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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-08-2011

El conflicto armado y la apuesta militar de la oligarqua

Daniel Pali
Rebelin


El presidente Santos ha vuelto a reclamar gestos de buena voluntad de la insurgencia. Ha dicho: si ellos realmente quieren la paz, como la queremos todos los colombianos, tienen que comenzar a hacer unos gestos. Estamos sin duda ante una frase cnica e hipcrita, en el teatro del absurdo, donde la oligarqua colombiana es protagonista, los gestos de buena voluntad se reclaman unilateralmente, tanto el presidente Santos, como los analistas polticos prepagos legitimadores de la salida militar al conflicto, sin recato dicen que el baln de la paz est en la cancha de las FARC.

Pretenden reclamar gesto tras gesto de buena voluntad de la insurgencia, mientras la oligarqua mantiene el carril militar, carril militar desarrollado por unas fuerzas militares genocidas y violadoras de derechos humanos que mientras colapsan ante la insurgencia [1] se crecen frente a los campesinos de Arauca para matar y violar a sus nios, se crecen en los llanos orientales para emparentarse con Cuchillo [2] y sus bandas de paramilitares con los cuales tiene la tarea comn de usurpar tierras y entregrselas a las trasnacionales.

El carril militar se profundiza hasta el absurdo de imaginar que la destruccin del secretariado de las FARC significar su desestructuracin y derrota, la ofensiva militar oligrquica supone un deseo ntimo y fantasioso de ver a la insurgencia capitular, pero ni la cada de Ral Reyes, Ivn Ros, El Mono Jojoy, ni la muerte de Manuel Marulanda significaron la parlisis o el colapso del reacomodo y redespliegue estratgico de la insurgencia, la cual desde el 2008 comienza una ofensiva ascendente y sostenida.
Sus fantasas hoy estn puestas en la eliminacin de los miembros del secretariado, desconociendo con esto la naturaleza de la insurgencia colombiana. Aos atrs la fantasa oligrquica de derrotar a la insurgencia se la jug por el cerco de la opinin pblica que ilegitimara el levantamiento insurgente, en esta ocasin confundieron legitimidad con justeza.

La legitimidad como aprobacin de la opinin pblica hacia la insurgencia fue mostrada durante los 8 aos anteriores como una victoria, la opinin pblica ilegitimaba a la insurgencia, dijeron, pero no se dijo que esa opinin pblica igualmente castigaba a factores democrticos como las cortes, o a luchadores por la paz como Piedad Crdoba. Esa opinin pblica, prefabricada en clave de derecha y oscurantismo, es la misma que en la historia de la humanidad ha servido para quemar brujas, hacer retractar a Galileo, o expandir el fascismo y la masacre hitleriana.

La justeza por el contrario proviene de las condiciones concretas impuestas por la oligarqua, el cierre de la poltica producto del terrorismo de estado expulsa a los actores polticos y civiles a la resistencia armada, el modelo de acumulacin criminal de concentracin, asesinato, desplazamiento y saqueo del campesinado, configuran las condiciones obligadas para que este alimente hasta el infinito el conflicto armado. La justeza se expresa como el derecho de la poblacin a la rebelin, como la validez de su derecho a la guerra.

Los operadores estratgicos de la guerra sicolgica contra la insurgencia olvidan que el problema central de la guerra irregular no es la legitimidad sino su justeza, cientos de veces el ejrcito libertador fue ilegitimado frente a la poblacin y otras potencias, la gente corra a esconderse ante la presencia del ejrcito libertador, lo que ms contagiaba hacia la poblacin era temor, sin embargo jams se puso en duda la justeza de la lucha contra Espaa, ni siquiera ese campesino asustadizo que corra a esconderse, cuando la correlacin geopoltica y militar del ejrcito libertador fue positiva, igualmente las variables de la legitimidad lo acompaaron. De la naturaleza manipulada y la maleabilidad de esta opinin pblica hablaremos en otro artculo, mientras, volviendo al eje inicial de este artculo, preguntmonos, por qu existe tal empobrecimiento en el anlisis del conflicto? Se coloca la responsabilidad por la continuidad de la guerra en la insurgencia, pero se exonera al estado tirnico de su responsabilidad en hechos fundamentales que prolongan el conflicto.

En realidad la inamovilidad de la posicin de la salida militar seala que de parte de la oligarqua no existe voluntad de paz sino inters por la continuidad del conflicto militar, el cual le es funcional al patrn de acumulacin y reorganizacin del capital desde la dcada de 1980 y ms profundamente desde el 90. Una solucin poltica implicara una real apertura de espacios democrticos para la poltica, la democracia supondra transparencia y debate al modelo sanguinario, concentrador y desnacionalizador asumido para el campo Colombiano. Implicara conocer los responsables del genocidio cometido durante estas tres dcadas en la sociedad Colombiana, la oligarqua no resistira el fuego de la democracia, porque su modelo de acumulacin al igual que en el Chile de pinochet o la Argentina de videla, requiere de tirana y cierre de los espacios para la poltica, requiere obligadamente del terrorismo de estado.

La poltica del gobierno permanece invariable, hace exigencias propias del final de las conversaciones, no del inicio de las conversaciones, en realidad su poltica est basada en sueos ilusos de ver a la insurgencia aceptar sus exigencias, lemoslo en palabras del tristemente clebre asesor de la guerra Alfredo Rangel: "Santos est decidido a dialogar, pero tambin es irrevocable su peticin de que se concreten las condiciones que ha exigido". Piedad "no es un factor importante" para convencer a las Farc de "aceptar las condiciones del Gobierno", esto slo se lograr si hay un fuerte incremento de la accin militar con resultados contundentes".

Es claro verdad? Ven la paz como capitulacin y aceptacin de la voluntad unilateral de la oligarqua, mientras, la lite Colombiana mantiene una prctica que para nada simboliza hechos de paz y por el contrario incentivan la continuidad del conflicto. Veamos:

1. La continuidad del asesinato poltico. Segn denuncias de la Comisin Interamericana para los Derechos Humanos, en los primeros 75 das del gobierno de Santos, asesinaron a siete lderes indgenas, seis activistas de derechos humanos, cinco dirigentes sindicales, dos lderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indgena.

Otro caso documentado es la violacin y asesinato de tres nios en el Municipio de Tame del 14 de octubre de 2010 el cual fue perpetrado por miembros del batalln de contraguerrillas nmero 45, adscrito a la Brigada Mvil nmero 5 de la octava divisin del Ejrcito Nacional. Igualmente continan las amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros.

2. Criminalizacin de la protesta social y de sus dirigentes . El hecho ms notorio fue la decisin de inhabilitar a Piedad Crdoba por parte de la procuradura, castigando as su postura disidente contra la tirana y la lucha por la paz. Otros hechos fueron la captura de la dirigente sindical Aracely Caaveral Vlez y la poeta Angye Gaona, la denuncia de organizaciones campesinas y populares ubican el nmero de detenidos en ms de cien durante el gobierno de Santos.

La prctica es recurrente, se incriminan a los dirigentes por concierto para delinquir y rebelin, llegando incluso a imputarles absurdos cargos de narcotrfico como ocurri con las dos dirigentes mencionadas, luego sacan del sombrero del mago computadores en los que sitan pruebas que no han respetado la ms mnima cadena de custodia, es un juego de criminalizar la opinin y eliminar las voces disidentes.

3. La existencia de 7500 presos polticos y de conciencia, de los cuales slo 700 son combatientes insurgentes que deberan tener el estatus de prisioneros de guerra, los dems son dirigentes sociales vinculados a procesos jurdicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisin con sus procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, son presos de conciencia.

Es de destacar el caso de Liliani Patricia Obando asesora de la organizacin campesina Fensuagro y detenida desde el 2008 sin que se respeten las ms mnimas garantas procesales, igualmente es dramtica la muerte en cautiverio del preso poltico Otoniel Ovalle, el cual muere por negligencia de las autoridades penitenciarias.

4. La continuidad de su poltica de desnacionalizacin agraria y prdida de la autosuficiencia agroalimentaria, la cual arroja como mapa la continuidad en la expulsin violenta del campesinado que ya suman 4.000.000 en los ltimos 20 aos, concentracin de la tierra en manos de las mafias, terratenientes y trasnacionales, expansin de los monocultivos para agrocombustibles, desestructurando la produccin nacional de alimentos y convirtindonos en importadores. La concentracin y desnacionalizacin agraria ha tenido un impacto gigantesco en la prdida de autosuficiencia alimentaria, precisamente cuando la FAO alerta sobre la crisis mundial en la produccin de alimentos.
  1. Pervivencia del aparato terrorista de estado materializado en la agencia criminal del DAS, la cual a pesar de su comprobado papel en el acoso, asesinato y persecucin a todos los sectores que Uribe caracterizaba como amenazantes para su gobierno, permanece sin ser depurada, se da tambin la permanencia en la conduccin y operaciones de las fuerzas armadas de estructuras articuladas al paramilitarismo y el narcotrfico, as como los responsables de los llamados falsos positivos, subsiste la pervivencia del paramilitarismo disfrazado como bandas criminales en una clara coordinacin con las fuerzas militares.
  1. La inexistencia de garantas reales para cualquier fuerza opositora de izquierda que quiera plantear una oposicin sustantiva al rgimen de exclusin.

Es la lgica del poder en Colombia, es la prepotencia de desconocer al otro e imponer una postura unilateral. Cabe preguntarse: es tan descabellada la exigencia de la insurgencia?, sta exige para cesar en su voluntad estratgica insurgente la existencia de una verdadera democracia que no puede ser otra cosa que el desmonte del aparato terrorista de estado y la plena vigencia de los derechos civiles y polticos.

Es tan irrealizable la tarea necesaria para la sociedad Colombiana de democratizar el agro Colombiano, destruir el latifundio, conjurar las opciones agroindustriales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la nacin y crear una regulacin nacional no colonial para la explotacin minera?

Para la oligarqua colombiana, aceptar estos mnimos validados por cualquier lite racional del mundo es un suicidio como clase, pues nunca conocieron los caminos de lo democrtico y lo nacional para reproducir su modelo de acumulacin.

Pero le preguntamos a la llamada izquierda del Polo y de los Petro, le preguntamos al centro poltico de los Verdes antes de que terminen de ser capturados por el Uribismo, le preguntamos a los analistas de centro e izquierda, los Len Valencia, los Alejo Vargas, las Claudias Lpez y todo el variopinto universo prepago y cooptado: Es la democracia una exigencia muy alta para evitar la guerra civil generalizada en la sociedad colombiana?, no se dicen demcratas?, hasta donde estaran ustedes dispuestos a llegar para bloquear la guerra y aclimatar la paz?, estaran dispuestos a regresar al carril de la solucin poltica negociada dejando atrs el de los eptetos contra la insurgencia y la instigacin a la salida militar?

Antes de sumarse al carril militar y la poltica de aniquilacin de la insurgencia, esta izquierda e intelectuales formadores de opinin pblica, defendieron dos modelos de paz, una paz llamada sustantiva o positiva y otra paz llamada mnima o negativa. Veamos cada uno de los modelos:

La paz sustantiva representada por el modelo del pacifista Johan Galtung [3] , es un modelo de paz que valora la importancia de la transformacin de las causas del conflicto para construir la verdadera paz. As, la paz no es slo el hecho del cese de las hostilidades militares, Galthung propone la caracterizacin del conflicto desde un tringulo, en uno de sus ngulos se ubica la violencia directa, para la que propone la reconstruccin de los daos causados entre las partes, en otro ngulo la violencia cultural o formas de legitimar la violencia, para la cual propone la reconciliacin y en el otro ngulo ubica la violencia estructural o condiciones de explotacin y exclusin, para la cual propone la resolucin de las desigualdades, de las contradicciones que promovieron la violencia directa.

Esta mirada sustantiva de la paz busca prevenir contra los armisticios que no alteran las condiciones sociales para la consolidacin de la paz. Hoy las posturas de los intelectuales cooptados, la izquierda triste y el centro flaco no validan este modelo, lo creen poco viable, se preguntan "acaso quieren la revolucin?" Qu sabidura tan profunda, pero eso es lo que necesitan los excludos por la mquina de terror de la oligarqua, la revolucin democrtica, una revolucin capaz de desestructurar el terrorismo de estado y las lgicas de acumulacin originaria o sanguinaria que reproducen la violencia.

El otro modelo que impulsaron con gran euforia fue el modelo de la paz mnima o paz negativa, la cual se entiende como la ausencia de enfrentamiento armado. Es volver a restituir el lugar de la lucha poltica civilizada y la disputa democrtica. Desde el campo de la insurgencia y la resistencia nacional no entienden cmo deponiendo las armas se configurar ese campo democrtico apto para la lucha poltica civil, cmo por arte de magia el aparato de terror al quedar intacto, no arremeter con la misma saa que lo hizo contra los desmovilizados a principios de los aos 90, o como lo ha hecho en todos los ciclos de la historia nacional.
Y es que el modelo de paz mnima o negativa requiere de un modelo que le de sustentabilidad, al respecto se ha agitado desde algunos actores la propuesta del hexgono civilizador propuesto por Dieter Senghaas [4] .

Este modelo parte de diferenciar lo que es el establecimiento de la paz en el corto plazo, de lo que es la consolidacin de la paz, la cual requiere del mediano plazo, el modelo propone lo siguiente:

1. En el establecimiento de la paz propone tres elementos:

- El monopolio estatal del poder (comprendido en primer lugar el monopolio de la violencia fsica)
- El estado de derecho
- La participacin democrtica

2. En la consolidacin de la paz, sugiere otros tres elementos que no deben condicionar el cese de hostilidades y la paz mnima:

- La justicia social
- Una cultura del conflicto constructiva
- Un control de las pasiones logrado mediante interdependencias.

Este modelo es problemtico para Colombia, donde no se pueden resolver las tareas de los derechos civiles y polticos sin abordar el problema de los derechos econmicos y sociales junto con el modelo de acumulacin de las lites.

En la realidad Colombiana se da una profunda conexin entre el crimen poltico, el saqueo y el desplazamiento con las formas del modelo econmico. As, el terrorismo de estado no es una frmula para garantizar la reproduccin del poder, para esto le bastara a la oligarqua con el reformismo institucional ejecutado en la dcada del 30, en el 60, en el 80 o recientemente con el gentleman de Santos. Por el contrario, su modelo de acumulacin criminal slo puede ser garantizado con un aparataje de terror y saqueo.

As el paramilitarismo no es el mercenarismo contrainsurgente caracterizado por algunas investigadoras colombianas, pues su objeto central, el producto central de su tarea no es la contencin o combate a la insurgencia, cual s lo es el aniquilamiento fsico de lderes del movimiento social y poltico que amenazan al rgimen con la movilizacin y denuncia, s es su tarea acometer el robo y saqueo en el campo para luego reconcentrar la tierra y favorecer la expulsin campesina, para garantizar la industrializacin urbana en la mitad de siglo XX y la va de desnacionalizacin industrial en las ciudades y agroindustrial sanguinaria para el campo acometida desde 1990, o para garantizar la emergencia de la neoburguesa mafiosa presente en el agrocultivo de la coca y la amapola pero igualmente en el circuito financiero nacional y global.

Pero hoy la paz mnima entendida como desestructuracin del terrorismo de estado y democracia poltica plena, son discutibles y analizables en la medida que la opcin de la solucin poltica al conflicto vuelva a ganar espacio en la sociedad. La paz mnima podra configurar una opcin como lo hizo en la sociedad salvadorea, pero la posible valoracin de este modelo de nuevo slo es validado desde el campo democrtico y popular. La oligarqua contina rechazando cualquier modelo de solucin poltica negociada, as en su retrica invoque la paz, se empea desenfrenada y tercamente en materializar una victoria militar que le ha sido esquiva durante 50 aos.

NOTAS DEL AUTOR:

[1] Ver informe sobre el desarrollo del conflicto colombiano en el 2011. www.nuevoarcoiris.org.co
[2]
Abatido en un operativo de la polica a pesar de la inmensa presencia del ejrcito en la zona, el operativo es ejecutado por la polica pues ni la derecha confa en las fuerzas militares, sabe de su complicidad con el paramilitarismo.
[3]
T ras la violencia, 3r: reconstruccin, reconciliacin, resolucin : afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia . Centro de Documentacin Estudios por la Paz.
[4] On Perpetual Peace . Senghaas Dieter . Editorial: Berghahn Books


(*) Daniel Pali es miembro del Centro de Estudios Policarpa Salavarrieta

http://www.centropolicarpasalavarrieta.blogspot.com/


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 


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