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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-05-2011

Entrevista a Enrique Santiago sobre el caso Joaqun Prez Becerra
Joaqun Prez no fue extraditado, sino entregado irregularmente. El Gobierno venezolano an puede rectificar

Patricia Rivas
Rebelin

El comunicador Joaqun Prez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), ciudadano sueco y ex refugiado con estatuto por ser sobreviviente del genocidio de la Unin Patritica, por lo que tuvo que huir de Colombia hace dos dcadas, fue detenido en el aeropuerto de Caracas el sbado 23 de abril y entregado dos das despus al Estado que casi acab con su vida y asesin a su esposa y a ms de cuatro mil de sus compaeros, militantes, candidatos y cargos electos de este partido. El Gobierno venezolano ha justificado esta entrega "exprs", ejecutada en 48 horas, en el cumplimiento de los convenios internacionales y ha recriminado al Gobierno sueco por no ejecutar el cdigo rojo de Interpol y al propio Joaqun Prez por viajar a Venezuela, "poniendo en riesgo a la revolucin venezolana". Pero ms pareciera que el Gobierno venezolano ha sido vctima de una jugada calculada del ejecutivo colombiano, a la que se ha prestado Interpol, y de su propia precipitacin y negligencia en el cumplimiento de las leyes. Acudimos a un jurista experto en derecho internacional y defensor incansable de derechos humanos para que nos explique cmo debera haber sido el proceso de extradicin de Joaqun Prez Becerra, si es que un juez colombiano hubiera llegado a requerirla, y cmo se podra reencauzar el caso para que fuera respetuoso de la ley, de los convenios y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.


Desde el punto de vista jurdico, hasta qu punto se han vulnerado normas del derecho internacional y del derecho nacional venezolano con esta entrega?

Esta entrega no responde a ningn procedimiento establecido en el derecho internacional y creo que tampoco en el derecho nacional venezolano, porque desde luego, no puede equipararse a un procedimiento de extradicin. Un procedimiento de extradicin es un procedimiento complejo, que debe ser sustanciado siempre con las debidas garantas de defensa para el extraditable. Estamos hablando de una entrega policial exclusivamente, en la que no se han respetado los derechos del reclamado.

Qu es un cdigo rojo de Interpol y qu implica?

El cdigo rojo de Interpol no significa necesariamente una orden de detencin internacional. Un cdigo rojo de Interpol es una orden de prioridad que puede ser tanto una orden de ubicacin e identificacin como una orden de detencin, puede ser ambas cosas. Antes de actuar respecto a una persona detenida a consecuencia de un cdigo rojo de Interpol, cualquier Gobierno debe verificar de que clase de cdigo rojo se trata, y a fecha de hoy nadie sabe cul cdigo rojo tena Joaqun Prez Becerra. En principio, un cdigo rojo establece una obligacin de actuar para las autoridades del pas donde se ubica una persona con tal requerimiento, obligacin de que se ubique esta persona y, una vez ubicado, debe ser puesto a disposicin de las autoridades hasta que se confirme si hay una orden de detencin contra l o no. Porque incluso un cdigo rojo no necesariamente lleva aparejada la posterior orden de detencin internacional. Es lo habitual, pero no tiene por qu ser as, podra ser simplemente una orden de ubicacin.

Cmo es posible que Joaqun Prez no fuera detenido en Suecia ni en Alemania, habiendo un cdigo rojo de Interpol?

La nica explicacin que tiene el que, teniendo un cdigo rojo, no hayan sido las autoridades del pas donde reside, que en este caso era Suecia y es parte del sistema de Interpol, quienes lo hayan detenido, es que dicha orden de Colombia a Interpol no se hubiera cursado hasta que Joaqun Prez hubiera abandonado Suecia. No hay otra explicacin al hecho de que las autoridades suecas no le hubieran visitado y no lo hubieran al menos- informado de que tena un cdigo rojo y, en su caso, le hubieran notificado si ese cdigo rojo llevaba aparejada una detencin con fines extradicionales y el inicio de un procedimiento de extradicin con puesta a disposicin de las autoridades, o bien le hubieran comunicado que se trataba de una solicitud de ubicacin.

El hecho de solicitar la extradicin de un nacional del pas al que se le solicita -por ejemplo, solicitar la extradicin de un sueco a Suecia- requiere la aplicacin de unas normas especficas que, en resumen, consisten en que el Estado sueco, una vez concluido el procedimiento de extradicin y aunque hubiera una resolucin judicial de entrega, el Estado sueco puede decidir no entregar a un ciudadano de esa nacionalidad y proceder a juzgarlo en Suecia por los mismos delitos por los que se reclama la extradicin. Este supuesto habra sido el ms probable en Suecia atendiendo a la condicin de Joaqun Prez como antiguo refugiado en Suecia, considerando que la Convencin de Ginebra de 1951 sobre refugiados prohbe taxativamente la enterga de un refugiado o de quien lo haya sido, al pas del que huy debido a una persecucin.

Por ello es absolutamente obligatorio, una vez recibida la solicitud de detencin internacional (cdigo rojo), que las autoridades del pas donde reside o se encuentra la persona reclamada por Interpol, en primer lugar, se lo notifiquen al reclamado y procedan a garantizar el procedimeinto de extradicion, siempre con intervencin judicial, ya sea mediante una detencin o mediante una medida cautelar que garantice que el extraditable no pueda abandonar el pas hasta que concluya el procedimiento de extradicin.

A la vista de lo anterior, todo indica que no exista ningn cdigo rojo ni ninguna orden de detencin internacional respecto a Joaqun Prez mientras que ste se encontraba en Suecia.

Por otra parte, si ha viajado a Venezuela travs de Alemania, ha entrado en Alemania y tampoco ha sido advertido por las autoridades alemanas de que exista ese cdigo rojo, es evidente que tampoco exista ninguna reclamacin colombiana u orden de Interpol mientras que Joaqun Perez estaba en Alemania.

La orden de Interpol se tiene que haber emitido en el momento en que se subi al avin en Alemania y ya haba pasado los controles de fronteras de ese pas. Eso encaja perfectamente con la sorpresa que a todo el mundo ha causado el hecho de existir esa orden internacional de detencin de Interpol cuando Joaquin Perez llega al aeropuerto de Caracas. Por ello, es obvio el seguimiento que por parte de las autoridades colombianas y, probablemente sin orden judicial, desde Suecia se le vena efectuando a este hombre.

Las autoridades colombianas saban perfectamente cundo llegaba a Venezuela, en qu vuelo y desde dnde llegaba. Es decir, estaba siendo sometido a un seguimiento, con lo cual todo indica que ha habido una nueva utilizacin fraudulenta de Interpol, igual que ocurri con la intervencin de Interpol a solictud de las autoridades colombianas, respecto a los supuestos ordenadores de Ral Reyes encontrados en el ataque a Sucumbos: nuevamente en este caso las autoridades colombianas intentaron dar visos de legalidad a una actuacin legalmente fraudulenta, a travs de la intervencin de Interpol. De alguna forma han obtenido la connivencia de Interpol para legalizar una actuacin que probablemente ha sido irregular.

Cada vez son ms las sospechas sobre el comportamiento imparcial de un organismo como Interpol, no en este sino en otros asuntos. Hay que recordar que, recientemente y por primera vez, en noviembre de 2010, Interpol se ha negado a introducir en su sistema rdenes de busca y captura y detencin con fines extradicionales, concretamente las rdenes emitidas por el Juzgado Central de Instruccin n 1 de la Audiencia Nacional en el caso Jos Couso, respecto a los tres militares estadounidenses procesados pro el asesinato del cmara de televisn en Bagdad. Ha sido la primera vez en la historia de Interpol que este organismo se ha negado a cumplir una orden judicial. En este caso es todava ms sorprendente esta negativa, porque en la primera fase del proceso de Couso, hasta el ao 2007, fecha en que se archiv la causa por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacioanl luego reabierto por decisin del Tribunal Supremo- los tres militares estadounidenses tenan orden de busca y captura internacional a travs del sistema de Interpol, tenan un cdigo rojo e Interpol haba introducido los datos. El hecho de que posteriormente, en fechas recientes, Interpol se haya negado a introducir unas rdenes que ya haba introducido en su momento alegando que no tiene competencia porque no es una cuestin criminal sino poltica o militar, que es lo que han alegado en aplicacin del artculo 3 del Estatuto de Interpol, viene a poner de manifiesto la deriva en los ltimos aos, especialmente desde que lleg a la secretara general de Interpol el seor Noble, y la supeditacin absoluta a las indicaciones de Estados Unidos, que son quienes tienen el control de Interpol en estos momentos. Interpol no es un organismo imparcial, sino que es un organismo policial internacional al servicio de los Estados Unidos.

La operacin ha sido clara: se ha coordinado con Interpol por parte de las autoridades colombianas, le han cursado la orden de cdigo rojo cuando estaba ya embarcado en el avin desde Alemania, de forma que ni Joaqun Prez ni nadie poda saber que cuando llegara a Caracas y abandonara la Unin Europea de la que es ciudadano- iba a tener este cdigo rojo.

La acusacin contra Joaqun Prez Becerra se sustenta, que sepamos, hasta el momento, nicamente en supuestas pruebas halladas en los computadores supuestamente encontrados en el campamento bombardeado de Ral Reyes. Pero no fue acaso el informe pericial de Interpol el que tambin, desde el primer momento, puso en duda esas pruebas?

Claro. El informe tena la finalidad de validar lo actuado por las autoridades colombianas y el contenido que segn las autoridades colombianas haba en esos ordenadores. Lo que ocurre es que el mismo informe de Interpol, que, claramente tiene esa intencionalidad, no pudo evitar indicar que haba irregularidades en el manejo de esos computadores. Y as, Interpol sealaba que haba varios miles de archivos con fechas posteriores a la incautacin o fechas de manipulacin posteriores a la incautacin. Y tambin que haba ficheros a los que, en el lapso de tiempo transcurrido entre la supuesta fecha de intervencin de los ordenadores y el momento en que se los entregan a Interpol para hacer su informe pericial, se haba accedido. Esto lo hace constar el informe de Interpol, si bien ellos luego en el mismo informe intentan dar una explicacin diciendo que eso no tiene mayor valor jurdico. Lo que es evidente es que no es Interpol quien tiene que decir si eso tiene o no valor jurdico, eso lo tendrn que decir los jueces en un procedimiento judicial con las debidas garantas.

La intervencin de Interpol en todo lo relativo a Colombia ha sido siempre una actuacin que ha buscado amparar las maniobras de intoxicacin del Gobierno colombiano y legalizar pruebas obtenidas de forma irregular y contraria a derecho.

Una vez aclarado cul es el procedimiento por el que se pone en marcha el cdigo rojo de Interpol y en qu momento, cules son las opciones que las autoridades venezolanas tenan y cul habra sido la forma legal de proceder en este caso?

El "Acuerdo de cooperacin y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la Repblica de Colombia y el Gobierno de la Repblica de Venezuela", suscrito en Caracas, el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), en su articulo 3 excluye expresamente la detencin de personas con el fin de que sean extraditadas, y a las solicitudes de extradicin;

Existe un Acuerdo de Extradicin suscrito por las Repblicas de Ecuador, Bolivia, Per, Colombia y Venezuela, adoptada en Caracas, Venezuela en 1911, que recoge la totalidad de los principios aplicables a los procedimientos de extradicin, que se resume en la necesidad de sustanciar un procedimiento judicial antes de acordar la entrega al estado que solicita la extradicin.

Por otra parte, la Convencin Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal contempla la entrega temporal de detenidos entre pases de la OEA, a efectos nicamente de realizar diligencias judiciales y con obligacin de devolucin al estado que ha entregado al detenido. Dicha Convencin incluso contempla como causa de denegacin de la entrega la negativa del afectado.

La extradicin se regula en base a unos principios fundamentales que constan en todos los convenios y luego a travs de un entramado de convenios bilaterales y multilaterales.

Entre los principios del derecho extradicional destaca que estos procedimientos no pretenden dilucidar la culpabilidad o inocencia del extraditable, sino que se pretenden garantizar el juzgamiento del extraditable en el pas que lo requiere o el cumplimiento de una condena si ya hubiera sido condenado, lo que no es el caso de Joaqun Prez.

En el supuesto de la extradicin con fines de ser sometido a juicio en Colombia, es imprescindible verificar que existe una orden de detencin emitida por este Estado de forma ajustada a Derecho, y si esa orden de detencin se ha emitido por delitos contemplados por las legislaciones de ambos paises el requerido y el que requiere (lo que se conoce como la doble incriminacin). Posteriormente, siempre en un procedimiento judicial de extradicin, es imprescindible verificar si los delitos por los que se pide la extradicin no intentan encubrir una acusacin de ndole poltica, en cuyo caso nunca se podra conceder la extradicin, o si existe alguna circunstancia legal ser refugiado o haberlo sido por ejemplo- que impida la entrega del extraditable. Y finalmente, los tratados de extradicin tambin tienen que velar por que el extraditable nunca pudiera ser, en el pas que pide la extradicin, sometido a malos tratos, tortura o ser condenado a una pena que se considere inhumana, cruel o degradante, como pena de muerte, cadena perpetua, trabajos forzados, etc. Es de destacar que el extraditado nicamente podr ser juzgado en el pas al que ha sido entregado pro los delitos que haya establecido el tribunal del pas requerido que haya sustanciado el proceso de extradicin.

Un procedimiento de extradicin no necesariamente significa el encarcelamiento de la persona sometida al mismo, sino que las autoridades del pas al que se solicita la extradicin tienen que garantizar que esa persona va a estar a disposicin del procedimiento extradicional. De hecho, en los procedimientos de extradicin nicamente se utiliza la prisin cuando no hay otra forma para garantizar que la persona va a estar a disposicin del procedimiento.

Cuando el procedimiento de extradicin concluye, una vez verificadas estas cuestiones, y tras la apelacin correspondiente, porque siempre ha de existir posibilidad de apelacin, entra en funcionamiento la clusula de soberana. El pas que ha recibido la solicitud de extradicin tiene, por varios motivos de ndole poltica, la capacidad para denegar la entrega, con necesidad en ese caso de juzgar al extraditable en ese pas, salvo en determinadas circunstancias excepcionales donde no existira esa obligacin.

Si la entrega se deniega porque esa persona es nacional del pas al que se le ha pedido la extradicin, en ese caso lleva aparejada la obligacin de que esa persona sea juzgada en el pas que ha denegado la extradicin, conforme a las leyes de dicho pas y por los hechos de los que se le acusa en el pas que ha requerido la extradicin.

Pero existe incluso la posibilidad, y se contempla en todos los tratados internacionales, de que, simplemente, atendiendo a criterios polticos, humanitarios o de solidaridad, por una decisin de soberana poltica, el poder ejecutivo, que es a quien corresponde la decisin, decida no ejecutar una decisin judicial de extradicin.

En todo caso, el procedimiento de extradicin tiene que garantizar siempre el derecho a la defensa, que no se produzcan situaciones de indefensin, y garantizar los derechos del ciudadano. En este caso concreto, con Joaqun Prez Becerra ocurre que esta persona fue refugiado poltico. La Convencin de Ginebra de 1951 suscrita por Colombia y por Venezuela- y la inmensa mayora de leyes de extradicin contemplan que ninguna persona refugiada o que haya disfrutado del estatuto de refugiado aunque lo haya perdido luego, ya sea porque haya mejorado su estatus al acceder a la nacionalidad del pas que le dio el asilo, que es el caso de Joaqun Prez Becerra, o incluso en casos de cesacin o de exclusin del estatuto de refugiado, por actividades contrarias al Estado que le concedi el asilo, o porque se ha llegado a la conclusin de que esa persona no era merecedora del estatuto de refugiado porque haba incurrido en crmenes de guerra o de lesa humanidad (que son causas para cesar el estatuto previamente concedido). Pero incluso en esos casos de cesacin o exclusin del estatuto de refugiado, segn la Convencin de Ginebra y los convenios de extradicin de la inmensa mayora de los pases, nunca puede ser entregado un extraditable al pas en el que sufri una persecucin que amerit que se le concediera el asilo. Joaqun Prez Becerra nunca podra ser entregado en un procedimiento de extradicin a Colombia porque es un ciudadano colombiano de origen que tuvo que abandonar su pas por sufrir persecucin precisamente por parte de las autoridades colombianas y que obtuvo el estatuto de refugiado conforme a la Convencin de Ginebra de 1951 en Suecia. l ahora ya no lo tiene, porque ha variado su estatus jurdico al acceder a la nacionalidad sueca, pero incluso en ese caso, esa clusula es de aplicacin por estar expresamente establecida en la Convencin de Ginebra.

En segundo lugar, por la forma en que se ha producido la entrega a Colombia de Joaqun Prez, se ha vulnerado la Convencin de Viena sobre asistencia diplomtica y consular. La Convencin de Viena establece el derecho de cualquier detenido en un pas que no es el suyo, a contar con el asesoramiento en entrevista directa y con la defensa por parte del Estado del que es nacional. En este caso, durante la detencin en Venezuela, a las autoridades consulares suecas les negaron la posibilidad de entrevistarse con Joaqun Prez Becerra, lo que ha motivado incluso una protesta formal de las autoridades suecas.

En tercer lugar, se han violado todos los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de extradicin y el Convenio de asistencia mutua en materia penal de la OEA, que establecen la necesidad de someter a estas personas que tienen un requerimiento de detencin internacional a un procedimiento con las debidas garantas, donde pueda defenderse, pueda contar con su abogado y no sufra indefensin.

Eso en trminos prcticos implica que tras la detencin, habra tenido que entrevistarse con las autoridades consulares suecas; a continuacin tendra que haber comparecido ante un juez venezolano, que tendra que haber decidido en qu situacin quedaba o si se adoptaban medidas cautelares: es decir, si quedaba en libertad, con retirada del pasaporte y prohibicin de abandonar el pas o si quedaba en prisin provisional, sometido al procedimiento de extradicin, o la medida cautelar que hubiera decidido el juez. Y en ese momento da inicio el procedimiento de extradicin.

Adems, es importante tener en cuenta que la orden de detencin internacional con fines extradicionales cursada por un Estado, no necesariamente tiene por qu tramitarse a travs de Interpol, sino tambin puede realizarse bilateralmente, atendiendo a los Convenio bilaterales de ambos pases en materia de extradicin y asistencia en materia penal.

Una vez que se recibe la orden de extradicin y se detiene a la persona hay un plazo muy perentorio, que no suele superar en ningn tratado los 40 das, donde se tiene que formalizar esa peticin de extradicin. Si no se formaliza enviando directamente la peticin, no ya a travs de Interpol sino por el pas que ha requerido al pas que es requerido, no puede comenzar el procedimiento de extradicin. Y si no llega en ese plazo, queda sin efecto la solicitud de detencin internacional cursada a travs de Interpol o bilateralmente, y queda sin efecto el procedimiento de extradicin. Y respecto a ese expediente extradicional se exige que incluya determinada informacin para su examen por el juez competente en la extradicin y por la defensa del extraditable: en primer lugar, se tienen que indicar los hechos concretos por los cuales se pide la extradicin, los hechos que supuestamente son delictivos en el pas que pide la extradicin y verificar que esos mismos hechos son delitos en el pas requerido; en segundo lugar, se tiene que enviar toda la legislacin del pas que pide la extradicin en la que se acredita que esos hechos que se le imputan son delito conforme a esa legislacin; y luego hay que enviar la orden original dictada por el juez del pas requirente que ha pedido la extradicin.

El juez que ha pedido la extradicin se lo enva al juez que tiene a su disposicin al detenido a efectos extradicionales, y se cursa a travs de los ministerios de Exteriores. En Colombia puede ser el juez o la Fiscala. Tienen que enviarlo al Ministerio de Justicia colombiano; ste a su vez al Ministerio de Exteriores colombiano, que lo mandara al Ministerio de Exteriores venezolano y ste a su vez al Ministerio de Justicia venezolano, que es quien tiene que remitirlo al juez venezolano.

Esto es importante. La mera existencia de un cdigo rojo en Interpol no significa que vaya a llegar una orden de extradicin, porque puede haber muchos factores que posteriormente impidan la llegada en plazo de la solicitud extradicional.

Que Interpol haya cursado errneamente la orden, por ejemplo, por una peticin del poder Ejecutivo y no del poder judicial, hara inviable la extradicin. El juez no se relaciona directamente con Interpol. Quien se relaciona con Interpol es el poder Ejecutivo, son los ministerios de Interior. Entonces, un primer supuesto de error, intencionado o no, puede ser que haya sido el poder Ejecutivo colombiano sin que exista una resolucin judicial o del ministerio fiscal colombiano, quien haya mandado a Interpol la orden de detencin, con lo cual esa orden no tendra ningn tipo de efecto si no se produce en ese perodo de validacin la llegada de la orden judicial. Y eso no se ha llegado a producir en este caso, con lo cual nunca sabremos si realmente haba una solicitud de extradicin cursada formalmente. Un cdigo rojo de Interpol o una solicitud de detencin internacional a efectos de extradicin cursada bilateralmente no necesariamente lleva aparejada una orden judicial. Este requisito siempre debe ser verificado.

Parece que en este caso, atendiendo a la rapidez con la que se ha producido la entrega a Colombia, la normativa de extradicin se ha incumplido, y tambin parece que se ha incumplido flagrantemente toda la normativa relativa a la prevencin de la tortura, en especial la Convencin para la Prevencin del delito de Tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes de 1984, que establece claramente que no puede ser, no ya extraditado, sino entregado ni enviado de ninguna manera, ni por resolucin administrativa ni por resolucin judicial a un tercer pas, sea o no el de origen del detenido, si en ese pas hay sospecha de que esa persona vaya a ser sometida a malos tratos, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Y en este caso, Colombia tiene innumerables condenas por tortura a detenidos, por maltrato a detenidos. En estos momentos existen denuncias de multitud de organismos internacionales sobre la situacin de los presos polticos en las crceles en Colombia. La dramtica situacin ha motivado la puesta en marcha de una campaa internacional para denunciar esta situacin, y no hay que olvidar que incluso hay ya dos jurisdicciones, la danesa, que ya decidi en primera instancia que Colombia es un pas donde se practica habitualmente la tortura y recientemente la chilena en los mismos trminos, caso Olate, con una primera resolucin que ahora est pendiente de la Corte de Casacin chilena.

Qu consecuencias tiene esta forma de proceder del Gobierno venezolano con respecto al derecho de asilo, teniendo en cuenta que Venezuela hace frontera con Colombia y la cantidad de refugiados colombianos que han buscado refugio en el pas vecino?

Esta situacin es realmente dramtica. Ya al margen de cmo puede afectar a Joaqun Prez Becerra, es una pena porque el Gobierno venezolano se ha venido caracterizando en los ltimos aos por ser uno de los gobiernos ms escrupulosamente respetuosos con la Convencin de Ginebra sobre refugiados. Tiene en su haber varias felicitaciones del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados por el trato dado a los refugiados colombianos llegados a su pas, y esto es una mancha en ese expediente de respeto a la Convencin de Ginebra.

Es un incumplimiento gravsimo y muy claro de la Convencin de Ginebra y adems es el mayor incumplimiento posible de la Convencin de Ginebra. Porque, entre otras cosas, lo que se est haciendo es entregar a una persona sobre la cual hay una resolucin del Gobierno sueco conforme a la Convencin de Naciones Unidas, es decir, hay un estatuto de refugiado emitido por el Gobierno sueco y cuya proteccin tambin incumbe a las Naciones Unidas, y ese estatuto se ha obviado absolutamente y se ha entregado a una persona protegida privndola de las garantas. En especial, privndola de las garantas establecidas en la Convencin de Ginebra, adems de parecer que se han vulnerado muchos otros Tratados que impediran haber hecho esta entrega. Desgraciadamente, esto puede calificarse como la mayor de las violaciones posibles de la Convencin de Ginebra.

Una vez en esta situacin, habra todava alguna oportunidad de rectificar legalmente?

Efectivamente. Las autoridades venezolanas deberan rectificar este incumplimiento y pedir al Gobierno colombiano, con fundamento en la Convencin de la OEA de asistencia mutua en materia penal, la devolucin de esta persona, para que fuera sometida, una vez verificado que llega la orden judicial colombiana de extradicin, al procedimiento extradicional con las debidas garantas.

Desde mi punto de vista, una solicitud de extradicin a Colombia de Prez Becerra, en este caso, por haber sido refugiado, clarsimamente habra sido desestimada por el juez competente venezolano, a pesar incluso de que este hubiera determinado que se cumpla el principio de doble incriminacin, que las penas no fueran crueles, inhumanas o degradantes. Adems es imprescindible que el juez extradicional verifique las penas aplicables en el pas que solicita la extradicin. Las extradiciones no pueden concederse por delitos que lleven aparejada una pena inferior a seis meses segn el tratado de extradicin de 1911 entre Colombia y Venezuela, y en la mayora de los pases no se conceden por delitos que lleven aparejadas penas inferiores a un ao.

Lo procedente sera ahora mismo que las autoridades venezolanas pidieran retrotraer la situacin, la entrega de este ciudadano a Venezuela para que fuera sometido al procedimiento de extradicin. Esto es lo que deberan estar ya solicitando las autoridades venezolanas.


(*) Enrique Santiago es abogado, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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