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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2011

El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona es la punta del iceberg del terrorismo de Estado

Jos Antonio Gutirrez D.
Rebelin


Es lamentable ver cmo hechos que un da despiertan el repudio y la atencin nacional,
al otro da son olvidados y al da siguiente son repetidos y contados con el asombro de la primicia
.
(Colombia, Sepelio de Informacin. Red Libertaria Popular Mateo Kramer, 22 Noviembre 2010)[1]


El da 22 de marzo, en Saravena, departamento de Arauca, cay fulminada de cinco certeros disparos a la cabeza la jueza Gloria Constanza Gaona. Tena 37 aos de edad cuando un sicario, sin amenaza previa, le arrebat la vida en pleno centro de esa ciudad, en la esquina de la calle 29 con la carrera 16. Ella llevaba el caso por el crmen de los menores Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 aos), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 aos) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 aos), que fueron secuestrados por soldados de la Octava divisin del Ejrcito colombiano (5 Brigada Mvil) de su finca en el Municipio del Tame (Arauca), mientras su padre Jos lvaro Torres se encontraba en labores agrcolas. Luego del plagio, los nios sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa comn.[2]

El crmen de Tame conmovi y asque a la opinin pblica colombiana, al menos por un par de das, pero como todos los crmenes en los cuales se encuentran involucrados miembros de la fuerza pblica, se encuentra envuelto hasta la fecha en la ms indignante impunidad. Y tras la impunidad, envuelto en el olvido de un pas que necesitara una memoria demasiado prodigiosa para recordar todas las atrocidades y abusos cometidos contra su pueblo.

La doctora Gaona estaba decidida a que este caso se esclareciera y que los culpables pagaran su crmen. Sin embargo, su celo profesional fue interrumpido esa maana de Marzo, por manos que, sin lugar a dudas, buscan que la impunidad siga siendo ama y seora de Colombia. A las buenas, o a las malas.

El sindicato de los funcionarios judiciales, ASONAL, no tard en decretar un paro y diversas manifestaciones el da viernes 25 de Marzo: este, fue, despus de todo, un asesinato ms de los 287 de que han sido vctimas funcionarios judiciales desde 1989, existiendo actualmente unos 700 funcionarios amenazados y 39 desaparecidos[3]. El gobierno, como siempre, deplor verbalmente el crmen, ofreci la recompensa millonaria de costumbre a quien d informacin de los sicarios (dndole al caso ese toque de Far West tan propiamente uribista-santista) y grit a los cuatro vientos verdad, juicio y castigo mientras las cmaras se enfocaban hacia ellos. A dos semanas del asesinato, sin la atencin de las cmaras, los engranajes oficiales de la tradicional impunidad se han vuelto a activar con la venia de todo el Estado, para asegurar que la mano de la justicia no llegue ni a Tame ni a Saravena.

El imperio de la impunidad

La impunidad que rodea los casos de crmenes de Estado, que involucran a miembros de la fuerza pblica no es fruto del azar, sino que una poltica conciente elaborada por las lites que dirigen al pas.

Que el ejercicio judicial ha ido perdiendo, de hace mucho tiempo, su independencia frente al Ejecutivo queda claro cuando vemos la enorme presin que desde el gobierno de Uribe Vlez (2002-2010) se realiz sobre la Corte Suprema para someterla, mientras el resto del aparato judicial se llenaba con jueces de bolsillo. Este debate nada tena que ver con asuntos de mera personalidad del presidente o de los jueces, sino con un proceso de desarrollo de un Estado de corte autoritario, con tendencias fascistizantes, que impone la voluntad del jefe al derecho proceso que responde a momentos de crisis de hegemona y que tiene relacin con la necesidad de la clase dominante de tener manos libres para restablecer la estabilidad en su dominio[4].

En este sentido es que debe entenderse el Salto Estratgico desarrollado por el gobierno colombiano en el plano de lo militar, a comienzos del 2009, el cual en su tercer punto, implica la guerra jurdica, es decir, la prolongacin de las tcticas contrainsurgentes al plano judicial, ya no solamente mediante la creacin de una legalidad anti-terrorista selectiva, que trata con guante de seda a los paramilitares ultraderechistas, mientras criminaliza cualquier forma de disidencia e impone sentencias extraordinariamente onerosas a los alzados en armas de izquierda. No, ya no se trata solamente de la existencia de tal o cual ley, sino que de la participacin activa del Ejecutivo y del Ejrcito para forzar la imposicin arbitraria de sentencias, acabando de hecho con la independencia del poder judicial.

El resultado prctico, es que el ejercicio de la justicia se ha convertido en un componente ms de la guerra psicolgica, en la cual se busca articular el sistema judicial para que ste produzca resultados ejemplarizantes, que bajen la moral de las tropas de las FARC [ie. y de la insurgencia en su conjunto]. La extradicin, en particular, ha sido usada com herramienta en este componente; otro mecanismo muy socorrido fue evitar la judicializacin por rebelin y promover condenas por terrorismo () Al mismo tiempo, se intent crear un sistema de proteccin jurdica a los efectivos de las Fuerzas Militares, con el objeto de prevenir la desmoralizacin de la tropa ante eventuales condenas por violaciones de los derechos humanos[5].

En palabras simples, la nocin de culpabilidad pierde todo sentido. La justicia tiene por nico fin desmoralizar a la insurgencia, y la impunidad debe imponerse ante los casos de terrorismo de Estado para no desmoralizar a la fuerza pblica. Esto abre las puertas, de par en par, al imperio de la arbitrariedad, a la tirana, que es lo que precisamente se ha impuesto en Colombia, y cuyos resultados objetivos los apreciamos en Arauca: el impune asesinato y violacin de nios, el asesinato de una jueza que se neg a obedecer las reglas del juego, esa que dicta que a los muchachos no los toca la ley.

Esa es la teora. Veamos ahora la prctica: la manera en que la Defensora Militar Integral (Demil)[6] ha conducido la defensa del nico imputado por el crmen de Tame, el subteniente Ral Muoz Linares, es bastante reveladora de las prcticas para garantizar la impunidad de las que hemos hablado. No solamente existe un solo uniformado imputado por este caso, pese a haberse hallado sangre en los morrales de ocho, as como marcas de rasguos en sus espaldas; adems se esgrimi el argumento de que ste haba mantenido relaciones sexuales consensuadas con dos menores de edad! El resto, representa las tcnicas clsicas para dilatar el proceso para conseguir as el vencimiento de trminos: la Defensora Militar Integral (Demil), intent impedir las investigaciones de varias maneras; abogados de la defensa desistan del caso, las audiencias fueron suspendidas dos veces y Ral Muoz no compareca en las fechas indicadas. A fines de febrero, [ed. la jueza] Gloria [Constanza Gaona] haba solicitado tambin que la empresa fuese investigada.[7]

En definitiva, que la inercia incline la balanza hacia la impunidad, mientras se callan las voces crticas mediante el terror.

El imperio del miedo

Ya los documentos filtrados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (la polica poltica colombiana, que de dedic a espiar, amedrentar y perseguir a opositores, sindicalistas, jueces y abogados de derechos humanos -cuando no a entregar sus datos a sicarios y paramilitares para realizar el trabajo sucio), revelaban el concepto de la Guerra Jurdica, segn la cual se busca impedir la accin de la oposicin mantenindola a la defensiva mediante la saturacin de juicios y montajes judiciales[8].

Esta definicin que el DAS utiliz para racionalizar su estrategia de acoso jurdico a la oposicin legal, demuestra que el Estado colombiano entiende la persecusin poltica como una continuidad de sus polticas contrainsurgentes: cualquier forma de oposicin, legal o ilegal, armada o pacfica, debe ser aplastada y para ello se sirven de los mismos mtodos.

La idea anterior de la guerra judicial, de convertir a las cortes literalmente en una prolongacin del campo de batalla, la expres de manera concisa en Marzo del 2009, con palabras ms o menos elegantes, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de la repblica: seguiremos con el tema de la judicializacin, trabajando en coordinacin con la Fiscala, esto con el fin de lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo[9]. Es decir, el Ministerio de Defensa toma parte activa en las judicializaciones; tal intromisin en la competencia de otra rama del Estado, hace que no haya ms que un paso de la imposicin de fiscales y jueces de bolsillo, a la presin y la amenaza.

Es por ello que no extraa que este concepto de Guerra Jurdica fuera acompaado del amedrentamiento sistemtico, por parte de fuerzas ocultas pero fcilmente reconocibles, a todo aquel que representara un estorbo para los designios del rgimen: esto lo demuestra el aterrador expediente sobre la periodista asociada al Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, doctora Claudia Julieta Duque. En un instructivo interno del DAS sobre cmo hacer llamadas amenazantes, se explica paso a paso cmo se debe proceder:

  • Hacer la llamada en cercana a las instalaciones de Inteligencia de la Polica.

  • No tartamudear, ni durar en la llamada ms de 49 segundos.

  • Llamar preferiblemente desde un telfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.

  • Constatar que en el permetro no haya cmaras de seguridad. As sean de trnsito.

  • Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.

  • Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisar inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Polica Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).

  • Por si el alumno fuera un poco lento, para que todo quede suficientemente claro, este mismo manual para torturadores entrega un modelo de llamada:

    Saludo: Buenos das (tardes). Por favor la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?

    Mensaje: Seora, es usted la mam de Mara Alejandra (esperar contestacin) Pues le cuento que no nos dej otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos toc meternos con lo que ms quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa...
    .

    Pero en realidad, el matn a sueldo del Estado colombiano, result ser un aventajado. Cuando realiz su llamada el da 17 de Noviembre del 2004, a las 19:52 horas, remoz la llamada modelo con su propia creatividad, agregando que a su hija la iban a matar y violar, y que su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa[10]

    Este ejemplo escalofriante, demuestra que no estamos ante unos casos aislados, ante unas cuantas manzanas podridas: estamos ante una actitud pautada, aprendida, trasmitida en cadena de mando, sistematizada por una institucin crucial del Estado, bajo supervisin directa del poder Ejecutivo, lo cual nos demuestra, de manera irrefutable, la naturaleza terrorista del Estado colombiano.

    Naturalmente, el caso de la dra. Duque, no es un caso excepcional. Es tan slo el ms conocido de miles de casos de amenazas que seguimos recibiendo a diario: Colombia, tristemente, sigue liderando al hemisferio en ataques contra defensores de derechos humanos: entre el 2002 y el 2009, ms de 1.000 defensores fueron vctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas; slo en el 2010, se registraron al menos 32 asesinatos de defensores[11]. Triste rcord, en verdad, el cual nos dice que las amenazas deben ser tomadas muy en serio.

    Sin ir ms lejos, los familiares y los abogados de las vctimas del Tame tambin han sido amenazados. El propio padre de los tres nios asesinados, don Jos lvaro Torres, recibi una amenaza, a travs de una siniestra llamada a su hija mayor: ah, usted es la hija del perro hijueputa. Dgale que ya le dimos por donde ms le duele y que vamos seguir dndole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde estn viviendo. Esta llamada ocurri el 24 de Marzo, dos das despus del asesinato de la dra. Gaona. En esas mismas fechas, los abogados Olga Silva y Luis Alfonso Ruiz, que representaban a las vctimas, tambin recibieron llamadas intimidatorias[12].

    No hay que ser un genio para darse cuenta que estas llamadas, producidas en esas fechas, arrojan luces esclarecedoras sobre el mvil del asesinato de la jueza Gaona, an cuando las autoridades intenten tender un velo de misterio sobre el asesinato.

    El imperio de la arbitrariedad

    Tan naturalizada est la prctica del amedrentamiento en Colombia, que la Demil consider perfectamente legtimo amenazar, en su pgina web, a los periodistas que insinuaran lo sospechoso que resultaba el asesinato de una jueza que llevaba este caso tan sensible y que involucraba al Ejrcito. Las palabras utilizadas no son ni ingeniosas ni sorprendentes, sino que reflejan esa prepotencia que caracteriz el discurso poltico del uribismo durante buena parte de la ltima dcada: se recomendaba no cuestionar al Ejrcito, so pena de ser vctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos[13].

    Como si esto fuera poco, la emprendieron con un nimo igualmente pendenciero y amenazador en contra del periodista Daniel Coronell por una columna suya en la revista Semana en la cual cuestionaba al rol de Demil en el proceso del Tame, con el siguiente mensaje enviado por Twitter: Si las columnas pendencieras persisten, es muy probable que El indefenso en realidad se quede sin abogado. Pues est ameanzado! (27 de Marzo)[14]. Insistimos en que estas amenazas no han de ser tomadas a la ligera, sino que ocurren en un pas que, como hemos visto, lidera a nivel latinoamericano el asesinato de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, lderes comunitarios, sindicalistas, etc., etc., etc., etc., etc.

    Ya no slo no basta con el asesinato de una jueza ni con el acoso a testigos y familiares, sino que adems se coarta la libertad de prensa, no mediante leyes ni decretos, sino que mediante la amenaza y el amedrentamiento. Qu garanta entonces existe para que haya justicia y que este caso no acabe, como el 98% de los casos en Colombia, en la ms desoladora impunidad?

    An as, el pueblo organizado en Arauca y Colombia debe seguirse movilizando y no puede dar el brazo a torcer en su demanda de castigo a los violadores y asesinos de Tame, partiendo por el subteniente Muoz, quien ha reconocido, sin expresar en absoluto muestras de remordimiento, el abuso de dos menores de edad. An cuando no pueda el pueblo presionar a las Cortes para que se haga justicia, s puede trabajar para que por lo menos este horrendo crmen y la seguidilla de otros crmenes que ha gatillado, no caigan al olvido. Pues es el olvido, el cual en realidad sella la labor de las fuerzas de la impunidad.

    Tambin la movilizacin popular es capaz de hacer frente al imperio de la fuerza bruta que imponen los brazos armados del Estado en Arauca y sus tentculos paramilitares. Un pueblo fuerte, un tejido social rico, en movimiento, que pueda proyectarse como alternativa social, es la mejor manera de salir al paso a los traficantes de la muerte. Esta no es, empero, una lucha fcil. Despus de todo, Tame no es un municipio rural cualquiera en Colombia, sino un punto nodal para el nuevo ciclo de expansin paramilitar, desde el cual operan, con pleno respaldo de la fuerza pblica, las temidas guilas Negras y el ERPAC. Tame es un retrato en miniatura de la realidad nacional. Lo que pas en ese municipio, es, sencillamente, reflejo de la poltica contrainsurgente del Estado colombiano: un crmen abominable ms de una larga lista de crmenes semejantes cometidos a veces con pasamontaa y banda paramilitar, a veces con uniforme militar y la bandera patria en el pecho.

    Lo que realmente duele de la atrocidad de Tame no es lo excepcionalmente brbaro del crmen, sino que lo comn y corriente que se han vuelto abusos y atrocidades como este. Lo comn y corriente que se ha vuelto el infanticidio como mecanismo de la guerra sucia, como componente macabro del Terrorismo de Estado en Colombia. Lo comn y corriente que se ha vuelto la impunidad y lo fcil que se olvidan todas estas atrocidades, a la espera de que cada cierto tanto, la opinin pblica se vuelva a alborotar momentneamente con otra nueva masacre y se diga, como si nunca nos hubiramos enterado de nada: Dios mo! Cmo pueden suceder estas cosas en Colombia?

    Jos Antonio Gutirrez D.
    11 de Abril, 2011




    [1] http://anarkismo.net/article/18114
    [2] http://anarkismo.net/article/17919
    [3] http://www.radiosantafe.com/2011/03/25/jueces-y-fiscale...aona/
    [4] Hemos analizado ya en otro artculo en mucho ms detalle el tema de las contradicciones entre los aparatos del Estado colombiano y las tendencies fascistas que se reflejan en esta pugna. http://anarkismo.net/article/17240
    [5] La Guerra contra las FARC y la Guerra de las FARC Ariel Fernando vila Martnez, Revista Arcanos No15 (Abril 2010), p.13. Sobre el tema en particular de las extradiciones, ya habamos escrito un documento de anlisis previo De Asilos y Extradiciones: la internacionalizacin de la guerra sucia colombiana http://anarkismo.net/article/18186
    [6] Organizacin dependiente del Ejrcito (pese a que reclame ser independiente), la cual brinda asistencia jurdica a los uniformados a cambio de una cotizacin mensual.
    [7] http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lan...54986
    [8] http://anarkismo.net/article/16405
    [9] http://www.cuartadivision.mil.co/index.php?idcategoria=...18574
    [10] http://www.semana.com/noticias-nacion/manual-para-amena....aspx
    [11] http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_co...id=10
    [12] http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_co...terna
    [13] http://elespectador.com/impreso/columna-260380-tatequieto
    [14] http://www.lasillavacia.com/historia/el-fin-de-demil-22...age=1


    Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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