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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-03-2005

Los casos de Mara Claudia y de Michelini y Gutirrez Ruiz son la punta de una extensa madeja

Andrs Capeln
Comcosur


En su discurso del pasado 1 de marzo a la noche, el presidente Tabar Vquez anunci como asunto prioritario e inmediato, el inicio de las investigaciones destinadas a esclarecer lo sucedido a los detenidos desaparecidos asesinados por tortura durante la dictadura.

Dijo que su secretario personal, Gonzalo Fernndez, en combinacin con oficiales de nuestras fuerzas armadas, comenzarn las tareas para que un grupo de investigadores de la Universidad de la Repblica vayan al establecimento 13, 14 y a los que fuera, para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos, muertos, desaparecidos durante la dictadura militar.

Tambin advirti que la desaparicin de Mara Claudia Garca, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, y los asesinatos en Buenos Aires de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Hctor Gutirrez Ruiz (y presumiblemente los de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos el mismo da y en similares circunstancias), no estn includos en el perdonatutti de la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado (como lo haban considerado sus antecesores), y por lo tanto debern ser investigados.

LA PUNTA DEL OVILLO
Estos anuncios fueron recibidos con regocijo por los familiares de los desaparecidos y asesinados, as como tambin por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Es un buen principio para comenzar a develar lo sucedido en la tenebrosa dcada del 70; pero debe de quedar claro que es nada ms (y nada menos, claro) que un principio.

Partiendo de la base de que el nuevo gobierno no se propone derogar la inconstitucional Ley de la Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado, hay otros crmenes que podrn y debern ser investigados por haberse cometido antes o despues de la fecha de vigencia de dicha ley (27.06.73-01.03.85). Tales son los casos de los asesinatos del matrimonio Martirena y de los militantes comunistas de la seccional 20 (1972), y el del agente de la dina chilena Eugenio Berros (1993), entre otros.

Con el nuevo enfoque que le ha dado el presidente Vzquez a este asunto, ahora no habr impedimento alguno para que se concedan las extradiciones de los represores requeridos por la justicia argentina, negadas por los anteriores gobiernos. En el momento que esto suceda, la flor y nata de los militares y policas que participaron activamente en las operaciones del Plan Cndor, ver por primera vez un estrado judicial.

Por lo pronto, en esa situacin se encuentran los oficiales Jorge Silveira, Jos Gavazzo, Manuel Cordero, Ernesto Rama, Juan Antonio Rodrguez Buratti, Gilberto Vzquez, Jorge Arab y Ricardo Medina.

A ellos deben sumrsele los coroneles Toms Casella y Eduardo Radaelli, requeridos por la justicia chilena para dar cuenta de su participacin en el secuestro y asesinato del bioqumico y agente de la DINA chilena Eugenio Berros, ocurrido en 1993 durante el gobierno de Luis Lacalle (Partido Nacional).

Tambin se encuentra en trmite un pedido de extradicin al Paraguay del coronel Carlos Calcagno, quien adems de participar en el asesinato de los Martirena, lo hizo en el secuestro en Asuncin, tortura, traslado y desaparicin en Buenos Aires, de los militantes uruguayos Nelson Santana y Gustavo Insaurralde y de los ciudadanos argentinos Jos Nell, Alejandro Logoluso y Dora Landi.

UNA LEY ILEGAL
El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Javier Miranda dio la bienvenida a la iniciativa del presidente Vzquez, pero precis que, ms all de la Ley de Caducidad, se debe cumplir lo que establece la Convencin Interamericana de Desaparicin Forzada con relacin a los desaparecidos.

Explic que "Todos los casos de desaparicin forzada escapan de la Ley de Caducidad, porque tratndose de un delito permanente, que se est cometiendo hoy, no estn amparados por el articulo 1 de la Ley, que slo ampara los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985". Tampoco estn amparados por esta ley los crmenes cometidos en el extranjero.

La aceptacin de la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado, puede convertirse en una piedra en el zapato del presidente Vzquez. Ya en 1992, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la consider "violatoria de los tratados, convenios, pactos y leyes internacionales en defensa de una plena vigencia y total respeto de los Derechos Humanos, y en octubre de este ao el gobierno uruguayo deber rendir cuentas ante ella sobre qu ha hecho para solucionar esta irregularidad.

Al respecto, en su ltimo informe anual, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) uruguayo dice claramente que no podemos hablar de una democracia acabada cuando un poder del Estado cumple la funcin que debera cumplir otro, que es lo que hace la Ley de Caducidad cuando ordena que las desapariciones sean investigadas por el Poder Ejecutivo en lugar de por el Poder Judicial.

En el mismo sentido se expidi el encargado de Uruguay en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el espaol Pedro Vera Pineda, quien explic que la Ley de Caducidad es contradictoria con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos refrendado por el pas.

SABER DONDE ESTN
Quienes lleven a cabo la prometida por Vzquez- investigacin extra judicial de los predios militares en los que se efectuaron los enterramientos de los detenidos desaparecidos asesinados por tortura, debern empero solicitar la autorizacin de la justicia.

Es que, debido que los gobiernos de los presidentes Sanguinetti, Lacalle y Jorge Batlle, mantuvieron los cuarteles cerrados a cal y canto para la justicia; el pasado ao el juez Alejandro Recarey dict una orden de no innovar, prohibiendo cualquier tipo de excavaciones o movimientos de tierras en los lugares en los que se ha denunciado existen o existieron inhumaciones de desaparecidos.

Javier Miranda est seguro de que esas investigaciones, sean realizadas por orden de la justicia o por orden del presidente: "sin duda arrojarn como resultado que hubo enterramientos y remociones de tierra". Si se encuentran pequeos restos, se confirmara que all hubo un cementerio clandestino, pero eso dice Miranda- da lugar a otra pregunta: dnde estn los restos?".

La misma reflexin realiz el presidente Vzquez en su discurso, cuando anunci la entrada de los cientficos a los cuarteles: Queremos saber qu pas, qu pas con estos ciudadanos, si estn o no enterrados all. Si estn, sern recuperados, sern identificados, y sus restos sern entregados a sus familiares. Y si no estn, tendremos que saber por qu no estn y donde estn, qu pas con ellos.

De si se encuentra o no una respuesta satisfactoria a esta pregunta, depende la impunidad de los responsables de las desapariciones. Es decir: si los restos de los desaparecidos son encontrados, los desaparecedores se convertiran en asesinos y quedaran amparados por la Ley de Caducidad. Si slo son encontrados fragmentos mnimos de los cuerpos (cabellos, falanges, dientes, por ejemplo), los responsables pueden ser acusados de vilipendio de cadveres. Si los restos no son hallados, el delito se sigue cometiendo y los desaparecedores no tienen ley que los proteja.


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