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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2011

Puerto Rico
El estado contraataca

Jess Dvila
NCM Noticias

Con el apoyo estratgico de la Casa Blanca, el Gobierno de Puerto Rico ha desatado una contraofensiva en mltiples frentes que barrera los focos de resistencia estudiantil, sacara del panorama al independentismo.


Con el apoyo estratgico de la Casa Blanca, el Gobierno de Puerto Rico ha desatado una contraofensiva en mltiples frentes que de tener xito- barrera los focos de resistencia estudiantil, las protestas ambientales, sacara del panorama al independentismo y neutralizara como actores sociales a los sindicatos y dems grupos de la llamada sociedad civil.

Sin embargo, la inestabilidad poltica y econmica, as como una dramtica tendencia de alza en la actividad criminal, se combinan con las bajas metericas en la popularidad del Gobernador Luis Fortuo para servir de marco incmodo para el intento de cambiar las bases de la vida institucional en esta nacin islea del noreste del Caribe, equidistante de Guantnamo y de Caracas.

Hasta ahora, el foco principal de las acciones del Estado, que ha reclutado a su favor una amalgama de sectores de derecha e izquierda, es la persecucin policaca y judicial del liderato estudiantil insumiso. El proceso se aprovecha para sentar las bases de restablecer como legtimas la vigilancia y el acecho de ciudadanos que no han delinquido pero que se arriesgan a participar en actividades de protesta.

En uno de los casos ms dramticos de esa tendencia, una juez de instancia aprovech el momento de condenar a varios miles de dlares de multa al conocido activista ambiental Alberto de Jess Tito Kayak imputado de decirle me cago en tu madre al polica que le persegua durante una protesta estudiantil- e indic que tena que advertir que no hay nada de malo en que los policas sometan ciudadanos a persecucin y vigilancia sin que medie causa o sospecha de delito. Casi a la vez que se produca la expresin judicial, el jefe de la Polica nacional, Jos Figueroa Sancha, anunciaba que hace un mes se implant un reglamento para grabar con cmaras a los asistentes a protestas y otras actividades pblicas, videos que se mantendrn por varios aos en la bveda de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratgicas.

La aprobacin del reglamento, primero confidencialmente y ahora de conocimiento pblico, se produjo un da despus de un motn en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en el cual se document con fotos la presencia de policas motorizados y un oficial uniformado de alta gradacin. De ese disturbio tambin han surgido informes de que agentes encubiertos de inteligencia policial tomaron parte en la agresin a guardias universitarios.

El motn produjo reclamos pblicos airados contra los estudiantes, pero los informes sobre participacin de la Polica nacional en el suceso no han producido denuncias notables. De igual forma, el anuncio de la jefatura policial sobre la vigilancia electrnica de los ciudadanos tampoco enfrenta objeciones que hayan tenido mayor trascendencia pblica.

Tampoco ha motivado mayor inters pblico que dos das despus de aquel motn quedaron sin efecto los contratos laborales de los trabajadores del gobierno central, quienes se han mantenido en ese limbo por ms de cuarenta das. La Legislatura aprob extender los contratos por dos aos, pero el Gobernador Fortuo lo vet para que se le hagan enmiendas tcnicas, lo que tendr el efecto de que la medida de gracia est de nuevo en su escritorio das antes del Primero de Mayo, para cuando est convocada una protesta masiva contra la construccin de un gasoducto en la que se supone tengan una participacin destacada esos mismos sindicatos.

La Legislatura tiene ante s tambin una medida para abolir las colegiaciones compulsorias de actores, electricistas, ingenieros, arquitectos y otras similares, como ya se ha hecho con el Colegio de Abogados, que lucha por tratar de evitar el embargo de su edificio y hasta el momento no ha logrado que la clase togada aporte los millones de dlares necesarios para salvar su sede.

En la otra cara de la moneda, los estudiantes alzados han aprovechado el cerco de silencio que les ha tendido la prensa nacional para reorganizar sus fuerzas sin que se conozca pblicamente cmo lo estn haciendo. Adems, estn sentando las bases para impugnar judicialmente el secreto con el que se maneja el tesoro de la Universidad de Puerto Rico ante informes de testigos que alegan que la institucin tiene una cartera de cientos de propiedades inmuebles por todo el pas, de la cual dispone sin escrutinio pblico y vende fincas y edificios a precios muy por debajo del valor de mercado mientras carga a los estudiantes con aumentos de pagos por matrcula que ya han tenido el efecto de dejar fuera de las aulas a miles de muchachos pobres.

El pas tuvo dos oportunidades recientes para constatar que el alzamiento universitario sigue bajo cuerdas cuando a principios de mes los empleados administrativos lograron la paralizacin de los once recintos del sistema de la UPR y echaron as por tierra la pretensin de que aceptaran el papel de rompehuelgas. La segunda ocasin fue durante la visita de un grupo evaluador de la entidad acreditadora estadounidense, durante la cual profesores, empleados administrativos y estudiantes lograron una denuncia casi unnime contra la rectora de la UPR en Ro Piedras, Ana Guadalupe, que termin responsabilizada en el informe por la falta de gobernanza democrtica en la institucin.

Pero de inmediato hay asuntos ms apremiantes en el debate pblico, como la explosin de asesinatos que amenaza con cerrar el 2011 como el ms violento de toda la historia, con ms de 1.100 muertes violentas. En el pasado remoto quedaron, no slo las primeras dcadas del siglo pasado con escasas decenas de asesinatos anuales, sino tambin desvanecido el recuerdo de mediados del siglo XX, cuando el establecimiento del rgimen autonmico estuvo acompaado de casi veinte aos de baja relativa en la violencia homicida.

Ahora, en la continuacin de la tendencia iniciada en 1971 que ha producido ya ms de 26.300 muertos, se ha verificado el pronstico hecho en 1996 por la criminloga Dora Nevrez, quien anticip la nueva espiral de homicidios tan pronto madurase la generacin hija de la mano dura, cuando las fuerzas militares ocuparon los vecindarios de vivienda pblica para tratar de controlar el crimen.

Un aliado para el Gobierno en su agenda para forzar el nacimiento de un pas nuevo es el informe de nueva poltica pblica de Casa Blanca, que respalda las gestiones sobre la UPR y la poltica energtica sobre gas natural, en la que se enmarca la construccin del polmico gasoducto. El informe propone tambin plebiscitos para lograr que Puerto Rico vote sobre desechar la independencia y la repblica asociada, lo que abrira camino para consolidar el gobierno estadounidense en esta nacin de casi cuatro millones de habitantes en su territorio.

Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.php?article24252



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