Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-07-2011

Apreciaciones crticas sobre la Carta Abierta a Alfonso Cano de Medfilo Medina
Qu paz para Colombia?

Jos Antonio Gutirrez D. y Uriel Gutirrez
Rebelin


Recientemente el acadmico Medfilo Medina, ha dirigido una carta abierta al comandante Alfonso Cano, lder mximo de las FARC-EP [1] , con la esperanza de abrir un debate sobre las cuestiones relativas al conflicto social y armado que afecta a Colombia. Esta misiva es, a la vez, una invitacin a reflexionar al conjunto de la sociedad, o a quienes quieran hacerlo.

Saludamos como un acierto la idea de este intercambio epistolar, ms an cuando el intercambio iniciado por Colombianos y Colombianas por la Paz, rpidamente, como el profesor Medina lo reconoce, termin centrado exclusivamente en la cuestin del acuerdo humanitario, que an siendo muy importante, no es central en el conflicto. Agregaramos, tambin, que la agenda de este intercambio epistolar estuvo plenamente acorde a las particulares prioridades del gobierno de turno, ignorndose cuestiones polticas centrales que no hacan parte de esa agenda, tales como la reforma agraria, por citar tan slo un ejemplo.

Saludamos, por tanto, esta iniciativa. Sin embargo, tenemos serias reservas con muchos de los contenidos planteados que, en nuestra opinin, reproducen una serie de juicios delicados, errneos y algunos an peligrosos. Por ello, hemos considerado pertinente intervenir en el debate con nuestras propias reflexiones, no con el nimo de agotar el tema, sino de presentar elementos desde otra perspectiva que alimenten el casi inexistente debate poltico sobre estos asuntos.

Las diferencias en la evaluacin del contexto poltico

Creemos que es imposible abordar las diferencias puntuales que tenemos con la carta del profesor Medina, sino entablamos, primero, una discusin sobre algunos de los presupuestos polticos que la permean, principalmente en lo que respecta a su apreciacin del actual escenario poltico nacional e internacional.

El panorama nacional: La primera de las diferencias es el implcito, aunque evidente, entusiasmo del profesor Medina con el gobierno de Juan Manuel Santos. La carta est salpicada de guios a la poltica del actual gobierno, como si significara una superacin de la poltica impulsada por su predecesor lvaro Uribe.

Particularmente esperanzadora es, en opinin de Medina, la Ley de Vctimas, la cual debe ser buena, a su parecer, ya que ha estimulado una violenta ofensiva contra quienes pidan restitucin de sus predios. Sin embargo, creemos que un anlisis ms detallado sobre la misma, el cual es obligatorio para hablar de la paz, pues el conflicto tiene como uno de sus puntos angulares la cuestin de la tierra, nos hara ms cautelosos sobre el alcance y el carcter de la misma.

Primero que nada, porque la ley en cuestin desva el problema de fondo que sigue siendo la reforma agraria, particularmente en momentos en que la concentracin de la tierra ha alcanzado niveles escandalosos, en que 3.000 propietarios controlan el 53% de la tierra cultivable. Ac estamos ante la mera restitucin de alrededor de 2 millones de hectreas de un total de 6,5 millones que el paramilitarismo rob en su campaa contra el campesinado pobre durante las ltimas dos dcadas; y de ellas, es importante entender que, por razones prcticas, ni una dcima parte sera devuelta a sus verdaderos propietarios. En parte, porque la violencia paramilitar lo evitar (la cual le recordamos, no son actores externos al Estado colombiano, sino que son parte estructural de sus aparatos represivos); esto es lo que estamos viendo con el asesinato de lderes desplazados. En parte, porque la misma ley da prioridad a la agroindustria, estipulando que si los terrenos han sido ocupados de buena fe, categora asaz elstica, en proyectos productivos, el dueo por derecho se ver forzado a negociar un acuerdo con quien ocupe el predio de hecho. Y por ltimo, porque esta ley de restitucin de tierras se promulga cuando el pas an est en guerra y vastos territorios son controlados por caciques paramilitares, y con toda seguridad, la mayora de las vctimas no ofrecern su cuello al verdugo, por ms penurias que soporten hacinados como estn en los cascos urbanos. Los ms afortunados, tendrn la posibilidad de cobrar una indemnizacin, pagada por los contribuyentes y no por quienes se beneficiaron de la guerra sucia, a cambio de sus tierras y quin se quedar con sus tierras?

La tan mentada restitucin, no sera ms que una cuestin puramente demaggica. Tenemos la certeza de que esta ley, anunciada con bombos y platillos, como una de las primeras medidas legales para allanar el camino a la paz, terminar siendo una ley para legalizar y normalizar el despojo y para fortalecer al gran capital transnacional, al cual estn aliados los capitalistas y terratenientes locales, que ahora nuevamente necesitan de la tierra para producir agrocombustibles o cultivos de exportacin, como palma aceitera, y para construir megaproyectos o asegurarse la explotacin de recursos minerales. An si, por ventura, se devolviera el total de predios al total de vctimas, volveramos a la situacin agraria de 1991, que como el profesor Medina ha de recordar, estaba lejos de ser una situacin paradisaca.

Casi al terminar su carta, menciona las seales an dbiles pero ciertas de paz que se originan en el gobierno. Nos gustara que aclarara cules son esas seales la movilizacin de miles de tropas al Tolima tras la caza de Cano? El bombardeo con toneladas de bombas sobre la cabeza del Mono Jojoy? El llamado Plan Burbuja del ejrcito, que busca la eliminacin de los mandos medios con fin de descentralizar y bandolerizar a la insurgencia? Las nicas seales de paz lanzadas por Santos se han limitado a afirmar, por una parte, que las llaves de la negociacin no han sido arrojados al mar, a la vez que pide condiciones imposibles como prerrequisito (cese de las acciones de guerra, en momentos en que las fuerzas represivas del Estado colombiano profundizan la guerra) y a la vez que afirma que cualquier negociacin debe ser solamente en trminos de desmovilizacin de la insurgencia, lo cual a la luz de los problemas estructurales que se encuentran en la raz del conflicto, no solamente hacen este panorama poco probable, sino que adems, es contrario al inters nacional; por otra, tambin Santos ha reconocido la existencia del conflicto armado. Aparte que esto es como descubrir que el agua moja, tampoco ha sido hecho con miras a la solucin poltica del conflicto. El propio presidente, ante las quejas del ex mandatario Uribe, se apresur a decir que esto no equivala a un reconocimiento poltico de la guerrilla. Y ms an, sostuvo que la motivacin real de esta afirmacin era evitar ser juzgado por crmenes contra la poblacin civil, debido a las acciones militares del Estado colombiano. Si no se reconoce la existencia de la insurgencia como una fuerza rebelde que participa en un conflicto interno, todos esos bombardeos y actos de guerra perpetrados por el Estado, seran vistos, segn el derecho internacional, como acciones blicas contra la poblacin civil.

Por ltimo, permtasenos mencionar que ms fuerte que las palabras cuidadosamente elegidas de Santos, hablan sus actos. El panorama de sus primeros 300 das de gobierno, segn un informe de OIDHACO, es francamente desolador: 24 sindicalistas, 34 defensores de derechos humanos y 15 lderes de campesinos desplazados reclamantes de tierra han sido asesinados (la cifra de sindicalistas asesinados en 2011 ya es de 20); mientras tanto, el paramilitarismo se expande por todo el territorio y segn la ONU las masacres aumentaron en un 40%. En lo que va del ao, tan slo en Medelln se han registrado 407 desapariciones. Si a esto sumamos que el ao 2010 termin con 280.000 nuevos desplazados, el panorama no puede ser ms sombro y nos cuesta trabajo saber con precisin cul puede ser la fuente de ese sbito discurso esperanzador ante el nuevo gobierno de parte de un cierto sector de la izquierda.

El gobierno de Santos no solamente ha decidido, en lo fundamental, proseguir con las polticas de su predecesor lvaro Uribe, poltica en todo caso convergente con los intereses presentes en el Plan Colombia, sino que la ha profundizado. El conflicto arrecia en el campo, mientras el gobierno presiona el desarrollo de sus iniciativas minero-extractivistas, plasmadas en las mal llamadas locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, que otorgan concesiones a empresas transnacionales que redundarn con toda seguridad en ms desplazamiento y violencia contra las comunidades, mientras profundiza la impunidad con la Ley 1424 que beneficiar al paramilitarismo desmovilizado librndole de crcel, y criminaliza la legtima protesta de la sociedad con su Ley de seguridad pblica, segn la cual una persona puede ser condenada a entre 4 y 8 aos de prisin si obstaculiza las vas de transporte de tal forma que afecte al orden pblico.

El panorama internacional : Por otra parte, en la carta se describe un panorama regional en trminos excesivamente optimistas, rayanos en lo fantasioso. Si bien es cierto que Latinoamrica ha transcurrido poco ms de una dcada de movilizaciones sociales que han destruido en gran medida el consenso neoliberal de buena parte de los 90, esto no quiere decir que se haya avanzado demasiado en cambios estructurales o que las transformaciones sean profundas. Se ha avanzado, es cierto, en cuotas de mayor soberana, particularmente en lo que respecta a temas como los recursos naturales, lo cual no es poco, pero tampoco debe ser visto bajo la luz de un cambio de mayores alcances de los que en realidad tiene. Tambin es cierto que se ha avanzado en ciertas medidas muy humildes de mejor redistribucin del ingreso, lo que ha redundado en mejores servicios sociales, pero tampoco hay mucho ms que eso. Eso es cierto para los regmenes nacional-desarrollistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador). Para los regmenes de la llamada centro-izquierda (Uruguay, Argentina, Brasil), esto casi es imperceptible, porque en general se mantienen polticas econmicas objetivamente derechistas y favorables al capitalismo y al imperialismo.

Pero en general, el modelo econmico de la regin, en lo fundamental, sigue inalterado, as como la estructura de clases marcada por las profundas desigualdades sociales, lo cual es tan cierto en el caso de los nacional-desarrollistas como en el de los centro-izquierdistas. Tampoco es exacto decir que en todos estos pases se ensayan caminos de participacin nueva de la gente. En el caso de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, se han intentado algunas frmulas de participacin limitadas, fundamentalmente a travs de las Asambleas Constituyentes. En Brasil tenemos las experiencias participativas acotadas a Porto Alegre y no hay mucho ms. En Argentina y Uruguay no hay casi nada en realidad. Pero lo que s se mantiene intacta, es una cultura caudillista y clientelista, que no se ha alterado y que tiene ms en comn con la vieja poltica que con las frmulas ensayadas por las masas efervecientes que gritaban que se vayan todos en Argentina a fines de 2001.

Tampoco considera el anlisis del profesor Medina que la realidad latinoamericana no se reduce a los cambios polticos experimentados en Amrica del Sur: ah estn los golpes de Hait y de Honduras que demuestra que el gorilismo est vivo y puede ponerse en prctica sin mayores consecuencias a largo plazo. Ah est el recrudecimiento de la presencia militar de Estados Unidos mediante la reactivacin de la Cuarta Flota, las nuevas bases militares en el Caribe, Panam, presencia militar en Hait y Costa Rica, creciente penetracin de sus aparatos de inteligencia en Mxico, el intervencionismo va la guerra contra las drogas y la Iniciativa Mrida, sin contar la presencia en Colombia que el profesor Medina menciona en su epstola. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer un balance de la regin, el cual en nuestra opinin demuestra que lo que define el nuevo ciclo poltico latinoamericano es el intento, exitoso hasta ahora, de los Estados Unidos por recomponer su hegemona erosionada en la ltima dcada.

Pero volviendo al tema de las izquierdas del continente, si hay un factor comn a la izquierda latinoamericana en el poder, es el proceso de derechizacin que experiment desde fines de los 80 y que no se detuvo con el ascenso de las luchas de masas en el ltimo decenio, los cuales, cuando mucho sirvieron para sentar bases de apoyo electoral sin alterar significativamente polticas que son ms bien moderadas y poco radicales. El horizonte emancipatorio est ausente de una izquierda cuya imaginacin parece agotada. Es en esta luz que deba entenderse como un exguerrillero como Pepe Mujica en Uruguay, o Dilma Rouseff en Brasil, puedan llegar a la presidencia y ser aceptables para el establecimiento, pese a las controversias, y para los Estados Unidos. En estos casos no interesa tanto lo que esos personajes fueron en el pasado, sino lo que son en el presente y a quin representan (al capitalismo local en cada pas) y a quien le sirven en el escenario internacional (de manera directa o indirecta a la dominacin imperialista).

Diferencias a la hora de definir una ruta hacia la paz

La Sudamrica del postconflicto y extrapolaciones inexactas a Colombia : Es efectivo lo que plantea el profesor Medina de que todos los pases mencionados pasaron por experiencias insurgentes que encontraron trmino. De ah, se desprende el argumento de que si la insurgencia colombiana depusiera las armas, tal vez cabra la posibilidad de que, a mediano o an corto plazo, la izquierda pudiese convertirse en una alternativa de gobierno en Colombia. Tal apreciacin, en nuestra opinin, ignora las condiciones reales de la lucha en Colombia. Primero, porque an cuando todos estos pases han tenido experiencias guerrilleras, stas han sido cualitativamente diferentes al caso colombiano: han sido experiencias foquistas, y no han surgido como la insurgencia colombiana de autodefensas campesinas. Los conflictos armados en esos pases fueron relativamente marginales, no afectaron de la misma manera la estructura social del pas ni los conflictos tuvieron races tan profundas como en Colombia. Las consecuencias de esto son casi obvias, porque un verdadero proceso de paz en Colombia requiere de cambios sociales de tipo estructural, mucho ms profundos que en los otros pases.

Colombia no es, y no ser jams, Porto Alegre. La comparacin del futuro de Colombia tras un proceso de negociaciones que no fuera mucho ms que la desmovilizacin de la insurgencia, no es vlida con otros pases sudamericanos, sino ms bien con la situacin de Guatemala o del Salvador, ejemplos poco alentadores en los que, paradjicamente, la violencia es hoy peor, en poca de paz, que en tiempos de guerra civil.

Es la paz equivalente a la mera desmovilizacin? : Cierto es que el profesor Medina no plantea en su carta que un eventual proceso de negociaciones sea poco menos que una desmovilizacin como ocurri en Centroamrica en el perodo 1992-1996. Dice claramente que, debido al innegable apoyo que la insurgencia tiene en ciertos sectores del pas, no es realista que el movimiento guerrillero acepte poner fin al conflicto interno mediante el trmite de una simple reinsercin (subrayado nuestro). Sin embargo, pareciera que estas afirmaciones son slo retricas, puesto que la evaluacin que hace de las seales de paz del gobierno como suficientes para que sea la insurgencia la que acepte poner fin al conflicto (ie., desmovilizarse), nos deja con la sensacin de que la paz a la que l se refiere, no requiere de transformaciones en realidad estructurales las cuales son postergadas ad infinitum: la salida negociada del conflicto no significar el cumplimiento automtico de los cambios, pero sin duda contribuir a crear las condiciones para que la gente luche por ellos de manera polticamente ms efectiva y humanamente ms constructiva. Por ninguna parte se menciona el desmonte de la estructura paramilitar del Estado, ni la reforma agraria, ni el modelo de desarrollo econmico intrnsecamente antisocial y violento patrocinado por el bloque en el poder, temas que, entre otros, deberan ser puestos en el centro de un debate que no involucre solamente a los sectores en armas, sino que, entendiendo que estamos ante un conflicto social y armado, deberan incluir al conjunto de la poblacin, en un verdadero dilogo nacional sobre qu tipo de pas se quiere construir. El hecho de que la presin del profesor Medina se aplique solamente a la insurgencia, como si de ella fuera la nica que dependiera poner fin al conflicto, demuestra hasta qu punto la jerga de solucin poltica en este caso equivale a mera desmovilizacin.

Incluso, la carta est planteada en clave de nosotros los que apostamos a la solucin poltica, como si eso supusiera que la FARC-EP no est por la negociacin poltica. De hecho, ha sido una constante de la insurgencia estar dispuesta al dilogo, y an cuando cometi ms de un error en la poca de las negociaciones de San Vicente del Cagun, no cabe duda que negoci de mucha ms buena fe que el Estado, que mientras negociaba, alimentaba a la peor maquinaria de muerte de toda la historia colombiana (las AUC) y preparaba la profundizacin del conflicto al reforzar la presencia de los Estados Unidos, mediante el Plan Colombia.

No creemos que la oligarqua y sus representantes en el Estado, vayan a cambiar de corazn de la noche a la maana. De esto se desprende que la presin fundamental por una solucin poltica a un conflicto que no tiene solucin real en trminos militares, deba ser primordialmente ejercida hacia el Estado, y que la ruta hacia la paz sea una ruta en realidad de lucha popular, en la cual se requerir la clarificacin de esas transformaciones estructurales necesarias para lograr una paz distinta a la de los cementerios. Eso exigir niveles importantes de movilizacin por parte de la sociedad y las organizaciones populares, y ms an, requerir de un nivel de articulacin de propuestas y proyectos que desde ya permitan delinear una visin alternativa de pas. Tarea nada fcil, porque tendr necesariamente que realizarse mientras se resisten los embates de la guerra sucia.

El conflicto social y armado es la excusa?

Segn el profesor Medina, la persistencia del conflicto social y armado es la excusa que utiliza el bloque en el poder para saquear, abusar y mantenerse en el poder: Es evidente que los seores de la guerra, los paramilitares amparados por sectores de las Fuerzas Armadas y otros actores legales o ilegales opuestos al inters de los trabajadores y de las fuerzas democrticas se benefician de maneras muy distintas de la existencia y la prolongacin del conflicto interno en contrava de los cambios que las FARC se propusieron desde su creacin. Hay en especial razones para pensar que el fenmeno Uribe se gest en el contexto del con razn llamado sndrome del Cagun, un fenmeno poltico emocional que arrastr a la mayora de la opinin y la puso en manos de la extrema derecha.

Es cierto que el bloque en el poder, esa alianza de narco-paramilitares, gamonales y empresariado urbano, se ha enriquecido enormemente con la guerra, la cual ha utilizado como un mecanismo de acumulacin de Capital. No es difcil comprobar que en los momentos de profundizacin de la guerra, como el actual, aumenta la concentracin de la riqueza y de la tierra, se incrementan las desigualdades, y crecen los indicadores macroeconmicos, como expresin de un modelo capitalista mafioso sui generis.

Pero plantear la cuestin en los trminos en que Medina lo hace, es poner la historia colombiana de cabeza. Porque la guerra no la inici la insurgencia, ni las FARC-EP, ni el ELN, ni otros movimientos que han existido. La guerra la inici la oligarqua colombiana con el temprano uso de bandas de pjaros y sicarios, para amedrentar al incipiente movimiento sindical y campesino desde los aos 20 del siglo pasado, cuando el movimiento insurgente ni siquiera era un proyecto en mente de nadie. Eso se hizo en diversos lugares del pas, donde campesinos, colonos, aparceros y los nacientes trabajadores asalariados empezaron a luchar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y las clases dominantes enarbolando un anticomunismo visceral, que nunca han abandonado, masacraron a los sectores populares en diversas ocasiones, siendo el caso ms tristemente clebre el que sucedi en las bananeras en 1928. Y esta guerra contra el pueblo se profundiz despus de 1946, ante la presin por tierras en el Eje Cafetero y otras zonas del pas. En respuesta a ello, nace el movimiento guerrillero campesino, como una forma de defensa ante las atrocidades cometidas por los lacayos del conservadurismo. De ah en adelante la historia es conocida y no es necesario ahondar mayormente en ella.

Por tanto, suponer que si desapareciera la insurgencia, desaparecera la excusa de la oligarqua para desplazar y asesinar, no es solamente una ingenuidad, sino que es una falta de sentido histrico. El bloque en el poder no necesit la excusa insurgente para regar de sangre el campo colombiano en 1946. Los tiempos son otros, es verdad, pero la impunidad y la frialdad para masacrar por parte de los sectores en el poder, se mantienen como una constante.

Lo que es importante sealar es que la existencia del movimiento insurgente no deja de representar un cierto freno a los designios de ese bloque en el poder. La presencia de la insurgencia es la amenaza ms importante a la confianza inversionista. Una de las razones por las cuales el gobierno de Santos est buscando por todos los medios terminar con el conflicto armado, es para dar va libre, sin contrapesos ni frenos de ninguna clase, a la locomotora del Plan Nacional de Desarrollo, que entrega buena parte del territorio nacional al sector agroindustrial y minero-extractivista. No es exagerado decir que si el da de maana desaparece la insurgencia, sea por derrota militar o por desmovilizacin, quedarn servidas todas las condiciones para el completo arrasamiento del campesinado de la faz de Colombia. Este es el principal objetivo que busca la oligarqua colombiana, como se observa desde hace tiempo y se reafirma con la expropiacin de tierras y la expulsin de millones de campesinos de sus territorios ancestrales, en donde se fortalecen los viejos y nuevos terratenientes, con la activa participacin del Estado y de los militares: esta es la contra-reforma agraria que se impuso a sangre, fuego y motosierra en los ltimos quince aos. Olvidar este aspecto tan fundamental de la guerra en Colombia es creer, de manera ingenua u optimista, que la guerra que se libra no tiene ninguna base objetiva y no estara relacionada con una poltica de tierra arrasada, no slo con respecto a la insurgencia, sino con relacin a los campesinos, vistos como incmodos obstculos en el proyecto de modernizar el agro por la va de la transnacionalizacin. No por casualidad el paramilitarismo ha operado en la forma como lo ha hecho, recurriendo al crimen y a la persecucin de todos los que han sido considerados como enemigos de la oligarqua, pero con especial sevicia contra los campesinos e indgenas.

Insistimos: an cuando la oligarqua ha sabido enriquecerse tambin mediante el conflicto, no nos cabe ninguna duda que ella preferira deshacerse de cualquier forma de resistencia, sea civil o armada lo cual no significa que estara dispuesta a renunciar a la violencia [2] . Esto lo plante de manera meridianamente clara el comandante del ELN Pablo Beltrn cuando dijo en una entrevista: El debate no es si la guerrilla sigue o no sigue, sino, si la lite va a dejar de hacer la guerra sucia y de poner todo su aparato de Estado para eliminar a la oposicin. Como ejemplo de lo que espera a Colombia en el caso de una derrota militar o desmovilizacin, tenemos las Zonas de Consolidacin Territorial, de las que proviene, segn el ltimo informe del CODHES, el 32,7% de desplazados (91.499 personas) en el ao 2010, una cantidad desproporcionadamente alta, pese a que son zonas donde la insurgencia tiene una presencia nula o muy baja. Junto a los batallones de contraguerrilla y las bandas paramilitares, lleg en masa la agroindustria (palma aceitera, caucho) y la gran minera, un claro anticipo de lo que viene en camino, junto a la tan manida seguridad inversionista y apertura al capital transnacional.

Para entender el proyecto de clase que est detrs de la guerra por parte del bloque en el poder, es bueno constatar lo que ha sucedido en otras experiencias similares a la colombiana. Ah est el ejemplo de Guatemala, que es extraordinariamente aleccionador. Tras la desmovilizacin de 1996 la oligarqua guatemalteca no ha tenido ninguna clase de contrapeso para construir el tipo de pas que ha querido. El resultado? En 2010 fueron asesinadas 6.500 personas, mientras que el promedio durante el perodo de conflicto fue de 5.500. Tambin contina el desplazamiento de campesinos mayas, esta vez de la mano de proyectos minero-extractivistas. Guatemala ocupa el segundo lugar del mundo, despus de Colombia, en violencia contra sindicalistas. Y la oligarqua guatemalteca no ha necesitado de la excusa de la URNG para mantener este triste rcord. Pero no solamente la violencia ha recrudecido, sino que tambin las desigualdades sociales; el pas se ha convertido en lo que llaman un Narco-Estado, donde reina esa clase poltica mafiosa, sicarial, que es copia y calco de los parapolticos locales. Ese es el futuro que queremos para Colombia.

Algunos de los momentos del conflicto

No es este el lugar adecuado para emprender un debate historiogrfico de tipo poltico sobre las interpretaciones que en su carta hace el profesor Medina. Simplemente, sealamos algunos aspectos que es necesario matizar. Miremos algunos detalles al respecto. Dice Medina en la mencionada misiva, refirindose, a la autodefensa campesina original, de fines de los aos 40 y comienzos de los 50:

Sin duda en 1949 y en algunas regiones donde venan consolidndose los movimientos de colonos y campesinos, resultinevitable organizar la autodefensa armada, no ya en defensa de la tierra sino de la vida misma. Pero ya en la primera pausa de La Violencia en 1953, haba motivos para plantearse la reorganizacin de un movimiento agrario que, por ejemplo en el Sur del Tolima, vena trabajado con vigor desde mediados de los aos treinta. No sobra recordar que en Chaparral, el Partido Socialista Democrtico (denominacin temporal del Partido Comunista) haba tenido ya dos concejales campesinos, uno de ellos el legendario Isauro Yossa.

Pero la reorganizacin del movimiento campesino no ocurri. Al contrario cundi el desconcierto y se prolong la confrontacin con antiguos combatientes liberales que respondieron de manera an ms enconada y en efecto agravaron la violencia .

En este caso, se achaca la responsabilidad a la dirigencia agraria, sin mencionar de ninguna manera que la amnista de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que condujo a la desmovilizacin de importantes reductos de tropas campesinas, se complement con dos mecanismos trgicos que gravitan hasta el da de hoy, y que no pueden ser olvidados: uno, el vil asesinato de gran parte de los principales lderes guerrilleros que se desmovilizaron en los aos siguientes, dejando un reguero de muertos del que se perdi la cuenta, y entre los que se destaca, para slo mencionar dos casos emblemticos, los de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure; dos, que a los sectores que no se plegaron al proyecto militar, luego les llovi plomo desde el aire y una persecucin inclemente, de la cual el principal ejemplo es el de Villarica. E incluso, el personaje que nombra el profesor Medina, Isauro Yossa, fue sometido a torturas por parte del Estado durante el rgimen militar, luego de proclamada la amnistia, como muestra del rabioso anticomunismo que enarbol la dictadura y que fue respaldada por el conjunto de las clases dominantes. Estos aspectos no son mencionados en la carta.

Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con la interpretacin que el profesor Medina hace del paro cvico de 1977 que, como l lo dice, fue una protesta formidable, un captulo de la historia de la muchedumbre poltica en Colombia. Para l este hecho fue ledo en clave de insurreccin, militarmente hablando, y esta lectura llev a que el movimiento guerrillero privilegiara la va armada, no teniendo en cuenta que era necesario ajustar la poltica a la primaca de los escenarios urbanos y adecuarla a la cultura poltica que haba reflejado aquella protesta multitudinaria contra el alto costo de la vida. El camino escogido fue insistir en las mismas estrategias de antes y darles la espalda a las nuevas realidades. Esta interesante sugerencia, sin embargo, no tiene en cuenta a fondo, aunque la menciona, la manera como despus de septiembre de 1977 se acentu la represin contra los movimientos populares en el campo y la ciudad, la persecucin a los opositores polticos y la radicalizacin de la fase ms brutal de la actual guerra sucia, con la desaparicin forzosa de militantes polticos y sociales, todo lo cual ser rubricado en 1978 con la aprobacin del nefasto Estatuto de Seguridad, y con la entronizacin de la tortura como prctica del Estado colombiano, que se convertir en pan de cada da en el nefasto 1979. Este hecho no puede subvalorarse a la hora de apreciar el panorama en el cual se radicalizaron las posturas del movimiento insurgente.

Dice el profesor Medina que este recuento histrico lo hace con el fin de poner nfasis en las alternativas escogidas por la insurgencia, agregando que las cosas que comienzan por voluntad de las personas tambin pueden acabarse por voluntad de las personas . Sin embargo, es necesario precisar que no hubo un abanico de alternativas impuestas al pueblo pobre en Colombia, de cuyo seno naci la insurgencia, y que estas alternativas debieron ser tomadas en un contexto de innumerables presiones, a la sombra de los caones en una guerra que no comenz por voluntad de los campesinos, como engaosamente insina Medina.

La negociacin con el M-19 modelo a seguir?

Una ltima referencia a la historia reciente es necesaria. El profesor Medina se refiere a la paz firmada con el M-19, con la cual se adoptaron compromisos que luego fueron parte del proyecto de reforma constitucional que debata el Congreso en 1989 , en una coyuntura en la cual confluyeron una organizacin guerrillera en proceso de paz y el vigoroso movimiento ciudadano por una nueva Constitucin -la que sera adoptada en el 91 .

Es importante matizar estas apreciaciones, an cuando Medina est en lo correcto al sealar tambin el despilfarro del capital poltico que innegablemente tena el M-19, porque el problema con este proceso fue ms de fondo. Para comenzar, lo del vigoroso movimiento ciudadano ya se ha convertido en un lugar comn, que poca base emprica tiene, complementada con aquella otra afirmacin sin sustento alguno de que fueron los estudiantes universitarios los que estuvieron detrs de la llamada sptima papeleta que propici, en las elecciones de 1990, que luego se diera paso a la Constituyente. Tal vigoroso movimiento estuvo formado por estudiantes de universidades tan poco populares como el externado de Colombia, muchos de los cuales formaron despus, en los ltimos 20 aos, los cuadros de recambio de las clases dominantes, furibundos neoliberales e incluso uribistas. No hubo un proceso de movilizacin realmente de los sectores urbanos ms empobrecidos, y mucho menos, de los sectores rurales. En segundo lugar, tampoco se seala que esa paz con el M-19 (as como con otras guerrillas que decidieron desmovilizarse al mismo tiempo, entre ellas el MAQL y un sector mayoritario del EPL), se hizo con un enorme costo poltico que eventualmente llevara a la radicalizacin de la guerra en las dos ltimas dcadas: se hizo a expensas del quiebre de la coordinacin incipiente alcanzada por el movimiento insurgente en la Coordinadora Simn Bolvar. Como resultado, de ese proceso constituyente fueron excluidas las FARC-EP y el ELN, as como las bases de apoyo campesinas de stas, sector que no se vio en absoluto representado en este proceso, siendo que est en la gnesis misma del conflicto que fue y sigue siendo fundamentalmente agrario. Mientras se hablaba de paz con el M-19 y los dems, se atacaba con bombas y helicpteros, como un anuncio de lo que vendra despus, el campamento central de las FARC-EP en Casa Verde, con la esperanza, por parte del Estado encabezado por Cesar Gaviria Trujillo en ese momento- y de las clases dominantes de asesinar a Manuel Marulanda Vlez y los principales comandantes de ese movimiento insurgente.

Esto, para no hablar de la manera en que la cpula del M-19 negoci la paz (cuando ya haban sido militarmente derrotados) para su propio beneficio, por unas cuantas migajas, mientras dejaban en la crcel o en la calle abandonados a militantes de base, que haban puesto el cuerpo durante aos en enfrentamientos con el Estado.

Preguntas an ms inquietantes

Medina hace las siguientes preguntas de manera completamente retrica: Cules son los beneficios que esta lucha abnegada de tres generaciones de hombres y mujeres guerrilleros le han trado a Colombia? Cules grupos de trabajadores rurales o urbanos han logrado conquistas sociales duraderas por obra de las FARC durante este medio siglo?

Preguntas retricas, porque l mismo responde, en un prrafo posterior, que la insurgencia: En regiones enteras han sido el nico Estado para la poblacin excluida del acceso a bienes y servicios. Pero agrega el trmino duradera para dificultar la respuesta, porque obviamente los beneficios o conquistas sociales que han logrado sectores fundamentalmente rurales han estado sometidos a los avatares de la guerra. Y sin embargo, la insurgencia ha podido contener en ciertas regiones, como hemos dicho, el avance de la concentracin obscena de tierra que hemos visto en las reas donde el conflicto se inclin de manera favorable al binomio paramilitarismo-Estado. Ms an, es un obstculo para la expansin de la agroindustria y los megaproyectos.

Ahora bien, hay otras preguntas an ms inquietantes que el profesor Medina no osara hacerse pero que no son menos relevantes para el debate que nos hemos planteado al abordar la cuestin de la guerra y la paz en Colombia. Cules son los beneficios conquistados por la izquierda que se ufana de democrtica en las ltimas tres dcadas? Pues no se diga que la situacin calamitosa de la clase trabajadora es mera responsabilidad de los que combaten en el monte Cules son los logros duraderos de la desmovilizacin del M19, EPL, MAQL, PRT, CRS, CER, Milicias de Medelln, MIR-COAR y del Frente Franciso Garnica, solamente para hablar de los desmovilizados en las ltimas dos dcadas? Se dir que su sacrificio, porque recordemos que por lo menos un tercio de los desmovilizados han sido asesinados en medio de la noche y niebla, es lo que nos entreg la Constitucin de 1991, que se ha convertido en la verdadera Tabla de Moiss y en la camisa de fuerza a la creatividad poltica de la izquierda democrtica.

A la luz de lo sucedido en las dos ltimas dcadas, desde la aprobacin de la Constitucin de 1991, existen suficientes elementos para dudar de las grandes transformaciones que con sta se anunciaron, y de las que hoy tanto se ufanan polticos, abogados e importantes sectores de los que a s mismos se denominan como izquierda democrtica. Esa constitucin, hay que decirlo claramente, ha sido la legalizacin del neoliberalismo puro y duro que se ha fortalecido en Colombia en los ltimos aos y que ha servido para expropiar los bienes pblicos y colectivos de la nacin, concentrar an ms la riqueza en pocas manos (hasta el punto que en la actualidad con un coeficiente Gini de 0.59 Colombia sea uno de los pases ms desiguales del mundo). Esta Constitucin tan alabada ha dado pie a la flexibilizacin laboral, a la privatizacin de la salud, a la conversin de la educacin en un bien mercantil, al fortalecimiento del capital financiero, a la dependencia estricta de las autoridades monetarias con respecto a las instituciones imperialistas (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial). No es casualidad tampoco que el capitalismo mafioso se haya consolidado en la misma poca de vigencia de la Constitucin y que un importante sector de la izquierda legal haya abandonado cualquier sentimiento anticapitalista y antiimperialista, asumiendo posturas claramente neoliberales, y con los mismos niveles de clientelismo y de corrupcin, propios de los partidos tradicionales en Colombia, como lo demuestra, por si hubiesen dudas, la experiencia nefasta de los gobiernos del Polo Democrtico en Bogot, y el vergonzoso travestismo poltico de personajes como los Garzn, que hoy son uribistas o santistas de primera lnea.

Asesinato de opositores: el problema de la Unin Patritica

La parte que nos pareci francamente inaceptable de la carta del profesor Medina, son sus juicios relativos al genocidio de la UP, los cuales nos parecen no solamente una perversin de la historia sino que se constituyen en una afrenta a las vctimas de este crimen de Estado. Con la manifiesta intencin de abrir frmulas cerradas, se hacen juicios que representan un ejercicio de revisionismo histrico sobre una tragedia an abierta.

Primero que nada, porque Medina tiende un velo sobre el responsable ltimo del genocidio de la UP (y tambin el del Frente Popular y A Luchar): La Unin Patritica fue vctima de una alianza conformada por sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotrfico, gamonales polticos y paramilitares. La omisin de que ac estamos ante un crmen de Estado (reconocido como tal incluso por la CIDH) es inadmisible. Esto reproduce la tsis de un Estado ms all del bien y el mal, neutral ante la tragedia colombiana, asediado por violentos (la mencin a las Fuerzas Armadas se hace casi como si fuera el hijo prdigo del Estado). Tampoco se encuentra una mencin, ms all del difuso concepto de gamonales polticos de la responsabilidad que cabe a la a los gamonales de la tierra, a sectores empresariales, en una palabra a la clase dominante (frecuentemente llamada oligarqua) en este crmen. En este sentido, la masacre de la UP fue un crmen de clase, pero al parecer las menciones a esos elementos, relacionados con la lucha de clases, son mal vistas en comunicaciones epistolares sobre el conflicto social y armado que se vive en Colombia, como si ste no guardara relacin directa con los problemas centrales de la sociedad colombiana, entre ellos la profunda desigualdad y el monopolio terrateniente del suelo.

Pero la parte ms delicada, es cuando explica (y casi justifica) el genocidio, diciendo que la alianza ya mencionada, pudo aplicar una poltica sistemtica de exterminio porque la UP, surgida por convocatoria de las FARC, es decir por un movimiento guerrillero que haca parte de un proceso de paz, tuvo que cargar con el fardo de sostener la poltica de combinacin de todas las formas de lucha.

Me parece que en la encrucijada de 1984 se planteaba la disyuntiva: o bien se profundizaba el proceso de paz y la guerrilla se transformaba en una fuerza poltica sin apoyaturas militares, o bien se continuaba con la accin insurgente renunciando a la creacin de una organizacin poltica legal.

Es sorprendente que su interpretacin de ese momento clave en la historia reciente, sea perfectamente coincidente con la del ex presidente lvaro Uribe Vlez, que deca frecuentemente que el genocidio haba ocurrido por andar combinando las formas de lucha que, dicho sea de paso, es precisamente lo que viene haciendo la oligarqua colombiana hace por lo menos seis dcadas.

Pero esta evaluacin, que es propia del establecimiento y sus intelectuales orgnicos, no resiste el menor anlisis. La Unin Patritica naci segn reglas trazadas por un proceso de negociacin con el Estado colombiano y los trminos en que sta se dio estaban claros para ambas partes; que el mismo Estado se haya dedicado a desconocerlos y proceder al exterminio, es injustificable. Pero no slo eso: la UP comenz un proceso de paulatino distanciamiento de la insurgencia hacia 1987, el cual se concret ya hacia 1989 esto no evit que el exterminio prosiguiera como si nada, sin que se materializaran esos amplios sectores polticos y corporativos del pas se hubieran constituido en dique de contencin frente a esa alianza siniestra. Por otra parte, en todo proceso de negociacin, hay un momento de transicin en que las fuerzas confrontadas, efectivamente, se sientan a dos sillas. Por ejemplo, en el caso del proceso de paz de Irlanda del Norte hubiera sido impensable para el Estado Britnico, haber procedido a la eliminacin sistemtica de los militantes y dirigentes de Sinn Fin, partido con un muchsimo ms claro vnculo con la insurgencia de esa regin, el Ejrcito Republicano Irlands, IRA. Esto era impensable porque el Estado Britnico estaba, efectivamente, interesado en avanzar en un proceso de paz, con todas las limitaciones que pudo tener; en el caso del Estado colombiano, ese inters jams ha existido. No existi en 1984, tampoco existi en 1997. Ni siquiera la represiva Turqua, que persigue y encarcela a los parlamenta rios de los sucesivos partidos independentistas kurdos (los cuales son rutinariamente proscritos cada cierto tanto, solamente para reaparecer bajo un nombre nuevo al poco tiempo), ha sido capaz de cometer un exterminio selectivo de sus militantes, an cuando la guerra con el PKK se ha reactivado en el ltimo lustro.

Una cosa es que la izquierda que se ufana de democrtica siga haciendo cargar a la insurgencia el bulto de su propia incapacidad de construirse en alternativa de cambio, o siquiera de plantear una manera diferente de hacer poltica con relacin a los partidos tradicionales. Pero otra muy distinta es que el profesor Medina termine reproduciendo el discurso propio de los crculos ms retrgrados de las clases dominantes y de sus idelogos, como Jos Obdulio Gaviria, segn el cual la insurgencia es la nica y verdadera responsable, a fin de cuentas, del exterminio de la UP. Esto es inadmisible. Creemos que este acto de revisionismo histrico debe ser rechazado en los trminos ms enrgicos, porque constituye una apologa suave de uno de los episodios ms brbaros de una guerra sucia y degradada, impulsada fundamentalmente desde el Estado hacia el movimiento popular.

Esta lectura unilateral y poco matizada que hace el profesor Medina desconoce la compleja historia colombiana de los ltimos 30 aos en la cual debe recordarse la importante movilizacin social y poltica que se desencaden en el pas desde principios de los aos 80 y que, en trminos polticos, se manifest en la eleccin popular de alcaldes de la UP y de otros partidos de izquierda, hecho que conmovi el panorama de la dominacin gamonal y bipartidista en las regiones y que fue respondido con el exterminio fsico de todos los opositores, incluyendo alcaldes, diputados y consejales que haban llegado a las administraciones locales por la va electoral. La respuesta que se dio a este proceso de movilizacin popular fue el terror de Estado y la generalizacin de grupos paramilitares, que no mataron solamente a miembros de la Unin Patritica, sino a sindicalistas, dirigentes campesinos, lideres indgenas y afrodescendientes, profesores y estudiantes, intelectuales progresistas, defensores de derechos humanos, y activistas y militantes polticos de diversas fracciones de la izquierda. Podemos, entonces, decir que todas estas muertes son responsabilidad del movimiento insurgente y que la oligarqua colombiana es una mansa paloma de paz? Este revisionismo histrico, verdaderamente insostenible, tambin tendra que aceptar en consecuencia la tesis de las clases dominantes que nos dice que, como respuesta a la guerrilla, fueron creados los grupos paramilitares, cuando eso se convirti en un proyecto de Estado, auspiciado y propuesto por los Estados Unidos, desde 1962, cuando todava no existan ni las FARC-EP ni el ELN.

Verdaderamente, en Colombia la violencia no puede entenderse ni explicarse a partir de la existencia del movimiento insurgente, sino que debe partir de la premisa que aqu se ha practicado una violencia de clase, consustancial al capitalismo mafioso, como se muestra hoy en las regiones en donde se ha fortalecido el paramilitarismo, que ha buscado eliminar, como lo siguen proclamando hoy los sectores ms beligerantes de la extrema derecha, todo lo que huela a izquierda, sin importar si tiene vnculos o no con el movimiento insurgente. Porque las clases dominantes en Colombia, como lo dira Noam Chomsky, le tienen miedo a la democracia, cuando sta es real y va ms all de los rituales electorales y formales, y cuando se basa en proyectos que tocan, as de manera indirecta, las verdaderas fibras del poder y la dominacin de la cerrada oligarqua criolla. Por ese miedo a la democracia real, las clases dominantes pueden darse el lujo de aprobar textos constitucionales y leyes que en apariencia son de avanzada, pero que son admisibles siempre y cuando sean de papel. Pero cuando se tratan de aplicar de alguna forma y vienen acompaados de la movilizacin social y popular, inmediatamente viene la reaccin violenta para impedir que se materialicen, como sucede, por ejemplo, con las incontables leyes sobre tierras y reforma agraria propuestas en Colombia desde 1936. La realidad colombiana nos demuestra de manera trgica la validez del proverbio haitiano que dice Una Constitucin es de papel; las armas son de fierro.

El imperialismo y el conflicto

Resulta, por decir lo menos, sorprendente que la carta del profesor Medina endilgue indirectamente a los insurgentes la responsabilidad de la creciente presencia de los Estados Unidos en Colombia. Desde luego, Medina admite que la ausencia de una poltica internacional independiente por parte del Estado colombiano es un tema que trasciende a los alzados en armas. Pero inmediatamente agrega a mi juicio el que Colombia cuente con la guerrilla ms antigua del mundo, como suele decirse, tampoco ha servido para disminuir la dependencia frente al imperialismo.

La manera en que se plantea esta cuestin es engaosa. Bien sabe Medina que la nefasta hegemona de los Estados Unidos en los asuntos colombianos es muy anterior al mentado Pacto Militar Bilateral de 1952, y ciertamente, muy anterior a la existencia de las FARC-EP o del ELN. Incluso, como l mismo lo menciona, las FARC-EP se crean precisamente luego del desarrollo del Plan LASO en contra de comunidades campesinas en Marquetalia y otras localidades, que no representaban una amenaza estratgica para el Estado. Y bien conoce Medina el grado de dependencia tanto material como ideolgica, y hasta podramos decir espiritual, del bloque en el poder respecto de los Estados Unidos. Tomando en cuenta este ltimo factor, es natural que, en la medida en que el conflicto se profundiza, se refuerce tambin la dependencia y la participacin del imperialismo estadounidense en una guerra que el Estado colombiano no tiene ninguna posibilidad de ganar por s solo, y que requiere de una participacin creciente del amo del norte en todos los niveles: dos millones de dlares de ayuda diaria en los ltimos aos; asesoramiento directo con militares y mercenarios; participacin de tropas y oficiales en labores de inteligencia e incluso en acciones sobre terreno, como sucedi en Sucumbos en marzo de 2008 o en la llamada Operacin Jaque

Los niveles de dependencia y penetracin imperialista que hemos visto desde la puesta en prctica del Plan Colombia, los ms agudos en una larga y humillante tradicin de servil sumisin, son sintomticos de la acentuacin del conflicto. Claramente la guerrilla ms antigua del mundo no ha servido para disminuir la dependencia del Estado colombiano frente al imperialismo, porque esta dependencia no puede ser entendida como un factor que pueda aislarse de la compleja maraa de condiciones econmicas, sociales y polticas que han condicionado esta sangra de ms de seis dcadas que padece el pueblo colombiano. El imperialismo no representa, en realidad, una tercera variable, independiente de los otros dos actores (Estado e insurgencia), sino que es un agente activo tras la contrainsurgencia que lleva a cabo el Estado colombiano desde hace ms de medio siglo.

De la misma manera, si se nos permite hacer poltica-ficcin, la desaparicin de la insurgencia del escenario colombiano, sin una radical transformacin del pas, tampoco garantizara el trmino de esa hegemona de los Estados Unidos en todos y cada uno de los aspectos de la poltica colombiana. Sostener tal cosa sera una ingenuidad. Al contrario, creemos que este escenario generara las condiciones para una poltica neocolonial an ms humillante, como ya se vislumbra con la probable aprobacin del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Tal vez disminuira, a lo sumo, la necesidad de una tan abultada cooperacin militar como en el presente. Pero lo militar es garanta para el desarrollo de los intereses econmicos y geoestratgicos de los Estados Unidos en la regin, que es lo que verdaderamente les importa. La desaparicin de los movimientos insurgentes en El Salvador y en Guatemala no se reflej en una poltica internacional o domstica ms independiente por parte de esos pases, sino que, en sentido opuesto, la hegemona de los Estados Unidos se volvi absoluta y envolvente, a la vez que la dependencia se ha profundizado a niveles impensables. Incluso, con la desintegracin social que se vive en Centroamrica, la guerra contra las drogas plantea un nuevo escenario para la penetracin militar de los Estados Unidos, como lo estamos viendo hoy en Mxico, Costa Rica, Panam, Guatemala y Honduras.

Cabe preguntarse quin dijo que la presencia de los Estados Unidos en Colombia tiene solamente por inters combatir a las FARC-EP o al ELN? Ese componente contrainsurgente est relacionado con los intereses estratgicos de la dominacin imperialista en su patio trasero, en el cual este pas tiene una posicin privilegiada. Suponer algo de este estilo es reproducir los argumentos ms convencionales del propio Estado colombiano y de las clases dominantes, que continuamente agradecen a Estados Unidos por su desinteresada colaboracin en defensa de la pretendida democracia colombiana, al tiempo que regalan y obsequian los recursos mineros, la biodiversidad, los pramos, los parques, los ros y todo cuanto se pueda mercantilizar, a las empresas transnacionales, entre las que sobresalen las de los Estados Unidos.

En pocas palabras, el problema de la penetracin imperialista en el pas no pasa por la presencia o no de la insurgencia, sino que depende de la capacidad de impulsar cambios estructurales en el pas, entre los cuales el ms importante es la derrota poltica de una elite estructuralmente sometida y dependiente.

La guerra contra las drogas: un debate pendiente

No menos sorprendente deja de ser la interpretacin que Medina hace de la afirmacin del comandante Cano de que ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen , (nfasis aadido) pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucingenos o sustancias psicotrpicas. Todo lo dems que se diga es propaganda. Segn Medina, la mencin de Cano a documentos y decisiones que les rigen, sera la prueba irrefutable de que en las FARC-EP, as como en el resto de Colombia, la ley se obedece pero no se cumple. O sea, como dice el conocido refrn, palo porque bogas, palo porque no bogas. Sea cual sea la respuesta de Cano, la conclusin de Medina, cuya lgica se nos escapa, es que los miembros de la insurgencia seran narcotraficantes. Puede que el profesor no quiera figurar entre los propagandistas, como l dice, pero esta afirmacin, que no sustenta en ninguna clase de evidencia, se hace eco de la propaganda machacada hasta la saciedad por los medios de comunicacin de masas, que se han convertido en verdaderos apndices del Estado. Sabemos que una mentira repetida muchas veces termina por convertirse en verdad incuestionable.

Esta propaganda lo que busca es hacer borroso el claro linde que existe entre el narcotrfico -tradicional aliado de la contrainsurgencia y de las elites polticas y econmicas del pas- y la insurgencia. La razn prctica es que, aparte de los fondos destinados a la contra insurgencia, los fondos de la mal llamada guerra contra las drogas tambin terminan siendo empleados en la lucha contrainsurgente, mientras se expanden los cultivos en las reas controladas por el paramilitarismo y el Estado colombiano, por cuyas rutas de trfico el oro blanco fluye en autnticos manantiales, como lo demuestra la sostenida baja del costo de la cocana tanto en Europa como en los Estados Unidos. La razn poltica, obviamente, consiste en el asesinato moral de la insurgencia y en reducirla a un fenmeno criminal y no poltico. Tal esfuerzo ha ido acompaado de otras iniciativas tales como reducir el nmero de condenas por rebelin y presionar condenas por terrorismo, reportar las acciones blicas de la insurgencia como actos delictivos, repetir que la guerrilla ya no tiene ideologa (mientras esquizofrnicamente se denuncia con gran estridencia al comunismo) o ahora, incluso, hablar de una supuesta alianza diablica entre las estructuras paramilitares (que el establecimiento denomina Bacrim) con la insurgencia lo cual, segn el investigador Mauricio Romero, de la CNAI, no es otra cosa que una manera de criminalizar a las FARC y torpedear cualquier negociacin con la guerrilla (Las Bacrim asustan a Colombia, BBC Mundo, 17 de Febrero, 2011), y agregamos nosotros, que constituye un esfuerzo del Estado colombiano de mostrarse ante la opinin pblica como un actor neutral presionado por violentos, imagen que ha sido reforzada desde la academia por todos aquellos violentlogos que hablan de que Colombia es una democracia asediada, en la cual el Estado sera una pobre victima.

El tema de la guerra contra las drogas es de importancia capital, porque forma parte de una de las estrategias de penetracin imperialista en Colombia, pero tambin tiene relacin con un problema que afecta a amplios sectores empobrecidos de colombianos, que son criminalizados en su lucha por subsistir. En primer lugar, est la poltica reconocida por parte de las FARC-EP, de cobrar el gramaje a los narcotraficantes que operan en las reas de influencia insurgente. Esta poltica se inici en 1983, despus de varios aos de oposicin inicial al cultivo de hoja de coca, y debe ser hecha una doble lectura de ella. Por una parte, siendo la principal actividad econmica del pas, ofreca una invaluable fuente de ingresos para una organizacin con limitadas posibilidades de financiamiento debido a su carcter ilegal y con crecientes presiones econmicas debido a su crecimiento; al igual que se cobraban impuestos a otras actividades econmicas en virtud del decreto 002 de las FARC-EP, consideraron necesario no eximir, debido a la ilegalidad de su actividad comercial, de ese pago al narcotraficante. Por otra parte, tampoco las FARC-EP podan atacar las subsistencias de la poblacin rural empobrecida en las zonas de su influencia, que dependen del cultivo de coca para complementar sus reducidos ingresos. La insurgencia incluso lleg a imponer precios justos a los narcotraficantes, ganndose las simpatas de raspachines y cocaleros, que constituyen algo as como el proletariado de las zonas cocaleras.

En segundo lugar, est la utilizacin que hacen los Estados Unidos, con plena complacencia del Estado colombiano, de la guerra contra las drogas como una manera de profundizar su penetracin en el quehacer nacional y para fortalecer al aparato militar contrainsurgente colombiano (catalogando a la insurgencia como un cartel, pese a que nunca han traficado, ni tienen laboratorios, ni pistas areas), a la vez que dirigen una guerra econmica contra la insurgencia y contra sus bases sociales de apoyo, pues las reas que se fumigan o donde se practica la erradicacin manual, son reas de influencia guerrillera, no zonas de influencia paramilitar o militar.

Sin embargo, rara vez se menciona que en las dos negociaciones conducidas por las FARC-EP se han hecho propuestas de sustitucin de cultivos ilcitos que jams fueron consideradas seriamente por ningn gobierno, los cuales han reproducido dogmticamente el discurso anti-narcticos impuesto desde Washington a expensas del inters de las comunidades campesinas empobrecidas, demostrando as su carcter subordinado. Discurso por lo dems hipcrita cuando vemos el nexo profundo que existe entre los partidos de gobierno con los narcos y con el paramilitarismo. Creemos que este tema debe ser abordado tomando en cuenta las propuestas que las propias filas insurgentes han hecho, pero creemos que es necesario ir ms all, y desarrollar un debate real, serio, nacional, en torno a la cuestin de la guerra contra las drogas. El debate hasta ahora vedado- en torno a los narcticos no puede seguir siendo desarrollado desde una perspectiva puramente moralista, ni mucho menos oportunista, sino que de manera realista, privilegiando los intereses de las comunidades campesinas antes que los caprichos imperiales de Washington. Es hora de abrir el debate ms all de la demagogia del Estado, que por una parte criminaliza, y por otra, recibe con los brazos abiertos a narcotraficantes en el Palacio de gobierno y les permite sentarse en el Parlamento. Este debate, de ms est decirlo, sera una manera de evidenciar uno de los falaces argumentos de los Estados Unidos para intervenir, y por eso es que no les conviene que el debate tenga lugar.

Algunas reflexiones finales

La carta del profesor Medina nos ha dado la oportunidad de exponer nuestros propios puntos de vista sobre cuestiones vitales de la realidad colombiana. Lo hacemos con el nimo de aportar a un debate que debe necesariamente ser infinitas veces ms amplio, y en el cual el conjunto del pueblo debe participar decididamente. Permtasenos, por tanto, concluir con algunas reflexiones que, de manera esquemtica, engloban los argumentos centrales de este escrito.

  1. La persistencia de problemas sociales profundos en el pas, que estn en la raz del conflicto, no se solucionan ni aligeran por la mera existencia de la insurgencia. Tal visin parece ignorar que el conflicto an no se ha resuelto.
  2. Este conflicto no es solamente armado, sino que es ante todo social. Su orgen se encuentra en la violencia de clase secular que la oligarqua ha practicado ante la movilizacin popular. Los anlisis del conflicto no pueden ignorar la estructura de clases de la sociedad colombiana (y la lucha que entre stas se libra), ni su estructura econmica dependiente, deforme y desagregada. Siendo un conflicto ante todo social, su solucin no puede ser militar.
  3. De esto se desprende que la llave para solucionar el conflicto pasa por la capacidad que tenga el pueblo colombiano de construir un espacio de convergencia amplio y participativo, teniendo por punto de partida su propia tradicin e historia de luchas. Este espacio es el que debe articular la solucin poltica al conflicto, como expresin amplia, nacional, del movimiento popular (no de ese sofisma llamado sociedad civil), mediante la construccin de un proyecto alternativo, colectivo, y a la luz de los enormes desafos y obstculos, revolucionario, que permita la superacin del conflicto.
  4. El terrorismo de Estado y de la oligarqua, tiene por principal objetivo impedir que este espacio de unidad y lucha del pueblo se materialice.
  5. El ambiente de terror, de amenazas y la omnipresencia del sicariato pueden explicar la cautela, la excesiva circunspeccin, la autocensura, pero no deberan convertirse en justificativo para la prdida del sentido histrico ni para la falta de lucidez poltica.
  6. Nosotros no damos el beneficio del buen corazn ni a la oligarqua ni a los sectores corporativos a los que hace mencin el profesor Medina. Creemos que esta cautela se basa en la propia experiencia de Colombia en el siglo XX y lo que va del XXI. La oligarqua jams negociar de buen corazn. De ello, se deriva que la bsqueda de la solucin poltica al conflicto deba hacerse con la presin de las masas; si las masas no entran al proceso poltico de solucin al conflicto, todo se resolver a favor de los intereses de las elites polticas y econmicas del pas, y de sus patrones en el fro pas del norte.
  7. Esas masas no entrarn a la arena de la solucin poltica si no pueden convertirse en actores directos y en derecho propio, lo que significa la apertura a otras voces que surgen desde el pueblo y el abandono de resabios estalinistas que estn reidos con la multiplicidad de actores y tradiciones de lucha que componen al bloque de los de abajo en Colombia.
  8. La insurgencia, dependiendo de quien la juzgue, puede ser una mala o una buena respuesta a esta violencia de clase que ha dominado el ltimo siglo de historia colombiana; lo que es indudable, es que es una de las tantas formas con que el pueblo ha resistido y en cuanto tal, no puede ser considerada como un mero actor armado ajeno al sector oprimido y explotado de la sociedad colombiana. Quizs no sean los voceros del conjunto del pueblo, pero s representan la voz de un sector importante de ste, que no puede ser ignorado.
  9. La derrota militar de la insurgencia, como en el caso de Sri Lanka (a un costo humano pavoroso), o en la mesa de negociaciones, como en los casos de Guatemala y El Salvador, no es solamente un escenario remoto, sino que adems indeseable. Como hemos visto, este no es un resultado que pueda generar una sociedad cualitativamente diferente a la que ya existe, y ni siquiera una sociedad en paz, en el sentido orgnico del trmino. Si miramos la situacin social y econmica de esos pases centroamericanos, el capitalismo maquilero se ha entronizado como la terrible realidad cotidiana de la mayor parte de la poblacin, al lado de bandas criminales herederas de los grupos paramilitares, que hacen y deshacen a sus anchas, como lo demuestra el reciente asesinato de Facundo Cabral. Si miramos a Sri Lanka, tras la victoria militar qued una sociedad militarizada, donde las desapariciones y asesinatos selectivos siguen siendo pan de cada da, y donde an hay 300.000 personas en campos de concentracin.
  10. Por deseable que sea la paz, es necesario reconocer que hay paz en los cementerios y tambin la hay en los campos de concentracin. No podemos engaarnos: para alcanzar la paz sostenible orgnica, real, duradera en Colombia, habr que luchar para ejercer una serie de transformaciones sociales bastante profundas, que quiebren el espinazo a la dominacin del capitalismo mafioso que ha ahogado al pas en su propia sangre. La justa demanda por la paz no puede ser antepuesta como un velo que impida el debate real, de fondo, que es qu tipo de Colombia queremos construir.
  11. La discusin de qu Colombia queremos construir no debe tener como camisa de fuerza modelos que se intentan imponer, por sectores de la izquierda democrtica, desde experiencias diferentes a las que el propio pueblo colombiano ha construido en ms de medio siglo de resistencias (en plural). An cuando consideremos que esa Colombia que queremos construir deba ser parte fundamental de una Latinoamrica hermanada desde sus pueblos, y no desde sus lites, no por ello, debemos ignorar las particularidades propias de este pas. Hemos insistido en que Colombia ni es Porto Alegre, ni es Caracas, ni es Buenos Aires. Tampoco vemos esas experiencias con la misma reverencia con que lo hace el profesor Medina: un anlisis juicioso de los gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI demuestran que no ha habido intentos serios de superar un modelo desarrollista-extractivista, y nos parece desacertado e indeseable intentar aplicar recetas que ya evidencian sus limitaciones para impulsar un proyecto verdaderamente alternativo y anti-capitalista.
  12. Colombia es un pas con su propia tradicin, rico en su propia experiencia de luchas. Rescatar los horizontes emancipatorios propios del pueblo colombiano, ese acumulado poltico que la oligarqua est empeada en erradicar de la memoria de los hombres y las mujeres, mediante el revisionismo histrico y la eliminacin fsica de los depositarios de esos acumulados, es una tarea urgente para recomponer una izquierda con real vocacin de transformacin social.
  13. Ah es donde creemos que hay varias interrogantes abiertas para el pueblo colombiano. Cmo superar lgicas militaristas y vanguardistas de comprender el conflicto social? Cmo construir diques de contencin efectivos en contra de la costumbre de la oligarqua de exterminar a las alternativas polticas que desafen su hegemona? Cmo superar las fricciones producidas en el bloque popular por las diferentes elecciones tcticas hechas por distintos sectores? Cmo mejorar la comunicacin de los proyectos emancipatorios y generar una cultura de dilogo real en el bloque popular? Cmo apelamos a las masas a la lucha, mediante llamados a movilizarse por la paz o por las transformaciones sociales, o ambas?

Todas estas interrogantes, as como muchas otras, forman parte de una discusin poltica, urgente y necesaria, pero que no se puede cerrar con el llamado a una virtual capitulacin, en la cual no se afronten los problemas estructurales de desigualdad e injusticia que caracterizan a la sociedad colombiana, y que son la base real del conflicto social y armado interno.


NOTAS:

[1] http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2213:carta-abierta-a-alfonso-cano&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

[2] Este argumento es muy importante, porque con la misma falta de sentido histrico y desconocimiento de la realidad del conflicto social y armado, hay un sector de la socialdemocracia colombiana que insiste en que la insurgencia es la mejor aliada de la ultraderecha, pues supuestamente, por culpa de la insurgencia, la izquierda no ha sido capaz de llegar al poder. Independientemente del desatino que representa que la socialdemocracia culpe de su propia incapacidad a la insurgencia, este disparate ignora que es en realidad el terrorismo de Estado el cual ha impedido, mediante el asesinato selectivo, el terror y la destruccin de los tejidos sociales que sustentan proyectos progresistas, la concrecin de una alternativa de izquierda (a la izquierda de la socialdemocracia, claro). Pero peor an: ignora que el odio de la oligarqua por la insurgencia es visceral y profundo, que su determinacin de aplastarla es muy real (como lo demuestran los bombardeos y las recompensas por cabeza al ms puro estilo del Far West) y que la confrontacin armada es un constante dolor de cabeza, que representa el problema estratgico clave del bloque en el poder durante 60 aos.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


ARTCULOS RELACIONADOS:





Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter