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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-03-2011

Tres verbos que conjugar
Regular la guerra, dialogar, construir la paz

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


Antes de iniciar esta reflexin, deseo agradecer a la compaera Piedad Crdoba y a los compaeros Danilo Rueda y Hernando Gmez, quienes estuvieron trabajando en las ltimas liberaciones, y a todo el ncleo de Colombianas y Colombianos por la Paz, por su diaria perseverancia, enfrentando el ultraje y la intimidacin. Tambin agradecemos a quienes ac en Argentina han hecho posible este encuentro. Ojal podamos tener un da un pas que haya merecido la pena de tanto sacrificio de mujeres y hombres que hoy luchan a contracorriente por la justicia y la paz; una Colombia que sepa reconocer esta bsqueda como fuente de dignidad.


Vctimas y favorecidos en un pas enfermo

Caterina Heyck Puyana nos habl ac de aquella analoga que trabaja Johan Galtung, comparando la construccin de la paz con la medicina. El autor noruego hace efectivamente un planteamiento que comprende el diagnstico, el pronstico y la terapia. Es til hablar en esos trminos, porque tenemos un organismo colectivo que est aquejado. Sin lugar a dudas tenemos un pas que est enfermo. Tambin se nos ha dicho acertadamente que para la paz no hay una sola frmula; que habra varias. No obstante, por lo general, y lo hemos escuchado en el anlisis de Heyck, se acaba prescribiendo la misma lgica y condenando en consecuencia slo una prctica, slo un sntoma. Por eso el guin de la defensa del derecho como ficcin se nos repite por encima del derecho como realidad social y poltica, y tambin como instrumento de fuerza, y slo pareciera que lo nico que existe es el secuestro y que nada ms grave acontece.

Esta analoga de la medicina nos sirve para pensar tratamientos posibles en la poltica y el derecho. El xito relativo de procedimientos de curacin tambin depender de si nos quedamos en la medicina convencional, que se fija slo en ciertos sntomas, o si acudimos, junto a parte de sta, a lo que conocemos como medicina integral. Es decir, con base cientfica hoy da, a un diagnstico holstico, a la combinacin y al conjunto de intervenciones de diferente tipo, que ve al ser como un todo interconectado, que se vale de conocimientos tradicionales, de experiencias alternativas de regulacin y que pueden complementarse entre s coherentemente, con alcance eficaz, siempre y cuando nuestro objetivo autntico sea salvar vidas de ese pas abatido. De eso se trata como mnimo por ahora. As podramos darnos cuenta que no slo estamos ante un mal, sino ante causas profundas y aparentemente insondables que han hecho crecer esa enfermedad.

Esa labor grandiosa de parar o aminorar una guerra y de forjar un proceso de paz, requiere no obstante que seamos conscientes de la obviedad. Que estamos en orillas opuestas. Eso lo revelan las palabras del presidente Juan Manuel Santos manteniendo cerrada la puerta a los dilogos, cuando el pasado jueves 17 de febrero, antes de este encuentro en Buenos Aires, y apenas unas horas despus del gesto de las liberaciones unilaterales producidas por las FARC, dijo que no procede ahora ningn proceso de paz, que existen experiencias tristes porque la guerrilla nos ha engaado muchas veces. Si esto dice el presidente, qu podrn decir las madres, los sobrevivientes, las familias, de miles de personas asesinadas o desaparecidas por cuerpos estatales o paraestatales, como pas con la Unin Patritica, fruto de un acuerdo de paz con el Estado y las clases que lo manejan; o qu podrn decir sindicatos, movimientos agrarios, comunidades campesinas, indgenas, afrodescendientes, que esperaban respeto a sus vidas como respeto al pacto de paz que supone un Estado de Derecho, evidentemente en estado de corrupcin.

Esto lo planteo, como invocacin de aquello que en su exposicin seal el padre Javier Giraldo, en referencia necesaria a la tica. Y recuerdo tambin a otro jesuita, a Ignacio Ellacura, asesinado en El Salvador, quien nos recordaba que no es lo mismo mirar con la lente de los victimarios o favorecidos que con los ojos de las vctimas, que es desde donde, con mayor legitimidad, debemos actualizar las luchas por los derechos humanos, la justicia y la paz.

Si lo que ms nos interesa es el futuro de las mayoras y el futuro de un pas necesitado de democracia, y no slo lo que consideran sagrado unos crculos de poder que son anti-democrticos, debemos abocarnos creativamente a ver cmo contribuimos a buscar soluciones. Soluciones que sean capaces de romper muchas cosas turbias, como el esquematismo de las inculpaciones que arroja el presidente Santos, sin ver la viga en el ojo propio. Acusaciones fciles de erigir como pretexto para no sembrar la paz sino para prolongar la guerra. Soluciones capaces tambin de quebrar esa perfidia o simulacin que consiste en presentar la tesis que no hay ms que un derecho para calificar el conflicto y las prcticas que en l despliegan los contendientes, que es el derecho penal del Estado, desconociendo medios del derecho internacional, y afirmando que en ltimo trmino no hay posibilidades de otras reglas, ms que esas desiguales o sinuosas.


La hipcrita sacralizacin del derecho

Reglas que por cierto son violadas en primer lugar por quien las dicta. De eso existen pruebas diarias, constitutivas del registro no slo del terrorismo de Estado sino de la corrupcin desbordante y la impunidad. Esas reglas, adems, en relacin con el conflicto armado, han sido suspendidas o sobrepasadas cuando la realidad contundente de los hechos ha aconsejado un tratamiento distinto. Como cuando determinadas personas, literalmente distinguidas, privadas de libertad, han estado en grave riesgo. Porque por ellas s ha existido posibilidad de un acuerdo. Es decir, existe hipocresa o mentira cuando se dice que no se puede negociar. Por eso la sacralizacin del derecho estatal es falsa: porque el propio poder lo ha puesto en parntesis o entre comillas cuando le conviene.

Pas as cuando el Estado colombiano negoci con el M-19 tras la toma de la embajada de la Repblica Dominicana en 1980, con decenas de diplomticos dentro, entre ellos el embajador de EEUU; o cuando estaba en manos del ELN el hermano del presidente Belisario Betancur; o cuando este mismo pariente del presidente, quien era Consejero de Estado, qued atrapado en la toma del Palacio de Justicia en 1985; o cuando fue secuestrado el hermano del ex presidente Cesar Gaviria; o cuando fue retenido lvaro Gmez Hurtado en 1988, entre muchos casos. No contando los que se han verificado negociando el Estado con rivales ocasionales, los capos narcotraficantes, como en el caso del ex vicepresidente Francisco Santos o del ex presidente Andrs Pastrana, secuestrados por la mafia y liberados mediante arreglos secretos. Insisto: adems de que esa absoluta sacralizacin del derecho estatal puede conducir a la ceguera, no es honesta; es falsa o cuanto menos relativa.

Si fue posible convenir hallando soluciones para salvar vidas en esas situaciones no regladas por el DIH, cmo no va a poderse tratndose de prisioneros de guerra? Si eso se pudo, esto se puede, convalidndose un instrumento legtimo como es el intercambio humanitario, o acuerdo de canje de prisioneros, que es perfectamente lcito y encomiable. As pas en los gobiernos de Samper y Pastrana respecto de las FARC, en los que se efectuaron liberaciones de lado y lado.

Pero esa no es la situacin desde el perodo Uribe, continuado ahora por Santos. Desde mi punto de vista por una sencilla razn: porque quienes permanecen en la selva retenidos por la insurgencia no son los familiares o gente del entorno de quienes ejercen el poder econmico y poltico. Esos militares no son los hijos de Uribe. De lo contrario otra solucin se habra buscado. No es la primera vez que quienes mandan en el pas dan la espalda y ponen por encima de la vida de otros la sacralizacin falsa de la ley. Cuando en 1976 el M-19 secuestr o retuvo, y luego ejecut, a Jos Raquel Mercado, este dirigente sindical acusado de corrupcin y traicin por esa guerrilla, escribi: al Gobierno, o le agrada mi detencin, o le interesa muy poco que un ciudadano colombiano viva una tragedia como la ma si mi caso hubiera ocurrido a alguno de las oligarquas econmicas, polticas y sociales, habran movilizado cielo y tierra, hubieran hecho de todo para lograr su libertad. (1)

Esta referencia debe hacernos reflexionar sobre la falta de honradez de unas decisiones que hoy estn conduciendo a mayores cierres, por el slo hecho de tratarse de personas sacrificables para un sistema vejatorio que ha optado por clausurar las vas no slo del dilogo poltico para la paz, sino las bsicas posibilidades de acuerdos por razones humanitarias, en tanto quienes sufren diversas prcticas en relacin con el conflicto son personas prescindibles o colectivos ajenos a las estancias del poder. Se hace caso omiso de que existen recursos en un amplio abanico legal y poltico para arribar a soluciones ms justas.


Conformar referentes jurdicos desde diversas perspectivas

Por eso no estoy de acuerdo con otra afirmacin de Heyck Puyana, vertida ac, que nos traduce lo siguiente: no hay referente normativo para tratar el conflicto colombiano. Lo justific ella contradictoriamente al sealar posibilidades y vacos del derecho internacional humanitario (DIH) y la preferencia del derecho estatal, subrayando una y otra vez, como muchos ac lo han hecho, al igual que una amplia opinin manipulada en el pas, que el secuestro constituye la categora preeminente, abarcadora de toda privacin de la libertad realizada por la guerrilla. Se nos viene a decir que en ese cajn cabe todo: todos los hechos de privacin de libertad, as sean de distinta naturaleza, por el hecho de ser cometidos por la insurgencia. Resultan entonces usados confusamente como secuestro, y por lo tanto asociados a lo delincuencial, conceptos como la toma de rehenes, que es un crimen, y la toma de prisioneros, que claramente no lo es; y se incluye todo cuanto pueda exhibirse como injusto, muchas veces por ignorancia, otras veces por la avidez de rditos de diferente orden obtenidos con la aplaudida posicin contrainsurgente.

No comprendiendo que la toma de prisioneros de guerra no es un delito, sino que puede calificarse legtimamente en el caso de la permanencia de los 16 miembros de la fuerza pblica en poder de las FARC y la posibilidad de nuevas capturas, por ser la categora que sin duda ms se ajusta a la realidad de esos hechos. No hay otro concepto jurdico que concuerde ms correctamente. Es as, en tanto son partes contendientes titulares del estatuto del combatiente. Razonada su condicin a partir del principio de distincin. Partes polticas en confrontacin militar a las que se aplican obligaciones y una especie de potestades o autorizaciones que no implican juicio de valor en relacin con el conflicto.

Como lo recordaba Javier Giraldo citando a Jean Pictet, existen tres verbos que nos dimensionan la realidad de la guerra: matar, herir y capturar. As, capturar es neutralizar o impedir, privando de la libertad, que un combatiente permanezca activo en el combate. Es lo que hace el Estado cuando captura guerrilleros. O cuando la guerrilla captura militares, policas o miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Corresponde a la propia naturaleza de la guerra, sea sta irregular o no. Surge del contexto de acciones defensivas y ofensivas, de la lgica de enfrentamientos en los que los combatientes pueden hacer o afectar legtimamente lo que, de igual forma, puede suceder con ellos como afectados. No es irracional, aunque nos choque y desgarre la guerra. Hace parte de la contienda en la esfera blica o del conjunto de las hostilidades.

Tal situacin, por increble que nos parezca, ya fue reconocida por el Estado colombiano. Por ejemplo mediante la ley 171 de 1994, declarada constitucional, que incorpora el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en la que se admite la posibilidad que la guerrilla, en ese marco, proceda a efectuar privaciones de la libertad. Tanto es as que seala las garantas que deben otorgarse y la responsabilidad que dichas retenciones suponen. No es otro el sentido de los artculos 4 a 6 del Protocolo, que estipulan para las dos partes, sin diferencia, esas obligaciones de trato humano.

Se sealan (veamos algunas lneas): Garantas fundamentales (artculo 4): 1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estn o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prcticas religiosas. Sern tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distincin de carcter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes y respecto a las Personas privadas de libertad (artculo 5): 1. Adems de las disposiciones del artculo 4, se respetarn, como mnimo, en lo que se refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya estn internadas o detenidas, las siguientes disposiciones: a) los heridos y enfermos sern tratados de conformidad con el artculo 7; b) las personas a que se refiere el presente prrafo recibirn, en la misma medida que la poblacin local, alimentos y agua potable y disfrutarn de garantas de salubridad e higiene y de proteccin contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado; c) sern autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos 2.c) los lugares de internamiento y detencin no debern situarse en la proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refiere el prrafo 1 sern evacuadas cuando los lugares de internamiento o detencin queden particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuacin pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad; d) dichas personas sern objeto de exmenes mdicos; e) no se pondrn en peligro su salud ni su integridad fsica o mental, mediante ninguna accin u omisin injustificadas. Por consiguiente, se prohbe someter a las personas a que se refiere el presente artculo a cualquier intervencin mdica que no est indicada por su estado de salud y que no est de acuerdo con las normas mdicas generalmente reconocidas que se aplicaran en anlogas circunstancias mdicas a las personas no privadas de libertad. 3. Las personas que no estn comprendidas en las disposiciones del prrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado, sern tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artculo 4 y en los prrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente artculo. 4. Si se decide liberar a personas que estn privadas de libertad, quienes lo decidan debern tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.

Esto es en parte lo que acabamos de ver con las liberaciones unilaterales de las FARC, que ya van 20 en este lapso. Incluso dicho Protocolo II se refiere a diligencias penales (artculo 6) en tanto orienta la aplicacin de garantas fundamentales o bsicas de derecho para el enjuiciamiento y sancin de infracciones penales cometidas en relacin con el conflicto armado. Todo eso est claro y es comprensible en el derecho de los conflictos armados, que incluye el DIH, aunque existan lagunas o ausencias en esta normativa, pues no ha tratado todas las hiptesis y se mantienen ciertamente esas zonas grises u omisiones de las normas. En todo caso, s provee de algunas concordancias para intentar superarlas; s existen algunos elementos, no slo de derecho positivo sino de derecho consuetudinario (2), a los que nos podemos referir, para construir referentes jurdicos capaces de vincular la accin de los contendientes. Siempre y cuando tengamos claro que el bien jurdico a tutelar como supremo es la vida e integridad tanto de los combatientes, en lo posible, y ms all de stos la vida, integridad y derechos de la poblacin civil, especialmente la ms empobrecida, como las comunidades o pueblos vulnerados.

Articular un instrumental o conformar un referente o disponer de varios, convergentes en objetivos, s puede hacerse, si atendemos a principios de humanidad transversales, que se desprenden de construcciones ticas; si atendemos a la integracin normativa y hermenutica ms amplia posible tomando reglas de diversa fuente o perspectiva, incluyendo las de los propios combatientes, sus propios cdigos y autolimitaciones constitutivas, que sean consistentes con los principios del DIH, y atrevindonos a formular una necesaria deconstruccin y reconstruccin del derecho internacional, en aquellos aspectos retrgrados, injustos, o simplemente obtusos. Valga anotar que esa es la slida crtica que ha realizado desde aos el padre Javier Giraldo (3), quien advierte cmo el DIH ha sido pensado para unos modelos de guerra regular o convencional, en desfase o dejando por fuera muchos aspectos de otros modelos de guerra que no por estar reglamentados a medias son ilegtimos, como la guerra de guerrillas. De ah que paralelamente a la hechura de un referente desde varios puntos de vista o matrices, es importante desarrollar una crtica constructiva al derecho internacional.

Esto lo estamos viviendo de alguna forma a nivel global, con un derecho internacional trucado y de doble rasero, que es heredero del dominante derecho a la conquista, como est debidamente sustentado hace tiempo (por el Tribunal Permanente de los Pueblos en 1992, por ejemplo). Un derecho internacional que se ha vuelto cada vez ms funcional a determinados modelos de guerra, con asimetras y desequilibrios. De ah que, salvaguardando lo ms universal, lo ms costoso y fundamental, lo ms avanzado de ese derecho, podamos replantear en la prctica algunos componentes, para desarrollar la mayor proteccin posible de derechos evitando los mayores sufrimientos. No se nos olvide adems que esa redireccin o quiebre es lo que el poder ya hace para sus intereses, alterando o adulterando el derecho internacional, burlando disposiciones esenciales, como lo atestigua la denominada guerra contra el terrorismo, negando la existencia de conflictos armados; negando la condicin jurdica de los contendientes; negando los derechos y obligaciones ms bsicas y otros derroteros. Luego s es realizable, pero desde los derechos de los pueblos, los humanismos y desarrollos emancipadores, en una orientacin contraria, recrear ticamente el conjunto de referentes jurdicos para regular el conflicto.


Combatir la perversin del negacionismo

En ese sentido, para reconstruir caminos, lo primero es reconocer la existencia del conflicto. No podemos consentir ms que el negacionismo se extienda. Hay que erradicarlo. El negacionismo implantado en Colombia, asociado en experiencias mundiales a totalitarismos y autoritarismos, se ha convertido en credo, a partir de la perversin de estrategas de una guerra sucia, como lo ha diseado entre otros lvaro Uribe Vlez y su consejero Jos Obdulio Gaviria desde el Palacio de Nario. Como beneficiarios de un negacionismo que oculta a los responsables histricos del conflicto. Ellos, negando la guerra interna, niegan al otro (lo que en trminos filosficos es la negacin de la alteridad y su tica), niegan los derechos que deben ser asumidos para limitar la confrontacin y terminarla civilizadamente, niegan la participacin constructiva de la comunidad internacional para la bsqueda de una salida y niegan los beneficios que, en el marco de la guerra como pretexto, se han obtenido para pocos con el pillaje practicado, despojando por ejemplo a cerca de 5 millones de personas de sus tierras y posibilidades de vida digna. Ese negacionismo es inadmisible y debe ser confrontado radicalmente.

Por eso debe dejar de hablarse sin ms de actos de terror o de terrorismo, lo que implica una negacin sistemtica que es negacionismo puro, cuando a lo que asistimos en la realidad es a expresiones no excepcionales de una confrontacin militar que tiene derroteros polticos e histricos para ser mirada, y normas para ser tratada en lo que incumbe a las infracciones de derecho. Debe renunciarse a esa tergiversacin y repararse o restituirse en el derecho penal estatal lo que fue conocido hace dcadas como delito poltico, en tanto es lo que corresponde a la realidad de los alzados en armas o grupos rebeldes de oposicin. Era as antes, cuando figuraban ideas y valores de un pensamiento liberal ilustrado, que calificaba de tal manera sin renunciar a su juridicidad o legalidad, procurando algunas frmulas de resolucin de conflictos o de negociacin con la insurgencia.


Remover obstculos legales puestos por el Estado

De ah que tenga que oponerme a otra aseveracin trasladada ayer por Natalia Springer, sobre la negativa a eventuales amnistas o indultos. Esto tiene que ver con otra de las afirmaciones expuestas, acerca de la necesidad de tener la mente y las manos limpias, como lo ha referido acertadamente ac el destacado jurista Joan Garcs. Entiendo la tesitura tica, pero debo discutirla, pues ese concepto puede prestarse a graves equvocos en dos sentidos.

Primero, respecto del Estado y su estrategia, pensando que las manos sucias son las del sicario paramilitar y del militar homicida, y no de quien desde despachos civiles, polticos o empresariales da la orden de matar. Quin tiene las manos ms sucias: un mando militar o quien desde la Gobernacin de Antioquia o el Palacio de Nario plane campaas la guerra sucia, paramilitarismo, narcotrfico, impunidad y negacionismo? Hay que dilucidar este problema tico que es ineludible para saber con quin y por qu ha de negociarse.

Segundo, respecto a la insurgencia, pues es claro que a los comandantes guerrilleros se les trata como terroristas, de acuerdo con esa visin, que se estrella frontalmente con la realidad si algn da va a buscar el propio Estado habilitar medios de aproximacin. Deber habilitar a esa comandancia para unos dilogos, teniendo que rectificar buscando los mecanismos legales adecuados, ms all de unos salvoconductos o temporales suspensiones nacionales e internacionales de rdenes de captura. Es decir, deber recalificar en la prctica para imputarles ya no terrorismo y crmenes comunes similares, sino lo que corresponde desde un punto de vista liberal progresista: los delitos polticos, que suponen conexidad, subsuncin, reconocimiento de la entidad rebelde, de los mviles altruistas que hacen parte de la nocin substantiva del delito poltico, elaborada en procesos de lucha a lo largo de la humanidad.

Deber adems comprometerse a la no extradicin, a la no inhabilitacin para la funcin pblica, para poder participar en la institucionalidad, etc. Para esto, si la voluntad poltica de construccin de paz es autntica, existen los medios no slo legales de forma, sino extralegales, amparados por una tradicin humanista que incluso se refleja todava en parte del derecho internacional y nacional.

Para unos eventuales acercamientos, seguramente no bastan vidriosos salvoconductos y garantas efmeras, sino que paralelamente deba recuperarse un compromiso de inteligibilidad del conflicto y de sus partes contendientes. Que se reconozca no soterrada sino abierta, explcita y pblicamente que estamos ante un conflicto armado, que entre otras realidades ha generado miles de presos polticos.


Presos polticos, desaparecidos y prisioneros de guerra (4)

Esta es una de las cuestiones inaplazables, no slo por razones polticas y jurdicas evidentes, sino por razones ticas o morales, cuando estn muriendo varios de ellos, cuando estn muchos en estado terminal, inasistidos, perseguidos al interior y por fuera sus familias, objeto de venganza y ensaamiento. Sobre esos miles de presos polticos y de conciencia (se calcula que unos 7.500), existe un aplastante negacionismo, como ha quedado probado en las evasivas, ac mismo reflejadas, al ser preguntadas algunas personas por esa cruda y palpable realidad.

Slo un nombre: Jos Albeiro Manjarrs Cupitre, de 30 aos. Combatiente guerrillero herido y capturado. Muerto en una crcel del Estado colombiano el pasado 8 de enero. No es ni ms ni menos que una forma de asesinato legalizado. Adems su cadver fue enviado a la morgue como NN, a pesar de que las autoridades tenan los telfonos de la familia y de su abogado para avisar el fallecimiento tras una enfermedad de la que no fue asistido. Otras decenas de presos y prisioneras estn en ese corredor de la muerte.

Esto se produjo mirando el pas slo hacia un fenmeno, el de los llamados secuestrados. Y hoy ante unas liberaciones realizadas unilateralmente, sigue mirando slo hacia un lado. Eso hace parte del disciplinamiento social y de la lobotoma efectuada, incluso entre quienes figuran como independientes y crticos, que repiten mecnicamente slo una condena. Ac en Argentina tambin pas. Y por eso fue posible desaparecer a ms de 30.000 argentinos y argentinas. En Colombia van al menos 50.000 desaparecidos. Crmenes de lesa humanidad, tal y como en derecho internacional se ha logrado instituir, aunque hoy desde la ignorancia, la insensibilidad, la indiferencia y la uniformidad, se pregone que es mil veces ms grave un secuestro.

No significa esto que no nos descompongan y desconcierten hechos que no deberan tener las caractersticas que conocemos en esta confrontacin, a lo cual debe la insurgencia dar una respuesta tica, con transparencia y sin dilaciones. Y hechos que aunque sean originalmente comprensibles, se hacen insostenibles y dolorosos por sus rasgos, como mantener 13 aos retenidos a militares, en las condiciones tan extremas de la selva, mientras la injusticia, la expoliacin, la corrupcin, la parapoltica, el narcotrfico y los crmenes de cuello blanco siguen inclumes en un pas saqueado.

En ese ambiente de alegada degradacin de imaginarios y de realidades, se habla intensamente del abandono que la insurgencia debe hacer del denominado secuestro como arma, es decir tratndola implcita o manifiestamente como secuestradora, cuando en realidad debe estudiarse y distinguirse la toma de prisioneros de guerra, que sabemos es legtima en derecho. Esto lo saben poderosos sectores del propio Establecimiento, y otros gobiernos como el espaol, que incluso han reconocido en otros momentos razones polticas, econmicas, y hasta jurdicas, y evidentemente blicas, tratando de abordar con racionalidad esa problemtica, llegando con propuestas de negociacin y disuasin a la mesa de dilogos, para que, por ejemplo, a cambio de subvenciones o de una cesta de donaciones internacionales, aunque en el carril de la desmovilizacin, la guerrilla deje de practicar lo que en derecho interno se llama secuestro extorsivo.


Lo firmado por Santos en 1998: un ejemplo, un antecedente

Hubo una vez un proceso de debate que pronto se abandon, causando mayor desolacin. En l, se alcanz a discernir un comienzo y a ilustrarse un conjunto o diversos tipos de privaciones de la libertad en el contexto del conflicto. Ayer se mencion por Camilo Gonzlez Posso, en este espacio, el antecedente de los dilogos en Alemania, con el ELN, en julio de 1998. Efectivamente. Ac estamos algunos de los firmantes de ese Acuerdo de Puerta del Cielo, como Jos No Ros, Vctor Manuel Moncayo, Camilo Gonzlez, Len Valencia. Conocido como Acuerdo de Maguncia, fue suscrito entre ese grupo insurgente y unas treinta personas de la sociedad civil. Se vio como el inicio de un proceso, reconocido como algo dinmico y complejo a intervenir con mtodo y paulatinamente.

Por esa mirada procesual y de mnimos, fue que llegamos a emplazar o requerir al ELN el compromiso asumido por esa organizacin alzada en armas, de no privar de libertad, bajo ningn concepto, a menores de edad, as como a personas mayores de 65 y a mujeres en embarazo. Se estableci: El ELN se compromete a suspender la retencin o privacin de la libertad de personas con propsitos financieros, en la mediada en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos del ELN, siempre que -mientras culmina el proceso de paz con esta organizacin- no se incurra en su debilitamiento estratgico. Tambin, a partir de hoy, cesa la retencin de menores de edad y de mayores de 65 aos y en ningn caso se privar de la libertad a mujeres embarazadas.

Esto fue interpretado turbiamente por algunos, como si se tratara de autorizar el secuestro de quienes no estuvieran dentro de estos tres rangos, cuando lo que se hizo fue comenzar de mnimos, estimando en lo fundamental razones de humanidad frente a esas situaciones. Y el ELN acept y suscribi esa base. Para poder avanzar en otros temas, como en ese mismo de las retenciones, segn caracterizaciones y frmulas de solucin, pues haba conciencia que s era probable que efectuaran los guerrilleros retenciones, por ejemplo de paramilitares. Es decir fue posible una mirada ms equilibrada, ms inteligente y tica de cara a las particularidades de prcticas en la confrontacin. Eso supona comprometerse a analizar y a actuar con coherencia.

Hubo otras cuestiones que elaboramos y firmamos como sociedad civil con el ELN. Por ejemplo, se firm:

Tratar con humanidad a los prisioneros, heridos y a quienes intentan rendirse, ya se trata de civiles o de miembros de las Fuerzas Armadas, no se les debe quitar la vida.
Estn prohibidos los homicidios deliberados y arbitrarios de no combatientes en cualquier circunstancia.
No se utilizar a los cautivos como rehenes. Se identificar a las personas detenidas y se garantizar su liberacin sanas y salvas.
No se utilizarn minas para matar o mutilar deliberadamente civiles.
Se investigarn los presuntos abusos cometidos por los guerrilleros con el fin de determinar responsabilidades.
Los guerrilleros sospechosos de haber cometido u ordenado abusos, sern apartados de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que los coloque en condiciones de volver a cometer dichos abusos.
Impulsar con todos los actores armados y partes concernientes el respeto a la autonoma, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de las comunidades indgenas y dems etnias y de sus territorios.
Reafirmar el compromiso de la Sociedad Civil y el ELN de respetar y hacer respetar cabalmente los Derechos del Nio y esta organizacin no incorporar menores de 16 aos, para la fuerza militar permanente. Hacia el futuro esta edad ser de dieciocho aos.


Ese importante pacto inicial lo firm con nosotros y con el ELN el hoy presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Lo suscribi con plena lucidez y conciencia. Como apuesta tica y poltica para explorar y comenzar no slo caminos de humanizacin sino de construccin de la paz basada en la justicia y la democracia. Eso significaba una responsabilidad intelectual y sobre todo un compromiso moral con un pas en guerra. Una guerra que contina, con un presidente que podra dar seales de querer no slo la humanizacin, sino dialogar para buscar la paz negociada.

Qu pas con ese intento y otros? Los crculos polticos en el poder, no slo la tradicional oligarqua sino la faccin emergente que articula narcotrfico y paramilitarismo, con Uribe Vlez como principal bisagra y cabeza, convinieron abortar ese y otros progresos de conversaciones de paz, como ya est ampliamente documentado con la evaluacin del rgimen que entroniz el crimen y la impunidad al ms alto nivel.


Regular el conflicto no es un atajo: es un camino de reconstruccin tica en la senda de la negociacin


Como la guerra no se va a acabar de un mes para otro, y parece puede prolongarse varios aos ms con campaas ofensivas de lado y lado, es legtimo pensar su limitacin, proponer su regulacin, o sea abogar por lo que se denomina la humanizacin del conflicto, que no es su terminacin. Para ello debe registrarse que no se parte de cero. Que hubo y hay algunos enunciados y avances.


De parte del Estado

Existe una herramienta que podra recuperar. Supone tomar la decisin de asumir compromisos verificables y renunciar a una tendencia criminal. Es decir se requiere voluntad y coherencia de medios legales y polticos. Me refiero al paso ms cualificado que logr tener sobre esta materia, cuando en 1996 el gobierno Samper, precisamente por la incorporacin del Protocolo II hoy vigente con plenitud, cre la Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto Armado Interno y la Aplicacin del Derecho Internacional Humanitario en Colombia (ente interinstitucional creado por el decreto 1863 del 11 de octubre de 1996).

Puesta en funcionamiento dicha Comisin en 1997, deba trabajar por la formulacin de polticas y celebracin de acuerdos en el marco de la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario y el respeto de las normas vigentes sobre humanizacin del conflicto armado interno (Ley 282 de 1996; Considerando 3 del decreto 1863/96). Esa Comisin, a partir de sus facultades, poda velar por una eficaz coordinacin de esfuerzos en el Gobierno y la Administracin, tendientes a la humanizacin del conflicto armado. Deba disear polticas, estrategias, programas y medidas que conduzcan a la humanizacin del conflicto armado interno y a la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario (literal a, artculo 3, decreto 1863). Al menos eso puede y debe hacer el gobierno Santos. La juridicidad del Estado, comenzando por la Constitucin, le obliga a hacerlo. No significa dejar de hacer la guerra.


De parte de la insurgencia


Respecto a las FARC-EP y al ELN, hay que hacer primero dos aclaraciones. La primera: naturalmente, en tanto organizaciones rebeldes, ni estn obligadas a cesar su accionar militar, ni en absoluto a acatar la legislacin de su adversario o el rgimen jurdico del Estado al que combaten. Es racional esa premisa. La segunda: aunque sea cierto que puedan sostener crticas al DIH por difuso, proclive o ajeno en cuanto no se han consultado los puntos de vista de los movimientos de liberacin ni la realidad del modelo de guerra de guerrillas, no obstante deben respetar los principios y las demandas de proteccin bsica estipuladas en reglas de valor universal. La existencia misma del conflicto exige ese reconocimiento de unas normas para limitarlo y la capacidad como fuerza beligerante requiere, como lo ha explicado lucidamente ac Enrique Santiago (6), que la guerrilla conduzca las operaciones militares respetando la normativa de los conflictos armados.

Las otras anotaciones referidas a la insurgencia, las hago desde una concepcin que, como lo he explicado desde el principio, no pretende reforzar la hipocresa de la sacralizacin de la ley dominante ni congraciarse con la opinin mayoritaria de un pas enfermo que condena slo lo que le dicen que es secuestro, pero calla ante hechos todava ms graves como las torturas, las miles de detenciones-desapariciones, los miles de asesinatos polticos o que encumbra a verdaderos responsables de hechos criminales. Repudiando las injustas privaciones a la libertad y todo acto contrario a la dignidad humana cometido por quien sea (7), espero aportar enseguida (ver punto 9) un elemento que si bien indaga en diversas perspectivas o alternativas derivadas de la crtica al derecho dominante, tiene suficiente asidero jurdico y sociolgico, en consonancia con algunos avances del derecho internacional, y que plenamente no slo corresponde a la realidad sino al potencial de regulacin que por definicin tienen las dos partes contendientes: Estado e insurgencia.

Como ya me he referido al potencial de regulacin que de forma intrnseca concierne al Estado como beligerante o parte contendiente, resta puntualizar esa misma ecuacin respecto de la insurgencia, en el contexto de las evidentes asimetras, desventajas y formas de lucha irregular, sin que sean stas bice o excusa alguna para no asumir regulaciones o limitaciones al despliegue blico o coactivo en general que por definicin cabe a unas organizaciones poltico-militares, no slo que se califican de rebeldes, con lo que esto supone ticamente, sino con vocacin constitutiva de poder.

Por esas razones expuestas, no es dable esperar que se adhieran al derecho estatal. Pero s deben desarrollar el ELN y las FARC-EP alguna juridicidad que les auto-limite tanto en sus relaciones con la poblacin como frente al enemigo que combaten. Quede el tiempo que quede en el desarrollo de la prolongada rebelin que desde hace 47 aos enarbolan, y visto que el actual gobierno no est dispuesto a una justa salida poltica negociada, deben en consecuencia definir de modo ms directo y explcito sus compromisos de regulacin de la guerra o de contencin de la degradacin que supondrn nuevas fases de la confrontacin. Esto no significa abandonar una perspectiva de conversaciones, y por supuesto la aspiracin de construir la paz debe mantenerse en alto, cultivndose con espacios de dilogo, resolucin y respeto con expresiones del pueblo colombiano, como Colombianas y Colombianos por la Paz.


Un viejo mandato de la insurgencia. De octubre de 1988 a la Colombia del presente

De ser para algunos algo arcaico, hay un factor que pasa a ser absolutamente fundamental, racional, vigente y apremiante en 2011. Tiene que ver con lo que desde finales de los aos ochenta fue un mandato no desarrollado por la guerrilla: establecer ms claramente sus cdigos, sus justificaciones. No slo en tanto cdigos de guerra sino en tanto reglas ticas o morales.

Decir cdigos no es pensar en abultadas compilaciones normativas, sino en los preceptos que orientan en este caso la existencia y el proceder de las organizaciones rebeldes colombianas, en particular su caracterizacin del conflicto armado y los compromisos de respeto y de humanidad con la poblacin y con el enemigo.

No se trata de una excntrica textura jurdica inventada por grupos que ejercen la violencia, como superficialmente puede pensarse y perversamente se homologa, comparando la insurgencia con la criminalidad comn. Sino que se trata de la obligacin tica y legal derivada del derecho internacional y del propio contenido de la rebelin y del derecho a la resistencia que reconoce el derecho internacional, demandando que organizaciones que ejercen un poder militar se autolimiten desde sus valores de cara a los valores de una normativa de propsito universal.

En este encuentro de Buenos Aires tenemos a dos personas del El Salvador, que, como importantes combatientes y negociadores del FMLN, nos han compartido las lecciones de sus experiencias. Quisiera sin comparaciones exhaustivas, porque cada conflicto tiene sus propias realidades, tomar como ejemplo lo que en su da elabor el FMLN. Fue un 10 de octubre de 1988, cuando se expidi el documento conocido como La legitimidad de nuestros mtodos de lucha, por parte de la Secretara de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos del FMLN, en el que explicaban en esa poca cul era su posicin sobre las normas humanitarias de la guerra y a partir de lo establecido por ellas, justificar sus mtodos de lucha, estudiando sobre todo aquellos que han sido calificados como violaciones a los Convenios de Ginebra.

El FMLN manifestaba cmo haba tomado medidas concretas para proteger a la poblacin civil. Algunas de estas medidas son: 1. Urgir el cumplimiento de un normativo militar interno sobre cmo deben comportarse los combatientes con la poblacin civil. Este normativo: - Incluye medidas preventivas para evitar que la tropa tome actitudes de bandolerismo contra la poblacin civil o se comporte con ella de una manera semejante a la del ejrcito gubernamental; - Da orientaciones para que cada combatiente, por conviccin, inspire respeto, proteja la vida y los bienes del pueblo; defienda especialmente a los ancianos, mujeres y nios; respete las creencias y costumbres populares.

Esta declaracin con alcances jurdicos y otras, como las que tambin ha hecho la insurgencia en Filipinas, no slo derivadas del poder de facto sino de la diferenciada construccin reguladora de la guerrilla y su reconocimiento, fue muy importante ante el pueblo salvadoreo y la denominada comunidad internacional. Lo fue tambin frente al propio rgimen dominante y su pretensin totalizadora, combatida legtimamente por los alzados en armas. Adems, hizo parte este elemento de la comprobacin de un poder emergente, que a efectos del esclarecimiento histrico hizo la Comisin de la Verdad:

"Es cierto que, en principio, el derecho internacional de los derechos humanos slo es aplicable a los gobiernos, mientras que en determinados conflictos armados, el derecho internacional humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su control, tambin se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos, vinculantes para el Estado, segn el derecho internacional; por ende, resultaran responsables en caso de un incumplimiento... El FMLN sostuvo oficialmente que tena determinados territorios bajo su control y efectivamente ejerci ese control" (8).

A miles de kilmetros de El Salvador, una semana antes de ser emitido pblicamente ese documento, la guerrilla colombiana declaraba: En las dos conferencias de la Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar hemos insistido en nuestro compromiso de acogernos al Derecho de Gentes. As se los dijimos a la Comisin de Convivencia Democrtica en reciente reunin. Prueba de tal disposicin es la liberacin sanos y salvos de los 22 soldados y policas capturados en los combates de Saiza Hoy lo ratificamos: la confrontacin que se desarrolla en el pas impone el respeto a los convenios de Ginebra sobre el derecho de Gentes y la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario, ellos son patrimonio de la humanidad y son de obligatorio cumplimiento para la comunidad internacional. El gobierno debera dar los pasos conducentes a ratificar el II Protocolo Adicional de 1977 de los convenios de Ginebra de 1949, que en su ocasin suscribiera. Se trata de todo lo concerniente a la actitud de las fuerzas en conflicto frente a la poblacin civil y el trato a los prisioneros de guerra (Comunicado de la Comisin Ejecutiva de la CGSB, del 3 de octubre de 1988, corroborado su contenido en las Conclusiones Polticas de la Tercera Cumbre de la CGSB, del 27 de octubre de 1988).

Si bien muchsimas violaciones graves han frustrado o refutado la voluntad expresada de aplicar los principios bsicos del derecho internacional humanitario, es absolutamente cierto que al menos desde hace 23 aos las organizaciones insurgentes colombianas, entonces integradas en la Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar, formularon ese compromiso, que deberan hoy honrar de modo inaplazable e inexcusable. Deberan despejar dudas, a travs no slo de confirmaciones formales o expresas, que son importantes, sino sobre todo en las acciones mismas, no dejando para despus la demostracin de una tica que la propia rebelin impone, sin que deje de ser cierto, por otro lado, que es necesario debatir, caracterizar, acordar y verificar muchas cuestiones en el contexto del conflicto armado asimtrico, tal y como es en la realidad, no slo mirando los mtodos y medios de la guerrilla, sino tambin las operaciones oficiales, que ltimamente han recurrido de forma sistemtica a los bombardeos de descargas de toneladas de explosivos. Un primordial y objetivo contraste de prcticas es por lo tanto ineludible.

Esa lnea de compromiso de la insurgencia existe, aunque durante muchos aos y en numerosas ocasiones, se haya contradicho. Si nos atenemos a las declaraciones recientes del comandante Alfonso Cano de las FARC-EP en 2010 y 2011, en los vdeos que aparecen en varias pginas Web, este ser un tema para dialogar y tomar medidas. Es un avance respecto de la posicin que esta organizacin expres en algunos momentos hace aos, diciendo con nfasis que lo importante era terminar la guerra y no humanizarla, errneamente oponiendo guerra y humanismo (9), entendiendo algunos entonces, de esas palabras, que la tica es ajena al sujeto rebelde o que puede aplazarse o ponerse en marcha despus, cuando se supone la propia rebelin en su definicin es tica y est movida o motivada por razones morales frente a la injusticia. Eso ya est despejado y no es al da de hoy un problema.

Tenemos la conviccin de que las FARC estn en disposicin de encarar discusiones y compromisos derivados del DIH, como igualmente lo ha expresado el comandante Nicols Rodrguez Bautista y el Comando Central del ELN, que sabemos tiene una posicin construida desde los aos ochenta de afirmacin manifiesta y directa de respeto a los principios del DIH, abogando eso s por una caracterizacin del conflicto para proceder a su regulacin, alcanzando acuerdos, firmndolos y cumplindolos. Nos los han ratificado en el vdeo o mensaje que el comandante Gabino ha dirigido a este encuentro.

Por ende, es su obligacin dar a conocer lo que es su juridicidad o normas, ante el pueblo colombiano en primer lugar, para seguir desarrollando acuerdos humanitarios con las comunidades, con la poblacin urbana o campesina en zonas de incidencia, con los pueblos indgenas y afrodescendientes, a fin de que nunca ms ocurran hechos que han sido vergonzosos. Recordemos que en el caso salvadoreo, que la insurgencia haya sido directa en las justificaciones o explicaciones de su accionar, ayud a recobrar inteligibilidad del conflicto y a dilucidar responsabilidades, como luego la Comisin de la Verdad lo reflej en su informe. Y sera un paso muy importante en el dilogo con espacios de la comunidad internacional, y por supuesto en la hiptesis de que el gobierno colombiano se resuelva a dialogar.

Insisto que la autorregulacin de los contendientes es parte de la bsqueda de la humanizacin del conflicto, independientemente del clculo de cunto queda para que termine, sin que esto suponga reciprocidad ni renunciar a espacios de construccin de la paz con el empoderamiento de sectores sociales, ni abandonar la perspectiva del dilogo para la solucin negociada, para la cual indefectiblemente s se necesita de las dos partes: Estado e insurgencia.

Respecto de esta ltima, la insurgencia, es frente a la cual para algunos caben dudas tericas, que deben ser definitivamente aclaradas. De ah que deba recordarse que es el propio derecho internacional de los conflictos armados, dentro del cual est el DIH, el que no slo admite sino que exige que exista una lgica de autocontencin y de responsabilizacin, de limitacin del accionar, as ste sea irregular, es decir de no actuar indiscriminadamente y de comportarse con humanidad. En segundo lugar, porque en su trasfondo histrico y acumulado social, poltico y jurdico (recordemos que tienen unos cdigos de guerra y han hecho a su manera unas normas), las organizaciones guerrilleras se desenvuelven a partir de regulaciones internas y externamente en la relacin con la poblacin, como se comprueba desde aproximaciones sociolgicas ms simples o ms complejas. Tercero, porque cumplen requisitos demarcados objetivamente para la aplicabilidad del DIH. Cuarto, por las citadas declaraciones expresas de acogerlo o respetarlo.

En Colombianas y Colombianos por la Paz seguiremos abogando por acuerdos de respeto de la insurgencia con comunidades que han sido vulneradas en sus derechos, sabiendo que falta en ese campo mucho camino por recorrer, pues es imprescindible que la guerrilla garantice que graves violaciones de derechos jams vuelvan a ocurrir. Tambin es muy importante el hecho ya mencionado por Enrique Santiago, que no obstante no ha sido suficientemente valorado en el pas, sobre la Declaracin de noviembre de 2009 de las FARC-EP y del ELN con la que, despus de enfrentamientos entre ambas organizaciones rebeldes, asumen el compromiso de habilitar los espacios y mecanismos que permitan esclarecer y encontrar las verdaderas causas que nos han llevado a esta absurda confrontacin en algunas regiones del pas, superarlas y trabajar por resarcir los daos causados, y adems donde ratifican la vigencia de las normas de comportamiento con las masas acordadas y aprobadas en la Cumbre de Comandantes de 1990 (10).


Colombia en el 2011: no estamos en el final del final. La paz con justicia ha de abrirse camino

Aunque es cierto que no es novedosa la posicin de la guerrilla admitiendo posibilidades de pactar la solucin poltica, pues lo viene sosteniendo desde los aos ochenta, no cabe duda de signos fehacientes producidos a finales de 2010 y en estos meses de 2011, que nos indican claramente estar encaminada en esa direccin. Haber pasado de la histrica consigna de la toma del poder a la bsqueda de una negociacin basada en una agenda de cambios sociales urgentes y esenciales, no significa que deban pasar ahora los rebeldes a una dejacin o renuncia de un ideario poltico, como si buscaran postrarse y humillarse. Eso no ser posible. Ni por razones distintivas del conflicto colombiano, ni por razones del mbito regional y mundial.

A los insurgentes se les pide aceptar reglas de sometimiento y reinsertarse en la sociedad. En cul? En la de la insolidaridad, en el carrusel de lo anti-social y en la descomposicin o corrupcin galopante de un sistema? Podramos volver a pensar un paso previo: es el Estado el que debe reinsertarse en las necesidades y aspiraciones de futuro, paz y justicia de una sociedad que se desvertebra.

La propia realidad de una guerra interna que se internacionaliza en gran medida como lo comprueba el establecimiento de bases militares de EEUU y los intereses de perpetuacin del conflicto en funcin de beneficios privados, esa guerra que vive Colombia, se actualiza en sus diferentes causas, expresiones y efectos, y pone en su lugar de mentira el triunfalismo y el embuste del post-conflicto, sofismas que vienen de ese pasado escabroso simbolizado en Uribe y que el gobierno de Santos sigue vendiendo como imagen para el desarrollo de un modelo econmico de indudable impronta neoliberal, es decir de capitalismo sin lmites.

Contra la evidencia, se nos dice que estamos a las puertas del auge generalizado y del progreso nacional, y en el final del conflicto, deducido ste de lo que algunos interpretan como el final de la insurgencia. No encarando la verdad sino maquillndola, el panorama es de ms razones para el pesimismo. No estamos ante un horizonte prometedor, ni por las ascendentes acciones de guerra ni por las adversidades y exclusiones econmicas y sociales que sufren a diario las mayoras.

Aunque fuera cierto que puede el Estado acabar militarmente con la guerrilla y destruir al movimiento social mediante la guerra sucia o fragmentarlo y neutralizarlo a travs del ardid, las componendas y la captacin de esta etapa de apertura que Santos sabe sugerir, no habr en consecuencia ningn escenario de contrapeso real para mnimas reformas democrticas, es decir esa pacificacin no solucionar la violencia estructural que es la que ms condiciones de muerte y no futuro genera para las mayoras empobrecidas. Esa pacificacin slo ser temporal y al servicio de la injusticia.

Por el contrario, la paz digna basada en mnimos de justicia y democracia cuesta reformas comprensivas de derechos y sus efectivas garantas, y ha de edificarse tomando en cuenta los profundos desafos polticos y culturales surtidos nacional e internacionalmente. Cambios sufridos en dos dcadas vertiginosas, que, as como desaconsejan mantener la guerra, imponen del mismo modo nuevos y complementarios sentidos a las luchas polticas por la emancipacin, las cuales no cesan ni en el continente suramericano ni en otras partes del mundo, pues resurgen las resistencias colectivas por la vida y los derechos de todos/as.

Las desfavorables correlaciones de fuerzas indicaron en muchos casos de otros conflictos, en diferentes continentes, que era mejor negociar que permanecer perdiendo el aliento poco a poco. Vinieron los descalabros junto a las promesas de soluciones sociales a graves opresiones. Las alianzas configuradas que victoriosas mostraron hace aos como paradigmtico el modelo de negociaciones desmovilizadoras en otras experiencias, en las cuales no transfirieron poder a los de abajo, ya no son capaces de guiar, de atraer y de disuadir a movimientos que se producen en los pueblos buscando el ms elemental bienestar.

Un motivo no menor es saber que el mundo no est quieto. Las revueltas por la espantosa falta de justicia y democracia no son cosa del pasado. Est demostrado, aparte del acumulado que todava conserva la rebelin, que las nuevas oleadas o flujos de lucha popular frente a estructuras opresivas, y en ello Colombia no es una excepcin, pueden marcar no derrotas sino derroteros de continuidad, nuevos impulsos de procesos de emancipacin, con o sin medios de resistencia violenta.

Las crisis de civilizacin, econmicas, ticas y medioambientales, de sostenimiento y dignificacin de la vida humana en el planeta, y las exigencias de nuevos retos de construccin de paz duradera basada en esos mnimos de justicia a travs de compromisos concertados, y no la pacificacin vitoreada en sucesivos ultimtum de sometimiento, es lo que nos hace plantear con coherencia, precisamente, que la salida poltica negociada en Colombia debe ser un aporte a la obra ms general de un humanismo social, que es la bsqueda esperanzadora emprendida hace aos en Amrica Latina.

Esa paz acordada es tan posible como necesaria. Estamos a las puertas de una histrica encrucijada para que sea viable como proyecto que convoque al pas entero. En esa realizacin sern determinantes los ms cualificados oficios de la comunidad internacional, a travs de personas de gran compromiso moral e intelectual, como las que ac nos han acompaado en este esfuerzo: Adolfo Prez Esquivel, Premio Nbel de la Paz, acusado absurdamente por el degradado Uribe Vlez; Las Madres de la Plaza de Mayo, con su testimonio de lucha; Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO; Atilio Born y otros acadmicos. Adems de gobiernos amigos de la paz en Colombia, como Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba y otros. Sin olvidar UNASUR, la instancia cuyo papel puede ser rotundamente positivo, de darse una voluntad poltica de sus componentes. Es por esa va y no por medio de la imposicin o injerencia cnica de gobiernos y empresas poderosas que slo piensan en expoliar, como puede reivindicarse un respetable y equitativo compromiso internacional.

Es no slo una oportunidad histrica para la guerrilla, que ha expresado su decisin de conversar para pactar, como lo han hecho saber en este encuentro las mximas comandancias de las FARC-EP y del ELN. Es tambin sin duda una oportunidad histrica para el Estado y los crculos que lo controlan. Para Juan Manuel Santos, quien se rehsa a dialogar por ahora, a la espera de ms muertos del otro lado o de seales de rendicin, que probablemente no lleguen. Lo es tambin para la sociedad en general, sobre todo para quienes aspiran sembrar un mejor futuro para sus hijos, sin las sombras del despojo, del hambre y el desarraigo.

Eso no vendr gratuitamente. Significar luchar por los derechos, es decir por condiciones materiales de ejercicio de las garantas sociales de democracia poltica, econmica y cultural, sin que pas lo que ante nuestros ojos ha venido sucediendo hace ms de treinta aos con impunidad: que les acaben matando a quienes suean y hacen las alternativas.


(∗) Carlos Alberto Ruiz es Doctor en Derecho. Ponencia revisada y ampliada, presentada el 23 de febrero de 2011 en el marco del encuentro internacional Haciendo Paz en Colombia, en Buenos Aires, Repblica Argentina.

Notas del autor:

(1) ltima carta de Jos Raquel Mercado. Dirigida al presidente Alfonso Lpez Michelsen. Abril de 1976. Anexa en: Siembra vientos y recogers tempestades. Patricia Lara. 5 edicin, Editorial Punto de partida. Bogot, 1982, pg. 187.
(2) El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas. Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck. Comit Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 2007.
(3) Ver entre sus obras: Guerra o democracia, Edit. FICA, Bogot, 2003; su ponencia en el Seminario que organizamos en Espaa bajo el ttulo Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario, en marzo de 2009, disponible en http://www.justiciaporcolombia.org/node/50, y en la ponencia de este encuentro de Buenos Aires.
(4) Para una mayor caracterizacin y apertura polmica de estas categoras y otras como la toma de rehenes, las detenciones por razones de derecho y/o dentro de un conflicto armado, los acuerdos humanitarios y la beligerancia, puede consultarse La rebelin de los lmites (Quimeras y porvenir de derechos y resistencias ante la opresin). Carlos Alberto Ruiz Socha. Editorial Desde abajo, Bogot, 2008, pgs. 296 a 354.

(5) Ver texto completo en http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/boletin03.htm, o en http://luisdallanegra.bravehost.com/Tratados/puerciel.htm
(6) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123089&titular=utilizar-el-derecho-regulador-de-la-guerra-para-construir-la-paz-
(7) La rebelin de los lmites (Quimeras y porvenir de derechos y resistencias ante la opresin). Cit.
(8) "De la locura a la esperanza. La guerra de doce aos en El Salvador. Informe de la Comisin de la Verdad, en ECA, Estudios Centroamericanos, Ao XLVIII, 533, Universidad Centroamericana "Jos Simen Caas", San Salvador, marzo de 1993, pg. 171.
(9) Por ejemplo en el mensaje de las FARC-EP del 6 de junio de 1995, dirigido al Comit de Bsqueda de la Paz y a la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra.
(10) Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97283



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.










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