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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-04-2011

Vcitmas denuncian que ha cambiado el lenguaje pero persiste la violencia
El Gobierno de Colombia reconoce los crmenes de Estado y los nexos de ejrcito y paramilitares

Sara Verd y Paco Simn
Diagonal

Un encuentro organizado por el Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado rene a representantes de familiares de 15.000 vctimas que denunciaron la persistencia de la violencia en Colombia. Sealan que Juan Manuel Santos ha cambiado el lenguaje pero no se ha frenado la represin. Los crmenes de Estado fueron reconocidos pblicamente por Alejandro Reyes, asesor para la restitucin de tierras del Ministerio de Agricultura de Colombia durantes las jornadas.


En Colombia ha habido crmenes de Estado. Desde 1982 se produjo la alianza de narcotraficantes, Fuerzas Armadas, gobernantes y grandes terratenientes para crear el paramilitarismo en el pas. Buena parte de la doctrina militar colombiana ha favorecido alianzas con el narcotrfico para controlar las regiones, reconoci pblicamente Alejandro Reyes, asesor para la restitucin de tierras del Ministerio de Agricultura de Colombia, durante el V Encuentro Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado celebrado en Bogot a mediados de marzo.

Sin embargo, esta aceptacin de las denuncias que durante dcadas han realizado las organizaciones sociales sobre la implicacin del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos no sorprendi a las vctimas. El cambi en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrtica (lema del Gobierno anterior de lvaro Uribe Vlez) a Prosperidad Democrtica (lema del actual Gobierno de Juan Manuel Santos (de supuesta concertacin y respeto a los derechos humanos no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopoltica, impunidad y el conflicto social y armado, segn denunciaron en la declaracin poltica elaborada al concluir el evento.

El encuentro fue organizado por el Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado (MOVICE), nacido apenas hace seis aos y formado por 300 organizaciones que aglutinan a 15.000 vctimas, entre ellas muchas de las y los exiliados en el Estado espaol.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y su asesor Alejandro Reyes fueron dos de las personas incluidas en el Gobierno de Santos para tratar de marcar distancias con su antecesor Uribe Vlez. Reyes, autor del libro Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia, intent convencer a los asistentes al encuentro del MOVICE de las buenas intenciones del proyecto de ley de vctimas y restitucin de tierras que se estaba debatiendo en el Congreso de la Repblica.

Por eso, despus de sus rotundas manifestaciones y de pedir que se exijan responsabilidades penales a los comandantes militares que promovieron el paramilitarismo, afirm que la posesin de la tierra ha sido la causa del conflicto, y quien no tena fuerza para defender la tierra, la perdi; quien no tena la proteccin de la Fuerza Pblica, que estaba aliada con los despojadores, la perdi.

Ahora, segn el asesor, el Gobierno va a aplicar una poltica de tierras fundamentada en la justicia restaurativa y distributiva y en la cartografa social que se elaborar recorriendo las veredas para que las comunidades determinen de quin son las propiedades. Pero esta iniciativa se da en medio del conflicto y es peligroso reclamar las tierras porque una forma de frenar el proceso es matar a los lderes. No se puede quitar la tierra a quien conserva el poder, por eso hay que quitarles el poder a quienes despojaron, seal Alejandro Reyes. En Colombia hay casi siete millones de hectreas usurpadas a sus legtimos propietarios. Ley de vctimas sin las vctimas

Frente a este discurso, Franklin Castaeda, portavoz del MOVICE, destac la paradoja de que el proyecto de ley estuviera a punto de aprobarse sin haber consultado a las propias vctimas, tal como determina el derecho internacional, ni tampoco a las comunidades a quienes se les ha de restituir las tierras. Consecuentemente, en el texto legal no se reconoce la responsabilidad del Estado en los crmenes ni se establecen garantas para que los retornados puedan permanecer en sus tierras despus de que les sean devueltas, as se facilita que, una vez legalizadas las tierras, stas acaben de nuevo en manos de los terratenientes o de empresas transnacionales, denuncian las vctimas. Adems, se determina que a quienes se les tenga que restituir tierras afectadas por proyectos considerados como de utilidad pblica e inters social se les compensar en especie, lo que favorece los megaproyectos agrarios y mineros frente a los derechos de la poblacin desplazada y vctimas del conflicto.

Ivn Cepeda, congresista del opositor Polo Democrtico Alternativo e hijo del senador de la Unin Patritica, Manuel Cepeda -asesinado en 1994 en una accin conjunta entre militares y paramilitares-, critic que las reparaciones a las que tienen derecho las vctimas estn condicionadas a criterios fiscales, es inmoral, cuando en los aos de Uribe se dilapidaron recursos en las falsas desmovilizaciones; altos cargos del Gobierno anterior estn siendo investigados por incrementar las cifras de desmovilizados dando dinero a falsos guerrilleros y paramilitares. Y denunci que en la ley no haya mecanismos que garanticen la no repeticin de las violaciones ni para que se desactive la paraeconoma ni los grupos paramilitares, que no son delincuentes mafiosos sino que mantienen alianzas con el Estado.

En este sentido, la declaracin final del encuentro recoge que el MOVICE no ha reconocido ni reconocer denominar las estructuras paramilitares como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia comn.


http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-de-Colombia-reconoce.html



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