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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-05-2011

Los conseguidores y la plvora del rey
Las empresas privadas amenazan con el colapso de los nuevos hospitales madrileos

ngeles Maestro
Rebelin


El pasado 12 de abril, el presidente de SEOPAN remiti una carta al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la que solicita una entrevista urgente para reclamar el pago de 80 millones de euros adicionales y un aumento del canon anual que se les paga a las empresas concesionarias de los 7 nuevos hospitales de gestin privada de Madrid.

Vale la pena tener en cuenta qu es y cuando surge SEOPAN. Es la Asociacin de Empresas Constructoras de mbito Nacional de Espaa, creada en 1956 para defender los intereses de las corporaciones que construyeron las bases militares para el Ejrcito de los EE.UU. En la actualidad es el principal grupo de presin de las grandes empresas constructoras (ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr-Vallehermoso, etc) adjudicatarias de dos de cada cinco grandes obras pblicas que se ejecutan en el mundo, de la inmensa mayora de las del estado espaol y, para lo que nos ocupa, de las concesiones administrativas para la construccin y gestin de los nuevos hospitales de Madrid.

La larga historia de la privatizacin de la sanidad en el Estado es tambin la de la constatacin de la coincidencia de intereses entre PP, PSOE y derechas nacionalistas la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestin es el paradigma- y de la simbiosis cada vez ms escandalosa entre poder poltico y empresa privada. Son ya innumerables los casos de cargos pblicos que pasan a recibir astronmicos ingresos de multinacionales, que agradecen as los servicios prestados y que esperan seguir contando con la labor facilitadora del ex poltico de turno en las administraciones pblicas. Un ejemplo con repercusiones en la sanidad es el nombramiento en 2008 de Nicols Redondo Terreros como Consejero de FCC, empresa propietaria del hospital de Arganda, tras abandonar sus cargos en el Partido Socialista de Euskadi.

Otro caso indicativo es el del presidente de SEOPAN, David Taguas. El firmante de la carta ms arriba citada dirigida al Consejero de Sanidad, pas directamente en mayo de 2008 de ser Director de la Oficina Econmica del Presidente Zapatero y miembro de la Comisin Delgada para Asuntos Econmicos del Gobierno, con categora de Secretario de Estado, a presidente del lobby ms importante de la poderosa patronal de la construccin. Es el mismo que no se cansa de repetir alto y claro que la creacin de empleo pasa por aumentar la jornada laboral y disminuir los salarios.

El desastre econmico para las arcas pblicas inherente al modelo de privatizacin de la sanidad en general, y en particular al conocido como Iniciativa de Financiacin Privada, ocurrido en todos los lugares en los que se ha puesto en marcha y anunciado en repetidas ocasiones por las Plataformas Casmadrid y Matusaln [1], ya lleg. Lo sucedido en Gran Bretaa, Alzira y en las Fundaciones sanitarias gallegas, el fracaso econmico y, sobre todo, la disminucin abismal de la calidad en la atencin sanitaria para asegurar el negocio, se ha producido en Madrid antes de lo previsto.

La amenaza de colapsar los nuevos hospitales es la gran baza de las concesionarias para obtener un incremento sustancial de ingresos, tanto en concepto de deuda acumulada no satisfecha, 80 millones de euros, como por incrementos anuales de cerca de 10 millones de euros, justificados en funcin de aumentos en las inversiones y en la actividad. El instrumento de chantaje que se ha puesto en sus manos es poderoso: la suspensin de la prestacin de un servicio pblico tan esencial como la sanidad.

En la carta de David Taguas aparece adems como primer elemento de reclamacin, ampliamente desarrollado en el Anexo I y sin embargo no cuantificado, el siguiente: los efectos provocados por la entrada en vigor del nuevo Plan Contable que provocan una reduccin de la rentabilidad del accionista del 11,2% al 7,61%.

Merece la pena detener la atencin en este aspecto porque revela, no slo el expolio de las arcas pblicas que produce la privatizacin, sino el autntico fraude de ley sobre el que se asientan las Concesiones Administrativas en la sanidad pblica.

Dice David Taguas que la aprobacin de las nuevas normas del Plan General de Contabilidad en diciembre de 2010, por trasposicin de la normativa europea, aplicables a las empresas concesionarias de infraestructuras pblicas, supone para las empresas adjudicatarias de los 7 hospitales de Madrid pasar de ser consideradas activo inmovilizado material a activo financiero. Las consecuencias de este cambio son las siguientes:

Estos cambios contables, que tantas desgracias dice Taguas que han ocasionado a sus representados, tienen una base material importante. Son dos condiciones las que han hecho pasar a las empresas concesionarias de los nuevos hospitales de activo inmovilizado material a activo financiero, con las consecuencias tributarias y contables descritas:

Las Concesiones Administrativas para la prestacin de un servicio pblico cumplen el sueo dorado de cualquier empresario: financiacin pblica asegurada, sin condiciones, y clientela cautiva. Esto se produce a costa de pervertir la sustancia misma de de la figura jurdica de la Concesin que consiste precisamente en que el empresario concesionario asume el riesgo del contrato. De hecho la doctrina jurdica de la UE establece que si tal asuncin de riesgos no existe, no puede existir Concesin.

Como puede deducirse, lo que David Taguas plantea en nombre de la patronal de las constructoras es que sea la administracin sanitaria la que pague el lucro cesante derivado del cambio de tratamiento tributario y contable aplicable por el hecho de no asumir riesgos. Alguien da ms? Eso se llama, no ya disparar con la plvora del rey, sino que el dinero no del rey, sino pblico, pague tambin el transporte de los artilleros.

No es fcil que SEOPAN consiga sus objetivos, no por falta de voluntad por parte de la Administracin, sino porque no hay dinero en las arcas pblicas y no se va a tocar un pelo a quienes lo tienen. No obstante todo es posible cuando, como ocurre en este caso y en la inmensa mayora de los contratos pblicos que mueven importantes cantidades de dinero, se cuenta con conseguidores de la talla de David Taguas que se saben bien los vericuetos de la Administracin y las debilidades de sus gestores.

Esta reduccin de los beneficios previstos, que ni siquiera cuantifican, es la que puede reproducir lo sucedido en Alzira (propiedad de Ribera Salud, principal grupo empresarial de la sanidad) a mayor gloria del capital privado: la vuelta temporal a propiedad pblica del hospital para despus devolverlo a la misma UTE que lo quebr, incrementando la cantidad pagada per cpita por la administracin sanitaria.

Lo que reclaman la sensatez y los ms elementales intereses pblicos, es que vuelva a manos pblicas para ser gestionado con la participacin de usuarios y trabajadores y con todos los mecanismos de control de la calidad y del gasto que requiere un servicio pblico, lo que nunca debi ponerse en manos de quienes indefectiblemente porque es su naturaleza buscan el beneficio por encima de cualquier otra consideracin.

Nota:

[1] Al respecto, consltese el Comunicado de las citadas Plataformas en http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=69&limit=&titulo=COMUNICADOS

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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