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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-08-2011

De los 35.000 paramilitares "desmovilizados", slo 4 han recibido condena
Suenan reformas a la Ley "de Justicia y Paz" de 2005, tras 6 aos de aterradora impunidad

Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo

Cumplidos 6 aos de expedida la ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz, existe claridad y consenso sobre el balance negativo de la ley de justicia y paz. No es para menos, las cifras sealan un total de 35.353 desmovilizados. Pero de stos, 31.281 fueron beneficiados de medidas consistentes en la renuncia del Estado a la persecucin penal de sus crmenes: no se cumpli con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Estos beneficios otorgados por el estado al paramilitarismo permiten: a) la terminacin de procesos penales por algunos delitos (amnista impropia), y b) la no aplicacin de la pena impuesta por los jueces (indulto). En la etapa propiamente judicial solo a 385 paramilitares se les ha formulado imputacin, de estos solo a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos estn en etapa de legalizacin, solo 4 postulados han recibido condena, aunque solo 2 de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada.


Cumplidos 6 aos de expedida la ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz, existe claridad y consenso sobre el balance negativo de la ley de justicia y paz. No es para menos, las cifras sealan que se han desmovilizado de manera colectiva 31.671 miembros de grupos paramilitares y de manera individual 3.682 para un total de 35.353 desmovilizados.De stos, 31.281 fueron beneficiados de medidas consistentes en la renuncia del Estado a la persecucin penal de sus crmenes, es decir, no se cumpli con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las cuales pudieran ser responsables. Estos beneficios permiten: a) la terminacin de procesos penales por algunos delitos (amnista impropia), y b) la no aplicacin de la pena impuesta por los jueces (indulto).

Por otro lado, para el procedimiento especial de justicia y paz consagrado en la ley 975 solo han sido postulados por parte del Gobierno Nacional a travs del Ministerio del Interior y de Justicia un total de 4.511 miembros de grupos armados ilegales (4.072 paramilitares y 439 insurgentes).

En desarrollo de la etapa propiamente judicial se han iniciado 2.600 versiones libres, de las cuales 1.342 ya han terminado por ausencia de ratificacin del postulado o de su exclusin de las listas por muerte o inasistencia a las audiencias programadas, es decir, solo 1.258 estn en curso. Ahora bien, slo a 385 postulados se les ha formulado imputacin, de estos solo a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos estn en etapa de legalizacin, slo 4 postulados han recibido condena, aunque slo 2 de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada. Esto, sin mencionar que se trata de imputaciones, formulaciones y legalizaciones de cargos y sentencias parciales y no por la totalidad de los hechos cometidos con ocasin de la pertenencia al grupo armado.

Posteriormente, en sentencia radicada con el nmero 28.713 del 28 de junio del ao 2007 [1], la Corte Suprema de Justicia seal que la conducta de pertenecer a grupos paramilitares constituye el delito de concierto para delinquir agravado, el cual no puede ser objeto de las amnistas e indultos contenidos en la ley 782 de 2002. Luego de esta decision, al menos 17.500 paramilitares quedaron con investigaciones pendientes por el delito de concierto para delinquir agravado, el cual, en la jurisprudencia de la misma Corte Suprema es un crmen de lesa humanidad cuando la finalidad es cometer este tipo de delitos.

En respuesta a esta situacin, se promulg la ley 1312 de 2009, por medio de la cual se pretenda dar aplicacin al principio de oportunidad, el cual faculta a la Fiscala General de la Nacin para suspender, interrumpir o renunciar a la persecucin penal de delitos a favor de desmovilizados de grupos paramilitares.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional declar la inexequibilidad de la ley 1312 de 2009, al considerar que la aplicacin del principio de oportunidad a miembros de grupos armados desconoce el principio de legalidad, los lmites constitucionales para su aplicacin y los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia y la reparacin, e incurre en una omisin legislativa al no excluir de su aplicacin los casos de graves violaciones a los derechos humanos [2].

La Ley 1424

Ante la inexequibilidad de la ley, el Gobierno present ante el Congreso con trmite de urgencia una nueva regulacin aprobada mediante Ley 1424 de 2010. Esta nueva ley permite el otorgamiento de beneficios como la suspensin condicional de la ejecucin de la pena y la suspensin de las rdenes de captura proferidas en contra de los miembros de grupos armados desmovilizados, previa firma de un acuerdo para la contribucin a la verdad histrica. Sin embargo, llama la atencin que la norma no prev mecanismos idneos para establecer si los beneficiarios de las mencionadas medidas han cometido graves violaciones a los derechos humanos como tortura.

Adicionalmente, la citada ley establece que [l]a informacin que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artculo no podr, en ningn caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribucin a lo Verdad Histrica y a la Reparacin o en contra de terceros [3]. El decreto 2244 de 2011, el cual reglamenta la mencionada ley, dispone que la entidad encargada de recaudar la informacin en el marco del citado acuerdo ser el Centro de Memoria Histrica, entidad que no podr atribuir, determinar, publicar, ni mencionar responsabilidades penales individuales.

Este acercamiento a la aplicacin del marco jurdico de justicia y paz luego de 6 aos de expedida la ley 975 de 2005 permite constatar el panorama de impunidad. Ahora bien, este fenmeno se agrava an s a la imposibilidad, incapacidad y falta de voluntad de perseguir a los miembros de estas estructuras y de judicializarlos por la totalidad de los crmenes por ellos cometidos, se suma la extradicin de los principales jefes de los grupos paramilitares.

La extradicin de los principales comandantes de las estructuras paramilitares a los EEUU con la finalidad de ser juzgados por conductas relacionadas con el narcotrfico tuvo un impacto negativo en las investigaciones que se adelantan a travs del procedimiento especial de justicia y paz. Esto se debe en primer lugar a que los crmenes perpetrados por los paramilitares obedecieron a todo un aparato criminal conjunto, del cual participaban adems de los miembros del grupo, tambin militares, polticos, sectores econmicos poderosos, entre otros. En segundo lugar, es un mensaje que privilegia la persecucin penal por conductas de narcotrfico sobre los crmenes internacionales.

De esta manera, con la extradicin de los jefes paramilitares se atent gravemente contra esta posibilidad de una investigacin efectiva de las estructuras armadas, de judicializar a los hombres que controlaban el aparato y quienes estaban detrs de estos en las esferas pblica, militar, poltica y econmica.

Este panorama ha suscitado una discusin sobre la necesidad de hacer reformas a la ley de justicia y paz. Ahora bien, las reformas anunciadas y de las cuales se desconoce el contenido parten de la lectura de al menos tres hechos concretos: la necesidad de modificar los procedimientos para imprimir celeridad, ampliar la fecha de aplicacin de la normativa y finalmente modificar la calidad de los destinatarios para incluir de esta manera a miembros de la fuerza pblica y no exclusivamente a miembros de grupos armados ilegales.

As las cosas, se ha dicho que de no modificar algunos procedimientos los postulados adquirirn la libertad una vez que pasen 6 aos, toda vez que ya habran cumplido el tiempo que la ley prev para sus condenas. Si bien es seguro que los postulados van a solicitar la libertad por cumplimiento de la pena alternativa, tambin es cierto que sta constituye un mecanismo de justicia premial la cual debe ganarse con el cumplimiento de unos requisitos, entre ellos decir toda la verdad. De esta manera, se entiende que quienes no hayan sido judicializados por la totalidad de sus delitos no han adquirido el beneficio penal y por lo tanto la pena que les corresponde es la principal, que por delitos de lesa humanidad asciende hasta los 40 aos de prisin. As las cosas, no podran adquirir la libertad pasados 6 u 8 aos.

Otro de los elementos sealados en los ltimos das se refiere a la necesidad de extender la fecha prevista para la aplicacin de la ley 975 de 2005 que segn el artculo 72 es solo para delitos cometidos antes de la vigencia, es decir, el 25 de julio de 2005. Segn se repite en los medios de comunicacin, esta modificacin se requiere para garantizar la desmovilizacin de los grupos armados que siguieron delinquiendo con posterioridad a esta fecha pero que hoy tienen voluntad de acogerse a la ley.

No hay que desconocer que esta fecha constituye una limitacin para futuras negociaciones con grupos armados, pero cualquier reforma a ella debe ser analizada a profundidad y teniendo en cuenta que al momento de expedirse la ley 975 de 2005 ya existan grupos que se encontraban en negociacin, en cumplimiento de un supuesto cese de hostilidades, lo cual implica que beneficiarlos con la expansin de la fecha sera un premio al incumplimiento de acuerdos pactados.

El tercer punto reiterado en la opinin de las ltimas semanas es la ampliacin de la calidad de beneficiarios de la ley a los funcionarios pblicos que cometieron crmenes graves. Este punto es quizs uno de los ms controversiales, pues la reprochabilidad de los crmenes cometidos por agentes del Estado es mayor, teniendo en cuenta que la finalidad de su funcin no es otra que la proteccin de la poblacin.

De otro lado, si bien el reconocimiento del mal funcionamiento de la ley de justicia y paz puede constituir un primer paso para enmendar los errores estructurales de este marco jurdico, su reforma tiene que apuntar a soluciones de fondo y concertadas con las vctimas en materia de verdad, justicia y reparacin y no convertirse en una reforma que busca favorecer a ciertos sectores en desatencin de los derechos de las principales afectadas, las vctimas.


NOTAS:

[1] Magistrado Ponente: Alfredo Gmez Quintero

[2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

[3] Cfr. Ley 1424 de 2010. Artculo 4, inciso 2.


Fuente: http://www.colectivodeabogados.org/Suenan-reformas-a-la-ley-de,3190



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