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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-02-2011

Importancia del Derecho Internacional Humanitario
Utilizar el Derecho regulador de la guerra para construir la paz

Enrique Santiago
Rebelin


I. CONTEXTO

Tras la cada el Muro de Berln y la desaparicin de los bloques militares de la Guerra Fra, se inicia un periodo de expansin del Derecho Internacional como herramienta de regulacin de la convivencia de una Sociedad Internacional que cree que es posible construir un sistema de relaciones internacionales fundamentado en el multilateralismo. El Derecho Internacional se convierte en la principal herramienta de expansin del Multilateralismo frente al unilateralismo pretendido por la potencia vencedora de la guerra fra.

Tambin el Derecho Internacional se convierte en herramienta de expansin de la justicia universal como mecanismo eficaz para combatir la perpetracin de crmenes de lesa humanidad y como herramienta para defender la prevalencia del carcter de Ius Cogens del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del DIH.

La entrada en vigor del Convenio de Roma que establece la Corte Penal Internacional es un paso ms, incipiente aun, para establecer una jurisdiccin planetaria que prescriba y persiga eficazmente todos los ilcitos de derecho internacional.

Esta tendencia, sin llegar a consolidarse se invierte y trunca tras los atentados del 11 de Septiembre 2001 en Nueva York. El ataque terrorista a la Torres Gemelas proporciona a los EEUU la escusa necesaria para, bajo la denominacin de Guerra contra el terrorismo, poner en marcha una serie de medidas para truncar la expansin del Derecho Internacional como herramienta de convivencia civilizada de una Sociedad Internacional multilateral. La Administracin Bush persigue volver a la unilateralidad que permita a la nica potencia internacional sustraerse al cumplimiento del Derecho Internacional.

La Guerra contra el terrorismo no es mas que la actualizacin y elevacin a categora de pseudo derecho internacional de lo que fueron los principios bsicos de la denomina Doctrina de la guerra contrainsurgente o Doctrina de la seguridad nacional que reg de dictaduras y victimas inocentes el norte de frica, Indochina y el continente americano, desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra fra.

El Enemigo interno asimilado a la poblacin civil, se nos equipara ahora a los insurgentes que ejercen el derecho a la rebelin contemplado en el Prembulo de la Declaracin Universal de los DDHH de 1948, a cuyo efecto se construye la ilcita categora del combatiente ilegal al que supuestamente no alcanzaran las previsiones de proteccin del DIH o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La existencia de un enemigo difuso crea las condiciones para proceder a una limitacin generalizada de los derechos y garantas que respecto a todas las personas se contemplan tanto en el derecho Internacional como en el derecho interno de los regimenes constitucionales.

La Guerra contra Al Qaeda configura el escenario internacional de Guerra contra el Terrorismo, mxima expresin de esta tendencia. El conflicto colombiano es a su vez el escenario elegido por los EEUU, para implementar esta doctrina de guerra contra el terrorismo en la region que siempre ha considerado como su patio trasero: America Latina.

La criminalizacin de la disidencia y la resistencia poltica y social, adems de cuestionar el consagrado derecho de Rebelin de los pueblos contra los tiranos y las injusticias, es el ejemplo mas evidente de la involucin democrtica que acaba posibilitando la existencia de las denominadas listas de organizaciones terroristas, instrumentos alegales utilizados por demasiados estados para consolidar la tendencia post 11-S de obviar el carcter imperativo del derecho Internacional.

Si el conflicto colombiano ha sido clave en esta involucin jurdica y en la prdida de calidad democrtica operada bajo la cobertura de la guerra contra el terrorismo, tambin deber ser clave en la estrategia que los demcratas del mundo deben llevar adelante para conseguir vencer la estrategia que los EEUU llevan adelante contra la Comunidad Internacional a travs de la anulacin del derecho Internacional.

II.- MARCO CONCEPTUAL

El DIH no es un dogma. Es una herramienta para la regulacin y humanizacin de los conflictos armados y puede ser utilizado como herramienta de resolucin de conflictos y de regulacin de la convivencia en el marco de estos conflictos. Puede ser utilizado para construir Paz y nunca puede servir de excusa para no sentarse los contendientes a hablar o para continuar la guerra.

Las categoras jurdicas de Beligerantes, o combatiente no pueden por tanto ser anulados a travs de la imposicin o insercin lo que supondra la reduccin y simplificacin de una situacin compleja- del concepto de terrorismo en el seno de un conflicto armado interno o internacional.

Reafirmemos las siguientes ideas:

1.- Colombia padece un Conflicto Armado Interno de larga data, originado en causas polticas, sociales y econmicas.

El conflicto armado interno se distingue en el Derecho Internacional Humanitario por cumplirse tres requisitos de no internacionalidad:

1.- Su desarrollo se verifica dentro de las fronteras de un estado.

2.- Al menos una de las partes no tiene cualidad estatal.

3.- Parte de las luchas armadas que se ejecutan, se regulan o debieran regularse por las normas jurdico-internacionales.

2.- Beligerantes y combatientes: La resistencia al reconocimiento de la categora de beligerancia a la insurgencia en el marco del conflicto colombiano, no es ms que una manifestacin poltica, nunca un debate jurdico. Recordemos que no existe a fecha de hoy una definicin de terrorismo en el Derecho Internacional, mientras que las distintas definiciones existentes en el derecho interno suelen habitualmente ser dispares. As, en algunos pases se entiende por terrorismo las actuaciones que tienden a subvertir o sustituir el orden constitucional imperante, mientras que otros entienden como tal las actuaciones criminales que persiguen imponer un rgimen de terror a la poblacin civil.

Desgraciadamente la actuacin de las fuerzas beligerantes o de los combatientes en el conflicto armado interno colombiano no siempre es respetuosa con la normativa establecida en las Convenciones de Ginebra de 1949, en los Protocolos Adicionales de 1977 y en las restantes normas convencionales y declaraciones de NNUU aplicables a los conflictos armados.

Beligerante en el DIH: la colectividad polticamente organizada que toma parte en el conflicto armado en forma opuesta a la neutralidad,

Condiciones de beligerancia:

1.- un estado generalizado de hostilidades
2.- grupo con posesin efectiva de una parte del territorio
3.- ejerce jurisdiccin, imponiendo un orden jurdico diferenciado y una institucionalidad.
4.- el grupo beligerante cuenta con una organizacin militar y una autoridad responsable. Normativa interna
5.- La parte beligerante debe conducir los combates respetando el DIH

Combatiente en el DIH: las personas que de hecho toman parte directa en el combate y son sujetos activos y pasivos de la accin hostil

Condiciones de combatiente:

1.- pertenencia a una FFAA parte en conflicto
2.- Encuadrado en una organizacin militar con a) mando responsable, b) disciplina interna c) acatamiento normas DIH

3.- Portar signos distintivos y armas abiertamente, distinguindose de la poblacin civil.

El reconocimiento de la beligerancia exige: (1) el cumplimiento de unos requisitos de derecho material y (2) la existencia de una decisin poltica, expresin de soberana, que implica entender el conflicto armado como confrontacin o guerra civil

La existencia de actos que puedan considerarse terroristas no implica que deje de existir la situacin de conflicto armado interno ni modifica la calificacin jurdica del conflicto

Respecto al conflicto interno colombiano, atendiendo a los datos publicados por prestigiosos organismos de DDHH Colombianos o dependencias del sistema de las NNUU, el mayor violador con mucho, del DIH y de los DDHH en Colombia, es el estado colombiano, sus agentes y el paramilitarismo, -desapariciones forzadas, desplazamiento forzoso, ejecuciones extrajudiciales, tortura, crmenes de guerra, utilizacin de armas qumicas, uso desproporcionado de la fuerza, violencia contra las mujeres, etc- existiendo un porcentaje importante de dichas violaciones imputadas a la insurgencia secuestros, reclutamiento de menores, utilizacin de minas terrestres, etc- , aunque a mucha distancia de los niveles de responsabilidad atribuibles al estado. Ello es mas grave cuando la legitimidad del estado reside esencialmente en cumplir y hacer cumplir la legalidad y en proteger los derechos de los ciudadanos bajo su soberana. El Estado debe ser el Guardin de la legalidad, o pierde toda legitimidad.

Llegados a este punto, el observador deber detenerse a pensar si las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de los contenidos de las normas de Derechos Humanos realizadas por el estado colombiano, responden a un Plan Criminal preestablecido o por el contrario pueden considerase hechos aislados. Igual criterio deber aplicarse a las actuaciones ilegales realizadas por la insurgencia que puedan ser considerados violaciones del DIH o de los Derechos Humanos. A mi juicio, es en operaciones militares y/o policiales como las denominadas Gnesis, Orin, Golpe de gracia o Baile rojo donde en trminos jurdicos se acredita sobradamente la existencia de planes sistemticos de exterminio o de comisin de crmenes de lesa humanidad.

De obtenerse los reconocimientos de iure o de facto- de beligerantes o simplemente combatientes de las fuerzas insurgentes que operan en el conflicto colombiano, la inclusin de estas fuerzas beligerantes o combatientes rebeldes en las denominadas listas de terroristas perdera definitivamente su ya escasa sustentacin jurdica.

En la actualidad, no existe legislacin o normativa jurdica alguna que regule las listas de organizaciones terroristas que se confeccionan tanto por la UE como por los EEUU. Dichas listas, de orden nicamente administrativo, se elaboran exclusivamente atendiendo a decisiones adoptadas por ministros o representantes-delegados de estos, -tanto en la UE como en los EEUU- prescindindose para la adopcin de la decisin de inclusin de personas o colectivos en las mismas de cualquier reglamentacin o intervencin de instituciones legislativas o judiciales. Es tal la falta de regulacin, que incluso en la elaborada por las autoridades federales de los EEUU ni siquiera quedan claro para estas los mecanismos para suprimir o expulsar cualquier previa inclusin en dicha lista.

Los Tribunales de garantas europeos han venido ordenando en sus sentencias, en la mayora de los casos en que ha sido impugnada esta inclusin en listas de terroristas en va judicial, la expulsin de dichas listas tanto de personas como de organizaciones. As, el caso de Jos Mara Sisn, portavoz del Nuevo Ejercito del Pueblo de Filipinas, organizacin que a pesar de estar incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE negocia desde 1992, y con la mediacin del Gobierno Noruego, un proceso de humanizacin del conflicto y consecucin de la Paz con el Gobierno Filipino, que fue eliminado de la lista europea de terroristas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente el caso de la organizacin iran Muyaidim al Jaq, eliminada de la lista europea por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en esas sentencias la vulneracin de los derechos fundamentales de las impugnantes -personas o colectivos en ellas incluidas- por haberse conculcado el derecho al debido proceso al no haber ofrecido ni informacin ni trmite alguno de alegaciones a los afectados, habindose creado as una situacin de indefensin absoluta.

En la actualidad existen en los tribunales europeos y de los Estados Unidos varios procedimientos judiciales contra personas acusadas de pertenecer o mantener vnculos con colectivos beligerantes en el conflicto armado interno colombiano lo que excluye a fuerzas irregulares al servicio del estado- procedimientos que, adems de haber buscado por el estado colombiano la criminalizacin de los movimientos sociales y de solidaridad internacional con Colombia, previsiblemente se vern abocados a la interposicin de recursos judiciales impugnando la inclusin de determinados colectivos en las listas de terrorismo de la UE, tanto por la ausencia absoluta de garantas del procedimiento de inclusin como por haberse incluido colectivos y personas que renen las caractersticas que el D.I.H. reserva para definir las categoras jurdicas de beligerante y/o combatiente.

A la hora de sustanciarse dichos recursos y emitirse el pronunciamiento definitivo, ser determinante la acreditacin del comportamiento previsto en el Derecho Internacional, por el colectivo beligerante/combatiente incumbido

La inclusin de fuerzas beligerantes rebeldes en las denominadas listas de organizaciones terroristas, adems de carecer de sustento jurdico, contamina el conflicto y complica la bsqueda de una solucin duradera que aborde las causas originarias del mismo, as como hace aun mas difcil abrir escenarios de confianza entre las partes que permitan construir la paz.

Tambin la utilizacin espuria e interesada de la Corte Penal Internacional puede contaminar sustancialmente el conflicto colombianos y dificultar una salida poltica y definitiva al conflicto. Llama poderosamente la atencin observar al ex ministro de defensa colombiano bajo cuyo mandato se ejecut el crimen de lesa humanidad denominado falsos positivos- Don Juan Manuel santos, actual Presidente de Colombia- , acudir por invitacin del fiscal de la Corte Penal Internacional a dicha sede judicial para dirigir al mundo un mensaje de criminalizacin de la insurgencia colombiana. Recordemos que Colombia hizo una reserva de 7 aos a la entrada en vigor de los crmenes de guerra contemplados en el estatuto de la Corte, con el argumento de necesitar adecuar el comportamiento de sus fuerzas militares a las prescripciones legales imperativas existentes en el estatuto, lo que supone un reconocimiento implcito de la comisin de dichos crmenes de guerra. Desde Noviembre 2009 la totalidad de los crmenes competencia de la Corte Penal Internacional son perseguibles desde este tribunal internacional respecto a Colombia. Utilizar esta entrada en vigor, retardada por las autoridades colombianas para preservar a sus fuerzas armadas de procesos por crmenes de guerra, para argumentar la necesaria comparecencia de las insurgencia colombiana ante La Haya para dar cuentas del reclutamiento de menores, el secuestro o la utilizacin de minas terrestres, causa rubor tras conocer como conoce la comunidad internacional la lista inabordable de actuaciones ilcitas realizadas por las fuerzas armadas colombianas en el marco del conflicto interno, lista que comienza por la utilizacin de la violencia sexual como arma de guerra, la utilizacin de armas qumicas contra la poblacin civil (Glifosato), las masacres de poblacin civil, los desplazamiento, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y un largo etctera.

La insurgencia debe valorar si la supuesta ventaja militar que perdera en caso de renunciar definitivamente a realizar practicas que puedan considerarse ilcitas o criminales en el derecho internacional, no sera suficientemente compensada con la ventaja poltica que supondra eludir el riesgo de acabar alguno de sus integrantes procesados por la CPI, lo que sin duda alguna tendra un efecto poltico pernicioso tanto para la resolucin poltica del conflicto colombiano como para, en el contexto internacional, hacer retroceder mediante la eliminacin de las FARC y el ELN de las listas de terroristas de la UE- el intento de anulacin del derecho internacional que supone la existencia de la denominada guerra contra el terrorismo.

El reconocimiento de beligerancia supone que los beligerantes no estn sometidos al orden jurdico interno o nacional, sino que el conflicto de facto se convierte en conflicto civil y se rige por las normas de los conflictos interestatales, al ser reconocidos por terceros estados u organismos multilaterales como beligerantes. Esto implica tanto la observacin del estatuto de prisioneros de guerra como la limitacin del ius punendi del estado: no podran ser procesados los prisioneros de la insurgencia.

La beligerancia es el reconocimiento del derecho a hacer la guerra en igualdad de condiciones y con iguales garantas internacionales que el estado, y por tal motivo el estado donde se desarrolle el conflicto intentar por todos los medios que no se reconozca dicho estatuto a la insurgencia.

Pero ya se reconozca a la insurgencia como parte combatiente o como parte beligerante, lo cierto es que en los dos supuestos, con ambos se pueden alcanzar acuerdos para humanizar el conflicto armado. EL DIH lo permite y ninguna norma de Derecho Internacional lo proscribe.

III.- CONTRADICCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO: DE LA NEGATIVA A ASUMIR LA EXISTENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO AL INTENTO DE IMPONER UN ESCENARIO DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

Las referencias a la aplicacin del DIH -en las paginas web de las fuerzas militares colombianas, por ejemplo- la utilizacin preferente del ejercito y no la utilizacin marginal de la polica- en el combate a la insurgencia, la existencia de leyes que regulan el impuesto de guerra o reconocen personalidad poltica a representantes de la insurgencia, o la tradicin del delito poltico en Colombia, ACREDITAN CONFORME A LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS DEL ESTADO- EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO O INTERNACIONALIZADO EN COLOMBIA. La mera existencia del Plan Colombia o de las siete Bases militares de EEUU en Colombia, o el ataque militar al departamento ecuatoriano de Sucumbos por Colombia en marzo de 2008, son otra acreditacin de que dicho conflicto hace tiempo se internacionaliz

El Delito poltico en Colombia castiga el mtodo empleado, no el fin perseguido por el delincuente poltico. Se juzga solo al delincuente poltico vencido, mientras al vencedor se le entrega el gobierno

En trminos generales, tanto al rebelde beligerante como al rebelde no beligerante se le da tratamiento penal privilegiado: al beligerante se le concede inmunidad penal; al no beligerante se le da tratamiento de delincuente poltico sometido a especial poltica criminal

Las distintas formas de enfocar la poltica criminal en un pas en conflicto armado, determinan e influyen en las posibles vas para conseguir la resolucin del conflicto por vas polticas:

1.- Poltica criminal Radical: se otorga trato de delincuente comn al infractor poltico. No ayuda ni a humanizar el conflicto ni a alcanzar un escenario de paz

2.- Poltica criminal Atenuada: se asume que la delincuencia poltica y el infractor persiguen un fin altruista

El ordenamiento jurdico colombiano ha contemplado desde hace aos el delito poltico de forma especfica para la concesin de indultos o para ser congresista o magistrado, estatuto que se puede alcanzar aun habiendo sido condenado por delitos polticos

La criminalizacin del rebelde bajo la figura delito poltico facilita la reconciliacin. Bajo la figura de delincuente comn o terrorista, impide la reconciliacin y la apertura de dilogos sobre el fin del conflicto y la consecucin de la paz.

No olvidemos que la paz es un derecho constitucional contemplado en la constitucin colombiana de 1991.

En conclusin, ya se alcance el estatuto de beligerantes, ya sea considerada la insurgencia meramente como organizaciones de combatientes, ninguna consideracin jurdica impide sentarse a hablar con ellos.

A su vez, el reconocimiento de la beligerancia implica derechos pero tambin obligaciones: otorga estatuto poltico a la insurgencia, pero tambin la convierte en sujeto de responsabilidades ante la comunidad internacional, lo cual otorga a esta mayor capacidad de presin e incidencia sobre las organizaciones insurgentes.

IV.- El marco regulador para alcanzar acuerdos humanitarios:

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales, son normas imperativas de Ius Cogens que forman parte del Derecho Internacional.

A la vista de las normas imperativas que a continuacin se especifican, podemos afirmar que el DIH en su totalidad debera ser de aplicacin al conflicto interno colombiano:

Art 3 comn Convenciones de Ginebra 1949: las partes en conflicto harn lo posible para poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio

Clusula Martens: Incluida en el Prembulo del Protocolo II (proteccin victimas conflictos armados carcter no internacional): hace de aplicacin los Convenios de Ginebra y el Protocolo I al conflicto no internacional: En los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo al salvaguarda de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia publica

Caractersticas esenciales del DIH son el tratarse de normas de Ius Cgens, lo que implica imperatividad, no reciprocidad, inderogabilidad unilateral (Art. 60. 5 Convencin de Viena) e incondicionalidad (Convencin de Viena de Derecho de los Tratados)

La aplicacin de las cuatro Convenciones de Ginebra y de los dos Protocolos Adicionales, conforme al Art 3 comn, al conflicto colombiano: la constitucionalidad del DIH en Colombia es incuestionable tras el pronunciamiento de la Corte constitucional en Sentencia de 1995: ordena esta sentencia al estado colombiano adecuar su ordenamiento jurdico a los contenidos constitucionales y del DIH. Ya la Constitucin colombiana de 1886 elevaba el Ius Cogens a rango constitucional.

La celebracin de acuerdos humanitarios no supone el reconocimiento de beligerancia, si del carcter de combatientes.

De esta manera, la hipottica desventaja militar derivada de la aplicacin estricta del DIH se convierte en ventaja poltica para la parte que la aplica, y en el caso de la insurgencia, solo su estricta aplicacin har posible la obtencin del estatuto de beligerancia En tal sentido, las FARC se han dotado de las normas internas denominadas Recomendaciones a la poblacin civil y Normas de comportamiento con las masas.

V.- UN ITINERARIO DE CONSTRUCCION DE PAZ AMPARADO POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El ejemplo por excelencia de la posibilidad de construir acuerdos de humanizacin del conflicto y negociaciones de paz a travs de la aplicacin del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la aplicacin del DIH , lo constituyen las negociaciones de Paz abiertas desde 1992 hasta el da de hoy por el Gobierno de Filipinas y los rebeldes del National Democratic Front de Filipinas -en el que se integra el Nuevo Ejrcito del Pueblo, incluido en las listas de organizaciones terroristas de la Unin Europea-, con la intermediacin del gobierno de Noruega. En estas negociaciones se han ido construyendo itinerarios de paz y alcanzndose acuerdos humanitarios en torno al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que ha permitido abordar las causas sociales, polticas y econmicas de conflicto adems de firmar acuerdos de proteccin e inmunidades, alcanzar acuerdos de aplicacin en Filipinas por las partes contendientes de los contenidos de las principales convenciones internacionales de DDHH y DIH, y negociar una salida poltica al conflicto.

A la vista de ese ejemplo, seria recomendable avanzar en el caso colombiano, sobre los siguientes contenidos

1.- Acuerdos humanitarios: intercambios y regulacin de la situacin de prisioneros y personas privadas de libertad a consecuencia del conflicto

Regulacin de comportamientos de los beligerantes que respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad con ocasin del conflicto armado; prohibicin de privacin de libertad a las personas internacionalmente protegidas (civiles y distintas categoras de estos)

La practica finalizacin en Colombia hoy da de la retencin de personas que sin ser combatientes se han visto privadas de libertad por la insurgencia, demuestra la voluntad de esta de avanzar en procesos de solucin del conflicto cumpliendo las exigencias previas del gobierno colombiano -pronunciamiento del Presidente Juan Manuel Santos en Agosto 2010 con ocasin de su toma de posesin- para dotar de confianza mutua al proceso.

2.- Acuerdos de garantas a las partes para la interlocucin y posterior negociacin.

Tanto el proceso de paz como las acciones previas que desembocarn en el mismo, - tales como los intercambios humanitarios, las preparaciones de las sesiones de trabajo o los procesos de adopcion de normativas de respeto al DIH y al derecho Internacional de los DDHH,- debe dotarse de las suficientes garantias y mecanismos juridicos de proteccion a los intervinientes, mediadores, asesores, negociadores y facilitadores, de forma que se garantice el normal desarrollo de estos complejos procesos disminuyendo al maximo los riesgos a la seguridad e integridad de los distintos intervinientes, incluidas garantias de suspension temporal de medidas nacionales o internacionales de persecucion penal para aquellos que las tuvieran a consecuencia de su participacion en el conflicto.

Todas las partes tienen la responsabilidad de proteger a la totalidad de las personas involucradas en las negociaciones de paz, con todos los recursos a su disposicin.

Es conveniente avanzar en la formulacin y adopcin de una propuesta de Acuerdo entre las partes sobre Garantas de Seguridad e Inmunidad para las personas que vayan a participar en los procesos de preparacin de las conversaciones y en el desarrollo posterior de las mismas, siguiendo modelos ya experimentados por la comunidad internacional con ocasin de la resolucin de otros complejos conflictos polticos y armados.

Cualquier persona o colectivo debidamente acreditada por su participacin en las conversaciones o negociaciones de paz, tienen como derecho inherente el derecho a su seguridad personal.

Garantizar la seguridad de las partes en las conversaciones es igualmente necesario respecto a las consultas, las reuniones pblicas, y el acceso libre y sin restricciones a todas las zonas de Colombia en relacin con y para la promocin de las negociaciones de paz que las mencionadas personas debidamente acreditadas estn llevando a cabo. Por ello, ser necesario acordar los mtodos y medios de seguridad y de proteccin necesarios con vistas a mejorar las condiciones de las negociaciones de paz y prevenir cualquier incidente adverso a las mismas, teniendo muy presente que nunca ser delito conversar, realizar recomendaciones o explicar a la insurgencia determinados extremos que contribuyen al avance de un proceso de paz o aun simplemente de adopcin de medidas humanitarias. Y ello aunque la insurgencia est incluida en alguna de las denominadas listas de organizaciones terroristas.

3.- Acuerdos de aplicacin estricta del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales) y del DIH

Se proponen como Principios y mecanismos orientadores de posibles Acuerdos:
1.- Principios generales:
(a) garantizar la proteccin a los derechos humanos de todos los colombianos bajo todas las circunstancias, especialmente de los trabajadores, campesinos, minoras y dems colectivos excluidos;
(b) afirmar y aplicar los principios del derecho internacional humanitario con vistas a proteger a la poblacin civil y a las personas civiles, as como a las personas que no participen directamente o que hayan dejado de participar directamente en las hostilidades, incluyendo las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado;
(c) establecer mecanismos y medidas eficaces para llevar a cabo, monitorear, verificar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de estos acuerdos previos; y,
(d) preparar el camino para los acuerdos generales sobre reformas econmicas, sociales y polticas que asegurarn la consecucin de una paz justa y duradera.

2.- Mecanismos Especficos:
Establecer mecanismos que acaben con las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos y las desapariciones forzadas;

que impidan la utilizacin de Armas o mtodos de utilizacin de stas prohibidas la ley internacional: especialmente las armas qumicas (glifosato), las minas antipersona

o el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza;

que respeten los derechos fundamentales de menores, mujeres, campesinos, comunidades indgenas y de los afrodescendientes que padecen el conflicto;

que prevengan e impidan la violencia sexual y su utilizacin como arma de guerra

que garanticen la observacin estricta por las partes en conflicto de sus obligaciones respecto a la poblacin civil habitante de las zonas que cada una de ellas controla;

que protejan las instalaciones culturales y de uso estrictamente civil; y

que garanticen el respeto al estatuto personal de todos los combatiente.

La declaracin de Noviembre de 2009 entre las dos fuerzas beligerantes rebeldes -FARC y ELN- adems de reiterar su voluntad de cumplimiento de las normas de respeto y proteccin a la poblacin civil acordadas aos antes por las comandancias guerrilleras en la denominada cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simon Bolvar, constituye un claro compromiso de la insurgencia con la observancia estricta del DIH para avanzar en la humanizacin y solucin del conflicto, preparando el camino para alcanzar acuerdos generales sobre reformas econmicas, sociales y polticas que asegurarn la consecucin de una paz justa y duradera.

4.- Negociaciones y acuerdos para alcanzar una paz con justicia social.

Dotarlas de una agenda poltica abierta a la sociedad civil organizada y los partidos polticos, con garanta de participacin de los anteriores junto al estado y la insurgencia

Garantas de acceso a los medios de comunicacin y de difusin de informacin veraz

5.- Acuerdos sobre acceso a la verdad, la justicia y la reparacin

Es necesario reivindicar el derecho de las vctimas y sus familias a obtener justicia por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la compensacin o indemnizacin, restitucin y rehabilitacin adecuadas, as como las sanciones efectivas y las garantas de no repeticin y no impunidad.

Los modelos de denominada justicia transicional, donde la impunidad se convierte en conditio sine quanom para avanzar en la resolucin de conflictos polticos y armados, han demostrado su ineficacia en la medida en que nicamente aplazan la consecucin de un derecho real a la verdad, la justicia y la reparacin, contaminando a toda la sociedad que construye procesos de solucin de conflictos sobre la impunidad, por provocarse debilidad institucional y falta de respeto al estado de derecho que pretende construirse.

El estado carece de legitimidad para exigir a la ciudadana el respeto de las normas de convivencia si permite la impunidad de aquellos que las han vulnerado gravemente. La generalizacin de la impunidad deviene tarde o temprano en generalizacin de la corrupcin poltica y econmica, como as nos demuestran empricamente aquellos modelos de transicin democrtica construidos sobre pactos de impunidad.

Esta realidad debe abordarse desde la perspectiva de las responsabilidades penales individuales, el imprescindible acceso a justicia efectiva por las victimas de graves violaciones de derechos humanos, y el posterior papel poltico que cualquier estado democrtico debe cumplir para alcanzar la equidad entre los intereses de las victimas y los de la sociedad en su conjunto.

Pero es preciso dejar sentado que la paz no se puede construir sobre la impunidad, sin que ello impida que el estado democrtico, tras garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparacin a las victimas por los crmenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado, ejerza esa funcin de equilibrio entre los intereses de las victimas y los de la sociedad en su conjunto, mediante el instrumento del indulto, lcito y legtimo tras ejercer justicia e impedir la impunidad.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, defensor de derechos humanos y especialista en DIH.
Ponencia presentada en el Encuentro Internacional Haciendo Paz en Colombia. Buenos Aires, 22 febrero 2011.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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