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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-06-2011

La farsa descolonizadora de Obama

Carlos Rivera Lugo
Claridad


Aparte de lo insustancial y cosmtico de su visita oficial reciente a Puerto Rico, la cual dur poco ms de cuatro horas, el presidente estadounidense Barack Obama hizo gala de la esencial continuidad de la poltica imperial hacia nuestra nacin antillana. Reiter el propsito de su administracin para encarar nuestra ms que centenaria condicin de dependencia colonial: propiciar un proceso de consulta para que los residentes de Puerto Rico lo que excluye los ms de dos millones de puertorriqueos residentes en Estados Unidos- decidan entre la libre asociacin, la independencia, la anexin o la continuacin del rgimen colonial actual (el mal llamado Estado Libre Asociado). Insertar esta ltima opcin es lo mismo que incluir el problema como solucin o la integracin a cuenta gotas de la Isla a Estados Unidos, como bien admiti recientemente en privado un reconocido lder del principal soporte poltico de sta opcin, el Partido Popular Democrtico (PPD).

Ahora bien, eso no fue todo. Una vez el pueblo de Puerto Rico tome una decisin, Obama se comprometi a iniciar las gestiones ante el Congreso federal para que ste acte conforme a la voluntad expresada aunque, eso s, con una condicin: debe haber un claro mandato, lo que puede interpretarse como un mandato consensuado o una mayora absoluta en apoyo a la opcin favorecida. En las actuales circunstancias imperantes en Puerto Rico, ello equivale a plantear una condicin imposible de cumplir. Si hay algo de lo que siempre se ha encargado de garantizar el rgimen colonial es la divisin de los puertorriqueos. Divide y conquistars!

La poltica anunciada por Obama ya haba sido adelantada no hace mucho por el ms reciente de los comits presidenciales designado por un mandatario estadounidense para estudiar, por ensima vez desde 1898, cmo proceder en torno al permanente reclamo que, desde su invasin y posterior ocupacin militar, ha hecho consistentemente el pueblo de Puerto Rico para que se reconozca, ms all de los discursos y proclamas, su pleno y efectivo derecho a la autodeterminacin. Y otra vez se nos pretende definir el problema colonial a partir de una alegada incapacidad de los puertorriqueos para decidir qu queremos, cmo si la invasin y posterior conquista de nuestra tierra, as como el sometimiento colonial del pueblo, hubiese sido por invitacin nuestra o como si poner fin a una ilegalidad, como lo es el colonialismo, no impusiese una obligacin a la potencia imperial de renunciar, de inmediato y sin ms condiciones, a su continuidad.

Sujeto de derecho o botn de guerra

Cuando a raz de ella, una delegacin de la Liga de Patriotas, encabezada por Eugenio Mara de Hostos, le reclam al presidente McKinley la celebracin de un plebiscito sobre la presencia estadounidense, ya que el pueblo de Puerto Rico no constituye una cosa que pueda ser traspasado de un pas a otro sin su consentimiento, el mandatario estadounidense se neg rotundamente. Desde ese momento se nos marc con el carimbo de botn de guerra, para ser dispuesto a conveniencia del naciente imperio estadounidense.

Ms recientemente el comit presidencial antecesor al actual, designado por el pasado mandatario George W. Bush, lleg a declarar que precisamente por esa condicin nuestra como botn de guerra, Washington puede an hoy, en pleno Siglo XXI, cedernos, vendernos o traspasarnos a cualquier otro pas sin nuestro consentimiento. No importa que el colonialismo, al igual que la esclavitud, haya sido proscrita por el Derecho Internacional contemporneo o que estn en juego los derechos humanos de cinco millones de puertorriqueos.

Cuando en 1917 Estados Unidos decide extender la ciudadana nacional suya a los nacionales puertorriqueos, lo hizo sin consultar al pueblo acerca de su preferencia. Se le impuso as una ciudadana estadounidense de segunda clase para que sirviese de muro de contencin frente al incipiente sentimiento independentista que se potenciaba entre sectores significativos del pas, cansados de la promesa incumplida de los invasores de traernos la libertad que nos haba sido negada bajo Espaa. Se aclar, de paso, que nuestro pas segua siendo tan slo una posesin territorial, no existiendo la intencin de incorporar a Puerto Rico en el futuro como parte de Estados Unidos.

Sin embargo, si bien no se produjo la incorporacin territorial, esta ciudadana menguada produjo con los aos una progresiva incorporacin de facto de los puertorriqueos al amparo de los derechos constitucionales que se le fueron reconociendo, especialmente a partir del Estado benefactor de Franklyn D. Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson. La ciudadana complic ms el entuerto colonial. Sirvi de fuente para la subsuncin real del pueblo bajo el orden civilizatorio y modo de vida estadounidense.

El engao del ELA

Cuando en 1953 Estados Unidos consigue que la Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) legitime sus relaciones con Puerto Rico, alegando que haban sido por fin consentidas en un referendo un ao antes, enga a la comunidad internacional. El pueblo nunca tuvo ante s diversas opciones sino que slo la legislada por el Congreso federal como nica oferta: el Estado Libre Asociado. Otra vez, el objetivo era calmar o, mejor dicho, reprimir la combativa resistencia nacionalista que se potenciaba en la Isla, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos.

Nuevamente, no era la voluntad del pueblo de Puerto Rico lo que se deseaba garantizar sino que la estabilidad y permanencia de los intereses estratgicos de Washington en la regin. Un comando nacionalista, encabezado por Lolita Lebrn, se encarg de denunciarlo a tiros en marzo de 1953 ante el mismo Congreso. Sentenciaba Albizu que cuando el yanqui se niega a escuchar, hay que estar dispuesto a abrirle los odos a tiros.

De ah que si bien la diplomacia estadounidense se comprometi pblicamente en ese momento ante la ONU a darle paso en el futuro a cualquier reclamo de mayor independencia o la independencia plena, lo cierto fue que slo se burl de todo reclamo futuro de cambio en el nuevo estatuto colonial. As fue, por ejemplo, apenas cuatro aos ms tarde con el reformista proyecto Fernos-Murray, ignorado por el Congreso federal.

Ms escandaloso an fue la atencin que le brindaron al plebiscito de 1967, pactado entre el entonces gobernador Luis Muoz Marn y el presidente John F. Kennedy en su visita de 1961 a nuestro pas. Si bien dicha la consulta cont con una significativa abstencin independentista, los resultados finalmente le dieron la victoria al Estado Libre Asociado sobre la anexin en una proporcin aproximadamente de seis a cuatro.

Posteriormente, se constituy una comisin bilateral que produjo un proyecto de reformas al status quo que se conoci como Pacto de Unin Permanente con Estados Unidos. Cuando dicho proyecto llega a finales de 1976 al escritorio presidencial, se encuentra de carambola en ste Gerald Ford, producto de la renuncia del presidente Richard M. Nixon por el escndalo de Watergate. Ford, famoso por sus torpezas fsicas y mentales, decidi engavetar la peticin de reformas autonomistas para proceder a redactar y radicar en su lugar, ante el Congreso federal, un proyecto de anexin de Puerto Rico a Estados Unidos. Nada le import la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Entretanto, en 1978 el Comit Especial de Descolonizacin de la ONU, mediante resolucin ratificada abrumadoramente por la Asamblea General, excluy la anexin como opcin descolonizadora en el caso de Puerto Rico. Con ello aval, para todos los efectos, lo postulado por Albizu Campos en el sentido de que la anexin slo constituye la culminacin del coloniaje. Es insistir disparatadamente en que el agravamiento del problema de subordinacin y dependencia colonial, mediante la total absorcin al imperio, pueda constituir una solucin descolonizadora.

Un proceso de mutua determinacin?

Luego, entre 1989 y comienzos de 1991, convocados por el presidente George Bush, padre, tanto el Senado como la Cmara de Representantes de Estados Unidos se enfrascaron en lo que se reconoce ha sido el ms serio intento que se ha emprendido hasta ahora, desde Washington, para promover un proceso de libre determinacin en Puerto Rico. Lo que le distingui fue su objetivo de definir a priori el contenido especfico de las opciones que le seran presentadas al electorado puertorriqueo en un plebiscito y establecer a partir de stas un compromiso concreto del Congreso federal de acatar e implantar el resultado.

En ese sentido, el Congreso entendi que en las presentes circunstancias, el proceso debe ser uno de mutua determinacin: para que el pueblo de Puerto Rico pueda decidir entre las opciones, Estados Unidos tiene que manifestarse sobre las condiciones bajo las cuales podra garantizar cada una de stas. Por ejemplo: est dispuesto a aceptar reformar al llamado Estado Libre Asociado en la direccin propuesta por el PPD? Est dispuesto a admitir a Puerto Rico como un Estado hispano, es decir, culturalmente diferenciado y bajo condiciones econmicas preferenciales a las aplicadas a los dems estados, como pregona el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP)?

El novel proceso de consulta y negociacin, como se le conoci, se frustr sobre todo ante la falta de voluntad en el Congreso, particularmente entre los pertenecientes al Partido Republicano, para apoyar un proceso de libre determinacin que pudiese comprometer a Estados Unidos a admitir como estado una nacin caribea y latinoamericana, con un militante e influyente, aunque minoritario, movimiento independentista. Otra razn fue la percepcin fundada, entre los crculos de poder en Washington, de que la fuerza actual del movimiento estadista se debe a motivaciones mayormente de oportunismo econmico, en vez de un deseo genuino por ser parte de y asimilarse a la gran nacin del Norte.

En ese momento, el principal lder anexionista, el exgobernador Luis A. Ferr, afiliado distinguido del Partido Republicano, confes pblicamente que una de las grandes lecciones de dicho proceso era el rechazo del que era objeto la opcin anexionista en el Congreso federal. En cambio admiti que la independencia surga como la opcin que contaba con ms simpatas en ese foro legislativo estadounidense.

Ante la incapacidad del Congreso para decidir qu est dispuesto a aceptar, de manifestar formal y pblicamente sin tapujos su rechazo a la opcin anexionista o su preferencia por la alternativa de la independencia, en los prximos aos se celebraron dos plebiscitos criollos, sin aval federal, bajo sucesivos gobiernos coloniales controlados por el anexionista PNP. An as el anexionismo no logr imponerse. Los resultados de las consultas reflejaron mayormente un rechazo a su organizacin amaada, resultando en un fiasco que en nada adelant el inters general del pueblo puertorriqueo por salir del dficit de soberana bajo el estatuto actual.

De ah que se logr ir forjando un consenso entre los independentistas y autonomistas para descartar el mecanismo plebiscitario a favor de la convocatoria unilateral de los puertorriqueos a una Asamblea Constituyente o Constitucional como nica forma de romper el tranque poltico entre los puertorriqueos y negociar, soberanamente, con Washington.

Washington debe traspasar los poderes

Por eso cuando Obama balbucea su seudo-compromiso con la descolonizacin de Puerto Rico, no puedo sino concluir que estamos ante un ignorante o un farsante. El tranque no est en la falta de decisin y voluntad del pueblo de Puerto Rico sino en la falta de decisin y voluntad del gobierno de Washington que histricamente se ha burlado del derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminacin. Quien lo entendi mejor que nadie fue otro poltico afronorteamericano, el congresista Ronald V. Dellums (Demcrata por California), quien all para la dcada de los setentas del pasado siglo radic un proyecto en la Cmara de Representantes para facilitar, de manera efectiva, el desarrollo de un proceso de descolonizacin para Puerto Rico.

Para Dellums era sencillo: Quien quiera de verdad que Puerto Rico determine libremente su futuro tiene que crear las condiciones mnimas para que dicha voluntad se pueda expresar, sin las dependencias, las presiones o los miedos provenientes de una condicin colonial bajo la cual se ha conculcado y reprimido de facto el ejercicio real de ese derecho. Entendi Dellums que no hay otra alternativa mejor para ello que el Congreso federal renuncie ipso facto a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico y le transfiera a ste todos los poderes soberanos para que finalmente pueda organizar su propio proceso decisional a partir de su propio poder constituyente. Asimismo, a partir de ello instituir aquellos mecanismos para negociar de soberano a soberano, en igualdad de condiciones, con Washington sobre las futuras relaciones entre ambas naciones.

La experiencia histrica habla sobradamente. Un pueblo dependiente colonialmente se empantana en la produccin de resultados dependientes y coloniales. Slo un pueblo soberano puede decidir libremente. Que Obama no lo quiera entender, es una cosa. Ahora, que hayan independentistas, sin embargo, que lo pretendan ignorar y se presten para la nueva farsa promovida por Washington o sus achichincles locales, es muy otra. Sobre todo si ello responde a la bsqueda desesperada de protagonismos para revivir una organizacin electoral casi moribunda debido a su menguado poder de convocatoria y a costa de la legitimidad moral y efectividad poltica de todo un movimiento patritico que hace tiempo desborda las limitadas miras polticas y organizativas de ese partido. Me refiero, claro est, al Partido Independentista Puertorriqueo.

En vez de darle la espalda a los aprendizajes polticos forzosos de ms de un siglo e inscribirnos en la engaosa agenda descolonizadora de Obama y Fortuo, bien haramos en entender que en las presentes circunstancias no es otro plebiscito cosmtico lo que necesita el pas, preso del acostumbrado fetichismo del status. Lo que apremia es la construccin de un nuevo proyecto de pas y la suma de fuerzas en torno a ste para encarar, soberanamente, desde cada rincn y actividad en esta patria nuestra, la refundacin de nuestro modo de vida, desde perspectivas realmente democrticas e incluyentes. Y ello se hace no desde ejercicios inconsecuentes por medio de las urnas sino que desde las calles y comunidades, los centros de trabajo, las escuelas y universidades. Para las consultas habr su debido momento una vez se haya articulado soberanamente, desde s misma, la voluntad plural de nuestro pueblo.

Y es que slo un pueblo soberanamente apoderado puede decidir y, lo que es ms importante, hacer lo que realmente quiere. Lo dems es la misma politiquera yerma de siempre.

El autor es Catedrtico de Filosofa y Teora del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio Mara de Hostos, en Mayagez, Puerto Rico. Es, adems, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueo Claridad.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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