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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-03-2005

Parlamento europeo e italiano solicitan respeto de los derechos humanos en Colombia

Cristiano Morsolin
Rebelin


La masacre realizada en la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad el 21 de febrero, despert la movilizacin de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo reaccion expresando su profunda preocupacin por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organiz en Roma una conferencia de prensa para invocar justicia y verdad. El lunes 21 de marzo la sociedad civil realiz una manifestacin frente a la Embajada Colombiana en Roma.

La reaccin del Parlamento Europeo

El 11 de marzo desde Estrasburgo 60 miembros de izquierda del Parlamento Europeo (Monica Frassoni - Presidenta del Grupo de los VERDES, Luisa Morgantini - Presidenta de la Comisin Desarrollo, Helena Flautre - Presidenta de la subcomisin Derechos Humanos, Alain Lipiez - Presidente de la Comisin Andina, Francis Wurtz - Presidente del bloque de la Izquierda Unitaria Europea GUE, entre otros) han enviado al Presidente Uribe una carta colectiva para "expresar nuestra profunda preocupacin por la masacre que fue realizado en el distrito de San Jos de Apartado (Urab) entre el 21 y 22 de febrero. Entre las vctimas estaba Luis Eduardo Guerra, un lder bien conocido de la comunidad de Paz de San Jos de Apartad y por lo menos cuatro menores de edad y dos mujeres.

Como ha sido indicado por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados en su declaracin reciente que condenaban este masacre, "estos asesinatos son los ltimos de una cadena de ataques que, segn la comunidad de San Jos de Apartad, han dejado 154 de sus miembros muertos desde 1997.

Las comunidades de paz se establecieron a finales de los 90 en Urab, regin del noroeste de Colombia compuesta por gente desplazada por el conflicto y que gradualmente han retornado a sus comunidades. Las comunidades de paz confan en la resistencia y la neutralidad civiles pacficas. Rechazan la presencia en su territorio de los grupos armados irregulares y del ejrcito regular. El Sr. Guerra era un fundador de la comunidad de paz de San Jos de Apartad y la haba representado en negociaciones con el gobierno. Desde su fundacin en 1997, UNHCR ha apoyado a San Jos de Apartad con varios proyectos. En 1997, la Comisin Interamericana para los derechos humanos solicit medidas especiales de proteccin a nombre de la comunidad de paz de San Jos de Apartad.

Vemos la iniciativa pacfica de esta comunidad con buenos ojos, y por lo tanto consideramos de extrema urgencia que sean tomadas las medidas inmediatas para clarificar los hechos y los autores de esta masacre - particularmente la participacin de las fuerzas del Estado, y actuar para prevenir un desplazamiento masivo en la comunidad. Le estamos escribiendo en el contexto de las comisiones hechas por la Unin Europea en las conclusiones del consejo de la EU de diciembre de 2004 y en la declaracin de Londres - ratificado en Cartagena en febrero de 2005, sobre la importancia de garantizar la seguridad de esos individuos, organizaciones o instituciones, incluyendo defensores de los derechos humanos, que trabajan para la promocin y la proteccin de derechos humanos, y proteger los derechos de minoras indgenas.

Con este fin, preguntaramos respetuosamente como considera las acciones siguientes:

- Realizar una exhaustiva y imparcial investigacin para clarificar los hechos ocurridos, recolectando todos los testimonios para llevarlos a la justicia, y para proporcionar la reparacin para los parientes de las vctimas y para la comunidad de Paz.

- Informar a la comunidad internacional sobre las acciones que el gobierno realizar para prevenir una accin similar en el futuro, en el marco del respeto por los principios de la comunidad. Especficamente, cmo pondr en ejecucin la sentencia T 327, emitida por la Corte Constitucional en 2004. Esta medida obliga a la brigada 17ma del ejrcito a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de Paz de San Jos de Apartad, en acuerdo con las medidas provisionales concedidas por la Corte Interamericana de derechos humanos desde el ao 2000.

- Garantizar a la comunidad de la paz su derecho a tener un proyecto no-violento de la vida permitiendo que permanezcan fuera del conflicto, sin que sufran amenazas o ataques debido a esto, como es indicado por el principio de la distincin observado por la ley International Humanitaria".

El 10 de Marzo de 2005 el grupo de la Izquierda Unitaria Europea - Nueva Izquierda Verde (GUE/NGL) del Parlamento europeo - firmada por el Presidente Francis WURTZ, envo una carta al Presidente Uribe para expresar "su ms profunda indignacin frente a la masacre que ha sido cometida en Colombia, en San Jos de Apartado entre el 21 y el 22 de febrero, mediante la cual hombres armados asesinaron y cometieron sevicias contra los civiles Lus Eduardo Guerra, lder muy conocido de la Comunidad de Paz, as como dos mujeres y al menos cuatro nios menores.

Los indicios conocidas hasta el momento, y todos los informes de organismos de derechos humanos independientes sealan la responsabilidad del ejrcito colombiano en estos hechos atroces.

Lus Eduardo Guerra era un militante activo para la causa de la paz. Haba sido invitado al Foro Social de las Amricas donde haba expuesto el proyecto novedoso de declarar objetora de consciencia toda la Comunidad de Paz de San Jos.

El grupo GUE/NGL pide a la Unin europea velar porque una investigacin imparcial e internacional de estos gravsimos hechos sea realizada y que los autores sean efectivamente sancionados.

Pide asimismo que la Unin europea refuerce su accin a favor del respeto de los derechos humanos fundamentales y para la paz en Colombia, mediante el cumplimiento de los compromisos de la declaracin de Londres y de las recomendaciones de Naciones Unidas. Estima que la adopcin de un marco legal definido dentro del derecho internacional es indispensable para que el proceso de desmovilizacin de los grupos paramilitares sea real, lo contrario incrementara la impunidad que opera en Colombia".

Reaccin del Parlamento Italiano

El pasado jueves 17 de marzo, los Senadores del partido VERDES de Italia, Tana de Zulueta (www.tanadezulueta.it) y Francesco Martone (www.francescomartone.org - integrantes la Comisin Derechos Humanos del Parlamento Italiano) organizaron una conferencia de prensa en Roma Palacio Madama (sede del Senado de la Republica), para denunciar la masacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad y para invocar justicia y verdad. El evento fue organizado en conjunto con la Fundacin Internacional Lelio Basso, con la Red Italiana de solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz, Amnista Internacional, captulo Italia.

El Senador Martone, presentando el llamado urgente firmado por numerosos senadores de izquierda (Martone, Boco, De Zulueta, De Petris, Zancan, Malabarba, Iovene, Bedin, Bonfietti, entre otros) y dirigido al Gobierno Italiano, ha subrayado que la situacin de violencia estructural en Colombia, donde los civiles sufren las brutalidades del ejercito gubernativo, de los paramilitares y de la guerrilla de la FARC, ha golpeado tambin el ciudadano italiano Sabino Mobile, secuestrado y asesinado el 2 de marzo por grupos armados de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC, formacin paramilitar considerada cercana a las fuerzas gobernativas e integrada en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el Departamento de Estado de la Casa Blanca.

Se ha recordado el martirio de Luis Eduardo Guerra, lder de la Comunidad de Paz, ejemplo de no violencia y de opcin por la neutralidad en el conflicto que haba inspirado la formacin de otras 12 comunidades en toda Colombia y que haba participado en Italia en diferentes manifestaciones como la Marcha de Paz Perugia-Assisi.

En el llamado urgente se evidencia la responsabilidad de esta masacre, en acuerdo a lo que han verificado los miembros de la comunidad de Paz de San Jos Apartad, es de la XVII Brigada del ejercito regular colombiano.(..) El ataque en contra la Comunidad de paz de San Jos Apartad se ubica en una precisa estrategia de reduccin de los resguardos, territorios parcialmente autnomos que la ley colombiana admite por determinados tipos de comunidad, como por ejemplo los pueblos indgenas.

Por esta razn los senadores Verdes solicitan presiones internacionales el Gobierno italiano entiende actuar para llevar a un tribunal a los militares de la XVII Brigada.

Michele Ciricillo, representante de la Fundacin Internacional Lelio Basso ha denunciado que 150 homicidios de miembros de la Comunidad de Paz han sido denunciados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha acordado proteccin a la Comunidad pero ningn culpable ha sido procesado. El Senador Martone ha adjunto que la colaboracin judiciaria con el gobierno colombiano se refiere tambin a brigadas de la polica colombiana que se han ensuciado de crmenes contra la humanidad" preguntando porque "la Embajada italiana es la nica institucin diplomtica que no recibe los miembros de la Comunidad de paz".

La senadora De Zulueta, en representacin de todos lo participantes ha enfatizado con fuerza las solicitudes al gobierno colombiano: "El Gobierno Uribe tiene que aclarar los asesinatos y que los responsables sean llevados ante la justicia y que se garantize la proteccin a las comunidades que se declaran neutrales, como fue solicitado por ONU. (..) Tenemos la obligacin de ofrecer las condiciones para que las comunidades, como aquella de San Jos de Apartado, puedan realizar su opcin de paz, con el apoyo de diferentes administraciones locales (Alcalda de Roma y Narni, Gobiernos regionales de Toscana y Umbra, entre otras) y organizaciones no gubernamentales italianas". Respondiendo a una pregunta, la senadora de origen colombiana, no ha excluido la posibilidad de una misin parlamentaria en las Comunidades colombiana de paz: "el valor simblico de una misin puede tener un fuerte sentido" - ha observado en la conclusin de la conferencia de prensa.

La manifestacin del la sociedad civil en Roma

El lunes 21 de marzo, la sociedad civil italiana organiz una manifestacin de protesta frente a la embajada de Colombia en Roma. La Red italiana de Solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz de Choco y Uruba (integrada por varios gobiernos locales y ONG como, la Fundacin Internacional Lelio Basso, MIR, la Asociacin ASUD - www.asud.net) ha entregado al embajador colombiano una carta para expresar su preocupacin y su indignacin subrayando que "el Ministro de la Defensa Jorge Alberto Uribe, ha declarado que no se puede permitir que en el pas existan lugares donde el Estado no puede estar presente con su ejercito, anunciando la inminente militarizacin de las Comunidades de paz. Frente a esta amenaza las Comunidades reafirman con fuerza su derecho a la neutralidad con relacin a cualquier actor armado comunicando que, cuando se realizara la militarizacin de la rea, sern obligados a un nuevo desplazamiento forzado porque la presencia de uno de los actores armado adentro de la Comunidad, les convertira automticamente en posibles objetivos militares del grupo armado contrario".

La senadora Verde TANA DE ZULUETA ha declarado que "el gobierno colombiano tiene una obligacin, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger las Comunidades de Paz. Por eso tiene que desarrollarse una investigacin independiente que tome en consideracin los testimonios de los integrantes de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad, como fue solicitado por la Oficina del Alto Comisionado ONU para los derechos en Colombia. Solo a travs de una investigacin de este tipo se puede descubrir la verdad y encontrar justicia para las vctimas.

Francesco Martone (secretario de la Comisin Derechos Humanos al Senado Italiano) ha declarado que las ltimas masacres contra de la Comunidad de San Jos de Apartad, y las reacciones polticas a la indignacin de la izquierda Europea, solo confirman la estrategia de genocidio social con que el Gobierno Uribe esta actuando en el Pas. La intensificacin de los ataques contra la Sociedad civil, los sindicatos y las comunidades de paz son la consecuencia de la poltica de guerra total que el Presidente Uribe implementa con el apoyo de Washington. Por eso seguiremos denunciando estas graves violaciones de los derechos humanos, y la impunidad que los hace posibles. Paralelamente presionaremos a la comunidad internacional, a Europa y al Gobierno italiano para que toda forma de cooperacin internacional con Colombia no sea relacionada a la poltica de seguridad nacional y a la doctrina comunitaria del gobierno Uribe.

Carta al Presidente Uribe

El 4 de marzo, la senadora italiana Tana de Zulueta (de origen colombiana) escribi al presidente Uribe donde subraya que las noticias que nos llegan de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad son desoladoras. Segn la denuncia de la Comunidad, LUIS EDUARDO GUERRA, lder de la comunidad y miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 aos, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos, su esposa SANDRA MILENA MUOZ POZO, sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUOZ de 2 aos y NATALIA ANDREA TUBERQUIA UOZ de 6 aos,
han sido masacradas por militares de la Brigada 17 en la vereda La Resbalosa, jurisdiccin del corregimiento de San Jos de Apartad. LUIS EDUARDO GUERRA particip en representacin de la Comunidad en la segunda versin del Foro Colombia Vive!, organizado por nuestra Red de Solidaridad en la ciudad de Terni Italia en octubre de 2003. Segn un testigo que logr escapar a la masacre, fueron los militares quienes en la vereda Mulatos, detuvieron ilegalmente a Luis Eduardo, su esposa y su hijo de 11 aos, los llevaron a la vereda La Resbalosa y all los asesinaron junto con otra familia campesina. Los cuerpos de las victimas fueron encontrados despedazados en una fosa.

Cientos de campesinos de la Comunidad de Paz y acompaantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales, estn emprendiendo la marcha hacia la vereda la Resbalosa para recuperar los cuerpos. La masacre ha sido antecedida por bombardeos indiscriminados perpetrados por helicpteros del ejrcito en las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, por amenazas y detenciones arbitrarias contra miembros de la Comunidad de Paz en la cabecera municipal de Apartad, amenazas, detenciones e interrogatorios en los que, de acuerdo a las denuncias de la Comunidad, sigue estando presente, junto a unidades militares y de polica, el seor Wimar Durn, sealado como reconocido paramilitar.

A usted seor Presidente le pedimos que en ejercicio de sus deberes constitucionales, garantice la realizacin de una investigacin que conduzca a la captura y condena de las personas responsables de tan abominable hecho; vele por la seguridad de todas y cada una de las personas que se desplazan a la vereda La Resbalosa con el nimo de recuperar los cuerpos de las vctimas; intervenga para que en los operativos militares que se realizan en la zona, se tenga un estricto respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; intervenga para que no continen los bombardeos indiscriminados, para que no continen los atropellos, para que se evite un nuevo desplazamiento forzado de las comunidades campesinas de la zona; le solicitamos comedidamente, tomar las medidas necesarias para contrarrestar en manera eficaz la peligrosa estigmatizacin de que son vctimas los integrantes de la Comunidad de Paz; le pedimos igualmente que se brinden las condiciones necesarias para la accin de posibles comisiones internacionales que pudieran colaborar en la aclaracin objetiva de los hechos antes denunciados. Nuestra organizacin estar particularmente atenta al desarrollo de sucesivas eventualidades. Estamos seguros que el seor Presidente y las dems autoridades colombianas, no dejarn que este crimen permanezca en la impunidad.

Para no concluir

Las ltimas declaraciones de Uribe Vlez del pasado domingo en las que calumnia a la comunidad de Paz de San Jos de Apartad, acusndola de tener vnculos con las FARC y de obstruir la justicia, y en donde ordena la militarizacin de la comunidad, evidencian la complejidad del conflicto colombiano.

El jesuita Javier Giraldo y la ex alcaldesa Gloria Cuartas fueron amenazados tras sealar a militares de la fuerza militar regular como presuntos responsables de la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San Jos de Apartad.

El Ministro explic que la masacre pudo ser evitada si el Ejrcito hubiera tenido acceso para proteger a la poblacin. "La presencia del Ejrcito en San Jos de Apartad no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo, por su parte, el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educacin Popular CINEP - www.cinep.org.co, uno de los gestores de la creacin de la Comunidad de Paz en ese municipio. Giraldo asegur que desde que se cre la comunidad, en 1997, 165 campesinos han sido asesinados o desaparecidos. De estos crmenes 20 se atribuyen a las Farc y 145 al Ejrcito y los paramilitares. "Por eso, y porque los militares estn agrediendo permanentemente a la poblacin, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", agreg el sacerdote (fuente: http://www2.elespectador.com/historico/2005-03-08/contenido_MI-617.htm ).

El mismo Padre Javier Giraldo integro la delegacin de defensores de derechos humanos de Colombia que el 1 de diciembre 2004 presento frente al Parlamento Europeo - http://www.choike.org/nuevo/informes/2398.html (un seminario organizado por Monica Frassoni - Co-Presidenta del Grupo de los VERDES al Parlamento Europeo - http://www.selvas.org/newsCO0504.html ) en Bruselas el informe "El embrujo continua" (http://www.plataforma-colombiana.org/biblioteca%20pag/embrujo.htm )que documenta las violaciones de los derechos humanos en el segundo ao de presidencia Uribe. Entre los panelistas estaba tambin Hildebrando Velez, profesor universitario y activista del movimiento ambientalista CENSAT (www.censat.org ), representante en Colombia por los Amigos de la Tierra Internacional; el 7 de febrero la sede de CENSAT fue asaltada por un grupo de hombres armados...

El proceso para encontrar justicia en Colombia es todava largo y complicado...




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