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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-06-2011

Declaracin final
Conclusiones del Encuentro Nacional por la Libertad de los Prisioneros Polticos

Agencia Prensa Rural


En Bogot, durante los das 4 y 5 de junio del ao 2011, nos encontramos 600 delegados provenientes de varias regiones del pas, vctimas de las detenciones arbitrarias y los intencionados errores judiciales, de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes vividas de manera sistemtica en las crceles colombianas; as tambin, familiares de prisioneros polticos, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, polticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Repblica Bolivariana de Venezuela y las Islas Canarias, los cuales declaramos a la opinin pblica nacional e internacional, que:

1. La situacin de tortura, tratos crueles e inhumanos que viven los prisioneros y prisioneras polticas tiene una profunda relacin con la existencia del conflicto poltico, social y armado que vive el pas, pues dicho fenmeno refleja el carcter excluyente y retardatario del actual rgimen poltico colombiano y su incapacidad para facilitar una solucin negociada a la crisis y con ello una salida hacia el Acuerdo Humanitario.

2. La actitud del Presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, debe estar acompaada por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatizacin a la poblacin civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios, as como tambin la aplicacin del principio de distincin entre quienes son combatientes y quienes no lo son y el reconocimiento del carcter poltico de la insurgencia colombiana y como tal de sus prisioneros de guerra.

3. Reafirmamos la justeza del derecho histricamente construido por los pueblos del mundo, de rebelarse a la tirana, resistir a la injusticia, la miseria y la opresin. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresin y perversa interpretacin del delito poltico y sus conexos, identificndolo con el terrorismo. Por esta va se criminaliza la oposicin poltica legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtindolo en simple expresin criminal. Con esto se desconoce la tradicin jurdica del Estado Colombiano que durante muchos aos admiti a la rebelin como expresin poltica de fines altruistas que era benvolamente penada.

4. El Estado Colombiano ha implementado una poltica de estigmatizacin, criminalizacin y judicializacin no solo de la protesta social, sino de la libertad de ctedra y el pensamiento crtico. RECHAZAMOS el actual Estatuto deSeguridad Ciudadana, impuesto por la coalicin de gobierno en el Congreso, el cual pretende criminalizar la protesta social y las acciones de movilizacin ante las anunciadas crisis del sector salud y educacin, as como la profundizacin del modelo privatizante avisado por el actual gobierno.

5. La extradicin de nacionales colombianos y de presos polticos a crceles en el exterior y de manera especial a los Estados Unidos, constituye una agresin a la soberana nacional y en especial al principio de derecho internacional de no extradicin por razones polticas. Solicitamos tambin al gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, el respeto a las normas del derecho de asilo siendo repudiable la decisin de extraditar a Colombia por razones polticas al periodista y director de la agencia de noticias ANNCOL, JOAQUN PREZ BECERRA.

6. El Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela ha manifestado su voluntad de contribuir a la solucin poltica negociada del conflicto colombiano y a la formalizacin de Acuerdos Humanitarios. Rechazamos entonces la captura y la intencin de extraditar a Colombia al ex insurgente Guillermo Enrique Torres, conocido como Julin Conrado, quien se encontraba ya retirado de las filas guerrilleras y dedicado en una pequea parcela a labores agrcolas. Exigimos su libertad inmediata y las garantas necesarias a fin de garantizar su derecho a la vida, integridad y garantas procesales.

7. La actual poltica carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario impuesto desde el Bur Federal de los Estados Unidos, tiene como consecuencia la generacin de una aguda crisis humanitaria al interior de las crceles. RECHAZAMOS, el proyecto que cursa en el Congreso de la Repblica conocido como Cdigo Penitenciario y Carcelario y la puesta en prctica de los nuevos Establecimientos de Reclusin Nacional conocidos como Eron, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

8. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia INPEC-, es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participacin en la comisin de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros polticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusin y la muerte por negligencia mdica de los prisioneros, JORDN FABIN RAMREZ y OTONIEL CALDERN OVALLE.

9. El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios tambin obedece al aumento del nmero de internos como poltica criminal del Estado de privilegiar la detencin preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el nmero de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisional, as como la detencin domiciliaria a los prisioneros polticos.

10. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declar que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situacin como un Estado de cosas inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido ms de 13 aos, el Estado Colombiano no ha tomado los correctivos que orden la Corte Constitucional Colombiana.

11. Consideramos incoherente la pretensin del gobierno de realizar una Conferencia Nacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo que impuso una Ley de reparacin y restitucin de tierras inconsulta con las vctimas y que resultar en una nueva burla a los derechos de las mismas, convive con el paramilitarismo, implementa polticas para judicializar la inconformidad social, mantiene a mas de 7 mil personas inocentes, civiles en las crceles, estigmatiza a la oposicin y acrecienta la crisis de derechos humanos en el pas. El encuentro y las organizaciones convocantes, no haremos el juego a este espectculo de cinismo que quiere instalar el gobierno nacional y que busca un sentido utilitarista del movimiento de los derechos humanos y las organizaciones sociales, en su afn de que sean aprobados los tratados de libre comercio con EE.UU. y la Unin Europea.

12. Resaltamos y apoyamos la reciente decisin por parte de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que declara la ilegalidad de las presuntas pruebas obtenidas en el marco de la Operacin Fnix, con las cuales se ha justificado la persecucin poltica y judicializacin en contra de opositores polticos, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. Valoramos de esta decisin que la Corte haya reivindicado como valor superior, la legalidad y la legitimidad como requisitos consustanciales a cualquier evidencia, que quiera ser tomada como prueba judicial y en consecuencia EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA de la defensora de derechos humanos y dirigente sindical LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.

 

DECLARAMOS, INVITAMOS, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS

1. Este Encuentro Nacional decide constituirse en una gran Coalicin Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Polticos LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS como referente coordinador y organizativo. Esta funcionar a travs de COORDINADORAS REGIONALES, nacidas de las delegaciones regionales y los referentes nacionales aqu presentes, las cuales, a su vez, dinamizarn su trabajo a travs de comisiones.

2. Invitamos a fortalecer la ms amplia movilizacin social y poltica a favor de la paz, la solucin poltica negociada y el acuerdo humanitario que derrote la continuidad de los planes guerreristas plasmados por el Presidente Santos en su "Poltica Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidadanunciada por su Ministro de Defensa, as como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los cuales profundizan la poltica de guerra, la pobreza, la impunidad y la aguda crisis humanitaria que vive el pas.

3. Exigimos la LIBERTAD INMEDIATA DE TODAS Y TODOS LOS PRISIONEROS POLTICOS -en sus categoras de guerra, de conciencia y vctimas de montajes judiciales-, que se encuentran hoy en crceles extranjeras y colombianas.

4. Anunciamos nuestra vinculacin a las jornadas unitarias de protesta que tienen por objeto la defensa de los derechos de las y los prisioneros polticos, los derechos humanos y los derechos econmicos, sociales y culturales.

5. Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las crceles colombianas.

6. Invitamos a participar masivamente el 15 de octubre de 2011, en las diversas actividades del Da Nacional de los y las Prisioneros Polticos. Como encuentro proclamamos esta fecha en pro del Acuerdo Humanitario y la Paz.

7. Llamamos a los medios de comunicacin en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de las y los prisioneros polticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecunime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes polticos y sociales, condenndolos antes de que haya un debido proceso.

8. El da 10 de diciembre, da internacional de los derechos humanos,conmemoraremos esta fecha en las calles con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos.

9. La Coalicin Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Polticos LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS se compromete en el desarrollo de un PLAN DE ACCIN para arrancar de las crceles a los miles de prisioneros y prisioneras polticas, que se encuentran injustamente en ellas en razn de su inconformidad con las polticas antipopulares del gobierno.

10. Exigimos a la Fiscala General de la Nacin la rigurosa investigacin y acusacin ante los jueces, por crmenes de lesa humanidad como las torturas y mutilaciones al prisionero DIOMEDEZMENESES CARVAJALINO y en general las torturas practicadas en las prisiones, al igual que los supuestos suicidios como los homicidios al interior de las crceles y las muertes por inasistencia mdica.

11. Respaldamos las justas peticiones de los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar La Tramaca declarados en jornada de protesta pacifica desde el 9 de mayo por las torturas y tratos crueles que padecen, exigiendo trato digno, traslado por cercana familiar y cierre de ese penal; en consecuencia, exigimos al gobierno colombiano instalar la comisin de negociacin solicitada por los prisioneros y resolver de manera inmediata la crisis de derechos humanos que los afecta.

12. Proclamamos que este movimiento por la libertad de los prisioneros polticos en Colombia se basar en los principios de solidaridad, la ternura, lucha por la paz, el acuerdo humanitario y los derechos universales a la vida y la libertad.

Bogot, 5 de junio de 2011.

DELEGADOS ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLTICOS

4 y 5 de junio Bogot

Larga Vida a la Mariposas

Imagen: AREITO

http://prensarural.org/spip/spip.php?article5972 



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