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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-06-2011

De derechos y deberes en la carga policial en Valencia

Fabiola Meco
Rebelin


Hoy es un da triste, por qu no decirlo, por qu no compartirlo. Las razones de este sentimiento parten de la reflexin sosegada de los hechos presenciados el jueves en las inmediaciones de las Cortes Valencianas -donde se produjo la carga policial contra manifestantes del movimiento 15 M- as como de los hechos acaecidos en horas posteriores en dependencias policiales hasta la puesta a disposicin judicial de los 5 detenidos imputados con cargos de atentado y desobediencia a la autoridad.

Muchas son las preguntas que a quien presenci estos hechos, como la que suscribe, le asaltan: Por qu pas? Qu fall? Qu provoc que una conducta de los manifestantes calificada horas antes por la propia polica como ejemplar y con muestras de abierta colaboracin se tornara despus, segn declaraciones policiales, en nimo de atentar y desobedecer abiertamente a la autoridad?

No deban los policas mostrar de manera visible su nmero de placa?Por qu se nos impidi a los cuatro abogados que acudimos a las dependencias policiales dos de los cuales habamos presenciado las detenciones y se nos haba impedido asistirlos durante su prctica- que lo hiciramos all si seguamos indicaciones de la propia polica y contbamos con el placet de los familiares y de la comisin jurdica del movimiento 15 M?Por qu el instructor de la causa no les inform de que en la puerta de comisara estbamos debidamente identificados para su defensa?Por qu se les design un nico abogado de oficio para todos si estbamos nosotros all esperando cinco horas?

En definitiva, hubo proporcionalidad en la accin policial desarrollada contra los manifestantes que acab con 18 heridos y 5 detenciones? Y de no haberla, dnde quedan los derechos y deberes de los que la llevaron a trmino?

En relacin a la primera cuestin, el Tribunal Constitucional tiene declarado (STS 66/1995) que la proporcionalidad de medidas impeditivas o restrictivas de derechos fundamentales (como los que ayer estaban en juego, como la libertad de expresin o el derecho de reunin) se mide analizando tres cuestiones: la primera, si la medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto; la segunda si era necesaria y no exista otra medida ms moderada para el fin perseguido; y la tercera, si era ponderada o equilibrada por derivarse de ella ms ventajas o beneficios para el inters general que perjuicios para otros bienes o valores en conflicto.

Los hechos que presenciamos el jueves y que cualquier ciudadano tiene a su alcance por los mltiples vdeos que documentan la intervencin policial, deben llevarnos a concluir que sta no alcanza a superar ese juicio de proporcionalidad, y consiguientemente est lejos de ser razonable y admisible jurdicamente.

Desgraciadamente, tampoco los interlocutores polticos han sabido estar a la altura de tan graves hechos. As, el subdelegado de gobierno Luis Felipe Martnez, aseguraba poco tiempo despus de efectuarse la carga policial -delante de la puerta de las Cortes- que dicha actuacin estaba justificada sobre la base de lo que l entenda como un doble ilcito (manifestarse delante de las Cortes y tratar de impedir el acceso de los parlamentarios a la sesin de investidura), y que los policas no tienen obligacin de ir identificados.

En derecho sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Las declaraciones vertidas ayer por el Sr. Martnez, Subdelegado, pudieran tildarse tambin de doblemente graves. En primer lugar, porque ignora la Instruccin 13/2007 de la Secretara de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) relativa al uso del nmero de identificacin personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que en su artculo segundo establece:

Todos los componentes de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Polica que vistan uniforme y/o equipo de trabajo () debern llevar sobre sus prendas de uniformidad el nmero de identidad personal correspondiente al del Carnet Profesional y a la Tarjeta de Identidad Profesional, en lugar bien visible y de forma que a la denominada distancia de respeto puedan ser ledos sin dificultad por los ciudadanos. Esta obligacin se configura como un derecho de los ciudadanos a identificar, en todo momento y sin ninguna accin positiva de demanda por su parte, a los efectivos que le estn prestando la funcin o servicio correspondiente, y como contrapartida en un deber de stos a efectuarlo.

Y en segundo lugar, porque en su deber de conocer el Subdelegado la norma, decide pblica e impunemente desconocerla, hasta el punto de provocar con ella el desamparo de cuantos en reiteradas ocasiones ya en Valencia (recordemos los hechos de El Cabanyal) han demandado la proteccin efectiva de su derecho a poder identificar a la polica; provocando con su actuacin la indebida exoneracin de quienes faltan a un deber legal establecido en pro de un servicio pblico a la ciudadana.

Sin proporcionalidad ni legalidad, cmo poner freno a la arbitrariedad policial cuando la hay?

Fabiola Meco es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y abogada indignad@

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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