este tema, nos comprometeramos de manera informal con ellos para evitar cualquier percepcin pblica de que estamos ejerciendo presin sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial.

- 27 abril de 2007: el juez Santiago Pedraz acuerda nuevamente el procesamiento de los tres militares de EEUU implicados en el asesinato de Jos Couso. Ese da la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, llama al embajador Aguirre, indicndole, tal y como Aguirre escribe en un nuevo telegrama dirigido al Departamento de Estado de EEUU, que en el Ministerio haban trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso (telegrama n 106159).

En ese telegrama el Embajador Aguirre aade: Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno espaol para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EEUU.

10 de mayo de 2007: Se produce una reunin de Hugo Llorns -segundo de la embajada de EEUU en Espaa y embajador de ese pas en Honduras en junio de 2009 cuando se perpetr el golpe de Estado contra el presidente Zelaya- con Julio Prez Hernndez, entonces secretario de estado de Justicia. Segn el telegrama de la Embajada de EEUU n 107903 de fecha 11 de mayo, Llorns afirma que Prez Hernndez le aseguro que el Gobierno de Espaa trabajara con el de EEUU para asistirle en el proceso". Dijo que el Ejecutivo comparta la preocupacin de Hugo Llorns, que l (Prez Hernndez) seguira cada paso que se diera en el procedimiento y que estara en contacto con la embajada.

- El da 11 de mayo de 2007 la Fiscala de la Audiencia Nacional interpone recursocontra el nuevo auto de procesamiento de los tres militares de EEUU dictado por el juez Santiago Pedraz. El da 14 de mayo el Fiscal Javier Zaragoza llama a la embajada de EEUU para informarles del recurso, segn se indica en el telegrama de la Embajada de EEUU de 14 mayo de 2007, n 108128. Indica tambin ese telegrama : El adjunto al director general de Poltica de Defensa comunic la semana anterior a la Embajada que su Ministerio apoya totalmente la posicin oficial estadounidense en el caso Couso.

En el Informe no clasificado de la Embajada de EEUU en Espaa al Departamento de Estadio de EEUU de fecha 11 de mayo 2007, se afirma: De la Vega seala a Aguirre que una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso.

- Informe confidencial de 14 de mayo de 2007 de la Embajada de EEUU en Espaa remitido al Departamento de Estado de EEUU: El 30 de abril Aguirre se vio con la vicepresidenta Fernndez de la Vega, quien le asegur que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atencin los ms altos cargos del gobierno espaol.

- Informe confidencial de 25 de mayo 2007 de la embajada de EEUU en Espaa a Condolezza Rice, secretaria de Estado de EEUU: Queremos una continua vigilancia y cooperacin por parte del Gobierno espaol hasta que el caso sea archivado.

- Telegrama del embajador Aguirre a la entonces Secretaria de Estado de EEUU, Condoleza Rice, de fecha 1 de junio de 2007 (telegrama n 109781 de la Embajada de EE.UU.). Se afirma en dicho telegrama: El Gobierno de Espaa haba ayudado entre bastidores a que la fiscala apelara las decisiones del juez.

- El 18 de julio de 2007 se produce un almuerzo del Fiscal General del Estado Conde Pumpido con el embajador Aguirre. En el Cable de la Embajada de EEUU en Espaa de fecha de 19 de julio de 2007, n 115995, se afirma: Conde Pumpido ha dicho que continuaba haciendo lo que poda para que el caso fuera archivado, a pesar de la presin de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa.

Adems de causar bochorno y vergenza ajena la lectura de los anteriores telegramas, los hechos y conversaciones en ellos relatados de ser ciertos, aunque fuera parcialmente, podran tener relevancia penal conrespecto a los funcionarios y altos cargos pblicos a los que se les atribuyen las actuaciones en ellos relatadas. Nuestro ordenamiento criminal persigue a quienes ayudarana los presuntos responsables de un delito a eludir la investigacin de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, lo cual sera an ms grave si estos presuntos responsables de un delito lo fueran por haber cometido un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio, como es el caso Couso.

ste es el deleznable panorama que nos han mostrado los cables de Wikileaks. Nada que no intuyramos a la vista de las actuaciones cotidianas de nuestros gobiernos, ms preocupados por cumplir los dictados de los mercados que por defender los intereses de sus ciudadanos, pero que ponen de manifiesto quines y desde dnde se dictan las actuaciones que posterior y sumisamente realizan gobiernos supuestamente depositarios del mandato soberano otorgado por el pueblo.

Enrique Santiago Romero. Secretario de Derechos Humanos del PCE.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR



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