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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-05-2011

Toda revolucin necesita una constitucin

Enrique Santiago Romero
Rebelin


El modelo democrtico no es una elaboracin artificial de tericos, juristas o politlogos, como lo pretendan sus adversarios conservadores en los aos treinta. Es el resultado de una larga evolucin histrica desarrollada a travs de varios siglos. Maurice Duverger. (Terico del constitucionalismo)


El surgimiento imparable del Movimiento 15 de Mayo, exigiendo Democracia Real Ya! (DRY), ha sorprendido por su amplitud, su dinamismo y su sensatez, caracterstica esta ltima no siempre habitual en movimientos de masas tan multitudinarios y espontneos. Pensndolo detenidamente, no poda ser de otra forma ya que su base social esta compuesta mayoritariamente por varias generaciones de espaoles nacidos entre los aos 70 y 90 del siglo pasado- sin duda las mejor formadas y preparadas de la historia, lo que no les ha servido de mucho hasta ahora, ya que el conocimiento no ha impedido que sean tambin las generaciones con mayor desempleo en la historia espaola, con mayor eventualidad laboral y con salarios mas reducidos con respecto a sunivel de su formacin, por no hablar de la ausencia de disfrute de garantas sociales mnimas como acceso a los sistemas de seguridad social, seguro de desempleo, cotizaciones para jubilacin, etc.

La situacin no deja de ser grave si consideramos que vivimos en un mundo de mas de seis mil millones de habitantes, de los cuales la mitad aproximadamente estn condenados a la pobreza y otros dos mil millones apenas pueden sobrevivir dignamente a diario, pero poco ms. La situacin de penuria social y econmica, de angustia ante el futuro que atraviesan las personas que componen la base del movimiento DRY -y muchas otras personas de este pas que no tiene la suerte de ser tan jvenes o de haber accedido a estudios superiores de cierta calidad-, no est ocurriendo en lejanos pases en vas de desarrollo, sino en el corazn de una de las mayores potencias econmicas del mundo, Europa, en uno de los supuestos parasos del desarrollo. Si hasta ahora los habitantes del denominado hemisferio occidental intuamos que no era sostenible un modelo econmico que condenaba a la exclusin o la pobreza a cinco sextas partes de la humanidad a la vez que esquilma los recursos finitos del planeta, lo cierto es que mayoritariamente no nos cuestionbamos el sistema que hacia esto posible, ya que las penurias diarias esos cinco mil millones habitantes se viven demasiado lejos de nosotros, apenas se ven unos segundos al da a travs de las pantallas de los telediarios.

La construccin del estado Democrtico, Social y de Derecho europeo, fundado sobre el pacto social consistente en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, no fue un regalo de las oligarquas polticas y econmicas del siglo XX a las clases trabajadoras o medias ascendentes. Fue mas bien la consecuencia de la derrota del fascismo y nazismo internacional-al precio de mas de 60 millones de muertos- y de la instauracin de regmenes socialistas en la Europa del Este. Ningn derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las plutocracias como para que stas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los ms bsicos y esenciales derechos del Estado Social. Estos recortes y supresiones de derechos han ocurrido ante la sorprendente y fraudulenta parlisis e inanicin de las instituciones democrticas elegidas por esos mismos ciudadanos esa y no otra es su legitimidad democrtica- para garantizar los derechos que les estn siendo usurpados.

Tras la Segunda Guerra Mundial la humanidad acord elevar a categora de derechos imperativos -ius gentium- los recogidos en la Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las Convenciones posteriores que los desarrollaron. Desde entonces, todos los derechos recogidos en esos tratados civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales- disfrutan de la misma proteccin terica en el derecho internacional el derecho de las llamadas naciones civilizadas- todos ellos son de obligado cumplimiento y respeto por parte de los poderes pblicos ylos particulares. An hoy nadie nos ha explicado por qu todo el posterior desarrollo constitucional habido en los pases occidentales, los ms ricos y desarrollados econmicamente, elev a derechos de especial proteccin y exigibilidad los derechos civiles y polticos, y sin embargo discrimin los derechos econmicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas magnas mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso de ser negados o conculcados, as como obviando en ellas la obligacin de las autoridades de garantizarlos.

Lo ocurrido posteriormente todos lo conocemos. Nos hicieron creer que el Estado y el sector publico eran ineficaces y perniciosos por naturaleza, poderosos instrumentos de liberticidio que deban quedar reducidos a su mnima expresin, si no desaparecer, cediendo el testigo al individualismo y la iniciativa privada, la libertad en su mxima expresin, lo denominaron los polticos conservadores y sus socios social-liberales, quienes construyeron un idlico relato del porvenir que nos esperaba, anuncindonos riquezas y bienestar inagotables para todos, en una especie de arcadia consumista y feliz que ha acabado revelndose como la mas orwelliana de las posibles pesadillas.

No es una crisis, es una estafa, gritan acertadamente las personas que estos das ocupan las calles de nuestro pas. Pero no, no es solo una estafa, es una inmensa cadena de estafas. Es un plan criminal perfectamente concebido y ejecutado, dirigido contra todos los europeos que no pertenecen a las oligarquas financieras o a las plutocracias establecidas. Un plan criminal que continua ejecutndose con absoluta impunidad.

Es la estafa del sector bancario y financiero, que se ha enriquecido a la vez que destrua empleo y extraa hasta el ultimo cntimo de aqullos que viven de una nmina; es la estafa hipotecaria, que nos hizo creer que todos podamos ser propietarios y acab mostrando que los prestamistas sern los nicos propietarios de nuestras casas y de nuestras deudas, mientras que por el camino trescientas mil familias de este pas han sido desahuciadas y siguen estando endeudadas; es la estafa de la clase poltica dominante, que ha privatizado -es decir, regalado- no solo lo mejor y ms rentable del sector publico sino la practica totalidad del mismo, a sus compaeros de pupitre y dems conocidos y allegados, dicindonos que era lo mejor para todos y hacindonos el favor de librarnos de la pesada carga que por lo visto suponan unas deficitarias empresas publicas que automticamente han producido multimillonarios beneficios a quienes las han adquirido a precio de saldo y con todo tipo de facilidades de pago; ha sido la estafa de la liberalizacin de las comunicaciones, que nos prometa un infinito incremento de la calidad de los medios de comunicacin y de la pluralidad informativa y ha acabado poniendo en marcha la mayor maquinaria de desinformacin y aculturizacin que se recuerda desde los tiempos de Goebbels, aqul que teorizaba y practicaba que una mentira difundida y repetida mil veces acaba convirtindose en verdad, medios todos ellos exclusivamente al servicio del liberalismo y las fuerzas polticas mayoritarias; es la estafa electoral de las oligarquas polticas, esas que permiten que los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtengan un diputado en el Parlamento por sesenta mil votos -o menos- mientras que a quienes propugnan que los derechos sociales y econmicos deben garantizarse a todos, les cost un solo diputado en las elecciones de 2008 mas de setecientos mil votos; es la estafa de las plutocracias polticas, que han limitado el ejercicio democrtico a poder depositar una papeleta electoral unas con mas valor que otras por lo visto- en una urna cada cuatro aos; es la estafa perpetrada por el gran capital y sus servidores, cuya codicia insaciable ha llegado al extremo de comprar polticos y ponerlos a su servicio para que acaben con la progresividad fiscal en general y con las cargas impositivas a las rentas del capital en particular, provocando una concentracin de riqueza insultante en pocas manos a la par que la reduccin insoportable de los ingresos del Estado y la pauperizacin acelerada de la gran mayora social.

Todos recordamos que desde hace aos nos han prometido y asegurado, -PSOE, PP, CIU, PNV y dems representantes de oligarquas polticas- que la reduccin del impuesto de sociedades, de los tramos altos del IRPF y la desaparicin del impuesto de sociedades, eran las herramientas ms eficaces para generar riqueza y crear empleo. Y ahora, que ha desparecido el impuesto de Patrimonio, prcticamente el de Sucesiones y Donaciones, y se han reducido como nunca los impuestos sobre el capital y las rentas mas altas, nos encontramos con las mayores cuotas de desempleo, exclusin y pobreza de la historia reciente de este pas.

Pero en Espaa y desde el ao 2008 no todos los sectores econmicos estn en crisis: el comercio de productos de lujo yates, coches de alta cilindrada, joyas, pieles, etc.- est viviendo su poca mas dorada, con rcord de ventas ao tras ao, a la par que aumenta la muy exclusiva lista de millonarios patrios.

Efectivamente lo llaman democracia y no lo es claman nuevamente con acierto y sentido comn cada vez mas ciudadanos. Qu ha fallado en nuestro sistema poltico para que la calidad de nuestra democracia deje tanto que desear? La respuesta es obvia: han fallado las leyes y quienes las hacen, empezando por la situada en el vrtice de todas ellas, nuestra Constitucin.

El Estado y sus instituciones se han desprovisto de recursos legales que les permitan evitar estafas como las habidas, han prescindido de cualquier norma que les permitiera intervenir en el mercado ante los evidentes desmanes de este. Nuestros gobiernos, por indicacin de los saqueadores -camuflados en instituciones de regulacin financiera y econmica- han desarmado al Estado y al sector publico previamente a iniciarse la gran ofensiva neoliberal. La Unin Europea se ha construido sobre la estricta prohibicin de intervencin en la economa de los Estados, justificada con la falacia de la libre competencia, no se ha construido sobre la prohibicin de la especulacin y la defensa de la economa productiva. Sirva como ejemplo el desmn de las denominadas agencias calificadoras de riesgos que mediante trfico de informacin reservada han enriquecido a sus empresas -o a las de sus clientes- cotizadas en bolsas a la par que han empobrecido a los pequeos ahorradores. Agencias que han orquestado los mayores ataques a la deuda publica espaola y europea que se recuerdan, con graves prdidas para la sociedad y las haciendas publicas y espectaculares enriquecimientos para sus socios, socios que a la vez son los grandes accionistas de los fondos de inversiones multinacionales beneficiados por la economa especulativa. Warren Buffet, uno de los mayores tenedores de fondos de inversin especulativos de alto riesgo -Hedges Founds- en el mundo, es a su vez propietario del mayor paquete accionarial de la agencia Moodys, la encargada de calificar la calidad de sus fondos de inversin. Apenas una pagina de una circular interna del Banco de Espaa constituye todo el marco legal regulador de estas entidades en nuestro pas, de estos autnticos corsarios del siglo XXI que navegan a sus anchas en el ocano del liberalismo desregulador.

A lo largo de la historia las leyes han aparecido cuando un grupo humano, unido entorno a la convivencia, intenta regular sus relaciones mediante un equilibrio entre las ventajas y las desventajas que cada uno obtiene con esa relacin. Equilibrio en las relaciones econmicas, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, etc. Las leyes son tiles si sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes. Si no es as, las leyes dejan de ser eficaces, dejan de ser justas y se convierten en ineficaces, en injustas e inequitativas. Es decir, se convierten en instrumentos de dominacin de unos sectores sociales -los que resultan unilateralmente beneficiados- respecto a otros sectores sociales -aqullos que resultan mayoritariamente perjudicados-. Y as estalla el conflicto social, que concluye con el exterminio o la dominacin privndolo por tanto de derechos- de uno de los grupos confrontados por el otro grupo, o bien concluye con la reforma del pacto de convivencia -del pacto constitucional-, renovndolo, adaptndolo a las nuevas situaciones y perfeccionndolo para corregir los errores que provocaron el conflicto.

El movimiento DRY ha tenido el gran acierto de manifestar -desde una ciudadana claramente apartidista, que no apoltica-, lo mismo que venia siendo un clamor desde los sectores polticos organizados que han sido consecuentes con el pacto social y poltico alcanzado por la humanidad tras la derrota del fascismo a mediado del siglo pasado. Es decir, el movimiento no clama por un rgimen socialista o revolucionario, sino nicamente por la recuperacin del Estado Social, Democrtico y de Derecho, objetivo que hoy da parece inalcanzable si no es a travs de una autentica revolucin de las mayoras sociales. Un Estado comprometido con la garanta de todos los derechos tambin los econmicos y sociales- para todas las personas. Ese mismo Estado Social que las oligarquas dominantes, vidas de codicia y sobradas de egosmo, quieren suprimir mostrando una torpeza sin limites, incluso objetivamente contrara a sus propios intereses de dominacin. Tanta avaricia les ciega hasta para aplicar la mxima gatopardiana cambiar algo para que todo siga igual- que ha posibilitado a las clases dominantes seguir disfrutando de sus insultantes riquezas y derroches a cambio nicamente de garantizar una vida minimamente dgna al resto de las personas. Esta crisis ha demostrado que ni siquiera a esto tan evidente y tan primario estn dispuestos los que ejercen como nuestros dueos.

El movimiento 15-M lo est manifestando a diario y ponindolo por escrito. Pocas tablas reivindicativas son ms concretas, factibles, sensatas y acertadas para defender el Estado Democrtico, Social y de Derecho como las medidas que para salir de esta grave crisis han sido aprobadas por la Asamblea del 20 de mayo de 2011 de la Acampada de Sol: cambio de la ley electoral y democracia mas participativa y controlada por los ciudadanos; garanta de todos los derechos bsicos recogidos en la Constitucin (vivienda, trabajo digno, sanidad, educacin, libre circulacin); eliminacin de leyes discriminatorias e injustas; reforma fiscal que devuelva la progresividad impositiva y aumente la carga fiscal de los que ms ingresan, incrementando los recursos del Estado, es decir, los de toda la sociedad; recorte de los privilegios de la clase poltica; polticas econmicas al servicio de la sociedad y no de los dueos de las empresas bancarias y financieras; medidas eficaces contra la corrupcin; reduccin del gasto militar; democratizacin de la justicia....

Cules son entonces los impedimentos para que cualquier gobierno, cuya sensatez y capacidad se les debera presuponer, ponga en marcha esas medidas de forma inmediata?

Sin duda, los principales impedimentos son la prdida de privilegios de los dos grandes partidos que estas medidas entraaran, su supeditacin constatada a esos centros difusos de poder denominados mercados, y la falta de instrumentos legales reales y eficaces para tomar medidas que nos permitan salir de esta situacin. El extremo liberalismo, la reduccin de la capacidad de intervencin del Estado y la mxima desregulacin legislativa de la actividad econmica y financiera han dejado al Estado, es decir, a la sociedad, sin armas para defender los intereses colectivos. Y valga como muestra el proceso de construccin europea: se nos prometi la Europa de los pueblos y de los ciudadanos, y nos hemos encontrado con la Europa de los banqueros y del capital, una Europa cuya economa est regida por una institucin no elegida ni controlada democrticamente: el Banco Central Europeo.

Seamos realistas: el actual marco legislativo espaol, nuestro marco constitucional, no nos proporciona herramientas lo suficientemente eficaces para invertir la situacin actual, para garantizar una democracia real donde los ciudadanos no solo voten, sino que controlen que los elegidos no se aparten del mandato electoral y lo cumplan del contrato que firmaron con los ciudadanos, igual que los bancos nos obligan cumplir sus contratos hipotecarios-, para poder as salir de la crisis y evitar que vuelva a producirse, para proteger al patrimonio de la sociedad en su conjunto frente a la voracidad de los interese exclusivamente individuales y privados. El artculo 128.1 de la Constitucin determina que toda la riqueza del pas, incluida la privada, se subordina al inters general. El 128.2 y el 131 contemplan, respectivamente, la iniciativa publica en la economa y la planificacin de sta para atender a las necesidades colectivas y as equilibrar y armonizar el desarrollo. Y el articulo 129.2 literalmente dice: Los poderes pblicos (...) establecern los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de produccin. Tales encomiables enunciados, retricos a fecha de hoy, de nada han servido al no ir acompaados de mecanismos constitucionales que posibiliten la exigibilidad de su cumplimiento a los poderes pblicos, poderes pblicos que a fecha de hoy ni han desarrollado dichos principios constitucionales ni han podido ser compelidos eficazmente a hacerlo por unos ciudadanos en absoluta situacin de indefensin ante el sistemtico incumplimiento constitucional. Adems, el derecho al trabajo (Art. 35 de la Constitucin), a la vivienda (Art. 47), a la salud (art. 43), a la Seguridad Social (art. 41), a la cultura (art. 44), al medio ambiente sano y de calidad (art. 45), a la participacin de la juventud (48), entre otros cuya defensa no es prioridad de los grades poderes econmicos y financieros, son excluidos constitucionalmente del nico mecanismo legal de exigibilidad del cumplimiento de derechos fundamentales que prev nuestra carta magna, son excluidos de ser exigibles mediante recurso de amparo constitucional.

Las leyes deben responder a los problemas de su tiempo, contener mecanismos que permitan abordar y solucionar dichos problemas. Si no es as, no son tiles ni eficaces. Una constitucin con casi treinta y cinco aos, anterior a la era de la globalizacin de la econmica y las comunicaciones, est obsoleta por definicin, por mucho que irracionalmente se haya sacralizado hasta los niveles totmicos que ha llegado a alcanzar nuestra actual Carta Magna. No es fcil encontrar una constitucin europea con treinta y cinco aos de edad que no haya sido sometida a profundas reformas, probablemente ninguna de las actuales. El pnico poltico que existe en Espaa a abordar una profunda reforma constitucional es impropio de una democracia madura y slida, donde una Constitucin es exacta y nicamente eso: una ley, la situada en el vrtice superior de la escala normativa, pero una ley a fin de cuentas que debe ser adaptada a las necesidades sociales de cada momento.

Obviemos en este texto -sera materia exclusiva para otro escrito- el origen semiotorgado de nuestra Constitucin, cualidad que permiti hasta el reconocimiento de legitimidad al rgimen dictatorial anterior, tal y como viene recordando nuestro Tribunal Supremo cada vez que falla contra la anulacin de una resolucin emanada de un Consejo de Guerra o de un Tribunal penal de la dictadura franquista.

Que en 1978 la democracia fuera una concesin del ejrcito y las oligarquas franquistas a la ciudadana nadie lo cuestiona a fecha de hoy, como nadie cuestiona que nuestro actual Jefe del Estado -designado previamente a la aprobacin de la Constitucin y por exclusiva decisin del dictador, sin que nunca se haya sometido al veredicto de las urnas- haya recibido su legitimacin democrtica -de la que careca en origen- a travs del texto de nuestra actual Carta Magna. No es de extraar por tanto que a fecha de hoy desconozcamos su opinin sobre la crisis econmica, sobre sus causas y causantes y sobre la situacin que atraviesan las victimas de sta.

Pero lo que fue condicin sine quanon para iniciar la democracia en 1978 no tiene porque serlo hoy da para defenderla y mejorarla, sobre todo si dicho marco constitucional se manifiesta por momentos como ineficaz e incapaz de dar respuestas a los retos de nuestra sociedad.

El 70% de las personas que hoy tienen derecho de voto en Espaa no pudieron votar la Constitucin de 1978, ni por supuesto participar en su elaboracin. No haban nacido o no tenan edad para ejercer el derecho al voto. Muchos de ellos alcanzan hoy da la cincuentena y a este paso morirn sin haber participado en un proceso constituyente.

Que piensa plantear el Movimiento 15-M a partir del da 23 de mayo para que las personas que lo han nutrido, y que tanto han hecho para despertar del letargo las conciencias de los ciudadanos, pueda hacer realidad sus muy justas y oportunas propuestas acordadas en asamblea? El reto no es fcil, aunque en otro pas europeo ya se ha resuelto. Islandia se encuentra inmersa en un nuevo proceso constituyente para que los ciudadanos, mediante la elaboracin y aprobacin de la que probablemente sea la constitucin mas participada en su redaccin de toda la historia europea, acuerden una nueva carta magna que garantice que los derechos de toda la sociedad nunca mas van a ser usurpados, secuestrados o esquilmados por los mercados.

Este pas tambin necesita ese nuevo proceso constituyente para salir de la crisis y evitar volver a caer, nunca ms,en una estafa masiva y criminal de la envergadura de la que estamos padeciendo. No podemos salir de esta situacin si no tenemos herramientas para ello. Ante la negativa hasta ahora de los poderes pblicos a proporcionarnos estas herramientas, debe ser la soberana popular expresada legtimamente a travs de una asamblea constituyente, extensa y capilar, participativa y participada no slo por partidos polticos, sino tambin por movimientos sociales y personas, la que nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayora social hoy esta clamando. Y todo ello lo podemos alcanzar de forma pacfica, ordenada y cvicamente, como as esta siendo este increble movimiento.

Acabemos este escrito recordando la cita inicial del profesor Maurice Duverger. La Democracia slo es tal si evoluciona permanentemente perfeccionndose. Esta realidad nicamente puede ser ignorada por gobernantes ciegos y engredos que creen que su obra es tan perfecta que ya nos ha llevado al fin de la Historia.

Enrique Santiago Romero es abogado. Querellante en la causa contra las Agencias Calificadoras en la Audiencia Nacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR



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