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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-08-2011

Inevitable Analoga
"Guerra contra las drogas" y control social violento en Mxico y Colombia

Alberto Rojas Andrade
Rebelin


Proscripcin nada caprichosa

Ya al iniciar a abordar el tema de la Guerra contra el narco como se denomina en Mxico a la ms renombrada persecucin de productores y comercializadores de sustancias ilegales del hemisferio occidental en este momento, nos encontramos con la dificultad de un tema que tan slo en sus definiciones se encuentra plagado de equvocos e imprecisiones.

El mismo trmino narcotrfico, es una expresin inexacta utilizada como generalizacin muy manoseada, pues los narcticos como tales cientficamente son sustancias aletargantes en nada comparables por ejemplo con la cocana, psicoactivo enervante especialmente proscrito. No obstante, las autoridades prohibicionistas internacionales comandadas por EE.UU. han utilizado el vocablo para referirse a las drogas vedadas en general con porfiada insistencia.

Tambin el hecho de ser catalogada la persecucin de la produccin y comercializacin de aquellas como una Guerra Contra el Narcotrfico, necesariamente distorsiona el hecho de que el trfico de sustancias es la regla general en las sociedades desde tiempos inmemoriales, y que se prohbe de forma ms o menos caprichosa ciertas sustancias, no por su carcter nocivo para la salud en seres humanos, pues en este caso el alcohol o el tabaco seran de censura absoluta. Hoy sorprendente que la marihuana fuera proscrita en EE.UU. hasta 1937; es decir por ms de una dcada, durante la prohibicin del alcohol (1919-1933), era lcita la tenencia de canabis y no era motivo de proscripcin legal consumir un cigarrillo de marihuana, e injerir un vaso de cerveza acarreaba una sancin penal.

Tampoco se puede pasar por alto como la Ley Seca estadounidense gener una gran expansin del crimen organizado, y cuando le lleg el turno a las sustancias como la marihuana la situacin fue idntica.

Estas ambigedades no son meramente gramaticales, semnticas o anecdticas, pues con ellas se observa justamente la perspectiva histrica de que lo hoy perseguido fue ayer permitido, y el asunto puede regresar al punto de partida, dependiendo de ciertas circunstancias polticas, sociales o econmicas.

As mismo es necesario resaltar como las polticas depredatorias impuestas al sur por los ricos del norte facilitan que los campesinos de esta regin del planeta deban cultivar sustancias contemporneamente estimadas como ilcitas. En el norte son subvencionados los productos agrcolas, en consecuencia los campesinos del sur deben labrar la tierra con algo rentable de acuerdo a la situacin del momento, y la prohibicin de ciertos productos eleva el riesgo de grupos de comerciantes ilegalizados, pero tambin las ganancias, cumpliendo en todo momento la implacable lgica capitalista. Como dice Gore Vidal hablando de los Estados Unidos:

Los medios de comunicacin se dedican constantemente a vilipendiar la cultura de la droga y a culpar de modos diversos a pases como Colombia de responder a la ley de hierro de la oferta y la demanda a la que en tanto que nocin y en tanto que nacin hemos jurado eterna lealtad [1] .

En este mismo sentido es indispensable poner de presente que para la elaboracin de una sustancia como la cocana, la cual no fue creada en Amrica Latina, frica o Asia, sino en Alemania en el siglo XIX, se requiere un proceso qumico donde se emplean ingredientes especiales y el 90% de estos proviene de EE.UU. [2]

En el tema de los efectos de estas drogas en la salud de los consumidores, son de pblico conocimiento estudios de organismos como la Rand Corporation, la cual no puede ser acusada de ser un ente antiimperialista, que concluyen como en EE.UU. el tratamiento y rehabilitacin de consumidores adictos a sustancias como la cocana es 23 veces ms rentable en trminos capitalistas que la eliminacin de cultivos de coca en el extranjero [3] . De su parte lo empleado en prevencin as mismo es efectivo y econmico respecto a los tratamientos de desintoxicacin [4] . Por tanto no es comprensible el motivo de la insistencia en planes costosos, intiles y destructores de pueblos enteros; a menos que sean apreciadas razones de estado y de dominacin obviamente ocultos.

La misma prohibicin general de las drogas a un siglo de instaurada, es cuestionada en la actualidad por personalidades como jefes de estado que juraron combatirlas, secretarios de las Naciones Unidas, excomisionados de Derechos Humanos, escritores, etc. [5] De vez en cuando surgen ante el pblico estas opiniones, y sin embargo a pesar del avance en la liberacin implcita en tales posturas, se est muy lejos de eliminar las proscripciones de las sustancias psicoactivas hoy perseguidas.

Continuando con las aclaraciones debemos alertar que los beneficios de los bancos del primer mundo por el trfico ilegal son asombrosos, y muy poco de este dinero se queda en donde se producen las Guerras Contra las Drogas. Se ha estimado que el 80 por ciento de las ganancias del comercio de psicoactivos ilegales termina en los bancos de los pases ricos o de sus filiales en los pases del Tercer Mundo donde existe menor control legal. [6] Las acusaciones a las grandes capitales financieras del mundo como Londres y Nueva York por este motivo son recurrentes aunque pasan desapercibidas [7] .

Ya hablando de la guerra en s, la persecucin y captura de traficantes como actualmente se lleva a cabo primordialmente patrocinada por el gobierno de Washington, es de entrada cuestionada por estudiosos del tema cuando analizan que estas actividades no reducen sustancialmente la dimensin del mercado ilegal [8] : Las drogas siguen tan accesibles como siempre en las calles de Estados Unidos [9] . Adems en el campo de las bases polticas y la efectividad de tal cacera en el presente inmediato, la guerra contra las drogas es un mal precedente para la guerra contra el terrorismo, no una base de la que partir. [10]

No obstante, como toda actividad poltica esta guerra tiene una cara positiva para ciertos intereses reducidos pero significativos. El trfico ilegal ha ido en aumento proporcionalmente a los gastos y las personas encargadas de su persecucin las cuales han crecido hasta constituir una burocracia extensa, con poder y ya tradicin en la administracin de EE.UU., a pesar de sus nulos resultados:

Cuando Richard Nixon inici su guerra contra las drogas, la partida presupuestaria federal anual era de 110 millones de dlares. Veintiocho aos despus, en el 2000, dicha partida ascenda a 17.000 millones de dlares y el resultado consisti en ms droga en EE.UU., ms barata y ms potente que en 1972. [11]

La declaratoria del combate contra las sustancias psicoactivas ilegales, es ms precisamente contra grupos de traficantes, comnmente denominados carteles, los cuales resultan ser uniones de comerciantes para el mejoramiento de sus actividades de produccin e intercambio, en ultimas, mayor rentabilidad.

El antecedente de estas alianzas de comerciantes de psicoactivos lo encontramos en el imperio britnico con la Compaa Inglesa de la Indias Orientales en el siglo XIX y el trfico de opio a la China generador de dos guerras (1839-1842, 1856-1860), de innegable estilo colonialista. El primer traficante del citado narctico en incursionar en la poltica una vez su poder econmico se acrecent gracias a su oficio, fue William Jardine quien lleg a tener, sin inconveniente conocido, un escao en el parlamento britnico en 1841 [12] . Jardine tuvo el primer cartel privado de trfico de drogas que se conoce en la historia.

El trfico y su contexto en Mxico.

Desde los aos cincuenta del siglo pasado existe un trfico ilcito de sustancias en el estado de Sinaloa, con bastante violencia entre quienes se dedican a estas actividades. Era la parte oculta de la situacin de los estados norteos de Mxico productores de marihuana, la cual se persegua a travs de fumigaciones con productos qumicos txicos patrocinadas por el gobierno de EE.UU.

Unos aos despus con la vigilancia a las rutas de los traficantes colombianos en los aos ochenta y noventa se hace difcil que las sustancias ilcitas penetren en EE.UU. por el Caribe; es cuando la ruta de Centroamrica adquiere transcendencia, haciendo de Mxico puerto de llegada previo a su destino final. Por entonces en la presidencia de Ronald Reagan se militariza el combate a las drogas, con el antecedente de 1972 cuando Richard Nixon haba declarado la guerra a las mismas.

La situacin de crecimiento de organizaciones de traficantes no surge de repente. De acuerdo a la DEA en 1997 Mxico era el punto de trnsito del 70% de la cocana y de la mayor parte de la herona y la mariguana que entraba a EE.UU. Las ganancias de la produccin y trnsito de psicoactivos eran cerca del 10% del PIB de aquel pas. [13]

El fenmeno del trfico ilegal de psicoactivos hacia Norteamrica, existente de mucho tiempo atrs, desde finales de los aos noventa, cambia hacia una mayor presencia y se menciona ya con certeza a los narcotraficantes como acaudalados y poderosos en los EE.UU. [14] . Desde 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se empieza a hablar abiertamente de la constitucin de una narcodemocracia a la mexicana [15] .

Lo anterior ocurre en una sociedad como la mexicana colmada de conflictos. Las circunstancias sociales, econmicas y polticas hacia el final del siglo XX de una nacin tan rica en recursos humanos y ambientales, son de abierta injusticia; estaba fieramente dividida entre ricos y pobres, como lo haba estado al inicio de la revolucin de 1910, a pesar de que formalmente haba declarado el control de sus recursos naturales, realizado una reforma agraria, entregado autonoma de las universidades y escuelas y culturalmente facilitado una conciencia indigenista.

El estado mexicano ideado como protector e impulsor de progreso durante la revolucin, desde los aos ochenta en adelante se convierte en un agente de la privatizacin de las empresas creadas con el trabajo comn de millones. La oligarqua local, la ms nacionalista y defensora de la soberana de todas las latinoamericanas, ya una dcada atrs haba desistido de serlo habiendo perdido su carcter de progresista [16] , dejando campo abierto al capitalismo salvaje prohijando el sometimiento cultural y econmico al vecino del norte sin mayores resistencias; el nacionalismo mexicano pasa a ser parte una liturgia sin contenido pues el despojo de los bienes comunes se acelera ao tras ao.

Concurrentemente tambin se presentan unas condiciones de constante inconformidad y latente rebelda, lo cual se hace pblico de manera concreta desde 1994 cuando en el estado sureo de Chiapas el ms empobrecido del pas, aparece la insurreccin del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN). El mismo da de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre EE.UU., Canad y Mxico (en ingls NAFTA), todo ello bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Las consecuencias no tardan en aparecer profundizando injusticias anteriores. La riqueza de los 24 multimillonarios de Mxico es igual a lo que poseen los 24 millones de las personas ms pobres de la nacin [17] . Unos 24 millones de personas se encentran en condiciones de pobreza alimentaria. A su vez 31 millones estn en condiciones de pobreza de capacidades y 53 en condiciones de pobreza de patrimonio [18] . El 64.7% de los mexicanos carece de seguridad social, el 40.7 no tiene acceso a los servicios de salud, el 18.9 no tiene acceso a servicios bsicos de vivienda, 47 millones se hallan en condiciones de pobreza, por lo menos 20 millones sufren carencias alimenticias; y esto de acuerdo con las estadsticas oficiales [19] . El grueso de la poblacin est marginado.

El NAFTA suscrito sin discusin del pueblo mexicano a pesar de que le afecta directamente, por el gobierno de Salinas De Gortari quien le deca a sus ciudadanos que Mxico podra llegar al primer mundo en donde se encontraban el vecino del norte y Canad, no mejora la condiciones de vida de los mexicanos. Como en otros tratados de similares caractersticas, los resultados son justamente los opuestos.

Hubo muchos que estimaron este tratado de alianza entre naciones dispares era llanamente una maniobra de los EE.UU. de extender su espacio vital ms all de su frontera sur, entre ellos los ms decididos y quienes seran los ms afectados por una situacin como la planteada: los indgenas de Chiapas y su EZLN. Debemos observar que la sublevacin zapatista es parte de un largo proceso: La represin estatal de las protestas pacficas de la gente de Chiapas y el impacto destructivo cada vez ms profundo del capitalismo neoliberal fueron los elementos finales que condujeron al levantamiento zapatista. [20]

Paradjicamente el secretario de hacienda de Mxico afirma concluyentemente que su pas es ya una nacin de clases de ingreso medio [21] , mientras que los jerarcas catlicos lo desmienten categricamente [22] .

Naturalmente el NAFTA produce la quiebra de los agricultores mexicanos que deben en consecuencia emigrar inicialmente a las ciudades pauperizndose an ms o lejanamente al norte, a EE.UU., all los esperan las correspondientes medidas de rechazo, como la militarizacin cada vez ms fuerte de la frontera para impedir su paso. Desde 1994 el presidente Clinton militariza la frontera con la Operacin Guardin, justo cuando entra a regir el NAFTA [23] . Con lo cual podemos establecer que la quiebra del sector rural mexicano y los flujos de personas tanto aztecas como centroamericanas en busca de sustento estaban dentro de las consideraciones de quienes implantaron una red de tratados de vasallaje econmico y militar como lo son todos los tratados de proteccin de inversiones, conocidos como Tratados de Libre Comercio (TLC), y complementarios.

Realmente los efectos del tratado permiten que Mxico se convierta en un depsito de mano barata, con la total complacencia de las oligarquas mexicanas; y as mismo facilitan ser golpeados con desempleo y bajos salarios los trabajadores al norte del Ro Bravo [24] . Acuerdos como el aludido nicamente benefician a los capitalistas de cualquier lado de la frontera.

Las cadenas de papel.

Gobiernos tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido de Alianza Nacional (PAN), ejecutando polticas neoliberales han vendido centenares de empresas estatales en sectores estratgicos de la economa, como telfonos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, minera, bancos, electrificacin, y se espera algo igual pero en el momento apropiado respecto de la industria petrolera (PEMEX), por ahora de carcter estatal por mandato constitucional.

En medio de un ambiente de inconformidad, el gobierno de Caldern suscribe con el de EE.UU. un documento denominado Iniciativa Mrida (en Mxico se daba por un hecho que se llamara Plan Mxico) en el ao 2007, con unas caractersticas muy especiales pues no puede estimrsele como un tratado o un acuerdo interinstitucional, y adems no pasa por el control del rgano legislativo competente de acuerdo a la constitucin mexicana: el Congreso. Se dice oficialmente que es un compromiso poltico o un acuerdo de cooperacin.

En octubre de ese ao emiten un comunicado conjunto los gobiernos de las dos naciones donde estipulan que han suscrito un un nuevo paradigma de cooperacin en materia de seguridad frente a las amenazas comunes identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, narcotrfico, trfico de armas, actividades financieras ilcitas, trfico de divisas y trata de personas. Bush hijo y Caldern manifiestan pblicamente: acordamos coordinar de mejor manera nuestras acciones para enfrentar el crimen organizado en ambos lados de la frontera. [25]

En los efectos prcticos la Iniciativa Mrida es un pacto secreto, al menos frente a la estructura legal mexicana.

El pacto como es de su naturaleza contiene obligaciones para las partes signatarias. De la parte de EE.UU. se estipulan aportes en especie a Mxico por 1.400 millones de dlares en varias anualidades. Ms tarde trasciende que las especies estregadas a Mxico son una variada clase de avituallamientos de guerra y control violento de la poblacin, y las obligaciones de este son de forma realista la cesin de la soberana en favor del vecino del norte en la forma de imposicin de reformas legales, de entrenamiento judicial y militar por parte de la fuerzas imperiales, as como de reorganizacin bajo directrices gringas de todos los organismos relacionados con la represin [26] . Si esto no es una toma semiculta de una nacin con la aquiescencia de sus gobernantes, es lo ms parecido que se conoce.

La canciller mexicana para tranquilizar al pueblo afirma fantasiosamente:

En ningn momento se ha contemplado la presencia de tropas o la participacin operativa de agentes o empresas estadounidenses en las acciones que se emprenden para combatir el crimen organizado en el territorio nacional. [27]

Sin embargo, debemos leer entre lneas que tampoco expresamente se ha prohibido tal presencia y participacin en territorio mexicano; los hechos con el tiempo darn la razn sobre aquello de que lo no se prohbe en el pacto secreto est permitido.

La puesta en prctica de toda esta estructura de suave intervencin, acorde con las polticas gringas de control de pueblos potencialmente insumisos, haba sido erigida como un vnculo adicional a los lazos de dependencia econmica y poltica ya establecidos [28] . Se impone la institucionalizacin por compromiso internacional de una seguridad nacional entendida de forma que no puede ser distinta a la exigida en otros pases de la regin a sus fuerzas armadas, es decir, la poblacin interna como enemigo a vigilar, perseguir y desmoralizar.

Los tratados como el NAFTA, Iniciativa Mrida, ASPAN, etc., bsicamente impuestos desde el norte tienen en comn la creacin abstracta de cadenas de papel, obligantes para los dbiles y coludidos gobiernos latinoamericanos, adems ser firmados a espaldas de los pueblos y previamente negociados en secreto [29] , como autnticos pactos de adhesin. Una actitud tan afrentosa y causante de perjuicios es rechazada por la poblacin, Qu pueden hacer los gobernantes ante el posible desafo?

Mxico: Persecucin militarizada

El presidente Caldern Hinojosa, con una muy precaria legitimidad debida a que buena parte de los mexicanos le considera electo mediante un gigantesco fraude [30] , por tanto es catalogado como espurio por aquellos, y sin haberse referido al tema del crimen organizado en su campaa, declara la Guerra al Narcotrfico dando la orden de desplegar tropas (inicialmente unos 6 mil hoy de entre 45 y 60 mil) para combatir a bandas de traficantes estimadas por su gobierno como el primer peligro para Mxico. En los hechos est dirigida contra unos doce grupos delincuenciales con territorios propios ms o menos definidos, situados especialmente al norte y al centro del territorio nacional.

Dicha declaratoria no es del todo inesperada, pues ya era notable la presin de ciertos sectores internos, solicitando reformas en la lucha y prevencin del terrorismo en Mxico, considerndolo como parte de una potencial alianza, justamente con la delincuencia organizada, para establecer una cabeza de playa y amenazar la seguridad nacional, citando ejemplos comprobados de vnculos entre los carteles de droga y grupos terroristas en tres continentes: Afganistn, Chechenia. Colombia e indonesia [31] . Estas peticiones de cambios en la estrategia son previas y funcionales a la sustentacin de las razones expuestas por el gobierno de Washington y de Ciudad de Mxico para militarizar la persecucin del crimen organizado.

Adems como el lector puede haber ya establecido, de las naciones citadas como modelos probatorios de las relaciones mencionadas del trfico ilegal y el terrorismo (en la acepcin del gobierno de la Casa Blanca), en ese orden, una sufre una ocupacin militar de parte de un grupo de naciones lideradas por EE.UU. desde hace casi una dcada, la siguiente se encuentra en medio de una situacin de guerra independentista muy lejos los extremos de violencia sentidos en estas altitudes, otra tiene una estrecha relacin de dependencia del aparato civil y militar estadounidense desde hace dcadas que la hace escenario de todas las formas de la contrainsurgencia formado parte del problema del trfico ilegal llegado a Mxico, y la restante as mismo ha estado bajo los parmetros de estado cliente de Washington por medio siglo, especialmente en materia de represin al descontento social.

La guerra de Felipe Caldern no obstante, es muy discutible en su sustentacin como respuesta interna a la violencia generada y al nivel de trfico de psicoactivos, al decir de personas cercanas a la situacin mexicana de entonces; la violencia sentida hasta el momento de la declaratoria de guerra y la penetracin de la mafia de traficantes tuvo en Mxico picos ms altos aos antes de los anunciados presidencialmente en diciembre de 2006 [32] . No es clara la razn por la cual es declarada ahora no habindolo sido antes, bajo la administracin de Vicente Fox (2000-2006), del mismo partido poltico de Caldern.

Declarada la beligerancia la violencia despiadada, ostentosa y cotidiana, no ha dejado de aumentar en el pas. El nmero de muertos cuando se escriben estas lneas es de no menos de cuarenta mil personas y unos diez mil desaparecidos, con sectores especialmente golpeados como las mujeres y los jvenes.

Los militares en el caso de Mxico han adherido a las rdenes del jefe de estado aceptando colocar a las fuerzas armadas enteras como gendarmes perseguidores del contrabando de psicoactivos ilegales pues con anterioridad ya consideran que:

El narcotrfico constituye una grave amenaza para la seguridad interior de la nacin y un problema de seguridad nacional [33] .

Para tan peligrosa tarea para la sociedad no son expuestas metas concretas, calendario o un cronograma definitorio de las acciones a realizar por parte de las fuerzas militares mexicanas. Al parecer esta escueta argumentacin es similar a la fundamentacin de la Casa Blanca acerca de la Guerra Contra el Terrorismo: una lucha intemporal, sin enemigo especfico, ni objetivos identificables.

Primordialmente siguiendo esquemas de represin que no conducen a solucionar problemas sociales de fondo como los enunciados, se busca con cierto desespero incorporar a la legislacin normas de restriccin de los derechos fundamentales y facilitar la militarizacin y el control de sociedad mexicana [34] . Algo muy comn dentro de las naciones con este tipo de actividades delictuales, a pesar de no tener relacin directa.

No es posible pasar por alto tampoco como el trfico ilegal de psicoactivos ha sido utilizado para realizar actos de guerra contra gobiernos de la regin no favorecedores de los intereses econmicos estadounidenses como en su momento Nicaragua, en el caso Irn-Contras durante la administracin de Ronald Reagan. Un claro paradigma de las actuaciones de la CIA en este tipo de temas de drogas y su colaboracin con carteles de traficantes ilegales mexicanos y colombianos, y a la vez de las implicaciones de esta agencia en operaciones de acoso de opositores en Latinoamrica mediante mencionado trfico ilegal [35] .

En el aspecto concreto de involucrar fuerzas militares en esta labor, se tiene por ya definido a causa de su negatividad como las polticas estadounidenses antidrogas han contribuido a confundir y a trasladar las funciones militares con las policiales, han militarizado a las fuerzas policiacas y han insertado a las fuerzas militares en actividades de seguridad interna Tambin han exacerbado los problemas que siguen producindose en el rea derechos humanos y han generado, fuertes conflictos sociales e incluso inestabilidad poltica [36] .

La sospecha de que las luchas contra las drogas ocultan en su interior varias estrategias de intervencin militar en Latinoamrica se convierte en certeza cuando se presencia como las persecuciones se hacen de forma manu militari, contra los traficantes dejando de lado y a salvo a sus protectores poderosos en los gobiernos clientes de Washington, y qu decir de los contables y banqueros en las capitales financieras y dems parasos fiscales. La ilegalizacin de ciertas sustancias es empleada como un disfrazado instrumento de intromisin al sur del Ro Bravo para personas experimentadas en la materia:

Yo estaba convencido de que la DEA (cuya salida de Bolivia dispuso el mandatario en 2009) no lucha contra el narcotrfico, sino que lo controla con fines polticos. As lo comprobamos nosotros. Con fines polticos hacan operativos para implicar a dirigentes sindicales o dirigentes polticos o gobiernos antiimperialistas, independientes. Sin la DEA comprobamos que se da mejor la lucha contra el narcotrfico, a pesar del permanente sabotaje de Estados Unidos. Queremos recordar que dentro de las polticas de lucha contra el narcotrfico a nivel mundial hay responsabilidades compartidas de las que Estados Unidos se desliga. No invierte en las verdaderas polticas antinarcotrfico, sabiendo que el origen de ste es el mercado ilegal. Y la responsabilidad que existe en el consumo masivo [37] .

Por ltimo debemos identificar como las rutas de transporte de psicoactivos prohibidos van de sur a norte, mientras que las vas de llegada de armas bajo el mismo circuito comercial van en sentido contrario. Al norte se ven los adictos ms o menos perseguidos pudiendo ser rehabilitados pues en el fondo no perjudican a nadie, y en el otro extremo la muerte no da ninguna opcin.

La Ineficacia de la Guerra.

Empero el tema no es tan simple como lo plantean los funcionarios del gobierno federal mexicano. Su creencia de que los soldados intimidarn con su sola presencia de armas de ltima tecnologa y mximo poder de fuego ha resultado ser una mera ilusin. Los carteles de traficantes no constituyen un ejrcito visible.

El error radica posiblemente en abordar la solucin del problema fundamentalmente a travs de la fuerza y abstraerlo de la sociedad donde se presenta. Es sabido por experiencias locales y en el exterior como El florecimiento del narcotrfico no puede explicarse sin el respaldo del poder poltico y este no surge de repente si no como resultado de un proceso que en el tema mexicano y colombiano lleva aos y varios criterios polticos de por medio [38] . Las relaciones de poder dentro de la sociedad tienen directa influencia, como en otras tantas, en el asunto de las drogas ilegales y en las organizaciones administradoras de las mismas.

Dichas organizaciones tienen una no muy evidente bifurcacin permisiva del actuar en espacios distintos aunque con simultaneidad en el tiempo: Mafia y narcotrfico son fenmenos de crimen organizado que aparecen en escenarios diferentes; mientras que los narcotraficantes se ocupan de la produccin y comercializacin de bienes y servicios ilegales, los mafiosos se especializan en el ejercicio ilegal del poder, en la proteccin y extorcin. [39] En ocasiones esto se encuentra ms mimetizado que en otras, pero es un esquema de funcionamiento real: unos producen y trafican, otros protegen y distraen.

Si a esto le adicionamos las imposiciones neoliberales al Tercer Mundo como uno de los factores de incremento del trfico ilegal y una represin que simplemente induce al cambio de un tipo de psicotrpico perseguido a otro [40] , se constata una infructfera estrategia de proscripcin por consiguiente nunca satisfactoria, y sin embargo beneficiante de otras actividades estimadas como legales, como puede ser el comercio de armas (EE.UU.) y la banca.

La concepcin de no acechar a grupos u organizaciones actuantes con sigilo como entes delictivos complejos, permite una desafortunada personificacin de la delincuencia a perseguir. Jefes de los grupos de traficantes ilegales de los varios por capturar son elevados a la categora de enemigo pblico nmero uno; en estos tiempos es Joaqun Chapo Guzmn Loera [41] , el cual es expuesto por los medios de masas a la altura de reconocidos perseguidos mundiales. Oficialmente se tiene su futura detencin o muerte como un logro inestimable, cuando en la prctica en situaciones parecidas, esto nunca ha trado una disminucin de los crmenes relacionados con las drogas ilcitas.

A la vez que otros jefes del trfico con sus rimbombantes y enigmticos alias tienen reconocimiento meditico en el mismo sentido: Heriberto Lazcano El Lazca y Miguel Trevio Morales El Z-40 jefes fundadores y originales del crtel de Los Zetas, e Ismael El Mayo Zambada, jefes del crtel del Pacfico, como los narcotraficantes ms peligrosos de Mxico [42] . La guerra asombrosamente se individualiza, pareciendo no ser contra un sistema de comercio ilegal de sustancias prohibidas, sino contra determinados sujetos expuestos ampliamente como de especial maldad. Inexplicablemente estos son inexpugnables ante la mayor persecucin policial y militar conocida hasta el momento. Unos hombres con destacamentos de sicarios de unas cuentas decenas de paramilitarizados mantienen en jaque un gobierno en el siglo XXI, apoyado por la primera potencia militar del mundo. Vaya paradoja.

De su vez las organizaciones delincuenciales dedicadas al comercio ilegal han diversificado sus actividades criminales, con el trfico de personas indocumentadas, las cuales son secuestradas tambin por elementos de cuerpos estatales o federales de migracin o policas locales en Mxico, para pedir rescate a sus parientes ya instalados en los EE.UU., extorsionndolos, en colusin con agentes de los distintos niveles gubernamentales. Son presenciados unos niveles de corrupcin e impunidad tan generalizados, que permiten en algunas situaciones el enfrentamiento entre fuerzas militares federales y policas estatales.

Las acciones de los grupos de traficantes ilegales organizados hacen ostentacin de la capacidad de fuerza letal, generando un estado de zozobra general; homicidios con desmembracin de cadveres y exhibicin pblica de los mismos, torturas, violaciones, tienen como efecto inocultable la intimidacin general, lo cual guarda afinidad con los propsitos del control poblacional contrainsurgente de conmocin y el pavor.

Las armas sin las cuales no podran existir tales crmenes y la subsiguiente guerra provienen de organizaciones que las hacen llegar principalmente del otro lado de la frontera norte, y cuyas actividades son bien conocidas por las autoridades gringas especializadas en el tema, y no obstante nada se ha realizado que resulte efectivo para impedir el flujo y ms bien se presentan acciones de estas autoridades facilitones a un extremo casi doloso del contrabando letal. [43] En consonancia con lo anterior, recientemente un traficante capturado afirma que las armas con las cuales actan criminalmente los carteles mexicanos han provenido al menos por un tiempo, de funcionarios de EE.UU. [44]

Bsicamente las autoridades gringas se niegan a controlar la venta de armas en su propio territorio. Esto explicara la panoplia poseda por las organizaciones de traficantes justamente para ser empleada en una verdadera guerra. Lo anterior guarda perfecta relacin con la naturaleza de los flujos internacionales de armas y drogas de las recientes dcadas; el norte produce armas quedndose con el dinero del trfico ilegal y el sur enva las sustancias y se guarda los muertos.

En sntesis, la facilidad con la cual se obtiene todo tipo de armas, incluso del tipo de guerra de uso militar, en las zonas fronterizas con Mxico y su conexin con las drogas ilegales y el fcil intercambio de unas y otras es un motivo adicional de perplejidad [45] .

En teora el conjunto de operaciones realizadas por autoridades de varios pases bajo la tutela de la DEA y dems agencias de EE.UU., empleando la ms sofisticada tecnologa de vigilancia a disposicin, deberan impedir que las sustancias psicoactivas lleguen a Centroamrica y luego a Mxico procedentes de Colombia, junto con la posibilidad de produccin local en estas naciones de aquellas. Sin embargo, ello no ocurre y el flujo de sustancias prohibidas no cesa de circular y la produccin efectiva no se reduce, alimentando a su vez el de armas en sentido contrario lo cual tampoco es impedido significativamente.

El presidente mexicano permite el menoscabo de la soberana de su pas, como consecuencia de la guerra emprendida, al permitir a la polica gringa el interrogatorio directo a miles de indocumentados detenidos en Mxico [46] . Empero esto es apenas una parte de la toma de los cuerpos armados gringos del territorio mexicano; agentes consulares actan sin restricciones en reas que no son de competencia de una representacin diplomtica. Recogen evidencias, colaboran en arrestos, espan y las autoridades locales les llaman para pedir informacin y orientacin [47] . La CIA y mercenarios adjuntos operan abiertamente teniendo como bases cuarteles del ejrcito mexicano adecuados como centros de inteligencia del estilo empleado para perseguir insurgentes en Afganistn, una nacin ocupada militarmente; la justificacin es el trabajo conjunto con autoridades locales para la captura de delincuentes peligrosos [48] . No obstante, encontramos como elemento central el adiestramiento antisubversivo al lado de los antidroga.

En una muestra del escalamiento del dominio de los EE.UU., los mismos funcionarios mexicanos son sometidos a pruebas de confiabilidad por parte de las agencias como la CIA el FBI, la DEA, lo cual llega hasta el nivel de secretarios, procuradores, comisionados de polica y altos mandos militares. Las operaciones contra la criminalidad son ideadas y dirigidas por miembros de las citadas agencias, participando de capturas de delincuentes adems de las citadas, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigracin y Control de Aduanas (ICE) y agregados Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia [49] . Es decir, un ampuloso cuerpo de administracin ms que paralelo, por encima del gobierno formal.

Es imposible poder apreciar como independientes y en beneficio de su propia nacin lo realizado dentro de su gestin por empleados pblicos sometidos a tales demostraciones de fidelidad y sometimiento a un gobierno extranjero.

Aquellas palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinoza retumban por lo huecas en todo Mxico.

Atropellos de la Guerra

La guerra contra las drogas mexicana logra que grandes sectores activos del pas y documentos oficiales del exterior la califiquen junto con su inefectividad, de corrupta y propiciante de toda clase de violaciones a los derechos humanos [50] . Muchos crmenes resultantes de operaciones de bsqueda de traficantes son atribuidos por las autoridades federales o estatales a estos, sin investigacin judicial sustentadora de su decir; no obstante testigos y familiares de las vctimas acusan a las fuerzas oficiales; los crmenes ocurren a diario en toda la geografa de la repblica.

La argumentacin de los estamentos federales sobre la ocurrencia de tan graves situaciones, es la de que estas son consecuencia de la incesante presin ejercida por los militares en especial y el restante aparato represivo federal sobre los traficantes; los muertos cuando no son resultado de enfrentamientos entre traficantes y estos con militares y policas federales resultan ser, utilizando esa idiota expresin de la jerga militar de EE.UU., daos colaterales.

En contexto de tal especie la presencia de los militares se justifica debido a fundadas sospechas de que las policas estatales y locales puedan ser colaboradores sobornados por aquellos delincuentes [51] . En modo alguno se habla de las actuaciones por accin u omisin de los polticos locales o estadales en esta guerra, algo que sin duda explica lo inexpugnable de la corrupcin en estos mbitos. Las bandas de traficantes matan policas, mas hasta el momento no han atentado contra polticos de alto nivel [52] .

Las acusaciones por delitos de cuerpos armados son claras:

la poblacin es vctima del fuego cruzado, de la corrupcin de la polica y del Ejrcito, somos vctimas de atropellos, de allanamientos, de tortura, encarcelamientos injustos y detenciones arbitrarias con ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas [53] .

Y ms delicado an es que los homicidios y desapariciones aumentan cuando quienes tericamente son el brazo armado del estado federal salen a las calles a patrullar:

cuando el Ejrcito realiza labores de polica el secuestro se incrementa 76%, desde que los militares estn en las calles se dispararon los ndices de robo, asaltos, extorsiones y violaciones de los derechos humanos [54] .

El nmero de desapariciones de acuerdo a organizaciones de familiares de personas sometidas a este crimen dentro de la actual guerra al narco, relacionadas con razones polticas, trata de personas y la guerra citada, es superior a las tres mil [55] .

Las palabras de las mujeres mexicanas en estos casos evocan a las de las argentinas hace poco ms de treinta aos:

El ruido nos despert. De repente ocho hombres vestidos con uniformes de la Marina estaban en la casa. Le ordenan a mi esposo que salga. l les dice que le permitan ponerse un short . Ellos le piden la credencial de elector. Y lo sacan. Desde entonces no sabemos nada de l [56] .

Crmenes de lesa humanidad como el narrado dejan entrever la no ocurrencia de una nica guerra, la contra las drogas, sino igualmente de una ms, una de aguda represin ensandose contra la poblacin, la cual junto con la impunidad que le acompaa resultan ser sntoma de una guerra sucia.

Necesariamente emergen muchas preguntas dentro del pueblo que padece esta situacin. Los medios cercanos al gran capital local e internacional simplemente dicen que los narcos estn cada vez ms y mejor armados, y sin embargo no manifiestan nada respecto al lgico interrogante de donde provienen esas armas y del como han podido llegar a ser tan poderosos los carteles a pesar de los recursos destinados a combatirlos y a la estrecha vigilancia de los cuerpos armados gringos y su ampulosa tecnologa. As mismo es una incgnita sin resolver el hecho de que en la estructura en s de dichos carteles se aprecia cmo a pesar de presentarse escisiones en sus coaliciones de acuerdo a los partes de guerra de las autoridades, esta divisin no les hace en absoluto perder su fuerza [57] .

La corrupcin en estamento militar y policial empieza a ser expuesta como asunto comn y sin ningn contexto ante una opinin pblica anonadada por los sucesos. Unos pocos son juzgados y sentenciados como el general corrupto Jess Gutirrez Rebollo [58] , y de muchos otros en iguales circunstancias nada se declara; el jefe de polica Miguel Nazar Haro, es torturador y corrupto, pero como es aliado de la CIA no se le procesa [59] . Un hecho como as pasa desapercibido en lo que puede significar.

La delincuencia organizada parece tener santuario desde donde iniciar sus actividades y regresar a recobrar fuerzas. Se sabe de fuentes oficiales en la frontera del lado de los EE.UU., de la residencia de miembros de carteles mexicanos en este territorio, realizando sus actividades criminales al sur para luego volver al refugio seguro en el norte de la lnea demarcadora. Y cuando perpetran actividades delictuales en estos estados fronterizos lo hacen contra personas de nacionalidad mexicana. Lo cual nos revela a las claras del conocimiento de las autoridades gringas de los movimientos y actos delincuenciales de los violentos traficantes, sin que hayan sido capturados, o al menos interferidos con la realizacin de sus ilegalidades. Se torna en realidad la existencia de una tolerancia con cierto tipo de traficantes por parte de las autoridades gringas [60] .

Es el mismo sentido se evidencia las contradictorias acusaciones de las autoridades de Washington, cuando Mxico extradita delincuentes al otro lado de la frontera donde son confinados en crceles, desde las cuales estos continan al mando de sus negocios de trfico ilegal y asesinatos sin interferencias, de conformidad con declaraciones de jefes traficantes y autoridades mexicanas [61] . Es patente que las actitudes de todos los niveles de poder en EE.UU ya sea en sector federal o estadal, son incoherentes frente a sus declaraciones de persecucin a los traficantes y apoyo al gobierno azteca.

La percepcin sentida por los mexicanos de su situacin social no puede ser ms angustiosa. El crimen tiene ms poder que el gobierno, dice casi el sesenta por ciento de los mexicanos, ms de ocho de cada diez afirman sentir que su situacin de seguridad es peor hoy que hace tan slo dos aos [62] . La calidad de vida en Mxico desciende constantemente.

Mirando hacia atrs la guerra al narco va apareciendo como un continuo reforzamiento de restricciones en momentos de gran efervescencia social con la aparicin del EZLN y otros movimientos insurgentes, la conformacin de movimientos sociales contestatarios como la APPO en la insurreccin de Oaxaca (2006), revueltas como la de San Salvador de Atenco, los plantones en el Distrito Federal, las caravanas, etc.

No es ofrecida por aquellos que decidieron tal guerra una explicacin razonable de tanto sufrimiento infringido; sin argumentos comprobables en la cotidianidad y en la historia el gobierno federal pide paciencia

En procesos sociales como el tratado son ocultables los detalles pero los contornos generales de una u otra manera resultan expuestos. Por ello salen a relucir la situacin de las fuerzas armadas como ejrcito de ocupacin de su propio pas, las maniobras de favorecimiento de ciertas organizaciones delictivas frente a otras, la desmoralizacin inocultable de funcionarios armados militares y civiles, junto con polticos, el afianzamiento del dominio ya fsico del gobierno de los EE.UU. en Mxico, junto con la consecuente persecucin a quienes se oponen al empobrecimiento de la mayora formando movimientos sociales, y en general el empoderamiento del accionar represivo en la forma de guerra sucia [63] .

Ciudad Jurez: un experimento

Es destacable en estas circunstancias como ciertas zonas del territorio mexicano, particularmente sometidas a la militarizacin ms intensa son justamente en las que son cometidos la mayor cantidad de crmenes por parte de los bandos involucrados. En la actualidad la zona ms violenta dentro de los escenarios de la guerra contra el Narco, es la fronteriza Ciudad Jurez en el estado de Chihuahua.

Al parecer es la escogida para la aplicacin de especficos planes de control social, con desastrosos resultados para la poblacin: En la frontera enfrentamos cada da como un reto la vida y la muerte [64] .

El volumen de violencia se ha intensificado desde la declaracin de lucha contra los traficantes, siendo esta una parte apenas de las penalidades que azotan la ciudad:

Esto pasa en una ciudad en donde hay personas que viven en cajas de cartn. Diez mil negocios fueron abandonados o cerrados el ao pasado. De treinta a sesenta mil personas de Jurez, principalmente los ms ricos, se han trasladado del otro lado del ro, a El Paso (EE.UU.), en busca de seguridad, incluyendo al alcalde de Jurez, a quien le gusta pasar tiempo en El Paso. El editor del peridico de Ciudad Jurez vive en El Paso. Entre 100.000 y 400.000 personas simplemente han abandonado la ciudad. Una buena parte del problema es econmico, no es slo por la violencia. Al menos 100.000 puestos de trabajo en las fbricas que se encuentran en la frontera han desaparecido durante la recesin debido a la competencia de Asia. Existen entre 500 y 900 pandillas y bandas criminales, las estimaciones varan.

Encontramos evidencias de que la villa es un territorio sometido a castigo:

A eso hay que aadir 10.000 soldados y agentes de la polica federal que merodean por los alrededores. Te encuentras con una ciudad en la que nadie sale por la noche, donde los pequeos negocios son extorsionados, donde, segn datos oficiales, 20.000 automviles fueron robados el ao pasado y ms de 2.600 personas fueron asesinadas. Una ciudad en la que nadie hace un seguimiento de las personas que han sido secuestradas y no han vuelto a aparecer, donde nadie cuenta el nmero de personas enterradas en fosas secretas, algunas de las cuales, milagrosamente, cada tanto consiguen abrirse paso hacia la superficie, desenterrarse. Te encuentras con una situacin desastrosa. Y hay un milln de personas atrapadas en la ciudad que son demasiado pobres para irse. Ese es el estado de la ciudad. [65]

La guerra ha dejado unos nueve mil muertos en tres aos en esta ciudad fronteriza; nada han hecho al respecto los miles de soldados y policas federales desplazados a ella. Tan slo un cambio de nombre ha dejado estas infamantes circunstancias, ahora es la Heroica Ciudad Jurez [66] . Los asesinatos de mujeres y hombres continan.

El carcter engaoso de la guerra contra el narco se desnuda al analizar el sufrimiento de los habitantes de esta ciudad:

No hay una autntica guerra contra las drogas; Ms bien, lo que hay es violencia alimentada por el dinero que mueve la droga. Y hay industrias estadounidenses cuyos ingresos provienen principalmente de librar una guerra contra la droga [67] .

Esto ocurre cuando Ciudad Jurez es copada por tropas y policas federales. Los habitantes de la ciudad han clamado al poder ejecutivo federal por el cese de la estrategia contra los traficantes por el sufrimiento y el dolor causado; las denuncias de corrupcin de policas locales y federales as como del ejrcito son un comn denominador en Mxico pero en Ciudad Jurez conforman un angustioso lamento de muerte.

La masacre del 31 de enero de 2010 en Villas de Salvlcar donde murieron 16 jvenes (apenas una entre otras) es un episodio elocuente de la inoperancia y las violaciones a los derechos humanos en la poblacin de la guerra decretada sin mandato desde Los Pinos. El sitio donde se comete el crimen se encuentra a slo tres minutos de un cuartel militar [68] . Felipe Caldern alude a las vctimas de la matanza como a pandilleros [69] , en una justificacin ultrajante de por lo menos la inutilidad de sus tropas y agentes federales a travs de la denigracin de aquellos cados. Los habitantes de la ciudad de su parte, afirman que con un acopamiento de tal magnitud un crimen en estas circunstancias slo puede ser perpetrado por un escuadrn de la muerte [70] . Esto ltimo ineludiblemente evoca una vez ms otros casos similares en otros lugares de Amrica Latina relacionados directamente con la guerra sucia.

El presidente Felipe Caldern intenta apaciguar esos nimos durante una visita a la ciudad en la cual lanza un programa llamado "Todos Somos Jurez", un proyecto piloto que se aplicara primero en esa ciudad y luego en otras zonas afectadas por la violencia [71] . Caldern expresa que su gobierno est dispuesto a un dilogo con para revisar su poltica de guerra.

No obstante, a causa de la contradiccin evidente de los propsitos anunciados y los resultados, en Ciudad Jurez se asiste a una especie de decadencia calculada de la ciudad, manifestada en la carencia de infraestructuras pblicas coaligada con la crisis econmica mundial, ensaadas por supuesto en los ms pobres, a lo cual se agrega una fuerte represin a estos. Ocurren fusilamientos en paredones o dentro de centro de rehabilitacin, como si se intentara practicar aquello denominado cruelmente limpieza social, las desapariciones forzadas; quienes sufren en su mayora tales crmenes son los habitantes de los barrios empobrecidos. Ningn gran traficante ha sido capturado [72] . Causa extraeza la persecucin en zonas donde no pueden vivir delincuentes con un gran poder econmico y de armamento.

El laboratorio de lucha contra las drogas y ostensible tambin de batalla contrainsurgente, son lo que ha resultado suceder por estos aos esta urbe. Se producen experimentos como de dejar que las pandillas se maten entre s, con todo lo que conlleva para la legitimidad de un estado una conducta pasiva de ese talante. El lema un militar es "En vez de decir un muerto ms, digan un delincuente menos" [73] . Con estas polticas la percepcin de los habitantes dista mucho del respeto y agradecimiento por la llegada de expertos en la guerra, parte misma del problema para estos:

Algunos ya han muerto, otros han sido asesinados sin tener nada que ver, por estar en "el lugar equivocado" o por negarse a pagar una "cuota", como les llaman los criminales a las extorsiones peridicas que piden a cambio de "ofrecerles seguridad" a los negocios, desde fbricas hasta los puestos de comida ambulante. El Ejrcito y la Polica lo saben pero no hacen nada, "sino es que son ellos mismos" [74] .

Es verdad irrefutable la corrupcin acentuada de las autoridades desplazadas a combatir al narco en esta parte de la frontera, lo cual hace observar la situacin muy diferente a lo afirmado por el alto gobierno:

"No es una guerra entre crteles, ni una guerra contra la delincuencia organizada, es una guerra entre dos bandos del Estado. En cada uno hay policas, militares y sobretodo, polticos poderosos, por eso no se puede resolver el conflicto [75] .

Al frente, al otro lado de la frontera en El Paso Texas el aire respirado es distinto, pues hasta all no se irradian las consecuencias de tan peculiar contienda, el experimento Ciudad Jurez, como ensayo que parece ser, es plenamente controlado. La guerra debe estar del lado sur del lmite de acuerdo con la jefa de Seguridad Interna de EE.UU.:

"Ni se les ocurra traer esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarn a una reaccin aplastante" [76] .

Al lado sur nada puede detener efectivamente la matanza; Estados Unidos financia esta guerra contra las drogas con unos mil millones de dlares, representados en armas principalmente. Y entonces el complejo militar industrial se beneficia de ello.

Intromisin del gobierno de Washington

En el campo de los hechos haciendo referencia a datos de la ONU, se informa que el consumo de drogas ha crecido entre 1998 a 2008; en opiceos en 34,5 %; cocana en 27%, cannabis en 8,5% [77] . Altos funcionarios del gobierno de Washington han inesperadamente reconocido como el problema se origina en el propio territorio estadounidense. Colin Powell inesperadamente ha dicho en 2001:

"El verdadero problema de la regin no es causado por la regin, es causado por lo que ocurre en las calles de Nueva York, en las calles de todas nuestras grandes ciudades. Y determinando la responsabilidad material de las clases sociales oligrquicas de su pas; Y no es slo un problema de pobres chicos, de un pobre chico que fuma marihuana en la esquina, son las corporaciones de abogados, son los actores que una y otra vez usan drogas de forma ilegal. [78]

A pesar de tan contundente declaracin, quienes dirigen la ofensiva antitraficante desde el exterior en territorio mexicano, entienden que esta nada tiene que ver con los derechos humanos del pueblo que lo habita. Aplica una mirada etnocentrista visualizadora de un futuro de conflicto con mayores motivaciones an para la injerencia estadounidense:

Eso es lo que estara apreciando el Departamento de Estado en Washington y pocas cosas pueden ser ms preocupantes en su lgica de seguridad interna que ver grupos del narcotrfico ideologizados y coludidos con organizaciones armadas (as sean pequeas y fragmentadas como las existentes en Mxico) en su frontera sur [79] .

Estos pronsticos parecieran de autocumpliento, si tenemos en cuenta que el gobierno de EE.UU. militariza subrepticiamente Mxico desde una poca anterior como son los aos noventa [80] . En consecuencia se incorpora la sociedad mexicana a lo castrense, es decir se le acostumbra a ver a los militares y su forma peculiar de tratar los problemas sociales como parte necesaria de la vida mexicana, y en consonancia de ello, se convierte al ejrcito y la marina en cuerpos policiales con funciones directas de control de la poblacin. Todos los latinoamericanos saben lo que significa esto: las fuerzas armadas actan en su propia nacin como ejrcito de ocupacin en territorio conquistado; los habitantes de antemano son por lo menos sospechosos objeto de potencial castigo.

A ello se dirige inocultablemente la creciente presencia de cuerpos marciales y policas mexicanos en academias de represin estadounidenses [81] , reconocidas sobradamente por sus egresados pletricos en violaciones a los derechos humanos en Latinoamrica [82] . Mxico haba tenido una participacin menguada en el envo de sus soldados y policas a entrenamiento a EE.UU., pero a partir de 1996 el nmero de egresados mexicanos crece de manera sistemtica [83] . A medida que aumenta el entrenamiento de militares mexicanos en EE.UU., se hace ms ostensible la presencia de estos en la vida de la nacin; una experiencia nada saludable si tenemos en cuenta la historia de estos cuerpos armados en la regin.

En otras palabras, militares y policas pasan a ser dependientes de los planes y programas pentagonales, como no lo haban sido antes en su historia [84] . Evidentemente la soberana nacional resulta suspendida con estas decisiones de los gobernantes mexicanos por muchos saludos a la bandera que estos realicen con la mano en el pecho.

Es indispensable resaltar como uno de los grupos de sicariato ms destacados por su crueldad es justamente conformado, al menos inicialmente, por egresados de las escuelas militares y del espionaje gringas: los Zetas. Practican todo tipo de actos criminales con una precisin y ensaamiento de expertos, siendo originariamente reclutados por el cartel de Tamaulipas. Este tipo de matriz de accin de corte netamente paramilitar se expande rpidamente por todo Mxico, a manera de una franquicia.

La sospecha de que los traficantes ilegales tengan apoyo en los ms altos funcionarios del gobierno federal y los estadales se convierte en una realidad sentida ya en el gobierno de Felipe Caldern [85] . Empero, la guerra no es contra los funcionarios corruptos.

Con el poder econmico la corrupcin llega a los estamentos ms altos. Estn involucrados policas, militares, espionaje, banqueros, importadores, miembros del gobierno a nivel local y nacional. La familia Salinas a la cual pertenece Carlos Salinas De Gortari se le relaciona con negocios de trfico de psicoactivos ilegales, con gran escndalo [86] . Parece ser que el ordenamiento general del pas estuviera sometido a los grupos de traficantes. La sensacin de es indefensin por parte de la sociedad en general viene de tiempo atrs.

A la par de toda esta estructura de corrupcin y de crimen, la CIA tiene en Mxico el complejo ms grande de Amrica Latina. Se conducen operaciones de droga en Mxico con expresa autorizacin del gobierno de los EE.UU. [87] . En ejercicio de unas circunstancias que llegan a ser comunes en el presente, las decisiones sobre el tema de narcticos alcanzan a ser de plena competencia de las autoridades gringas. Son estas quienes definen la peligrosidad de los traficantes por medio de la DEA.

Las persecuciones a estos emigrantes procedentes del sur son explicadas a los ciudadanos estadounidenses como una forma concluyente de evitar el aprovechamiento de parte de aquellos de los beneficios sociales ofrecidos al norte del Ro Bravo, lo cual despoja a los ciudadanos estadounidenses con derechos a tales servicios.

Empero, Un estudio realizado en 1994 por el Think Thank conservador de Rand Corporation, encontr que los impuestos anuales pagados por los inmigrantes sumaban un total de 25 y 30 mil millones de dlares ms que los costos de los servicios que reciban. [88] . Por consiguiente, es muy discutible que la emigracin forzosa hacia los EE.UU. a causa de las condiciones sociales impuestas en las relaciones econmicas presentes tiempo atrs y agravadas con el tratado en mencin, se produzca en detrimento de la poblacin estadounidense.

Carteles al norte

De su parte del trfico ilegal en los Estados Unidos es servido por redes de comerciantes, que son vistos por sus autoridades como un asunto circunscrito a minoras tnicas. Las redes del trfico ilegal de drogas tienen un alto contenido tnico, de acuerdo al dicho de Barry McCffrey; es decir Latinoamericanos, jamaiquinos, japoneses, chinos, etc., son los a perseguir [89] . A contrario de estas opiniones, se sabe por otras fuentes que los capos de los crteles en EE.UU. son en un 30% de esta nacionalidad y por otras ms razones inexplicables no estn en la crcel [90] . Existen mafias de ciudadanos caucsicos de los EE.UU., como se revela en el caso de agosto de 1999 en el aeropuerto de Miami donde son arrestados por la DEA 38 empleados aeroportuarios oficiales de inmigracin y un comisario [91] . Investigaciones acerca de los niveles altos del mercado de la cocana en EE.UU., han arrojado datos de que la mayora de quienes se dedican a estas actividades son nativos y organizados en redes con mnima especializacin y rara utilizacin de la violencia [92] . Caractersticas que deben ser de pleno conocimiento de las agencias de seguridad imperiales.

Algunos estiman que a pesar de todas las aparatosas agencias de espionaje aduanas etc., En Estados Unidos la corrupcin es mayor pero organizada. EE.UU. convive con crteles ms poderosos que los mexicanos. Los nuestros son una caricatura, las ganancias millonarias estn en el norte, el sur recibe las migajas. [93]

La falta de respuesta ante la citada delincuencia, nos conduce a las repetidas denuncias intermitentemente expuestas a la luz pblica, sobre actividades de financiamiento del trfico de psicoactivos ilegales, por parte de entes del espionaje como la CIA, tanto en Afganistn como en Amrica Latina [94] . Empero esto nos traslada a su vez a aspectos del trfico ilegal relacionados con la organizacin global del trfico prohibido en el mundo entero, lo cual rebasa con mucho los propsitos del presente ensayo.

El Desastre

Difcilmente el paisaje puede ser ms desolador para los mexicanos. Un problema para ser abordado bajo los actuales parmetros (ya de por si cuestionables) a travs de medidas de polica eficiente y tratamiento mdico, es llevado a agudizar todos los restantes facilitando la devastacin del pas, a la vez, sacando a la luz abyectas injusticias y la institucionalizacin de las mismas:

Las instituciones estn en putrefaccin, Mxico no tiene instituciones democrticas, algunos elementos del Estado trabajan en complicidad con el crimen organizado, vemos un uso del Estado para privilegios y prebendas, por eso lanzar una guerra con estas caractersticas es poner en estado de indefensin a la ciudadana, 40.000 asesinados y 10.000 desaparecidos hablan del Estado fallido, los muertos y el horror de la guerra los estamos pagando los ciudadanos. No queramos al ejrcito en las calles, fue un error tratar a la droga como un asunto de criminalidad nacional, cuando es un problema de salud pblica, tenemos que buscar la frmula para que el Ejrcito regrese a sus cuarteles gradualmente. Por otra parte, el hecho de que existan tantos criminales se debe a que el Estado fall, porque no nacieron criminales y el otro grave problema son las vctimas inocentes y asesinadas con total impunidad, tenemos que visibilizar la realidad, por ejemplo, en el asesinato de mi hijo Juanelo haba policas involucrados, por supuesto queremos parar esta guerra, no podemos vivir as. [95]

El Control social violento en Mxico: los paramilitares.

El paramilitarismo dentro de la guerra de baja intensidad se posiciona como forma de manejar con calculado terror a extensos grupos de insurrectos. Tiene como orgenes el control social violento por parte metrpolis europeas sobre pueblos colonizados al cual se le fueron agregando las prcticas del nazismo alemn en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial [96] . Sin embargo, frente a las dos ltimas dcadas ya haba antecedentes de esta clase de manejo de las poblaciones en Mxico con la aparicin de grupos paramilitares como los Halcones, las Brigadas Blancas de terratenientes [97] , o del tipo destacamento con el tristemente clebre Batalln Olimpia (una variedad de operacin paramilitar caracterizada por la accin violenta de militares en indumentaria civil) desde los aos cincuenta. Las consecuencias de estos aviesos procederes permiten que hacia la ocurrencia de la masacre de Tlatelolco (2 de octubre de 1968), ya en Mxico se hubieran registrado varios desaparecidos [98] .

Ello se relaciona con la existencia de una profusa historia de guerrillas mexicanas, concretamente la de los ltimos sesenta aos del siglo XX [99] . Con una tradicin como esta de lucha insurgente es correlativa la creacin de todo tipo de contrainsurgencias; las iniciativas insurgentes no son pocas en las ltimas dos dcadas.

Adems del reconocido Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN), se sabe de la existencia de las Fuerzas de Liberacin Nacional (FLN), o el Ejrcito Popular Revolucionario (EPR); de este ltimo se presenta una escisin llamada Ejrcito Revolucionario del Pueblo Independiente ( ERPI). Tambin aparece el Comando Justiciero de Liberacin Nacional 28 de junio (CJLN 28 de junio), el Comit Clandestino Revolucionario de los Pobres (CCRP). Para el ao 2000 se forman las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Ejrcito Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP); estos dos ltimos forman la Coordinadora Revolucionaria Jos Ma. Morelos y Pavn. Otro ms es la Tendencia Democrtica Revolucionaria (TDR). Despus del ao 2004 surgen otras organizaciones vinculadas con el EPR: el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M) y el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP). Un extenso paisaje insurgente en procura de verificacin.

Con el levantamiento zapatista de enero de 1994 los militares aplican estrictamente planes de control poblacional luego de obviamente haber pasado por la instruccin deshumanizadora de los cuarteles de EE.UU. El oficial Mario Renn Trujillo, quien ejecuta el procedimiento contrainsurgente en Chiapas, es graduado en Fort Bragg Carolina del Norte.

Otro de estos egresados de la Escuela de la Amricas (SOA) es muy directo acerca de sus apreciaciones de la inconformidad surgida en Chiapas, visible desde enero de 1994:

El Vaticano es la causa indirecta del conflicto en Chiapas con su rama infectada de la Teologa de la Liberacin. [100]

En otras palabras, para los militares la insurreccin no es motivada por las precarias condiciones de vida de la poblacin del estado ms pobre de Mxico, sino por el clero catlico sublevador del pueblo.

Otro militar con esa formacin estadounidense en la Escuela de las Amricas, Juan Lpez Ortiz, comanda las tropas que en enero de 1994, durante el levantamiento zapatista cometen la masacre de Ocosingo donde los soldados atan las manos de los prisioneros en la espalda antes de dispararles en la cabeza [101] . Asesores militares gringos son vistos en Chiapas en los aos 90. La ayuda militar del gobierno de Washington se dispara con el sempiterno pretexto del combate contra el narcotrfico y se presenta una visita del comandante del ejrcito de EE.UU. a su homlogo mexicano en el mismo enero de 1994, a la vez de la ocurrencia de un aumento de agentes de la DEA y espas relacionados por la poca [102] .

Los programas de guerra antisubversiva pentagonales recomiendan la creacin de cuerpos denominados de autodefensa [103] , ms certeramente conocidos como paramilitares, los cuales son agrupaciones o destacamentos de personas no adscritas a los cuerpos militares o de polica, entrenados por estos directa o indirectamente en el uso de armas, tcticas de guerra y torturas, preferentemente reclutados dentro de las mismas comunidades a ser vigiladas o atacadas (aunque puede ser militares con prendas civiles o una mistura de los mismos), actuando siempre bajo el mando militar de la zona. Aplican una tctica de supremaca sobre aquellos a quienes acometen basada en la combinacin de poder de fuego y terror; sus armas (aportadas primordialmente por las fuerzas armadas), la desposesin de estas en las vctimas y el respaldo de cuerpos armados militares o de polica son los elementos de lo primero, y la aplicacin sistemtica de fuerza brutal y/o actos de extrema crueldad son los pilares de lo segundo [104] .

Para enfrentar al EZLN en Chiapas, se produce un proceso que ha empezado a ser aplicado en otros estados y que se le ha denominado de colombianizacin, por su semejanza con lo que ocurre en aquella esquina suramericana: sacar el pez del agua. Es decir quitarle el apoyo popular a los insurgentes o movimientos sociales inconformes. Para ello la guerra psicolgica, el espionaje, la accin cvica, creando el clima propicio para organizar grupos paramilitares generadores de terror, los cuales para aquel estado son de extraccin indgena, como los llamados Justicia y Paz, Los Chinchulines, Mscara Roja, Petules, ORCAO, etc., es decir escuadrones de la muerte [105] que pretenden ser parte de enfrentamientos entre miembros de las mismas comunidades.

Chiapas es entonces escenario de una Guerra de Baja Intensidad (GBI), con todas las violaciones a los derechos humanos que esto conlleva. Esta clase de guerra recordemos no persigue nicamente la victoria militar sino tambin la destruccin poltica y moral de los habitantes tenidos como objetivo. En este contexto, la autonoma de los pueblos indgenas de Mxico y el respeto a sus sociedades y su cultura son una quimera a pesar de todas las promesas del gobierno federal; lo propio puede generalizarse para el conjunto del pueblo mexicano.

El presidente de entonces Ernesto Zedillo Ponce De Len (1994-2000), ataca al EZLN en febrero de 1995 empleando una gran violencia por supuesto no vista en los EE.UU [106] . Los militares dentro de su GBI usan los consabidos mtodos incluyendo la utilizacin de unidades terroristas paramilitares. El mismo EZLN a travs de su vocero el subcomandante Marcos pide expresamente el desarmar a estos destacamentos [107] . Sin embargo, el asunto no es restringido a Chiapas, y los golpes de la guerra irregular se presentan en otros estados como se manifiesta en la masacre de Ayutla de los Libres en Guerrero perpetrada directamente por el ejrcito en junio de 1998. [108]

Para la represin generalizada de comunidades potencialmente inconformes es utilizada una justificacin ya vista en otros pases de Latinoamrica. En abril de 1996 el ejrcito mexicano descubre depsitos de drogas ilegales en zonas de control de los zapatistas; a continuacin ocurre una ofensiva militar para buscar enervantes. El EZLN advierte que se trata de una ofensiva del gobierno contra su movimiento, a lo cual el jefe militar Mario Renn Castillo niega la acusacin afirmando que se trata de la persecucin de un supuesto cartel del suroeste de psicoactivos ilegales el cual operara en Chiapas, Campeche y Tabasco. Los paramilitares identificados como Chinchulines y Paz y Justicia empiezan a asolar el norte de Chiapas ocasionando unos seiscientos campesinos muertos [109] . Es notorio que aquello de la persecucin de traficantes de carteles de drogas en aquella regin es un mero pretexto para la actuacin contrainsurgente.

Con esta clase de tcticas antisubversivas pentagonales se pretende controlar a la poblacin de Chiapas creando un ambiente que haga aceptable aspectos ya notorios de la GBI a nivel nacional y a la vez cortar el apoyo de la poblacin local y en general de la mexicana al EZLN [110] . Pero esta guerra por su carcter contrainsurgente no es nicamente contra los indgenas zapatistas, persigue tambin, como ya hemos mencionado, a la iglesia catlica de los pobres, a los radicales dentro del PRD, a las organizaciones populares fuera del control estatal, y en ltima instancia contra el llamado narcotrfico [111] . Estos coincidencialmente son rebeldes o adoptan posturas de rechazo frente a los planes econmicos y polticos de dominacin y sus consecuencias ya vigentes del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) y otras medidas de los gobiernos federales y estatales.

Las privatizaciones y en concreto la varias veces intentada de PEMEX como mximo botn por sustraer van acompaadas de las enunciadas tcticas antiinsurgentes estructuradas a la sombra amplia de la Iniciativa Mrida [112] . La militarizacin y la paramilitarizacin acompaante es la base represiva garantizarte de la contencin abierta o disimulada, judicial o extrajudicial de cualquier oposicin efectiva.

Ya los entrenamientos recibidos por el ejrcito mexicano apenas se ocupan de la represin del trfico ilcito y sus consecuencias, son evidentes en que se tenga como base de los mismos la contrainsurgencia, el ubicar como enemigo al cual combatir a la poblacin; no puede considerarse coincidencia que los instructores gringos sean seleccionados por su experiencia en naciones ocupadas militarmente por EE.UU. como Afganistn e Irak [113] .

Hacia el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) la paramilitarizacin del control social en Mxico adquiere otras formas ms extendidas y capacitadas. Se presenta el fenmeno de la desercin (es decir el abandono ilegal de las funciones encomendadas) de unos cien mil miembros de las fuerzas armadas y la cooptacin de muchos de estos por los traficantes, los cuales son denominados narcomilitares; lo cual significa simple y llanamente una expansin rpida y geomtrica del paramilitarismo en todo el pas, an pesar del endurecimiento de las penas para este tipo de delito [114] . Es decir, exmilitares con entrenamiento pasa a ser elementos de los carteles de traficantes a los cuales aportan sus conocimientos blicos y en ocasiones armamento.

Tambin paramilitares son utilizados en ambientes urbanos durante momentos de insurreccin popular, para exculpar la violacin de derechos humanos de cuerpos oficiales, como lo sucede en Oaxaca en el 2006, con escuadrones de la muerte a lo suramericano articulados a la estructura administrativa de la organizacin estatal, criminalizando al inocente e invistiendo de impunidad a los criminales [115] , en una actuacin modelo para futuras represiones con el fin de golpear el movimiento popular. En Oaxaca el ejrcito amedrenta, catea y detiene gente, realiza operativos diciendo que eran contra el narco militarizando estos procederes [116] . Es indispensable resaltar nuevamente que la impunidad por los abusos militares en este caso y los restantes en otros estados es del ciento por ciento [117] .

Por estos tiempos ya es muy visible la presencia de grupos paramilitares, es decir de destacamentos de civiles armados, a semejanza de lo ocurrido en lugares de Amrica Latina donde se ha instaurado el control social violento de tal forma, como El Salvador o Colombia, como una poltica generalizada destinada a liberar el estado de responder por crmenes de lesa humanidad permitiendo a la vez un atemorizamiento de la poblacin ms directo [118] .

Se hace notorio el accionar de estos contingentes en varias modalidades como el mero sicariato, las guardias blancas de finqueros, los grupos extrados desde las mismas comunidades por aterrorizar [119] , lo cual guarda directa relacin con el tipo de poblacin por reprimir; en poblados indgenas por cuestiones de imagen internacional, para evitar cuestionamientos de tipo racista y una fcil deteccin se emplean preferentemente gentes de la etnia correspondiente. Si el control violento debe practicarse en zonas de mayor diversidad tnica es ms factible el empleo de personas de fuera de la comarca, los cuales pueden figurar como parte de las muchas criminalidades existentes [120] . Todo esto es ajustado a los modelos incluidos en los manuales contrainsurgentes, nada en estos aspectos se deja al azar.

De cualquier manera tienen, como ocurren todos los lugares del mundo donde se ha instaurado estos contingentes paramilitares, un vnculo con el gobierno y sus autoridades, en Mxico lo es con la Seccin Segunda del Estado Mayor, el espionaje militar; es decir en el terreno de los hechos configuran aquellos como una extensin no oficial y ocultable de las fuerzas armadas [121] . Aunque en otras naciones como la vecina Guatemala, este tipo de cuerpos de control social son semioficiales.

Ms recientemente el ejrcito mexicano ha empleado la tctica de utilizar contingentes paramilitares hacindose pasar por miembros del EZLN, en ejecucin de otras experiencias contrainsurgentes coloniales, que buscan generar confusin y descredito del movimiento insurgente. Esta insurgencia paralela sin embargo, actuar en contra de las comunidades originarias obligndolas a desplazarse [122] , de acuerdo a programas gubernamentales en concordancia con intereses econmicos frecuentemente forneos.

Lo que inicialmente es instituido por los planes pentagonales como recurso sencillo ante la falta de recursos en empobrecidos pases clientes, destinado al dominio de regiones enteras en aquellos, a partir de los aos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo se convierte en una estrategia compleja con diversas tcticas adaptadas a cada entorno de aplicacin.

La escalada de la guerra tericamente dirigida contra el narco en nada trae de tranquilidad y sosiego a los mexicanos en general; lo que se pretende combatir penetra an ms profundamente que antes las estructuras del poder generando mayores calamidades que las que se pretende solucionar. Los insurrectos lanzan una acusacin: Gobierno y crimen son actualmente sinnimos y equivalentes. [123] Del lado internacional se manifiesta algo similar: Segn lo seala el diagnstico elaborado por los expertos para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la creciente intervencin del ejrcito en la lucha contra el narcotrfico, se ha traducido en violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos [124] .

La conmocin y el pavor se hacen presentes.

Acteal

Un caso paradigmtico de los procederes y objetivos mencionados por parte de las prcticas paramilitares del ejrcito mexicano, lo constituye la matanza de Acteal en Chenalh Chiapas el 22 de diciembre de 1997, perpetrada por grupos de esta clase, entrenados y bajo la cobertura de militares, lo cual ha sido confirmado por documentos desclasificados la agencia de espionaje del gobierno de los EE.UU., Agencia de Inteligencia de la Defensa (por sus siglas en ingls DIA) [125] , contradiciendo en todo la falaz versin oficial del gobierno de Ernesto Zedillo y el Procurador General de la Nacin por entonces Jorge Madrazo Cuellar.

Un grupo numeroso de indgenas es atacado mientras se encuentra reunido en una celebracin religiosa, durante un lapso de ms de seis horas sin que autoridad alguna interviniera, a pesar que a doscientos metros se encontraban varias decenas de policas de Seguridad Pblica del estado de Chiapas y militares hacan lo propio en las cercanas:

" Los paramilitares iban con un pauelo en la cara y traje oscuro, tirando balazos; la gente gritaba y lloraba; yo vi caer herida a mi madrina. A m me ayud a escapar mi hermano Alonso [126] .

tengo mucha pena porque mataron a mi esposa que se llama Juana Prez y tena 7 meses de embarazo. Junto con mi esposa abrazaba a mi hijito de 2 aos de edad llamado Juan Carlos Lupa Prez y que tambin qued muertos con todos Nosotros estbamos en oracin haciendo ayuno para pedir la paz, cuando como a las once de la maana empezaron la disparazn y todos salimos a escondernos Sabemos bien que son los priistas [127] .

Cuarenta y cinco miembros de la comunidad tzotzil llamada Las Abejas, la mayora mujeres y nios son muertos en el cruel episodio.

Con el tiempo y luego de la revelacin de diversos documentos y declaraciones, un obispo catlico acusa directamente al presidente Zedillo esperando poder verle sometido a juicio por su responsabilidad en la matanza [128] .

Es develado pblicamente que los destacamentos paramilitares son armados y entrenados por el ejrcito mismo, buscando generar divisiones dentro de los indgenas mismos explicatorios de crmenes como el de Acteal, y a la vez justificatorios de la presencia concentrada de tropas en la regin [129] , con el argumento engaoso de ser neutrales en el supuesto enfrentamiento interno de Chiapatecos. Se pretende la existencia de un conflicto religioso cruento entre los Zapatistas catlicos y otras comunidades de credo protestante, algo no presenciado en el hemisferio occidental en mucho tiempo; y si esto es descartado, e disputas por tierras o derechos de aguas pueden ser la coartada; asistimos a la ejecucin de una tpica tctica contrainsurgente.

La violencia paramilitar ambiciona denodadamente eliminar los espacios polticos en un escenario de caos beneficiante de los grupos dominantes, posibilitando el involucramiento directo del Pentgono [130] . El desplazamiento y su consecuencial afectacin de la vida comunal son especiales objetivos del referido terror. Los pueblos originarios sin sus tierras son presa fcil de la aculturizacin perdiendo su capacidad de resistencia al despojo.

Comportamientos represivos despiadados como el narrado deben ser encubiertos a toda costa y desde el ms encumbrado de los poderes, an a costa de los hechos. De tal forma y a pesar de las evidencias expuestas por las vctimas sobrevivientes de tales crmenes el presidente Ernesto Zedillo afirma que el EZLN es el mayor grupo paramilitar de Chiapas [131] , en una expresin que pretende directamente confundir los hechos y los personajes.

Luego de la masacre de Acteal, Zedillo ordena un mayor cerco a los zapatistas en procura de sus lderes; la matanza es a la vez aleccionadora y propiciante de la militarizacin antiinsurgente. Acteal es una advertencia, e igualmente un punto extremo de acciones militares favorecedora de desplazamientos humanos forzados que tratan de aislar a los zapatistas de sus comunidades de base.

La Tropa en la esquina y los Tratados.

La militarizacin de la sociedad mexicana en el contexto de la mencionada guerra, implica la salida a las calles de cuerpos armados destinados a enfrentar oponentes armados con un potencial mortfero similar, y a ocupar territorios predominantemente urbanos a cuyos habitantes se les tiene como hostles o convivientes con individuos estimados de esa forma.

Retenes y patrullajes militares empleados como tctica de ejercer el dominio de las ciudades no parecen ser una forma efectiva de disminuir el trfico ilegal como se ha visto, pero si son muy efectivos para controlar e intimidar a la poblacin a vigilar.

Los tiroteos y las subsecuentes muertes individuales por sicariato o masacres en nada han sido menguados y no pocos testigos en los lugares donde han sido implantados destacamentos de tropas, acusan a los militares de propiciarlas y de otras violaciones graves a los derechos humanos y violaciones sexuales, etc., delitos que por la legislacin mexicana resultan de competencia de la justicia militar, la cual ha tendido a tratar con impunidad dichos casos [132] . Lo anterior ha sido modificado recientemente por un fallo de la Corte de Justicia de la Nacin (CJDH) de julio pasado acogiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de una desaparicin perpetrada por el ejrcito en 1974. No obstante los alcances reales de tal dictamen judicial estn por verse.

Los planes Puebla Panam (hoy Mesoamrica) tericamente para impulsar el desarrollo y acabar con la pobreza, y la Iniciativa Mrida (para el pblico estadounidense se denomina Cooperacin en Seguridad con Mxico y Amrica Central), en la prctica de cooperacin para la represin, cumplen la funcin de mtodos operativos del dominio estadounidense en todo Mxico y Centroamrica, con su contenido abiertamente desarrollista dejando de lado las necesidades vitales de las poblaciones y ms bien constituyen un apoyo a las actividades extractivas del capital transnacional [133] . Al fin y al cabo el Plan Puebla Panam (PPP) desde un principio fue avizorado como una tctica de estrangulamiento de la agricultura mexicana, y con ello en ltimas de reducir drsticamente a la poblacin campesina.

Esto trae necesariamente la reaccin de las clases sociales ms perjudicadas por mltiples medios y es cuando las formas de protesta y actuacin eficaz contra su mayor pauperizacin encuentran la presencia ms visible de la militarizacin manifestada en las tropas desplegadas en cualquier esquina importante de las ciudades y en el correlativo espionaje pretextado de ser dirigido al narco.

Era previsible para la burocracia imperial que se adoptaran posturas de resistencia en la poblacin relegada; luego de la entrada en vigencia del NAFTA la agitacin laboral aumenta significativamente [134] . El aludido tratado coloca al pas en manos de la economa gringa, en detrimento de los campesinos con estrategia del dumping de los inmensos subsidios a los productos estadounidenses. Y cmo prevenir los levantamientos populares ante tan funestas medidas adoptadas en contra de los intereses de la mayora? La militarizacin de la sociedad expresada ostentosamente con la llegada de soldados en sus tanques con el armamento cargado y listo para ser disparado a la calles de todo Mxico, es una buena respuesta al interrogante.

En el aspecto geopoltico el PPP o Mesoamrica, correlativo la NAFTA, ha resultado en la realidad en una prolongacin de la frontera gringa hacia el sur del Ro Bravo hasta el canal de Panam [135] , Repblica Dominicana, para unirse con la agobiada Colombia y su Plan homnimo, nacin desde hace una centuria bajo una notable dependencia hasta llegar a una etapa de plena dominacin del gobierno de Washington por estos tiempos. Sus caractersticas de desarrollo en infraestructura vial y telecomunicaciones dejan al descubierto su intencin de afianzamiento de la organizacin econmica y poltica neoliberal.

La coincidencia notable es el surgimiento de un trfico de psicoactivos y delincuencia organizada preocupante para el gobierno de Washington en esta misma zona, causante de la acostumbrada respuesta militar del envi de algunos destacamentos de tropas a pases como Costa Rica, justamente la nacin sin ejrcito de toda la regin.

Extender una frontera implica el desplegar fuerzas militares y dominar un territorio cuya poblacin no estar de acuerdo con esto oponindose con sus medios a disposicin; bajo las actuales circunstancias no es posible utilizar contingentes militares en otros pases sin el rechazo del pueblo estadounidense ya incmodo por dos guerras a su haber. Hacer que las tropas de la nacin ocupada subrepticiamente realicen esta labor de control es el gran logro de los estrategas del Pentgono y dems agencias afines, obtenido mediante un presupuesto casi ilimitado y diversas formas de coaccin.

La militarizacin de las calles mexicanas posee todas las caractersticas de suceder como una accin favorecedora de la prevencin del malestar popular creciente, resultado de polticas de extraccin de las riquezas en favor de capitalistas forneos o nativos. Esta aparicin de soldados en urbes se va teniendo como formula extensible para ser utilizada en toda la zona del Plan Mesoamrica, tomando el modelo mexicano.

Polticas y polticos

Para el gobierno de EE.UU. el problema del trfico ilegal es exclusivamente mexicano aunque se reconozca que buena parte del proceso del mismo ocurra del lado de la frontera norte:

Necesito dejar muy claro que el comando de control est en Mxico y no en Estados Unidos. Tenemos cientos de ciudades en Estados Unidos donde estos grupos estn operando, pero la fuente principal de la droga proviene de los crteles aqu, en Mxico, y ellos controlan las rutas de trfico y trasiego, y luego tienen sus conexiones en muchas ciudades estadunidenses. Estn trabajando bsicamente con pandillas o con grupos, para poder transportar la droga a los puntos de venta, pero, reitero, el control sigue en manos de los crteles . [136]

Las advertencias de las autoridades gringas a su congreso sobre la magnitud del `problema mexicano no son tmidas: mencionan que 150 mil personas estn involucradas directamente con el negocio del trfico ilegal, y 300 mil al cultivo de mariguana y opio, que las ganancias en el 2007 fueron de entre 13 y 25 mil millones de dlares, y se declara expresamente que el gobierno de Los Pinos no puede controlar la totalidad del territorio mexicano; se declara premeditadamente que la violencia de Mxico pone en riesgo las naciones de la regin. [137] . Tcitamente se declara el pnico.

De su parte las domesticadas autoridades mexicanas haciendo de segunda voz, no dan parte de tranquilidad en su territorio de jurisdiccin lo cual es su deber hasta moral, y no obstante lo nico que ofrecen como soporte de su trabajo es una catarata de estadsticas anodinas de incautaciones de armas o bienes muebles, de capturas o abatimiento de enemigos pblicos de tiempo en tiempo, que en nada reflejan la situacin social y de bienestar de los gobernados [138] . Respecto al control del flujo de capitales incautados por lavado nada se puede informar, pues muy poco se hace en este fundamental aspecto.

La situacin se enturbia ms an, cuando existen acusaciones veladas y rumores insistentes de proteccin del gobierno federal, concretamente la Secretara de Salud Pblica, al cartel de Sinaloa en la conformacin de lo que se ha llamado tanto en Mxico y en Colombia narcopoltica [139] . Es decir la financiacin y apoyo general de traficantes ilegales a polticos en las campaas electorales, para que estos una vez en los cargos pblicos favorezcan los intereses de los primeros. El caracterstico trato del crimen organizado del que hemos hablado.

En el mismo sentido y con no menor gravedad, las acusaciones contra un funcionario como Genaro Garca Luna, Secretario de Salud Pblica, cabeza visible de la lucha contra el narco(por cierto condecorado por el actual gobierno colombiano), son formuladas pblicamente con circunstancias de tiempo modo y lugar [140] y la inoperancia de los entes investigadores es tan sospechosa que describe una vez ms la descomposicin estructural del gobierno actual; en el pas se hacen muchas denuncias del mismo tenor pero en los hechos nada ocurre en materia de investigaciones y qu decir de sentencias de culpabilidad.

A la sazn se puede relatar la existencia de amenazas en el mencionado estado de Sinaloa y en Chihuahua a funcionarios pblicos civiles y militares, dentro de las cuales no se les endilga el cumplimiento de su deber sino el parcializarse por un grupo rival a cambio de sobornos; las organizaciones de traficantes declaran que no pagan para que les peguen [141] . As las amenazas resultan ser una parte de un pacto de soborno y no un episodio de guerra o algo que se le asemeje.

Los traficantes en Mxico, por el momento, no intentan sustituir a los polticos profesionales, y as mismo los procesos judiciales de esta guerra persiguen a traficantes y funcionarios corrompidos de bajo nivel, ms no a jueces, banqueros, empresarios o polticos implicados con estos delitos [142] . Dentro de estas premisas tendra algn sentido cambiar a polticos que cumplen tan bien sus deberes de afincar la impunidad de los traficantes ilegales y dems asociados?

El modelo a seguir. Colombia: La combinacin de las guerras.

La guerra inveterada en el nombrado pas suramericano tiene su gnesis en las circunstancias que dieron lugar a la fundacin de pequeos grupos de campesinos armados pero extremadamente aislados (1964), que con el tiempo permitieron la configuracin del grupo insurgente Farc tal y como se le conoce en el presente.

Dicha guerra es inscrita por los gobiernos de Washington y Bogot dentro la guerra fra, es decir la confrontacin Este-Oeste, la lucha contra el comunismo; por supuesto esto no era lo sentido por los campesinos empobrecidos en las regiones apartadas de Colombia, los cuales fueron perseguidos sistemticamente desde entonces sin constituir amenaza alguna para el estado.

Desde esta poca data la orientacin del ejrcito colombiano en el manejo de lo que all es denominado orden pblico; es decir su actuacin como polica vigilante de la poblacin, por fuera de las funciones normales de un cuerpo armado castrense. Ello obviamente enmarcado dentro de las doctrinas de la Seguridad Nacional pentagonales impuestas a la manera de dogma para la Amrica Latina.

A su vez, a partir de los aos setenta centra EE.UU. su injerencia en este pas en la lucha contra las drogas ilcitas, al menos pblicamente ante los contribuyentes estadounidenses. Por esta poca ocurren las iniciales persecuciones contra traficantes de marihuana en la costa norte colombiana, efectuadas en un pas bajo el permanente Estado de Sitio permisivo de todos los abusos contra los derechos humanos imaginables por aquella poca.

Una parte del estamento militar no ve con buenos ojos la inmersin de destacamentos en la persecucin de las drogas prohibidas pues lo tiene como un factor desmoralizador y de corrupcin [143] . Inicialmente se emplea el ejrcito en la persecucin de los embarques de marihuana que se dirigan a los EE.UU. a travs del Caribe en el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), pero an no se habla de algo as como una lucha contra las drogas.

Ms adelante como un fenmeno inexplicable, aparecen sin obstculo alguno los traficantes de cocana, inicialmente trada su materia prima de Per y Bolivia. Las agencias gringas de acoso de los traficantes ya son notables en Colombia a mediados de los aos setenta, sin que sus resultados sean en algo efectivos en la prohibicin del alcaloide de la coca. Como si fuera poco esta situacin el cultivo de la amapola llega a Colombia hacia 1986 y se extiende rpidamente [144] ; es un momento muy especial en el cual la guerra antiinsurgente toma un impulso no conocido antes en una nacin con un conflicto interno de ms de veinte aos de antigedad en ese momento. Los cultivos ilcitos crecen enormemente justamente en una sociedad militarizada.

Hasta finales de los aos ochenta la guerra contrainsurgente iniciada veinte aos antes, empieza a relacionrsela con el trfico de sustancias ilegales, y se le denomina lucha contra el narcotrfico; los traficantes paradjicamente van adquiriendo abiertamente una gran capacidad econmica y hasta cierto renombre social.

Esto ocurre coetneamente con el derrumbe de la Unin Sovitica; ya la lucha contra el comunismo como ideario antisubversivo es algo caduco. Sin embargo la insurgencia estimada oficialmente como dependiente de fuente ideolgicas y econmicas externas, sin estos aportes contina.

Coetneamente, en los Estado Unidos funcionarios del gobierno de Bush padre, cambian su lenguaje para referirse a los movimientos guerrilleros colombianos:

Desde su informe conjunto al congreso gringo los secretarios de Estado y de Defensa se refieren de forma explcita a los narcoinsurgentes [145] .

Lentamente en la dcada de los ochenta se van incrementado los asesinatos y las desapariciones ejecutadas por escuadrones de la muerte. El asunto se inicia trascendentalmente cuando en 1981 se crea la organizacin Muerte a Secuestradores (MAS), con apoyo demostrado de militares, como lo denuncia en su momento la Procuradura General de la Nacin [146] . Aquella sigla identifica la unin de traficantes ilegales de cocana y oficiales de las fuerzas armadas (ejrcito), y ser el nombre que tomen diversos destacamentos de paramilitares en todo el pas.

Ya para finales de la dcada las masacres son parte de la lucha contrainsurgente de manera metdica, ejecutadas por paramilitares actuando de la manera como han sido creados como colaboradores de las fuerzas militares por parte de manuales traducidos del ingls e incorporados a las doctrinas castrenses locales por egresados de la Escuela de las Amricas (SOA) [147] . En la realidad los individuos o destacamentos paramilitares fundamentalmente no combaten a los movimientos insurgentes sino a miembros de organizaciones polticas de izquierda en general y en particular la enmarcada en el proceso de paz impulsado por el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), con el principal grupo insurgente Farc, el cual ha crecido significativamente a partir de sus orgenes dos dcadas atrs; dicha tregua da origen a un partido poltico el cual es perseguido hasta su exterminio: la Unin Patritica (UP). Ya es notable en esta poca como los destacamentos paramilitares no son en absoluto perseguidos por los cuerpos armados oficiales [148] , a pesar de su actuar criminal consistente en masacres y homicidios de tipo sicarial.

A su vez, la produccin de psicoactivos en Colombia se efecta en zonas de reciente colonizacin, donde justamente se asientan desde sus inicios fuerzas insurgentes como las Farc. Por entonces se va haciendo ms acentuada una especie de contrarreforma agraria (en realidad Colombia no ha visto una reforma agraria en toda su historia), pues los traficantes van adquiriendo tierras en diferentes zonas valorizables del pas, con la pasividad absoluta de varios gobiernos.

Las operaciones contra los llamados carteles de las drogas permiten que elementos de las fuerzas especiales gringas tomen parte activa en Colombia en directas actividades dentro de su territorio con beneplcito de autoridades civiles y militares, llegndose a que sean partcipes de acciones de combate de aprehensiones de traficantes, pero tambin en actos ilegales de contrainsurgencia comandando tropas locales [149] . Por ejemplo, la destruccin en 1984 del laboratorio de produccin de cocana en el sur del pas llamado Tranquilandia, es realizada gracias a que la DEA entrega las coordenadas de su ubicacin [150] . No es difcil imaginar que lo propio se hace respecto a la persecucin de las fuerzas guerrilleras.

Hacia el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) las actuaciones de los traficantes ilegales fundamentalmente de cocana son consideradas como un problema de seguridad nacional, pues se estima que pueden desestabilizar al mismo estado. La legislacin de Estado de Sitio es utilizada como forma de darle atribuciones a las fuerzas armadas para contrarrestar las acciones atribuidas a los barones de la droga, los cuales poseen omnipresencia en todo el territorio colombiano.

Entre 1988 y 1993 los servicios de prensa de la DEA y el gobierno de EE.UU. insisten sin descanso en el hecho de que los carteles de Medelln y de Cali son responsables casi exclusivos de la introduccin de droga en EE.UU. El ministro de justicia de esta nacin en 1989, Richard Thornburgh hace pblica una lista con los doce traficantes ms buscados. Todos son colombianos. El Departamento de Estado solicita a Bogot la extradicin de 80 mafiosos colombianos. [151] Los traficantes del cartel de Medelln afirman preferir una tumba en Colombia que una crcel en EE.UU. amenazando a todo aquel que propugne por la aplicacin de tal medida; esta es la justificacin conocida de sus indiscriminados actos de terror.

El Peor momento de la guerra

La legislacin persecutoria de los traficantes se hace menos garantista de los derechos humanos no slo en este campo; se llega hasta el punto en el cual los meros informes o actas de las fuerzas armadas constituyen pruebas judiciales [152] . Esto facilita toda clase de abusos y violaciones a los derechos humanos; no muy disimuladamente se aplica la legislacin destinada a detener a los traficantes, para controlar la protesta social. La situacin de temor y confusin general permite que cualquier medida por dictatorial que parezca sea aceptada como necesaria.

Dirigentes de oposicin son el blanco preferido de asesinatos atribuidos por las autoridades a matones del cartel de Medelln o a oscuros intereses. Desde simples simpatizantes del nico partido de oposicin Unin Patritica hasta su candidato a las siguientes elecciones resultan muertos bajo esta modalidad criminal. Es difcil no atribuir estos atentados a un cuidadoso plan de exterminio.

Con el asesinato del candidato ms opcionado a la presidencia el liberal Luis Carlos Galn Sarmiento en agosto de 1989, se llega al clmax del ataque de los traficantes a la estructura gubernamental colombiana, pues previamente ya haban asesinado a un ministro de estado, un procurador general, mandos policiales, y otros funcionarios; la rama judicial es atacada con homicidios sicariales de jueces y magistrados ante los cuales se surten causas penales o decisiones afectantes de los intereses de los en ese momento muy notorios carteles. A pesar de que estos homicidios pueden interpretarse como ofensivos a los polticos en general, los traficantes ya tienen contactos y alianzas con reconocidos miembros de los partidos tradicionales Liberal y Conservador.

Estos jefes del trfico ilegal son catalogados oficialmente como un peligro estratgico a la seguridad nacional por el gobierno de Barco Vargas. Se declara expresamente la Guerra Contra las Drogas, no tanto a la comercializacin en s de las sustancias ilcitas, como a aquellos dueos del mercado de las mismas.

Tanto el presupuesto de funcionamiento como el pi de fuerza de las FFAA es aumentado [153] para tales efectos. La participacin de los militares de ejrcito, armada y aviacin va en aumento y con esto se involucran con las mafias o en general con sectores al margen de la ley constituyndose en una serie amenaza contra el estado de derecho, y con esto, para con sus ciudadanos [154] .

Estos aos (1989-1990) resultan ser especialmente violentos, con unos 30 mil fallecidos por armas o explosiones, dentro de los cuales sobresalen tres candidatos a la presidencia de la repblica para el periodo 1990-1994. No obstante, para la Casa Blanca la democracia en Colombia sigue siendo admirable, pues ningn cuestionamiento de importancia merece tan anmalo funcionamiento de la sociedad en esa nacin.

La mayora de los actos criminales de gran resonancia son adjudicados a miembros de los carteles de traficantes ilegales, especialmente al de la ciudad de Medelln. Masacres aparentemente inexplicables son comunes y sin embargo no guardan ningn patrn con los objetivos de quienes manejan las drogas ilegales:

Los escuadrones de la muerte, amparados por la oscuridad de la noche, incursionan en los empinados barrios populares, y despus de una rpida inspeccin toman como rehenes a jvenes a quienes fusilan posteriormente. [155] .

La bsqueda de consternacin y pavor se hacen evidentes con la matanza de diez y nueve muchachos en Medelln:

un grupo de 24 hombres irrumpi en el lugar haban llegado en seis camperos. Preguntaron por Caimn. El barman contest que no conoca a nadie con ese nombre Las mujeres a un lado, grit quien pareca ser el jefe de la banda en presencia de las jovencitas, los hombres fueron disparando a quemarropa. Uno a uno, los jvenes fueron cayendo asesinados Fue tanta la sangre fra con la que actuaron los encapuchados, que no abandonaron el lugar precipitadamente Las jvenes sobrevivientes, que casi no podan controlarse ante el horror de lo que haban presenciado, salieron corriendo y gritando. Algunas de ellas, minutos ms tarde, se encontraron con una patrulla del Cuerpo lite (polica) que recorra la zona [156]

Una violencia paralizante se instala firmemente en el pas. Se producen por lo menos unos veinte ataques con bomba con gran saldo de muertos y heridos, bajo la modalidad de carros bomba (adems de aproximadamente el doble con slo destrozos materiales), fundamentalmente en Bogot y Medelln. Son atribuidos por las autoridades a los prominentes traficantes del cartel de Medelln en procura de presionar su no extradicin a los EE.UU., o en veces a la guerra entre este y el rival cartel de Cali [157] . Los objetivos son peridicos, entidades pblicas de seguridad, centros comerciales, lugares concurridos por la clase media o inmuebles de traficantes enemigos. El ambiente de zozobra es generalizado en estas ciudades.

A pesar de la muerte violenta de varios jefes traficantes (como Gonzalo Rodrguez Gacha diciembre de 1989), el gobierno del abiertamente proestadounidense y por consiguiente neoliberal Cesar Gaviria Trujillo, estima que es imposible aplicar la justicia a los restantes traficantes dado su poder econmico y de perturbacin social, implantando lo que denomin poltica de sometimiento a la justicia.

Esta resulta en una de las mayores vergenzas en la historia colombiana, con la tragicmica fuga del principal traficante del cartel de Medelln y enemigo pblico nmero uno Pablo Escobar [158] . La guerra contra el narcotrfico se individualiza y es ms bien una cacera de cuerpos militares, policiales, y agencias de los EE.UU., contra un hombre y su grupo de guardaespaldas, que una estrategia de disminucin de la violencia y efectiva prohibicin del trfico ilegal dirigida a organizaciones delincuenciales.

Con todo y fracasos del gobierno durante el periodo mencionado, en el cual se dio inicio a la aplicacin de los postulados neoliberales, comenzando la desnacionalizacin de los bienes pblicos y la precarizacin de millones de habitantes, Gaviria Trujillo fue extremadamente fiel al gobierno de los EE.UU., hasta llegar a permitir inconstitucionalmente el asentamiento de tropas gringas en Colombia; violacin flagrante de la soberana denunciada por rganos de control como el Consejo de Estado [159] , pero fue desactivada la acusacin por los mecanismos de impunidad existentes en el intrincado laberinto legal colombiano, como ha ocurrido inveteradamente all.

La militarizacin de la guerra contra las drogas es ya un hecho. Con ello el gobierno de Washington afirma que habr ms democratizacin de los pases andinos, de acuerdo con el secretario James Baker en su Estrategia Andina Antinarcticos hacia 1991 [160] , aunque cuesta mucho pensar en un verdadero gobierno democrtico en un ambiente de terror tan acentuado como el descrito. Y mucho menos es posible pensar en ello cuando militares colombianos en retiro pasan a formar parte de uno de los dos grandes carteles de drogas que dominan esta criminalidad, muchos de los cuales son muertos dentro del enfrentamiento de los dos bandos de traficantes [161] . Los salarios ofrecidos por estos son tentadores.

A pesar de todos los tericos esfuerzos locales y del gobierno de Washington, entre 1988 y 1993, se percibe un aumento de los cultivos de coca en el sur del pas, cuando Colombia pasa de ser procesador y comercializador a ser tambin productor de materia prima. En esto estn relacionados las condiciones del mercado, tanto como las denominadas polticas antinarcticas en la regin andina [162] .

Cuando surgen como una organizacin estable los destacamentos paramilitares por estos aos, al parecer las Farc deben obtener el control de la economa ilegal en crecimiento en departamentos como Putumayo y Caquet especialmente, para evitar la toma de estos territorios por parte de aquellos [163] . Esta inmersin de movimiento Farc en una o varias fases del trfico de psicoactivos en determinados departamento es aceptada como una realidad en Colombia, aunque existen conclusiones de investigaciones independientes en las cuales se afirma el deslinde entre produccin y comercializacin de psicoactivos como la cocana y los movimientos territoriales de las Farc [164] . Cualquiera sean los hechos, se vuelven irrelevantes ante las afirmaciones mediatizadas del gobierno estadounidense sobre la existencia de narcoguerrillas. La propaganda prima sobre cualquier investigacin y raciocinio en Colombia.

En diciembre de 1993 es muerto Pablo Escobar Gaviria jefe del cartel de Medelln y enemigo pblico nmero uno del pas, en una operacin coordinada por las mltiples agencias gringas aposentadas en Colombia y especialmente en esa ciudad. Empero nadie ni en el gobierno de Bogot ni en Washington habla de un respiro o un decrecimiento de las actividades de los traficantes, sencillamente el asunto es tomado como el fin de una etapa y el comienzo de otra bajo los mismos escenarios y con otros actores. Empero, con el tiempo se pudo establecer como de estas luchas al interior de Colombia, quienes a partir de esta poca resultaron paulatinamente como nuevos protagonistas del mercado internacional de drogas ilegales fueron justamente los carteles mexicanos.

Un presidente ms rehn que otros.

La utilizacin de militares ya en este tiempo es abierta e intensa en la persecucin de traficantes ilegales, de la misma forma como se vuelve totalmente contraproducente para los objetivos planteados: Muchos de sus miembros no slo han cohonestado y participado en la expansin del trfico de drogas a pesar del volumen de recursos que ao por ao recibe la institucin tanto del presupuesto nacional como de la ayuda internacional proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos [165] .

Son los tiempos del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) presionado permanentemente por el gobierno gringo, el cual le retira su visado de entrada, y se le mantiene subjudice por el patrocinio a su campaa poltica de eleccin en 1994 por parte del denominado Cartel de Cali; el episodio podra ser una muestra la debilidad de los polticos frente a los barones de la droga. Se producen sentencias condenatorias por el delito de cercanos colaboradores de Samper Pizano, quien se salva de la destitucin, como su antecesor, gracias a los ininteligibles mecanismos constitucionales que le dan al ejecutivo un fuero por el cual slo puede ser juzgado por el congreso, el cual es dominado por una bancada proclive y ya con relaciones cercanas con los jefes del narcotrfico.

Todo ello es ampliamente favorable a los intereses imperiales los cuales con una situacin como la expuesta, logran una todava mayor intromisin de la embajada de Washington en Bogot en la vida poltica y social del pas; procedimientos colonialistas como el de la certificacin de la colaboracin en la lucha contra las drogas del Departamento de Estado cumplen sus objetivos de presin ante el debilitado gobierno de Casa de Nario. De hecho Samper es chantajeado por el gobierno de la Casa Blanca.

En 1997 es modificada la constitucin establecindose la extradicin no retroactiva de nacionales. A pesar de estas situaciones para 1999 Colombia es el primer cultivador de coca del mundo desplazando a Per y a Bolivia y las reas de cultivo de esta y de amapola se duplican [166] . La militarizacin y la paramilitarizacin el trfico de sustancias ilegales en nada se detiene y ms bien se acrecienta.

Con la persecucin del cartel de Cali directamente presionada por EE.UU. salen a relucir hechos de corrupcin como el que el 60% de la polica de esa ciudad del occidente de Colombia, est sobornada por dicha organizacin de traficantes [167] , o el descubrimiento del transporte de drogas prohibidas en barcos y aviones militares, e incluso la tentativa de esto en el mismo avin presidencial a cargo de la Fuerza Area con la responsabilidad de miembros de este cuerpo armado [168] , dentro del cual oficiales establecen una organizacin de traficantes exportadora de sustancias prohibidas a EE.UU. [169] . Los jefes del cartel, los hermanos Miguel y Gilberto Rodrguez Orejuela son capturados incruentamente despus de una prolongada cacera en 1995 y luego extraditados a los EE.UU. sin mayores contratiempos.

Del lado insurgente, la introduccin de los grupos rebeldes, esencialmente Farc en algunas fases del trfico ilegal, permite la expansin y aumento de sus frentes de combate lo cual posibilita la ofensiva de guerra de 1996-1997 contra las fuerzas armadas colombianas, las cuales sufren serios reveces durante una serie de emboscadas de los rebeldes. Simultneamente las violaciones de los derechos humanos y los destacamentos paramilitares ascienden en su actuar despiadado y se expanden, sin destacables advertencias de los dirigentes polticos ms difundidos por los medios de comunicacin.

Quien advierte grandilocuentemente es la Casa Blanca. Por estos momentos para el gobierno gringo dentro de su terminologa, Colombia asienta un estado a punto de colapsar [170] , por su incapacidad para brindar seguridad y garantizar la presencia de la fuerza pblica en todo el pas, los ndices alarmantes de impunidad, la corrupcin reinante en la clase poltica, en contubernio gubernamental con los crteles de las drogas ilegales, a ms de la existencia de un sistema poltico excluyente sustentador de la inequidad social y econmica [171] . Se debe advertir al respecto, que todas las autoridades criollas nunca se han apartado en ese momento y en los anteriores de las directrices de los funcionarios militares y civiles de EE.UU. operando estos all mismo en el territorio bajo jurisdiccin del estado catalogado como a punto de ser fallido.

Se presentan rumores de golpes de estado, ocurriendo un nuevo asesinato con mviles polticos, el de la figura de la derecha colombiana, lvaro Gmez Hurtado (noviembre de 1995); la zozobra nuevamente aumenta dentro de la poblacin, y se profundiza y prolonga una vez ms la lucha conocida en Colombia tambin como antinarcticos.

El gobierno estadounidense habla abiertamente por estos das de la incapacidad de algunas agencias colombianas para planear e implementar una estrategia antinarcticos eficaz , y se refiere expresamente al incremento de las actividades de las insurgencia y del narcoterrorismo que limitan la capacidad del estado, para mencionar por ltimo la expansin de las operaciones de los Carteles en la produccin y distribucin de herona, y la expandida corrupcin del gobierno colombiano [172] .

Al parecer an por entonces existen reticencias para la absoluta introduccin de las FFAA en la pluricitada lucha contra los psicoactivos ilegales, pues el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcotrfico Robert Gelbard afirma:

en el ministerio de defensa colombiano hay dos ramas: la polica comprometida con la lucha antidrogas y las fuerzas militares con dudas sobre el compromiso [173] .

Con una admonicin de esta naturaleza y viniendo de donde viene, las poco nacionalistas fuerzas militares colombianas toman nota urgente del asunto. Sin embargo, en esta guerra no existen propsitos concretos, logros por obtener en un tiempo determinado, ni equivalencia de los fines con los medios a disposicin, empero si generosa financiacin del capitolio en Washington.

Dilogos de paz y Programa de guerra

Con el advenimiento del presidente conservador Andrs Pastrana Arango como presidente (1998-2002), triunfan las promesas de una paz negociada que finalmente termine la guerra con la insurgencia de las Farc, y con menos importancia interna, una contencin del trfico ilegal y sus secuelas. Con la legitimidad de un referendo donde una cifra nunca antes ni despus alcanzada de colombianos votan por unas conversaciones paz con los movimientos insurgentes, se inician unos confusos dilogos al respecto con el principal movimiento insurgente Farc en el Departamento del Caquet (enero de 1999), los cuales son tmidamente apoyados por el gobierno de Washington de William Clinton.

Sin embargo, en medio de un clima de distensin y de optimismo por las negociaciones de paz, en diciembre de 1998 el Secretario de Estado William Cohen y el ministro colombiano de defensa Rodrigo Lloreda acuerdan en la capital estadounidense la creacin del primer batalln antinarcticos del ejrcito de Colombia; menos de un ao despus el batalln iniciaba las actividades para las cuales era creado, combatir los cultivos ilcitos en territorios donde la polica no llegaba y adems enfrentar a columnas de las Farc (lo cual no se deca expresamente), luego de un entrenamiento efectuado por militares gringos. El batalln se encuentra bajo estrecha supervisin del Pentgono de acuerdo a unas informaciones inusualmente sinceras entregadas por la prensa de entonces; el mando civil era inexistente en este aspecto al menos. [174]

En los prximos dos aos se constituyen dos batallones ms, costeados ntegramente por los dineros del presupuesto de los Estados Unidos, entrenados por asesores pentagonales o de compaas afines. Cuesta trabajo pensar por estos tiempos en un pas que entregue ms su soberana que Colombia. En el mismo ao esta nacin ya era el tercer pas en el mundo en ayuda militar [175] . Se presenta la aparente incoherencia de unas conversaciones de paz al sur del pas, y a la vez el gobierno de Washington prepara a Colombia para una guerra contrainsurgente a gran escala.

All arribamos a la continuidad de polticas de dominacin como la Iniciativa Regional Andina de Bush padre, vigente durante los aos noventa, denominado Plan Colombia; este conjunto de directrices neocoloniales es estimado por Ramsey Clark como el ms grande, ms amplio, profundo y directo plan de intervencin en el hemisferio, en toda la larga historia de las mismas. [176] Y no puede ser de otra forma cuando quienes hacen adecuaciones al citado plan son el mismo Barry McCaffrey y de parte del departamento de estado Thomas Pickering [177] . Para el banal presidente Pastrana Arango el documento es la delineacin de un nuevo plan Marshall para su pas.

Por cierto, el plan es una estrategia aprobada por el congreso no de Colombia sino por el de Estados Unidos (Alianza Act S1758), sin participacin alguna as fuera simulada de la poblacin de aquel pas suramericano; se busca tericamente solucionar con l los problemas de consolidacin del poder estatal, corrupcin, impunidad, capacidad de las FF.AA., polica, y del sistema judicial (incorporando formas del sistema judicial estadounidense), para garantizar la versin imperial del orden y la seguridad. Los ltimos aspectos son en realidad los que reciben los principales aportes, lo cual conlleva a que el plan necesariamente sea en un 80% de entrega de armas sofisticadas, entrenamiento militar intensivo y de espionaje de alta tecnologa. Los contribuyentes estadounidenses aportan el dinero a travs de sus congresistas, el gobierno de Washington lo entrega a compaas de armamento practicantes de cabildeo en capitolio, y las armas viajan a Colombia y se entregan a las instituciones militares y civiles encargadas de la vigilancia de la poblacin, donde los instructores militares y mercenarios de EE.UU. instruyen sobre su uso y dems aspectos relacionados pagados con dineros del mismo plan. Los muertos son estas armas son colombianos, se aplica literalmente aquello de que las drogas van al norte y las armas se dirigen al sur. Resultan favorecidos todos menos los colombianos obviamente y los ciudadanos estadounidenses en su bolsillo. Es un curioso Plan Marshall.

Es muy revelador de las relaciones de dominacin existentes que el gobierno imperial a travs de su congreso sea quien estipule cuantas tropas y mercenarios actan en Colombia como instructores [178] . Quien pone el dinero impone las condiciones.

El estado es fortalecido, pero desde el punto de vista militar y en general de contencin del malestar social. Se habla de lucha contra las drogas incluyendo abiertamente a las FF.AA. en la misma, sin una separacin de la responsabilidad de polica y militares, pues los dos cuerpos cumplen en la prctica funciones paralelas: la polica es militarizada y los militares cumplen funciones de polica. Todo debe caber en una misma bolsa.

Colombia recibe hacia el 2003-2004 unos 3.150 millones de dlares, de los cuales 2.520 son para militares y policas [179] . Luego del 11-S, en agosto de 2002, el congreso gringo otorga una autoridad ampliada para montar en Colombia una campaa unificada contra el narcotrfico y las actividades llevadas a cabo por grupos terroristas y se comparte con los cuerpos armados criollos la informacin obtenida por el espionaje.

Recodamos que de acuerdo a los enunciados oficiales se pretende fortalecer las fuerzas armadas para recuperar el control del territorio, desarticular el trfico de psicoactivos ilcitos, fortalecer la justicia (agringarla), atender la zonas deprimidas o de conflicto, fortalecer las relaciones internacionales, la convivencia y valores ciudadanos, as como promover los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario. Todo un catlogo de buenas intensiones.

Si se mira retrospectivamente, planes de esta clase como el llamado Colombia, tienen antecedentes claros en los llamados programas de ayuda econmica, los cuales para el pblico de EE.UU. son ayudas en salud y bienestar hacia el pueblo favorecido, pero que indefectiblemente van siendo transformados legislativamente y en el terreno donde se aplican en aportes a la militarizacin de la sociedad, y dentro de la militarizacin, especialmente en dinero para la contrainsurgencia, a la cual se le nombra con eufemismos como Programa de Desarrollo Acelerado [180] .

Es destacable en estas circunstancias el que Colombia sea el pas de la regin con ms miembros de sus cuerpos armados enviados a ser entrenada en las escuelas de EE.UU. [181] , con las consecuencias en los derechos humanos resultantes. Las instrucciones adiestradas en el sur son reforzadas en el norte en las abundantes instituciones dedicadas a ello.

Sin ambigedades, en realidad el Plan Colombia es en un principio la proyeccin de una campaa basada en el modelo salvadoreo de guerra sucia, en la cual en Washington delega la matanza de crticos, disidentes, inconformes o insurrectos a fuerzas locales entrenadas por EE UU, con una notable analoga con la aventura de Vietnam durante los aos sesenta y setenta, referida a consejeros militares, escuchas de alta tecnologa, ofensivas que desplazan cientos de miles de personas, practicando una alianza de hecho con los contingentes paramilitares derechistas que como organizacin de traficantes ilegales manejan el mercado ilegal de los mismos psicoactivos perseguidos por el gobierno de la Casa Blanca. [182] La incongruencia salta a la vista.

Las definiciones de lo que es en realidad el Plan Colombia no son nada correspondientes con los postulados del gobierno de Washington, pues es un programa agudizador de la guerra y agravante de las violaciones de los derechos humanos [183] . Es en un contexto de tal especie donde se evidencia como En Amrica Latina Colombia es el pas que exhibe el balance ms deplorable en materia de derechos humanos. Sin embargo su gobierno es el que recibe ms ayuda militar de EE.UU. La Cuestin que se plantea es saber si los dos fenmenos estn ligados. [184] Esta casualidad, como otras resaltadas en este texto indicara una perversa disposicin en la Casa Blanca para acometer toda clase de actos de guerra contrarios al derecho internacional en todo el subcontinente, siendo muy difcil, dados los hechos pensar lo contrario.

Luego de lo expresado anteriormente, los fundamentos de la renombrada guerra contra las drogas de veinte aos de duracin, sin metas precisas, desperdicio de recursos, muerte y destruccin, no pueden ser sino relacionados con razones de estado del gobierno de la Casa Blanca y las agencias a su servicio:

el objetivo verdadero de la mayor parte de campaas, como esta del Plan Colombia no ha sido el ideal esperado de la erradicacin de las drogas. Se ha cambiado la cuota de mercado a enemigos especficos, asegurando as que el trfico de drogas permanezca bajo el control de aquellos traficantes que son los aliados del aparato estatal de seguridad en Colombia y/o la CIA [185] .

En los Estados Unidos las dudas ya han sido despejadas.

Consecuencias de la paradoja

A la par de hechos como los narrados perturbadores de la existencia de este pas como nacin, Colombia con todo y anexin de hecho por parte de gobierno de los EE.UU, ser un incansable persecutor de las drogas y sus correlativos miles de muertos, en luchas y guerras contra traficantes de todos los tipos y carteles, millones de dlares imperiales, etc., es paradjicamente el nico pas del mundo donde se producen las tres drogas ilegales ms importantes basadas en plantas: marihuana, cocana, y herona [186] . Ello ocurre paralelamente a la extremada militarizacin de la sociedad, de la obsecuencia absoluta de los gobernantes criollos y la estrecha e intensa vigilancia impuesta a los colombianos.

A mayor intromisin y vigilancia por parte de las autoridades imperiales y de sus clientes locales, es ostensible un aumento correspondiente de actividades relacionadas con el trfico ilcito de psicoactivos.

Es en estas circunstancias como se entregan armamentos de ltima tecnologa y se crean nuevos destacamentos para la persecucin del trfico de drogas ilegales. Simultneamente armas ilegales vendidas en EE.UU. a traficantes mexicanos pueden ir a parar luego de recorrer unos cuatro mil kilmetros a manos de organizaciones de paramilitares-traficantes en Colombia [187] , lo cual es un indicio claro de la procedencia de buena parte del material mortfero en poder del crimen organizado.

Con un panorama de tales caractersticas, y las incoherencias de las negociaciones de paz con las Farc, el resultado no puede ser otro que el rompimiento de las negociaciones en febrero de 2002. Ya en plena vigencia del plan; luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. el presidente Bush autoriza expresamente el empleo de ayuda y equipos del plan Colombia para atacar tambin a los insurgentes. A la vez que las Farc, el ELN y los paramilitares AUC, son clasificados por Washington como ejemplos vivos de terroristas no musulmanes a combatir en el mundo [188] . El mencionado plan inicialmente antinarcticos rpidamente se va transformando en la organizacin y puesta en prctica de operaciones contrainsurgentes, y por ello se desarrolla primordialmente en regiones donde operan las Farc en el sur del pas. La antiinsurgencia abiertamente va tomando la delantera a la lucha contra los psicoactivos ilegales.

Con el advenimiento del presidente derechista lvaro Uribe Vlez, (2002-2010) el cual es acusado por traficantes extraditados a los EE.UU. de haber llegado a la primera magistratura gracias al apoyo de paramilitares [189] , Washington halla un entusiasta convulsivo de todo lo denominado mediticamente guerra antiterrorista, por lo cual los programas en tal sentido guardan ntima relacin con lo estipulado pentagonalmente.

Es tal la intromisin del gobierno de la Casa Blanca ya en ese momento en los asuntos internos colombianos, que se asignan partidas especficas del presupuesto federal estadounidense para la proteccin de oleoductos en territorio colombiano [190] , sin pronunciamiento alguno del gobierno de Bogot. En estas circunstancias son creadas diversas unidades especializadas en el ejrcito local destinadas a la guerra antiinsurgente del tipo indochina como La Fuerza de Despliegue Rpido (FUDRA), la Brigada de Aviacin del Ejrcito, la Agrupacin de Fuerzas Especiales Antiterroristas, y la Brigada de Fuerzas Especiales, junto con la Brigada contra el Narcotrfico. As mismo llegan por medio de varios conceptos contractuales, helicpteros, aviones, barcos, etc. tambin del tipo de accin en un pas como Vietnam pero ya en las condiciones tecnolgicas de estos tiempos.

El espionaje gringo en Colombia es abierto y plenamente permitido por el gobierno de la Casa de Nario; Bush en el 2002 ya oficialmente entrega informacin recabada por sus espas a sus pares locales. Algunas bases militares como Tres Esquinas, Apiay o Larandia son operadas directamente por mercenarios o militares al servicio del Pentgono. Las mismas ofensivas de guerra del ejrcito Colombiano son acometidas bajo direccin y financiamiento imperial, como el llamado Plan Patriota en el sur del pas [191] . Lo cual indica sin lugar a dudas que se acomete una intensificacin de la lucha contrainsurgente, el escalamiento de una guerra irregular bajo mando directo extranjero.

El aspecto de la increble corrupcin al interior de las fuerzas armadas se presenta de manera manifiesta y violenta en casos como el del municipio de Jamund en el Valle del Cauca, donde oficiales del ejrcito encargados de perseguir al traficante Diego Montoya Don Diego, en realidad trabajan para l como miembros de su organizacin, evitando que otros cuerpos de seguridad den con su paradero, llegando a asesinar a sangre fra a diez miembros de la polica y un civil que perseguan a su jefe, y verse tambin involucrados en trafico de psicoactivos ilegales [192] . En igual sentido en la Tercera Brigada del mismo Valle del Cauca son capturados varios oficiales, los cuales colaboran con traficantes en informacin de persecuciones [193] .

En general los militares corruptos aportan a los traficantes armamento e informacin militar reservada [194] ; las investigaciones, juzgamiento y condena nunca llegan hasta el ms alto grado castrense o a autoridades civiles del orden nacional. Los tratantes de sustancias ilegales y sus actividades se trasladan a las regiones donde tienen a los militares o policas bajo su dominio mediante los sobornos [195] . Sorprendentemente el gobierno de EE.UU. nada manifiesta de forma contundente sobre estos casos de demostrada descomposicin en unas fuerzas armadas bajo su absoluta autoridad.

Su silencio o apenas tmidas recriminaciones, se observa ms contradictorio cuando se trata de homicidios practicados directamente por miembros de la fuerzas militares armados y entrenados por el gobierno de Washington, en la modalidad de engao a personas empobrecidas mediante ofertas de trabajo en zonas de presencia paramilitar y fuerte control militar, para luego darles muerte y hacerles aparecer como fallecidos en combates con guerrilleros, y as reclamar recompensas por cumplimiento del deber, un crimen continuado por varios aos [196] . Unas tres mil personas han sido muertas bajo esta modalidad criminal.

Al presente el Plan Colombia no logr acabar con el narcotrfico [197] , y a la vez se ha podido establecer con certeza como son cientos los casos de militares involucrados en violaciones de los derechos humanos. Tanto policas como militares se han visto enfrentados a la poblacin civil [198] .

Estimaciones del gobierno colombiano del ao 2001, segn ha informado la revista Newsweek y el Chronicle de San Francisco, respectivamente, concluyen que de todo el volumen del trfico ilegal el 40 por ciento es controlado por los paramilitares, y un 2,5 por ciento para las Farc. Nevertheless Plan Colombia' s eradication program is focused primarily on the Amazon region controlled by FARC. Sin embargo el programa de erradicacin del Plan Colombia es selectivo a sabiendas y ha centrado principalmente en la regin amaznica de influencia de este grupo insurgente [199] .

Una vez vistas las paradojas de las actuaciones del gobierno de Washington en su poltica frente a este pas suramericano, se entiende una conclusin expresada por el investigador del senado Jack Blum hace una dcada, la cual es que EE.UU. en vez de combatir la conspiracin de las drogas, "de un modo sutil...hace parte de ella" [200] . A lo cual habra que agregar simplemente que la sutileza da a da se va perdiendo.

Lo anterior tendra un sustento ms si tenemos en cuenta que el conflicto armado con la insurgencia es para un presidente como lvaro Uribe Vlez tan ligado a los intereses de EE.UU. y cuestionado en su propio pas y por las agencias de espionaje imperiales como una figura directamente vinculada al trfico ilegal [201] , una cuestin que enfrenta a su gobierno con una amenaza terrorista y no un conflicto poltico y social con varias dcadas de existencia, algo en justa consonancia con los postulados imperiales.

Al final, se manifiesta por parte de los gobiernos de Washington y Bogot que el tan citado plan ha sido un xito, y no obstante, una vez ms, para los dos estas estrategias antidrogas y antisubversivas, no han alcanzado sus metas, pues no se ha consolidado el dominio estatal sobre la totalidad del territorio en zonas de violencia o de cultivos ilcitos, los logros reales o agigantados de la guerra contra los insurgentes y su mayor fuente de financiacin de acuerdo a los gobiernos local e imperial, los cultivos ilegales, son muy limitados, y no hay reales alternativas para los campesinos sino el cultivo de plantas prohibidas [202] . Es decir el pas se encuentra en una situacin en fundamentales aspectos no muy diferente a la apreciada previamente a la puesta en ejecucin de tales planes y aquellos que les precedieron; se anuncia que se debe continuar con las dos guerras, como si nada se hubiera realizado.

La Tierra

La explotacin de los recursos naturales y humanos en un ambiente de violencia y corrupcin marcha aceleradamente. No slo las inversiones de EE.UU. son las favorecidas sino las europeas con la suscripcin de la Unin Europea de un TLC con Colombia, tanto o ms perjudicial para los campesinos y clases subalternas de las ciudades, la abrumadora parte de la poblacin, que el acuerdo de proteccin de inversiones denominado TLC suscrito con el gobierno de Washington, en una especie de rapia por regiones y sus recursos ambientales.

Al respecto del bien preciado que es la tierra, el cual en Colombia ha sido el motivo de todas las guerras que se han efectuado, incluyendo la presente, es evidente que est destinada dentro del modelo de economa implantado en Colombia por el Banco Mundial para ser conformada por grandes plantaciones de propiedad de transnacionales productoras de agrocombustibles o cultivos semejantes, luego de la expulsin de los campesinos jornaleros y pequeos propietarios, comunidades indgenas o afrodescendientes, en el regreso a la ms pura esencia del modelo econmico colonial del siglo XIX o inicios del siglo XX de la plantacin latifundista.

El desplazamiento de casi el diez por ciento de la poblacin colombiana es parte de estos programas de enajenacin de los recursos agrcolas, demostrada la indiferencia del gobierno con una situacin de penuria e injusticia afectante de tal parte de la poblacin. Se limpia la tierra de aquellos que ancestralmente la han trabajado, para favorecer a capitalistas forneos.

Y en el mismo sentido y con el mismo estilo el gobierno nativo ha recibido peticiones para explotacin minera de parte de compaas extranjeras por algo as como el 40% del territorio nacional [203] . El actual presidente Juan Manuel Santos (2010-2012) sigue por entero estas orientaciones, que no son otras que las del citado Banco Mundial [204] . Y quin puede dudar, de acuerdo a la historia reciente y pasada de este pas, que no los vaya a entregar?

He ah los efectos de las guerras en la realidad colombiana.

La Contrainsurgencia Paramilitar en Colombia

La oposicin popular a la ocurrencia de todas las acciones de desposesin violenta de derechos y recursos, es tratada mediante mtodos de la contrainsurgencia ya bien definidos en los aos sesenta del siglo XX por el gobierno de EE.UU., y trados a Colombia como una estrategia para ser realizada en un futuro no muy lejano [205] .

Desde los inicios de aquella dcada el Pentgono prescribe a las autoridades militares colombianas el uso de grupos paramilitares para la realizacin de actividades clandestinas de escuadrones de la muerte, desapariciones, actos de terrorismo, etc. [206] Justamente dos dcadas ms tarde, adems de la tradicional represin va tomando fuerza la creacin de contingentes paramilitares contrarrestantes por el terror y su conexin con el gobierno, de la posible aceptacin popular de los movimientos insurgentes. Empero, y ese es el aspecto ms destacable del fenmeno, son los movimientos polticos no armados, legales y con acogida popular los objetivos ms frecuentes de estos grupos irregulares al servicio de los privilegios.

Al igual de lo acontecido en El Salvador o Guatemala, las fuerzas armadas colombianas adoptan formas de control irregulares de la poblacin inconforme o sublevada, fundamentalmente para amedrentar y desplazar campesinos de forma violenta o en las ciudades para coaccionar movimientos obreros o estudiantiles de la misma forma. Salvo Cuba desde 1960, todos los cuerpos armados latinoamericanos han tenido contacto con estas doctrinas contenidas en manuales de entrenamiento contrainsurgentes de EE.UU., aplicndolos de manera discrecional de acuerdo a las circunstancias.

Con los carteles de la droga en pleno auge a finales de los aos ochenta y la unin de los mismos a los planes contrainsurgentes con la creacin en 1981 del grupo denominado Muerte a Secuestradores (MAS), abundantes dineros del trfico ilegal de sustancias pudieron financiar el actuar contrainsurgente de esta clase por fuera de la precaria legalidad establecida.

Primero municipios enteros fueron puestos bajo el control de traficantes y sus destacamentos paramilitares entrenados y armados por miembros de las fuerzas armadas, como es el caso emblemtico de Puerto Boyac en el Magdalena Medio, y con mayor ambicin se llega a la toma de departamentos como Crdoba, y de regiones como Urab y el Catatumbo, para mencionar slo algunas. El comn denominador de estas tomas a sangre y fuego es el de realizarse en secciones estratgicos del territorio colombiano; en esto no hay nada al azar.

El actuar criminal paramilitar primordialmente se dirige al partido poltico de oposicin con alguna perspectiva de crecimiento por entonces. En tales circunstancias ocurre el exterminio de la Unin Patritica bsicamente entre 1985-1994, un partido surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional de Belisario Betancur y el grupo insurgente Farc en 1984, con el objetivo del ingreso del movimiento subversivo a la vida civil participando en la vida poltica en elecciones hasta lograr el abandono de lucha armada como fin a mediano plazo.

Empero, como regla general, durante los ltimos treinta aos lderes polticos, sindicales, estudiantiles, campesinos, indgenas, afrodescendientes, indigentes, etc., han sido el blanco de los ataques de escuadrones de la muerte, sicarios, destacamentos organizados de irregulares, en demostracin de las diversas maneras de manifestacin del paramilitarismo.

Actualmente y como una de las consecuencias ms visibles de lo anterior, la organizacin de los trabajadores ha sido especialmente diezmada: La mayora de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligados a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas, creacin de sindicatos [207] . Los paramilitares cumplen la funcin de ejecutar la mayor parte del trabajo sucio de la eliminacin fsica y el amedrentamiento de regiones enteras, pero bajo el apoyo de al menos una buena parte de los miembros de las fuerzas armadas, algo que en esta nacin es un autntico secreto a voces [208] .

La simbiosis es evidente desde mucho tiempo atrs en experiencias en zonas campesinas:

En octubre de 1989, el ejrcito estableci un puesto en la vereda de la familia Cala. Un teniente inform a cada campesino que deba presentarse cada dos semanas para contestar preguntas acerca de sus vecinos. Desde el comienzo, el teniente dijo a los campesinos que deberan organizarse, y en octubre se convoc a una reunin en la que los oficiales del Ejrcito presentaron a los dirigentes de las autodefensas campesinas de la regin. En presencia de los oficiales un dirigente del grupo de autodefensa de nombre Ciro Antonio Daz, dijo a los campesinos que tenan que escoger entre formar parte de la autodefensa o irse de la vereda y que aquellos que se negaran a participar en el grupo seran considerados como partidarios de la guerrilla y asesinados. [209]

De su parte en l las llamadas operaciones de limpieza social contra indigentes y psicoadictos en zonas urbanas involucran directamente miembros esencialmente de la polica nacional [210] , las cuales han venido ocurriendo de tiempo en tiempo desde hace por lo menos unos 25 aos, formando parte tambin de una variedad de aspectos del control social ms violento que se puede ejercer sobre una sociedad.

Los paramilitares incrementan su presencia y fuerza no slo con los traficantes ilegales como financiadores y aportantes de destacamentos, sino tambin con apoyo de terratenientes ganaderos y agrcolas y comerciantes. Ya para el gobierno de Andrs Pastrana Arango y su proceso de paz, son una fuerza en armas organizada, perpetradora de numerosas masacres generando la abrumadora mayora de los desplazamientos ocurridos en Colombia hasta la fecha.

Como tctica fundamental para ello, es relevante como la conducta preferida para generar conmocin y pavor dentro de la poblacin en Colombia ha sido la comisin de cerca de dos mil masacres en el ltimo cuarto de siglo. Los destacamentos paramilitares para tales efectos gozan de una gran libertad para la realizacin de estos actos de terror de acuerdo a sus relaciones con la fuerza pblica:

Una hora despus de que los paramilitares abandonaron el pueblo lleg la Infantera de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sbado 19 de febrero. La incursin haba empezado el martes. [211]

Es el caso de la masacre de El Salado, en la cual gracias a esa cobertura de la armada colombiana ms de cien personas segn se ha podido establecer con posterioridad, fueron asesinadas previas torturas. Es tal la participacin de las fuerzas militares y dems entes civiles en esta matanza, que el mismo presidente Juan Manuel Santos pide perdn por los crmenes perpetrados con anuencia estatal:

Ah hubo omisin por parte del Estado, todo tipo de falencias, como las hubo durante tanto tiempo " [212] .

No obstante, este mea culpa es implicante apenas de subsidios para aquellos que se ha atrevido a regresar a las tierras de donde fueron cruelmente desplazados; justicia como tal no ha existido pues quienes fueron autores materiales de los crmenes se acogieron a la ley denominada de Justicia y Paz en 2005, y no pagado por tales hechos una pena correspondiente; en el caso de los actores estatales actuando por omisin por lo menos la impunidad es ms grande an, a lo que se aade el pleno conocimiento de los hechos de la legacin diplomtica de EE.UU. en Bogot [213] . El Salado representa una prueba incontrovertible de la ntima colaboracin de los cuerpos armados estatales y los paramilitares.

Desmovilizaciones paramilitares

Con el incremento de los destacamentos paramilitares y la entrada de estos al dominio de regiones enteras a partir de la imposicin violenta en elecciones municipales y departamentales de sus candidatos, adems de su capacidad econmica proveniente de negocios lcitos e ilcitos, los paramilitares constituyen una especie de federacin de feudos denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Literalmente en buena parte del territorio se constituyen en un estado paralelo (ejercen atribuciones de polica, cobran impuestos, regulan las condiciones de vida), lo cual no hubiera sido posible sin la existencia de una parte de la tradicional debilidad del estado dirigido desde Bogot y de otra la aquiescencia tcita y en veces expresa de las autoridades en todos los niveles.

Una situacin de cmo la relatada no es parte de una formulacin local del control social violento de poblaciones, es algo previsto como tctica de dominio de una nacin dentro de las teoras desarrolladas para tal fin en Amrica Latina desde la poca de la Guerra Fra. La Doctrina de la Seguridad Nacional de entonces ya contempla expresamente que la contrainsurgencia pueda convertir en la razn de ser del estado, y la posibilidad de que las actuaciones de los destacamentos paramilitares sean proyectadas en campos como el econmico, para as cerrar el cerco a cualquier inconformidad social donde se extiendan [214] . El paramilitarismo acondicionado para Colombia por consiguiente es la manifestacin de una contrarevuelta, la cual se intenta extender a aspectos polticos, econmicos y hasta culturales; la ms reciente dcada puede dar fe de la ocurrencia del fenmeno.

Con un posicionamiento del paramilitarismo en estos trminos, la legalizacin de los oprobios y usurpaciones causadas es el paso a seguir. El presidente Uribe Vlez otorga beneficios penales para jefes paramilitares a cambio de su desmovilizacin como combatientes ilegales. Es expedida una ley (la ya citada de Justicia y Paz; 975 de 2005) impulsada por las autoridades de Bogot y avalada plenamente por las de Washington; es importante anotar que aproximadamente una tercera parte del congreso que aprueba esta ley es parte de alguna forma de las estructuras polticas y econmicas de los beneficiarios de la misma, la organizacin paramilitar, como resultado del violento control de esta en las regiones.

Respecto a la efectividad de la desmovilizacin impulsada desde el poder ejecutivo, nada se ha logrado en la realidad debido a que los supuestos delincuentes arrepentidos, en sus declaraciones frente a las instancias judiciales no colaboran en absoluto para desmantelar sus estructuras sicariales y de corrupcin y para delatar a sus innegables mentores y protectores relacionados con la poltica [215] , o cuando las hacen sus revelaciones no tienen trascendencia judicial, debido a los enmaraados mecanismos de exclusin del sistema judicial imperantes para ciertas clases sociales. Lo cual desvela en el fondo al proceso general desarrollado por Uribe Vlez como una ostentosa tctica de impunidad y legalizacin favorable a la continuidad encubierta del dominio paramilitar en todas sus formas.

En ejecucin de la rutina de ocultamiento de la persistencia del control paramilitar, eufemsticamente se le ha cambiado el nombre a los paramilitares para llamarlos ahora con el acrnimo de Bacrim (bandas criminales), pero sus actividades criminales de dominio violento de la poblacin son las mismas y con la colaboracin acostumbrada de autoridades civiles y militares [216] ; la desazn por sus delitos es notoria en varias zonas del pas como lo fue hace una dcada.

Dichas bandas relacionadas inexorablemente por la prensa domesticada con el trfico ilegal no significan un rompimiento con la situacin social de dos dcadas a tras sino una continuidad de la guerra antiinsurgente: las bandas del narcotrfico estn causando tantos muertos como los grupos paramilitares lo hicieron en su momento [217] . Las zonas ms golpeadas son invariablemente aquellas con gran militarizacin desde hace muchos aos: todo el departamento de Crdoba en el mar Caribe [218] y el municipio de Buenaventura puerto sobre el Ocano Pacfico. Zonas de fcil transporte de cualquier tipo de mercancas legales o no.

Los paramilitares sencillamente han sido mimetizados para el grueso de la poblacin por los medios de comunicacin controlados, los cuales hacen su labor de eco de las autoridades militarizadas, empero, sus actividades son iguales y multiplicadas con relacin a la terica desmovilizacin de 2005:

Actualmente, en el golfo de Morrosquillo (Costa Caribe) no hay dos grupos narcoparamilitares, como sucedi antes de las desmovilizaciones, sino siete, segn las cifras dadas por la misma polica. Y estas siete bandas, a diferencia de lo que insiste en sostener la fuerza pblica, s ejercen un poder local y muy posiblemente va a permear las prximas elecciones regionales [219] .

De su parte Medelln, la sede del otrora famoso cartel y su lder Pablo Escobar, vive una guerra urbana en la cual un nmero indeterminado de jvenes participan con unos niveles de criminalidad un tanto atenuados a los de veinte aos atrs, y sin embargo sintindose como escenarios de confrontacin de organizaciones posibilitan ts de un dominio sobre la ciudad basado en el terror, lo cual origina directamente un desplazamiento interurbano de habitantes. Los jvenes adolecentes son las vctimas ms frecuentes de esta guerra urbana. Una plyade de organismos locales nacionales e internacionales asiste a tales hechos con la acostumbrada pasividad vista en Colombia. [220]

Es muy explicativo de la situacin colombiana y la ocurrencia crnica de estos acontecimientos perturbadores de la sociedad a tales extremos, que de acuerdo con el Fiscal General de la Nacin de entonces, las organizaciones paramilitares no fueron las que reclutaron a los polticos colombianos para sus fines, sino que fueron estos quienes apelan a aquellas para continuar con su hegemona sobre la poblacin [221] . Los polticos continan en el poder y de ello se desprende la impunidad reinante.

Son las mismas estructuras de control social violento ya conocidas durante la ltima dcada, su impunidad est relacionada con sus nexos con la oligarqua y miembros del congreso, del cual unos 120 miembros han sido o estn siendo juzgados por estrechos vnculos con aquellos [222] . La Relatora de Minoras de las Naciones Unidas afirma luego de una visita a Colombia en febrero pasado que:

El mensaje que me transmitieron muchas de las comunidades que visit es que aunque quizs hayan cambiado los nombres, uniformes o tcticas de los grupos armados ilegales, la violencia perdura en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidacin, desplazamiento continuo y confinamiento [223]

En un intento de esclarecer las responsabilidades de tan funestos hechos el tal vez nico estamento judicial con independencia l a Corte Suprema de Justicia, le pidi al gobierno de lvaro Uribe Vlez en su momento, la creacin de una comisin de la verdad para de acuerdo con los pactos internacionales suscritos por el estado, crear una Comisin de la Verdad salvante de la memoria de los crmenes perpetrados por los paramilitares, en un momento en que han confesado sin reatos de conciencia significativos el cometer unos 24 mil homicidios [224] . Esto no ha sido puesto en prctica seguramente por las previsibles consecuencias.

Efectos de las guerras simultneas

En lo que respecta a la soberana colombiana, esta ha sido luego de tantos aos de guerra contrainsurgente y contra las drogas, reducida a su ms mnima expresin, hasta llegar al punto de que el pas no tiene una poltica de relaciones internacionales distinta a la ejecutada por la Casa Blanca, lo cual prosigue sin interrupcin con el cambio de gobierno de 2010.

La portentosa embajada gringa en Bogot es fuera de toda duda un palacio virreinal en el cual los funcionarios criollos de ms alto nivel ejecutan infinitas genuflexiones, algo reconocido en los mismos medios de comunicacin progubernamentales, tal vez como una manera de pedir resignacin al resto de la poblacin haciendo ver este servilismo como ineludible [225] . Es ostensible que la oligarqua colombiana tiene muy presente que las decisiones importantes se toman fuera del pas y no dentro.

Una de las muestras de esta sumisin reiterada, se manifiesta en la elevacin a rango constitucional de una soterrada criminalizacin del uso de la dosis personal para personas consumidoras de psicoactivos (art.49 Constitucin Nacional). Algo contrario a las polticas mundiales de trato a los adictos basadas en investigaciones cientficas y evidencia grotesca del trato constitucional y legal de los derechos humanos de colombianos, empero dentro de las instrucciones de la estrategia que deben acometer pueblos sometidos por parte de Washington.

Los tericos logros de todas estas estrategias contra las drogas en Colombia, son ampliamente difundidos a la poblacin como prueba de la necesidad de aumentar los controles de la militarizacin de la sociedad, encumbrndola como indispensable. No obstante, cuando se hace un anlisis detallado de los soportes de dichos triunfos contra el trfico ilegal, emergen ostensibles y persistentes incoherencias que dejan las informaciones de disminucin del problema en un resultado ms de las operaciones psicolgicas gubernamentales.

Las deficiencias estadsticas y la contrastacin con otras informaciones de organismos oficiales colombianos y de la regin dejan a las manifestaciones de orgullo del todopoderoso en Colombia, Departamento de Estado, como meras falacias propagandsticas [226] . Los datos sobre hectreas sembradas de coca o amapola y los de destruidas de las mismas plantas bajo los pomposos programas de erradicacin, no son confiables pues frecuentemente proceden de agencias como la CIA, por tanto son evidentemente manipuladas; las inexactitudes no son aisladas, existen contradicciones entre Washington y Bogot, las cuales calculan mal o hacen clculos incorrectos; una alteracin ms salta a la vista. Las disparidades en este aspecto ni siquiera se encubren [227] .

En cuanto a la guerra irregular, es importante resaltar como las zonas ms estratgicas en materia de recursos naturales en Colombia concurren plenamente con la mayora de aquellas donde se han producido grandes desplazamientos originados por masacres de paramilitares u hostigamientos de la fuerza pblica [228] , con lo cual se denota por lo menos una infausta coincidencia de los planes neoliberales [229] de instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial y la contrainsurgencia colombiana, merecedora de varias explicaciones.

Colombia es destinada a ser una fuente de materias primas y cualquier oposicin a ese designio al parecer debe ser aniquilado. La secuencia de la persecucin y despojo de campesinos es evidentemente favorable a los programas de apertura de la inversin extranjera en agroindustria y minera depredadora presenciada hasta el momento: 1- aparecen los contingentes paramilitares y perpetran masacres, actos atroces, desapariciones, torturas y otros vejmenes a los pobladores de territorios aptos para aquellas actividades, consecuencialmente al terror causado suceden desplazamientos y el mutismo y la desmoralizacin en quienes no se marchan. 2- aparecen los militares tomando la regin para la tranquilidad de inversionistas extranjeros o locales, en lo que se denomina zonas de consolidacin. 3- arriban las multinacionales y obtienen el dominio y la posesin favorecidos por los bajos costos las tierras, ya sea directamente o a travs de testaferros.

Con el Plan Colombia a manera de toma directa del control de las actividades militares de Colombia, la nica conclusin posible respecto de los actores de la guerra en este pas es que se visualiza plenamente el papel protagnico del gobierno de los EE.UU. en la misma, por el desmesurado poder econmico y militar involucrado. Washington determina privilegiadamente los recursos destinados al control social de la poblacin, ejerce la tutora absoluta sobre la relaciones internacionales de Bogot, manteniendo una injerencia en asuntos gubernamentales internos propiamente dichos. Todo ello indefectiblemente se dirige a la reverencia y aplicacin de las polticas del Banco Mundial y el FMI, como pocos pases en el mundo practican; de ser aprobado el TCL en el Congreso de Washington, incluso los temas de alimentacin tambin pasaran a ser de entero control de en el extranjero, es decir del capital extranjero. La silenciosa anexin se habra completado.

Por lo anteriormente expresado es comprensible la declaracin de la Secretaria de Estado Hillary Clinton ante su congreso cuando afirma:

"Yo s que el plan Colombia fue controversial. () Hubo problemas y hubo errores, pero funcion" [230]

No obstante, en lo relativo a la mayora de los habitantes de este pas, a pesar de las miles de vidas destrozadas, los recursos y el tiempo que han sido empleados desde los inicios de la injerencia gringa bajo el sometimiento a rigurosos programas pentagonales de contrainsurgencia, la guerra interna y el trfico ilegal de sustancias tienen an en esta esquina de Suramrica un epicentro generador de miedos y zozobra.

Y con otros niveles de violencia y otras circunstancias de manejo de los gobiernos involucrados, luego de ms de treinta aos de haberse establecido como problema y veinte de la cspide de violencia atribuida a los carteles ilegales, la situacin social y econmica no ha tenido mejora apreciable.

El panorama presente no puede ser ms sombro a pesar de las persistentes campaas mediticas de ocultamiento de la realidad. Colombia es el segundo pas en desplazamiento en el mundo, unos cinco millones de personas se encuentran en esa situacin; aproximadamente 6.6 millones de hectreas han sido despojadas [231] . La pobreza afecta a dos terceras partes de la poblacin, algo que se ha empeorado en los ms recientes aos del auge del neoliberalismo con control violento de la poblacin [232] . En el sector rural estas proporciones aumentan escandalosamente.

El pluricitado Plan Colombia ha fracasado estruendosamente si tenemos en cuenta su propsito concreto de erradicar en el ao 2005 los cultivos ilegales [233] , en su entrelazamiento con programas internos represivos como la denominada Seguridad Democrtica (SD) del gobierno Uribe Vlez se le concibe como una manera de dar fin al conflicto de medio siglo al detener la financiacin de movimientos ilegales que se lucran con el trfico ilegal [234] , empero no se experimenta ninguna mejora al respecto.

Ms bien a medida que la intromisin en los asuntos internos de Colombia por parte del gobierno de Washington y sus agencias de espionaje se ha dado, la guerra y el deterioro econmico durante 50 aos han ido escalndose; de unas pequeas escaramuzas de campesinos aislados pidiendo atencin del estado, se ha dado paso al movimiento guerrillero ms importante de Amrica Latina. Esto es algo que debera hacer pensar al pueblo en general de Estados Unidos, y a los estrategas del Pentgono y dems agencias pblicas o privadas, si los propsitos verdaderos de estos ltimos coinciden con los anunciados pblicamente.

Luego de la aplicacin de los diversos planes de intervencin militar en Colombia en los ms recientes aos, es muy diciente la situacin de los derechos humanos en este atribulado pas. Despus de ms de veinte aos de simbiosis de lucha contra las drogas y guerra contrainsurgente inicialmente ocultada y recientemente pblica, el nmero de muertos, desaparecidos, secuestros, extorsiones, desplazamiento, etc. [235] , acercan la situacin de la nacin nominalmente gobernada desde Bogot, al de la guerra civil de Guatemala (1960-1996) en sus efectos mortferos y destructores de la sociedad; y si se mira la sur, supera en desapariciones a las sufridas por todas las naciones del Cono Sur durante los aos sesentas y setentas. Colombia es el pas menos pacfico de todo el subcontinente latinoamericano [236] , por consiguiente la calidad de vida es muy baja para la inmensa mayora de su poblacin.

Las mismas estadsticas oficiales, an a pesar del usual maquillaje al cual son sometidas por las autoridades locales, revelan un estado de guerra en una escala muy significativa para la regin aunque soterrada mediticamente [237] . La corrupcin en esta nacin erigida como base de operaciones militares gringas para todo Suramrica, en los ocho aos ms recientes ha adquirido dimensiones de festn pantagrulico [238] . No es algo ocasional: hoy la corrupcin parece haberse convertido en endmica e institucional [239] . De tal dimensin es la estructura del latrocinio que ahora es ms rentable saquear los dineros pblicos que ser traficante ilegal [240] .

La privatizacin de los servicios pblicos y venta de empresas construidas con trabajo comn en cabeza estado desde los aos noventa en adelante, han trado como otra consecuencia perversa la exacerbacin de la voracidad del capitalismo local, contando como base la impunidad en altos cargos pblicos y privados:

La corrupcin ha existido siempre. Pero nunca antes el pas haba estado tan aterrado como hoy por el calibre de los escndalos y el tamao de la 'mordida' de los recursos pblicos [241] . La implacable lgica de maximizacin de las ganancias a cualquier costo se aprecia en toda su extensin en un clima de interminable agitacin.

A la vez que es notable como desde hace treinta aos ha habido una continuidad de los vnculos de polticos colombianos con traficantes ilegales; la injerencia de estos en instituciones como el congreso pasa del apenas uno por ciento en los inicios de los aos ochenta, al aproximado doce por ciento en los noventa, los del descubrimiento de las relaciones de aquellos con el cartel de Cali, hasta el 2002, en pleno ascenso de Uribe Vlez, donde son ya no menos del treinta y cinco por ciento de la escena poltica congresional [242] . La presencia de partidos de bolsillo como el Partido de Integracin Nacional (PIN), es la prueba ms palpable de dominio de las mafias de paramilitares y traficantes en regiones enteras manifestado en clientelas electorales [243] . Las clientelas generadas a partir de la corrupcin, la coaccin armada y el fraude permiten la existencia de estos movimientos polticos.

La lucha contra las drogas de Washington y Bogot ha fracasado de tal manera que el Consejo Nacional de Planeacin colombiano, pide la legalizacin de las sustancias ilcitas; los campesinos en la prctica no tienen otra solucin para su subsistencia [244] .

El actual gobierno de Juan Manuel Santos se propone aprobar de su parlamento, una nueva y ms draconiana legislacin en lo relacionado a los psicoactivos ilegales [245] . Y so pretexto de la seguridad y con el apoyo de una bancada congresional subjudice, sanciona una ley que persigue notoriamente la inconformidad social al penalizar muchas de las conductas naturales de la protesta comn y otras acostumbradas dentro de las clases desposedas [246] , con lo cual se prosigue la contencin esta vez institucionalizada de las mismas.

La conclusin ms cercana a la realidad de millones de colombianos de dos generaciones por lo menos, es que con las escaladas de la guerra contra las drogas en simbiosis con la guerra contrainsurgente, impuestas a Colombia por el gobierno de la Casa Blanca y sus agencias, a travs de programas como el Plan Colombia, con sus muertes, desapariciones, desplazamientos, torturas, fumigaciones con destruccin del medio ambiente, pauperizacin general y de los campesinos acentuadamente, es cada vez ms evidente que Washington y Bogot no realizan un ataque contra las drogas, sino ms bien hacen la guerra contra la gente pobre [247] .

- Las Inefables Operaciones Psicolgicas

Tanto en Mxico como en Colombia no existe un mes donde no se anuncie por los medios de difusin controlados de la incautacin de algn cargamento de cocana, mariguana o herona y las capturas o enfrentamientos con los cuerpos armados oficiales de los traficantes respectivos. Las escenas de estos esposados desfilando ante las cmaras ya son parte de una especie de liturgia televisiva. La apreciacin de la opinin pblica de estos dos pases es la del trfico ilegal haciendo las veces de mayor problema a enfrentar por parte de sus sociedades.

Los medios en general omiten preguntas del tenor de Cmo llegan estas sustancias a los consumidores de los Estados Unidos? Cuales son los obstculos que deben sortear los traficantes para que su mercanca luego de entrar en ese territorio se reparta por todo ese extenso espacio? El motivo por el cual le es relativamente fcil a los traficantes de drogas ilegales colombianos llevar estas hasta Mxico recorriendo ms de tres mil kilmetros a pesar de los mltiples y modernos instrumentos de vigilancia de la potencia del norte en esta nacin y en toda Centroamrica? Cmo se mantiene el mercado ilegal si permanentemente son desmantelados laboratorios de procesamiento, incautadas sustancias, muertos o detenidas personas que manejan estas actividades peligrosas nada sencillas de ocultar? Cual es la razn de que ningn banquero haya sido enjuiciado y penalizado por legalizar las fabulosas sumas de dinero provenientes de estas actividades? O el interrogante elemental acerca del Porqu a mayor dinero y recursos humanos invertidos en la persecucin del trfico ilegal este correlativamente aumenta lo cual ha sido una constante durante los ltimos cuarenta aos?

Los interrogantes ms obvios son borrados de la investigacin periodstica, y cuando excepcionalmente son formulados, el quehacer periodstico en el tema se limita a la repeticin en forma de latania de los lemas oficiales sean comunicados, declaraciones, o enfoques policiacos de noticias relacionadas con el tema; el maniquesmo con el cual se trata el asunto raya con el abordaje al pblico como a prvulos.

Estos libretos de informacin sobre los temas del trfico ilegal, ostensiblemente resultan ser irradiaciones de reales operaciones psicolgicas, la cuales se manifiestan mediante un posicionamiento simplificado de los medios del estilo amigo-enemigo [248] . Esto se relaciona directamente con otras asignaciones de papeles en los temas de la contrainsurgencia, en la cual la propaganda crea para los militares tanto de Mxico como de Colombia el papel de fuerza neutral entre los paramilitares del estado de Chiapas y el EZLN [249] , o el mismo rol de las fuerzas armadas colombianas ante los paramilitares AUC extendidos por toda la geografa colombiana y movimientos subversivos como las Farc y el ELN. Las evidencias sobre los diversos grados de participacin de fuerzas armadas estatales no son tenidas en cuenta, a pesar de ser constantemente denunciados como sustanciales.

El tema del trfico de psicoactivos se torna omnipresente en todos los medios tanto mexicanos como colombianos, hasta ser el tema principal de toda discusin, pero desde los parmetros controlados de una persecucin inclemente. Esto contrasta abiertamente con lo que acontece en esta materia en los EE.UU., donde las noticias sobre drogas ilcitas son destacadas slo cuando involucran a personajes de la farndula cinematogrfica [250] , lo cual indica a las claras un distinto tratamiento dependiendo de los pblicos.

Sin embargo, incongruentemente con esta visin al interior de EE.UU. el Departamento de Estado, proclama grandilocuentemente que el problema de la violencia relacionada con los carteles de traficantes ilegales en Mxico, al decir de su portavoz es de gran peligro: No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad est en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional. [251]

Uno de los aspectos que merece la pena ser resaltado dentro de las operaciones psicolgicas tanto en uno como en otro pas, es como estas pretenden la desmoralizacin de los pueblos, atacando la autoestima colectica de los mismos. Se intenta colocar en la mente de los receptores de las dos naciones analizadas, que tanto colombianos como mexicanos son los responsables del narcotrfico, de ser personas muy violentas, y sanguinarios por naturaleza.

A travs de los medios de estos pases es difundido un incesante mea culpa propagandstico. Esto tiene consecuencias apreciables en la poblacin respecto de su autoestima como pueblo y como cultura. El ejercicio de estas operaciones posee tal profundidad que poderes como la misma iglesia catlica mexicana lo toman por hechos indiscutibles, cuando afirma que el mexicano es un pueblo de asesinos y corruptos [252] . La generalizacin es el elemento central de la accin psicolgica contra la poblacin, junto con la descontextualizacin de los hechos expuestos mediticamente.

A la vez es impuesta la contra parte de encumbrar ostentosamente un nacionalismo vacuo, estridente y rampln en los dos pases. Esto es visible en ceremonias pblicas de los funcionarios ms altos, en todo incoherentes con las relaciones internacionales que estos mismos practican con el gobierno de Washington. Dentro de la industria del entretenimiento los deportes son ideales para la difusin de esta clase de chauvisnismo artificioso, y seguramente por ello es el amplio despliegue de este tipo de espectculos.

La aplicabilidad de las operaciones psicolgicas de manera profunda en la sociedad es facilitada con la existencia de los mecanismos de monopolizacin del capitalismo aplicados a la industria del entretenimiento. Tanto en Mxico como en Colombia se presencia la existencia de duopolios en la televisin cercanos al gran capital local y transnacional, y en consecuencia obedientes a seguir todas las tcticas de manipulacin de la informacin de los cuerpos armados gubernamentales [253] . Por ello es pertinente para los casos analizados aquella frase de una mujer mexicana en 2006: Televisa te idiotiza, Teleazteca te vuelve pendeja.

El aspecto de la prensa escrita es un tanto diferente puesto que Mxico a pesar de la persecucin del periodismo de investigacin dentro de la guerra al narco, guarda una variedad de publicaciones con profundidad informativa y gran valenta [254] , adems de una gran diversidad de peridicos en toda la nacin, con cierta independencia. Mientras la situacin al respecto en Colombia es muy controlada, debido a la extremada concentracin de medios escritos al gran capital forneo o local, a cual se agrega su dependencia al mismo poder, como se observa en el hecho que el presidente actual es socio del nico diario de circulacin nacional y un pariente cercano controla la nica revista de informacin de gran circulacin [255] .

Existe en las naciones citadas guardando las proporciones entre una y otra, un innegable imperialismo cultural de parte de la potencia del norte, el cual es cuidadosamente difuminado a travs de duopolios mencionados y dems medios controlados de radio y prensa. El ambiente cultural es mediticamente dirigido hacia la dependencia y dentro de ello hacia lo ms despolitizado y superficial. Ello no obedece a tendencias masivas, pues es sabida su manipulacin, sino a cuidadosas tcticas inducentes a alejar a las poblaciones de su participacin en los grandes problemas afectantes de sus vidas.

De la misma forma, las mencionadas operaciones psicolgicas buscan con su cuidadosa puesta en escena de lo relacionado con las acciones violentas de los traficantes o de lo que tiene que ver con la insurgencia, familiarizar al pblico con la muerte. Esta pasa a ser parte normal dentro de lo cotidiano a ser difundido y a la vez es manufacturada mediante las tcnicas periodsticas para fin ser recibida como un hecho intrascendente, asimilable a otros asuntos de carcter balad, tratados a su vez en los medios como temas con valor social equiparables a las guerras y sus secuelas.

La catarata de trivialidades y el revoltillo en todos los medios es muy importante en la generacin de un ambiente tolerante a la anormalidad haciendo pasar desapercibida la ausencia de democracia en las sociedades. En ello no hay nada caprichoso o al azar, la organizacin del mensaje meditico en su forma tanto como en su contenido se encuentran sujetos a precisas reglas, relacionadas con intereses nada superficiales.

Los espacios informativos sobre la cobertura de la violencia se encuentran meticulosamente desconectados de actuaciones polticas y econmicas de los gobernantes, de las condiciones sociales e histricas en la cuales se desenvuelven los pueblos, siendo apartadas para obrar de distractor en la ancdota y la nimiedad diariamente exaltadas. Mxico se encuentra actualmente dentro de las cuatro naciones menos pacficas de Amrica Latina, mientras que Colombia es la ltima en esta clasificacin [256] ., empero, si se tiene contacto con los medios domesticados de los dos pases, parecera que estos fueran zonas de paz y sosiego

De cualquier manera la narracin de circunstancias afectantes de la vida de las naciones no deja de ser abordada por los verdaderos periodistas, y esto ocasiona en un ambiente de tal violencia represalias mortales. En la ltima dcada en Mxico, setenta periodistas han sido asesinados, ocho durante el 2010; Otros doce se encuentran desaparecidos. Se han denunciado 157 agresiones a periodistas durante el ao pasado, de las cuales, cerca de un 40% han sido perpetradas por militares o policas [257] . Existe al respecto una casi total impunidad.

Colombia no se queda atrs. Unos ciento veinticinco periodistas han sido muertos all, y de ellos cincuenta y siete se tiene comprobado que fueron muertos en circunstancias relacionadas con su oficio, en los ltimos 13 aos [258] . La autocensura ha sido el efecto ms visible en los trabajos periodsticos de los ltimos tiempos, especialmente en las provincias donde el actuar de los paramilitares conlleva prcticamente la absoluta impunidad; tan solo un puado de valientes [259] muestra con grandes dificultades lo que el periodismo al servicio del poder mimetiza.

Sin las operaciones psicolgicas seran imposible mantener por mucho tiempo guerras de cualquier tipo, especialmente estas antiinsurgentes y contra las drogas, pues con una conocimiento ms o menos preciso de las circunstancias donde se desarrollan, las poblaciones se volcaran a desactivarlas ejerciendo su poder.

Circunstancias concordantes Mxico-Colombia.

En medio de estas guerras contra el elusivo contrincante que resultan ser los traficantes ilegales, mxime si las estrategias son equivocadas en cuanto a los objetivos a alcanzar, el elemento de la militarizacin de estas tiene como protagonistas a cuerpos armados de naciones que han sufrido el desmembramiento de su territorio a manos del mismo poder imperial que hoy con algunas diferencias y matices les dirige y patrocina.

Mxico en 1847 pierde ms de la mitad de su territorio invadido por EE.UU. bajo el gobierno de James K. Polk en una tpica agresin imperialista, mientras que Colombia es despojada del valioso departamento de Panam mediante maniobras combinadas de intimidacin y soborno, sin disparar un slo tiro, lo cual permite al gobierno de Teodoro Roosevelt tomar el control de la construccin del futuro canal de Panam en 1903.

Esto de diversas formas ha ocasionado que las fuerzas armadas de los dos pases carezcan de prestigio dentro de los pueblos respectivos, que en Mxico se relaciona con la derrotas en el siglo XIX frente al agresor del norte [260] y el dominio autoritario del conservador Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta hace poco ms de una dcada; en Colombia tiene que ver con el frreo control durante todo el siglo XX de los partidos oligrquicos Liberal y Conservador [261] y el complejo permanente de vasallaje de estos desde aquella ignominiosa prdida del istmo de Panam.

La revolucin mexicana marca un hito histrico del cual carece absolutamente Colombia. Sin embargo, el carcter de los gobiernos de uno y otro pas de garantes de la conservacin de privilegios de todo tipo y el permitir de manera cmplice el control violento de la consecuente inconformidad en mandos castrenses les ha ocasionado el concurrir en las consecuencias de ligarse inexorablemente al destino del belicoso vecino del norte.

Por ello las estrategias de dominacin posibilitan intercambiar experiencias, pues en uno u otro lugar los objetivos son idnticos por parte del poder al cual le rinde lealtad. No debe extraar por consiguiente que los instructores de los ejrcitos sean los mismos del Pentgono.

Tampoco puede causar asombro que el jefe de estado colombiano Juan Manuel Santos en visita a Mxico sugiera la misma frmula de lucha al trfico ilegal que la aplicada en su pas a su homlogo mexicano Felipe Caldern Hinojosa, y uno y otro suscriban acuerdos fundamentalmente relacionados con temas represivos [262] ; las dos naciones conforman puestos de avanzada de designios que por inconfesables que sean no dejan de ser evidentes.

A una dcada de la imposicin del Plan Colombia en la nacin homnima, es un hecho patente para la poblacin del mismo, como para las naciones de la regin, que las fuerzas armadas colombianas se han convertido plenamente, sin mejora de la tranquilidad, en un cuerpo subalterno del Pentgono [263] . Esto mismo pareciera ser el objetivo no declarado pero previsible de los diversos planes del gobierno de EE.UU. hacia Mxico con la inicial Guerra contra el narco.

En contexto para los dos pases analizados sus guerras son parte de una estrategia general de amplio alcance:

El Plan Mrida (PM) si es la complementacin del Plan Puebla Panam, pero en realidad el P.P.P. en s mismo ya se transform en Proyecto Meso Amrica incorporando a Colombia y muy explcitamente la dimensin de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panam asumi las dos cosas, la integracin energtica que era la parte econmica ms importante que tena y la integracin de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mrida, sino que es un eslabn ms que permite que el PM que est en Mxico se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mrida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geogrficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar, ayuda para seguridad y una muy pequea para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposicin del Plan Mrida en la parte norte, proyecto Meso Amrica enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Per. Adems hay la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de Amrica del Norte) que es un proyecto tambin de seguridad y energtico, pero difiere en el sentido de que es ms la creacin de un bloque regional, lo que est implcito en este plan . [264]

Las circunstancias que rodean la situacin mexicana y colombiana constituyen partes de una estructura de dominacin del subcontinente adaptadas a cada situacin social y temporal. Las diferencias son parte de las variables a ser tratadas por los planificadores del Pentgono y los de las dems agencias pblicas o privadas afines en Estados Unidos.

Por ejemplo, en lo tocante a los organismo de control social armado, en Mxico se debe tener en cuenta la existencia de muchas policas de carcter federal, estatal o municipal, mientras en Colombia desde los aos treinta del siglo XX slo existe una de carcter nacional, y como ya mencionamos, militarizada y dependiente del ministerio de defensa desde hace seis dcadas. Esto es consecuencia directa de la organizacin poltica mexicana de tipo marcadamente federal a partir de mediados del siglo XIX, mientras que la colombiana es de tipo centralista, si bien existe eleccin popular de autoridades departamentales y municipales, pero sin manejo autnomo del orden policial.

Sin embargo, la diferencia de organizacin poltica entre los dos pases no es bice para la implantacin de programas de contencin social comunes con cargo al presupuesto de EE.UU. As, dentro de la llamada Iniciativa Mrida para el ao 2012 se pretende impartir entrenamiento a la Polica Federal mexicana por parte de la Polica Nacional colombiana (contra toda evidencia se le estima con experiencia de xito en el tema de la drogas ilegales), pero no slo sobre su fracasada lucha contra el trfico ilegal, sino contra lo que se denomina arbitraria y repetidamente como terrorismo [265] , lo cual es un aspecto muy diciente del carcter homogneo de las luchas al interior de estas naciones.

Sobre estas semejanzas Hillary Clinton hace una analoga de la situacin Mexicana del presente con la de Colombia dos dcadas atrs:

"(Mxico) est luciendo ms y ms como Colombia veinte aos atrs, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del pas [266] "

Lo concreto es que luego de dos dcadas de guerras al narcotrfico en Colombia, a pesar de las declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, de que Mxico es similar en su situacin interna a la de Colombia de hace 20 aos, este pas no ha cambiado como para ser, ni mucho menos, un ejemplo de resultado de tales doctrinas persecutorias. Secuestros mltiples, enfrentamientos entre mafias del trfico ilegal, acciones destinadas a crear un ambiente de zozobra, tiroteos en restaurantes y lugares pblicos, muertos por balas perdidas, asaltos en lugares pblicos, homicidios sicariales a defensores de la recuperacin de tierras o cuestionadores de la minera a cielo abierto de las multinacionales, desplazamientos de cerca del diez por ciento de la poblacin, hacen que las ciudades colombianas y sus adyacentes zonas rurales no hayan cambiado mucho en los tiempos presentes frente aquellos [267] , salvo en cuanto a que ya no se colocan artefactos explosivos como en el periodo 1989-1993.

Respecto a la situacin mexicana las declaraciones de la Secretaria de Estado a su congreso parecen ser del tipo admonitorio-prediccin:

" Estos carteles de la droga estn mostrando cada vez ms y ms indicios de insurgencia. Incluso se han presentado autos bomba, algo que antes no exista " [268]

Cuando un funcionario de ese nivel en EE.UU. habla de insurgencia nos abocamos a los pasos previos de una escalada antisubversiva con todo lo que en Latinoamrica esto conlleva.

El departamento de estado a travs de un alto funcionario ha afirmado que los crteles en Mxico no son equiparables a los de Colombia [269] . No obstante, nada indica que no se puedan conformar grandes coaliciones vidas de ir ms all del mero control territorial del mercado ilegal de drogas, estableciendo una situacin similar a la de los paramilitares colombianos actualmente [270] , los cuales tienen muchas actividades econmicas entre legales e ilegales y disfrutan de poder poltico destacado en muchas regiones. Lo cual nos conducira a un escenario de contrainsurgencia equiparable a la del pas suramericano, con destacamentos paramilitares bien armados y entrenados (los desertores de las fuerzas militares mexicanas), financiados por los narcos, o por estamentos privilegiados que costean una proteccin de la delincuencia organizada y de la comn, haciendo en determinados momentos el trabajo sucio de los militares atacando lderes sociales, sindicales, estudiantiles, indgenas, etc., so pretexto de oponerse a la insurgencia zapatista y dems.

Las hiptesis manejadas por el gobierno de la Casa Blanca son todo lo bastante sombras como para colegir que se requiere mantener un ambiente de zozobra global:

"Desde hace mucho tiempo hemos pensado por anticipado qu pasara si Al Qaeda se uniera con Los Zetas" [271] .

Y en ese camino de presuncin de guerra voceros del congreso de Washington tambin cavilan:

Sera preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los crteles para tratar de exportar sus acciones [272]

De hecho para congresistas y funcionarios del poder ejecutivo en Washington sin importar circunstancias de tiempo, modo, lugar e ideologa, organizaciones o movimientos como las Farc o el ELN en Colombia y Al Qaeda en oriente prximo son equiparables, y por tanto estiman merecer el mismo trato por constituir amenazas a la seguridad de EE.UU., la diferencia central es su ubicacin [273] . En otras palabras el mismo manejo persecutorio a ultranza de quienes, de acuerdo al decir de la opinin pblica estadounidense, atacaron territorio de los EE.UU. en su capital y en la ciudad ms populosa en el 2001 y mantienen una red de militantes interesados en atentar contra sus intereses, recibirn quienes desde la poca de la Guerra Fra llevan ms de cuatro dcadas en las selvas de un escarpado pas suramericano intentando conquistar por las armas un gobierno sin invadir ninguna otra nacin.

Con elementos de examen pblicos tan simplistas como el enunciado, no es posible dilucidar las razones que mueven a los gobernantes de Washington en estos temas, tan slo se pueden explorar sus intenciones mediante inferencias.

Incoherencias relacionadas se evidencian en la asechanza de movimientos insurgentes en algunos periodos. La guerra planteada en procura de su desaparicin tiene una continuidad con altibajos a pesar de haber sido empleados todos los recursos disponibles; el estado expectante generalizado y no deja respiro a la poblacin la cual es aturdida con toda clase de mensajes contradictorios, lo cual paraliza el actuar colectivo en buena parte de ella. Precisamente esto ltimo es lo alimentado en el pblico por los medios colusionados y sus Operaciones Psicolgicas. Colombia es paradigma de esta situacin.

De su parte, si se observa el trfico ilegal en los territorios objeto de anlisis, en vez de disminuir se extiende o muta, y el argumento para que en vez de languidecer se vean fortalecidos es que la persecucin en un sector o cartel hace que este se traslade a otro lugar.

Sin embargo, sorprendentemente en trminos reales tampoco la violencia disminuye en los territorios vacos de elementos delincuenciales a causa de la accin armada estatal y muy frecuentemente ocurre lo contrario; en las divisiones de las estructuras criminales se preserva una misma manera de obrar como si quienes se encargaran del negocio ilcito, ya sean tradicionales o de nueva generacin, inexorablemente ofrecieran una misma tctica de enfrentamiento a pesar de cambios poblacionales, tecnolgicos y culturales y la amplia disparidad de fuerzas frente a los cuerpos armados oficiales con abundante respaldo extranjero. En un contexto as la corrupcin del dinero del trfico ilegal como elemento compensador del desequilibrio tiene lmites precisos, as se presente un alto grado de proclividad al soborno hasta en funcionarios en cargos claves.

El ejercicio mismo de una actividad rentable con base en la ilegalizacin (como ocurre con las sustancias psicoactivas prohibidas), se encuentra sujeto a su vez a todos a los vaivenes econmicos del mercado y del azar consecuencial a la proscripcin; es notable como contradictoriamente el negocio de los psicoactivos ilegales progresa y se traslada. Los logros en la eficaz puesta en prctica de la prohibicin siempre resultan insuficientes requiriendo mayores recursos y medidas represivas da tras da. Y quien decide acerca de cada uno de estos aspectos en naciones sufrientes del terror conexo como Mxico y Colombia es el gobierno de Washington.

Simultneamente la espiral de violencia emergida de estas guerras internas faculta para ejercer un control social ms estrecho en toda la poblacin, all es plenamente visible la concordancia de los efectos del trfico ilegal y los programas contrainsurgentes, a los cuales le son incmodas las leyes garantistas, la ciudadana libre de temores y activa, y la vigilancia de actividades estatales de control de la poblacin. Estos propsitos democrticos se dificultan con el caos generado por una guerra contra ese impreciso y elusivo personaje que es el narco.

El entorno el trfico ilegal se ve agigantado con su expansin hacia el sur de Mxico, en Guatemala donde ya han ocurrido masacres atribuidas a traficantes [274] o en Costa Rica, un asunto ya avizorado por la DEA y mucho antes por el propio presidente Bush hijo dentro de la Iniciativa Mrida, con el poder de clarividencia de siempre [275] . Esta ltima nacin presenta un incremento en los casos de trfico ilegal, por su puesto rebasando las capacidades de su estado, acompaado de una campaa del gobierno proestadunidense de la presidenta Laura Chinchilla Miranda para que el pueblo costarricense acepte ms bases y militares del imperio en su territorio [276] .

Las naciones donde operan con facilidad fuerzas armadas, agencias de espionaje y dems entes de la primera potencia militar del mundo, tienen desequilibrantes problemas de trfico de sustancias psicoactivas, no exclusivamente las naciones tratadas sino en Afganistn, Irak. En el primero se prohibi el cultivo de la adormidera en el ao 2000, para ser invadido al ao siguiente y reiniciarse la produccin de la misma [277] a pesar de estar sometido por fuerzas de ocupacin nominalmente persecutoras de tal trfico; en el segundo ocupado desde 2003 el problema de las organizaciones relacionadas con esta actividad va creciendo [278] .

A la vez en Latinoamrica la estrategia gringa contra las sustancias ilegalizadas permite acusar a naciones como Bolivia, Ecuador y Venezuela, distantes polticamente y cuestionadoras permanentes de estas medidas de militarizacin [279] , de ser territorios de traficantes [280] . No obstante, estas naciones no registran los niveles de violencia y militarizacin de sociedades padecidos por los pases objeto de nuestro anlisis. Es posible concluir al respecto que los buenos gobernantes para Washington de acuerdo a esto, son aquellos que colaboran aplicando inconsultamente con su pueblo programas de guerra interna a la postre generadores de muerte y atemorizamiento en sus pueblos .

Una conclusin como la anterior puede ser confirmada con la observacin de que en Mxico y Colombia ocurren desde hace algn tiempo las tres formas de destruccin coordinada conocidas: variadas campaas de aniquilacin, un ambiente generalizado de terror conspiratorio, y visibles y constantes combates mortferos, lo cual es de difcil concurrencia de forma que no sea premeditada y puesta en ejecucin mediante una capacidad muy por encima de la apreciable en los dos estados.

En lo tocante con las modalidades delictivas ms relevantes y perturbadoras de la vida cotidiana, es nuevamente apreciable una afinidad en las dos naciones. La desaparicin forzada, el asesinato sicarial, la corrupcin a todo nivel del soborno y el trfico de influencias, el secuestro, el asalto callejero, entre otras, son comunes en Mxico y Colombia, ocurriendo esto a pesar del crecimiento desmesurado de los cuerpos armados y organismo de control e investigacin tericamente destinados especficamente a evitar y castigar tales conductas.

El aspecto de la corrupcin merece especial atencin. La situacin generalizada en esta materia latente en las dos naciones constituye una gran fuente de debilidad institucional en las mismas. No es posible idear o acrecentar un nacionalismo o pensar ms audazmente una integracin regional con los hermanos pueblos latinoamericanos, en un entorno de latrocinio permisivo del cohecho de los capitales gringos, europeos y dems, en medio de una sensacin de caos generalizado, a la vez de una privatizacin de los servicios pblicos y derechos al bienestar adquiridos mediante costosas luchas de varias generaciones inducente al individualismo suicida del slvese quien pueda.

En tal sentido la guerra contra el narco sirve tanto como el neoliberalismo para aclimatar el saqueo crnico especialmente del sector estatal.

De igual manera es tambin importante resaltar, como la fragilidad de los gobiernos es observable en los repetidos fraudes electorales causantes de la permanente ilegitimidad de los gobiernos, especialmente en el caso mexicano de la eleccin de presidente del 2006, y en el colombiano en el mismo ao y en el 2002. Con gobernantes sin legitimidad real pues esta se fundamenta en la invocacin constante a guerras internas y copiosas operaciones psicolgicas de por medio, la apelacin al uso indiscriminado de la fuerza y el engao resulta una consecuencia natural, a causa de la dificultad de los pueblos para avenirse a tan ruinosas aventuras.

Sin justicia no es posible tampoco erigir una sociedad merecedora de tal calificativo. Hacia el ao 2000 en Mxico de cada 100 delitos denunciados solo 3 se llegan a sancionar [281] . La ONU estima que el principal problema de Colombia es la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos [282] , respecto a los delitos menos graves que se podra concluir? Y en cuanto a las sustancias prohibidas, el gobierno de Bogot sabe de sobra que de cada kilo de sustancias ilegales incautado los traficantes hacen llegar a su destino diez veces esa cantidad [283] .

Hablar de democracia en este entorno es evocar un fantasma. La mayora de la sociedad mexicana y lo propio en la colombiana tienen una muy escasa participacin en el dominio de sus vidas. Lo a continuacin enunciado para Mxico tambin es vlido para Colombia:

Gran parte de la sociedad civil y poltica en Mxico an no ejercen su derecho a la participacin democrtica, por lo que la vida de la ciudadana consiente y politizada sigue siendo muy precaria. [284]

En cuanto a la guerra a las drogas en s, es de percepcin comn que no reducen las personas y las actividades dedicadas a la empresa ilegal, por lo cual es a sabiendas intil. El slo recordar como en Mxico y Colombia ha sido impuesto por EE.UU. para la terica reduccin de cultivos ilcitos el uso de herbicidas tipo paraquat o glifosato [285] , con consecuentes los daos ambientales y humanos, muestra la irracionalidad del conjunto de la empresa acometida por Washington al sur de su frontera. Ahora bien, si el propsito ha sido el desplazamiento forzado de poblados enteros, entonces s ha sido una victoria.

La simple experiencia emprica debera ser tenida en cuenta concluyentemente: no existen ejemplos de xito de reduccin de sustancias ilcitas en el mundo con la aplicacin de medidas similares a esta burda represin [286] . Las meras declaraciones del tipo Colombia ha logrado un xito excepcional [287] de la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, se erigen como una letana autoexculpatoria de todas las vidas cegadas, la destruccin de sociedades rurales al sur de la frontera, y de parte imperial del dinero de los contribuyentes dilapidado.

Como ya lo mencionamos, en la actualidad el gobierno de Washington llega a conclusiones bastante significativas respecto a quienes son los principales traficantes en el mundo: los talibanes afganos y las Farc de Colombia; lo afirma con firmeza pero sin aportar muchos argumentos. Sin embargo el Subsecretario de Estado para asuntos de narcotrfico va ms all y sentencia en abstracto que el ltimo movimiento guerrillero citado es muy importante en el comercio de cocana, nuevamente sin sustentacin probatoria [288] . Acusaciones como esta afirmando que la principal insurgencia Farc, constituye un cartel de comercio ilcito de drogas, aparecen en la realidad colombiana como una maniquea simplificacin, puesto si bien dicho comportamiento del grupo guerrillero es visible y proviene de aos atrs, no puede descontextualizarse reducindolo a ser una simple organizacin de traficantes con actuar criminal, en la jerga impuesta desde el norte narcoterroristas. A todas luces si se busca profundizar en todas las circunstancias del conflicto armado y el trfico ilegal, es innegable la existencia general de una confusin [289] cuidadosamente propagada.

En lo correspondiente a las evaluaciones de las polticas de persecucin del trfico, a contrario del propsito inocultable de hacer ver artificiosamente progresos en las incautaciones, el congreso de Estados Unidos definidor del gasto en ese pas, terminantemente concluye lo opuesto y ve simplemente que se ha malgastado los miles de millones de dlares invertidos en la lucha contra las drogas y la insurgencia en un pas como Colombia, seguramente debido a las notables incongruencias de las cifras:

La falta de pruebas evidentes de avances documentados en la guerra contra la droga y en la neutralizacin de los grupos paramilitares es desconcertante -escriben los senadores- considerando los miles de millones de dlares que ha aprobado el Congreso para financiar, desde 2000, la lucha contra la droga y la destruccin de las plantaciones. [290]

Esta visin no es un criterio sin correspondencia en sectores sensibles de la sociedad estadounidense; all la impresin es la misma, e incluso las opiniones son ms directas y relacionadas entes estatales con aviesas intenciones:

La guerra contra las drogas, como la guerra contra el terror, tiene que ver con la poltica y el botn poltico, con llenar bolsillos profundos, crear burocracias con el propsito deliberado de crear confusin, y de financiar diversos grupos paramilitares que el Departamento de Estado y/o la CIA consideran favorables para la seguridad nacional [291] .

Otras conclusiones formulan idnticas crticas:

La guerra de la droga se ha convertido en el mayor vehculo de militarizacin en Latinoamrica. Es financiada e impulsada por el gobierno de Estados Unidos y alimentada por una combinacin de falsa moral, hipocresa y un miedo intenso e irracional. La denominada guerra contra la droga es en realidad una guerra contra la gente, especialmente los jvenes, las mujeres, los pueblos indgenas y los disidentes. La guerra contra la droga se ha transformado en la principal va para que el Pentgono ocupe y controle pases a costa de sociedades enteras y muchas, muchas vidas . [292]

Objetivos indirectos de las guerras indefinidas

Cada vez es ms claro como la lucha en realidad es y no solamente en Mxico o Colombia sino en toda Amrica Latina, contra la insurreccin, los rebeldes, los insumisos pacficos, quienes defienden derechos ganados en arduas luchas amenazados por programas neocolonialistas, los pueblos originarios y afrodescendientes reclamando respeto a su vida y cultura, etc., especialmente si estn organizados.

Si la insurgencia aparece en unas circunstancias de pobreza y marginalidad frente a la opulencia y el despilfarro de recursos y tierras, su existencia ser suficiente pretexto para violentar al resto de los inconformes as acten estos por los mtodos legales establecidos; en ese momento la contrainsurgencia paramilitar entrar en escena. La militarizacin de la guerra al narco o al narcotrfico hace las veces de conjunto premeditado de escaramuzas preventivas.

Lo abominado fundamentalmente es cualquier idea de redistribucin de la riqueza, utilizacin de los recursos para la mayora de la poblacin, e independencia y soberana que tmidamente ha ido surgiendo en el subcontinente a pesar de los mltiples esfuerzos imperiales, incluso esto es muy rentable para sectores con intereses especficos en EE.UU.:

En realidad, se sabe perfectamente que fuera de las fronteras, est guerra sirve de mampara a acciones contra la guerrilla y que ofrece compensaciones no despreciables a los fabricantes de armas [293] .

Esfuerzos blicos como los relatados poseen su lado correlativo en el interior de EE.UU. cuando all se controla a la poblacin sobrante criminalizndola en buena medida con artificiosos delitos tambin relacionados con las sustancias psicoactivas prohibidas [294] . El empecinamiento en la prohibicin y persecucin del trafico se materiales arbitrariamente ilegalizados es muy til para efectos del control social.

Qu sera de la dominacin por parte de oligarqua estadounidense en Latinoamrica o en su propio territorio si no fuera por las drogas ilegalizadas:Si no existiera, nuestros gobernantes la habran inventado para prohibirla con objeto de hacer que la mayor parte de la poblacin fuera susceptible de ser detenida, encarcelada, embargada, etc. [295] .

El deterioro constante de la situacin social y de violencia facilita el abatimiento del conjunto de los pueblos, esto es muy notable histricamente hablando. Posibilita la aceptacin de cualquier solucin de fuerza por absurda que sea. Mxico y Colombia han sido y an de alguna forma son estimados como estados fallidos o forajidos, de acuerdo a la jerga tecnocrtica imperial a causa estas caractersticas en su situacin interna, cuando en realidad sus sumisos gobernantes no han hecho ms que lo que las autoridades gringas han prescrito y ordenado ejecutar.

Esto no ha sido explicado contextualmente con el esmero y profundidad indispensable, debido a la repeticin meditica de enunciados como el de estados forajidos. La misma Casa Blanca reitera subrepticiamente su papel activo en situaciones encaminadas a encajar en tales definiciones, cuando nombra reconocidos especialistas en estos eptetos como diplomticos en Ciudad de Mxico y Bogot. En el caso mexicano un embajador del gobierno de Washington es experto en estados fallidos, con experiencia en Irak y Afganistn [296] . En Colombia la representacin diplomtica de Estados Unidos tambin ha estado a cargo de funcionarios posteriormente enviados a estados fallidos invadidos [297] . Es ms sensato pensar de acuerdo a sus antecedentes que estos diplomticos son versados en intervenciones armadas; un vistazo histrico a las circunstancias de aplicacin de estas definiciones, permite concluir como la categorizacin de un estado como fallido precede ineludiblemente a la militarizacin de su sociedad.

Una ms de las razones para dar contenido blico a asuntos normalmente estimados como de competencia de autoridades civiles, como el caso de las drogas, se refiere al talante marcadamente contrario a los cambios sociales de quienes se forman en los recintos castrenses. Los militares son en general ideales como agentes sustentadores del statu quo, a causa de su fuerte formacin jerrquica, su tradicin de evitar los debates dentro de su entorno y los privilegios de los cuales son beneficiados por la oligarqua que les halaga, esto les hace tender a hacia lo reaccionario, inconsulto y dictatorial.

Un informe del gobierno de los EE.UU. del ao 1969 deca sobre los militares de la regin que han sido tradicionalmente una fuerza conservadora que se ha resistido al cambio [298] . Obviamente, no todos los militares tienen estas caractersticas, la historia mundial y latinoamericana posee muchos ejemplos de actitudes de militares abiertamente cuestionadoras del orden vigente y sensibles a los clamores de las mayoras. Sin embargo, en Amrica Latina el entrenamiento de muchos soldados en centros estadounidense de enseanza del tipo WHINSEC (es el nuevo nombre de la Escuela de las Amricas), permite que estos ltimos sean una nfima minora, siendo a la vez funcional para deteccin de nacionalistas insumisos en las fuerzas armadas de naciones cliente.

Es significativo de la situacin planteada como hasta la simple mencin de la invasin gringa de 1846-1848, un episodio inolvidable por lo traumtico para Mxico, ha sido borrada de textos de la Secretara de Defensa Nacional (SEDENA) [299] , seguramente en un esfuerzo por congraciarse con el patrocinador presente de las fuerzas armadas.

La militarizacin de estos dos pases al decir de John Saxe-Fernandz de la manera como ha sido planteada hasta el momento permite que se produzca una anexin silenciosa de los mismos a EE.UU., sin desembarco ostentoso y costoso en vidas de marines y dems riesgos impredecibles de batalla; resultan mucho ms eficaces el soborno, las estaciones de la CIA, las presiones del FMI y el Banco mundial, el chantaje, etc. [300] Desde luego algunos movimientos de instructores y material de guerra se ejecutan, pero en nada comparables a por ejemplo una invasin como la de 1914 a Mxico o los desembarcos constantes en el siglo XIX en el istmo de Panam cuando an haca parte de Colombia.

Los tiempos de este tipo de toma lenta e imperceptible de territorios y pueblos son fcilmente distinguibles. Una vez se decide anexar disimuladamente un punto de la geografa mundial recurrentemente viene un bao de sangre, con caractersticas de guerra civil interna, progromo, o como en estos casos citados, una amalgama de guerra insurgente y contra el crimen organizado, o tal vez humanitaria, antidictatorial, etc., etc., apoyando a los gobernantes clientes u opositores aptridas, quienes ya sea por conviccin, soborno o chantaje, o tal vez un poco de las tres, asumen su tarea de agentes imperiales en suelo patrio. Una vez se han ablandado las resistencias al despojo de los recursos humanos y naturales, las inversiones extranjeras hacen o acentan su presencia, especialmente las gringas [301] , pero en la actualidad bien pueden ser hasta chinas .

En el terreno de la supuesta represin al flujo de sustancias ilegales hacia los EE.UU., como lo afirma contundentemente Peter Dale Scott, siendo vlido para Mxico, no es accidental que con el involucramiento de los EE.UU. con las fuerzas armadas colombianas ha crecido en la ltima dcada, y el flujo de drogas hacia los EE.UU. se haya incrementado. [302]

Las oleadas de extensin de la violencia criminal, parecen formar parte de aquellas consabidas estrategias de dominacin de pueblos enteros consistentes en crear o dejar que problemas crezcan, para esperar que mismos pueblos sean quienes clamen por leyes de seguridad restrictivas de los derechos o tal vez protesten en favor de la implantacin de un rgimen autoritario liberticida con ropaje de democracia, pero dispuesto a aceptar la entrega del pas; Washington ofrece luego la solucin de apoyar y patrocinar programas adecuados a la implantacin de este estado de cosas, favoreciendo a la vez los negocios de las industrias armamentistas y complementarias.

Es trascendental tener presente como los Estados Unidos y sus agencias represivas civiles y militares, se encuentran muy lejos de frenar el accionar de terror y muerte de los escuadrones de la muerte o destacamentos paramilitares [303] , tanto en Colombia como aquellos ya sentidos en Mxico, lo cual indica una funcionabilidad de estos dentro de toda la estrategia empleada para el manejo de la situacin interna de los mismos.

La realidad colombiana es inocultable e indica que sencillamente la violencia paramilitar mut y las masacres desplazamientos obligados y desapariciones forzadas continan en buena parte del pas [304] . Mxico presenta un lento pero persistente ascenso de la accin de grupos paramilitares, sean desertores de las fuerzas armadas o miembros de bandas criminales bien organizadas y armadas primordialmente desde el otro lado de la frontera, entrelazadas a la militarizacin de la desastrosa y siempre inconclusa guerra contra las drogas.

Es muy grave y diciente del paralelo de la actualidad social de estas dos naciones que se presenten fosas comunes donde resultan siendo sepultadas aquellas vctimas de las guerras a las cuales no se quiere su identificacin para procurar el ocultamiento de crmenes, como es lo ocurrido en el estado de Tamaulipas en Mxico y en el departamento del Meta en Colombia. All hacia finales del ao 2006 se reporta que organismos de investigacin como la Fiscala cada cuatro das practican la exhumacin de una fosa comn [305] . Lo cual habla de sobra de la naturaleza de los proyectos de castigo aplicados en la mayora de los casos a personas indefensas.

E l neoliberalismo se diseo para ser impuesto en el Tercer Mundo sin ser tampoco algo nuevo, sus ideas provienen de modelos econmicos creados para el saqueo de las colonias desde el siglo XIX, y en ello se encuentra directamente relacionado con el control social violento de tipo paramilitar, el cual tambin se encuentra enraizado con el colonialismo en sus orgenes y desarrollado posteriormente bajo los diversos fascismos. Es el capitalismo quien en el fondo prescribe en determinadas circunstancias un control social de tal violencia.

Mientras una fuerte organizacin de las sociedades afincada en el conocimiento de los reales problemas de nuestras sociedades no se haga presente, no parece que mtodos de dominacin en Colombia o Mxico como los narrados sucintamente sean detenidos. Por tanto sus pueblos sufren todos los rigores del colonialismo retocado y mtodos represivos como los descritos. .

En ltimas, la guerra al narco en Mxico es un punto de partida para la repeticin con alguna modificacin no sustancial, de declaraciones como una proferida hace casi un siglo:

La fuerza naval de los Estados Unidos que est bajo mi mando ha ocupado temporalmente la ciudad de Veracruz para inspeccionar la administracin pblica a causa de los disturbios que actualmente reinan en Mxico. [306]

Perspectivas

Felipe Caldern manifiesta que a pesar de todos los desastrosos resultados para la vida social mexicana de su guerra, continuar con la misma, y esto es explicable al menos debido a que bajo las circunstancias descritas, respecto a los poderes imperiales y su escasa legitimidad no le queda otro camino.

Su mxima es "Lo que a Colombia le tom casi 20 aos, a nosotros nos est tomando, nos tomar quiz cinco, seis, siete aos o menos, dependiendo qu tan perseverantes seamos en la accin" [307] . Es parte del vamos ganando la guerra, requerimos un esfuerzo ms, no abandonemos a mitad de camino, un enunciado basado en la ausencia de vctimas de la guerra entre quienes toman las decisiones sobre la misma. Cuando pase el tiempo fijado como lmite para ver los resultados Caldern ya no estar en la jefatura del estado, lo cual cambiar el panorama de sus responsabilidades.

Al presente el actual jefe de estado mexicano declara fin argumentacin sustentadora la mejora de la situacin social en sitios de la repblica como Ciudad Jurez, empero la sociedad no siente en su cotidianidad el invocado alivio.

La Comisin Global de Polticas sobre Drogas integrada por tres expresidentes latinoamericanos (Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y Csar Gaviria), estima como equivocada la posicin sobre represin de las sustancias ilegales de los Estados Unidos, conceptuando que los resultados al respecto en Mxico y Colombia son muy limitados [308] .

Uno de estos expresidentes justamente el colombiano Csar Gaviria Trujillo concepta que el manejo de la situacin de la forma vista en Mxico produce ms equvocos que beneficios, a lo agrega: Una guerra que se vuelve militar sacrifica los derechos humanos [309] , cuestin ejecutada incesantemente y sin resultados durante su mandato en aquel pas suramericano.

El propio esposo de la Secretaria de Estado actual expresidente William Clinton a su vez critica una estrategia de guerra ideada justamente por los organismo pentagonales de su pas y ejecutada bajo su mandato:

"Tendramos que entender por qu se decidi aumentar la inversin en Colombia y empoderar a la gente con educacin y ver que realmente estos narcotraficantes se redujeron [310] ".

En el plano mexicano de la guerra, no todos los integrantes de las fuerzas armadas tienen una visin de obsecuencia con sus homlogos del norte, y cuestionan los postulados de esta guerra contra el narco, tanto en su forma como en su contenido y consecuencias. En campos de su pleno conocimiento, indican que toda esta parafernalia blica permisiva de un actuar contra la poblacin entraa una preparacin para la llegada de tropas gringas a Mxico, y que muchos de los actos ms feroces del los carteles en ltimas acondicionan a la opinin pblica para asistir pasivamente a un escenario de intervencin pentagonal ya no encubierta sino a la luz pblica [311] . Algo de nacionalismo an se halla en los militares mexicanos.

Como impugnando tales afirmaciones, altas autoridades en materia de espionaje del gobierno de Washington afinan sus declaraciones acerca de que la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas es inferior a la amenaza representada por el narcotrfico [312] . Lo cual sera parte de un cuidadoso plan de ocupacin del territorio de tres fases en la primera de las cuales se responsabiliza a una nacin de ser la causa de algo descrito como flagelo, en la segunda se argumenta con pruebas su escasa fuerza para contrarrestar el problema, y una tercera donde se toma lenta e imperceptiblemente la soberana del pas objeto de la depredacin [313] . Una situacin presenciada en Colombia, la cual da como resultado el plan de intervencin del mismo nombre.

En este orden de ideas, el gobierno de Caldern pareciera obrar ms por la desinstitucionalizacin que por el fortalecimiento de los poderes civiles federales. La sensacin de la impotencia del estado mexicano consecuencial a cada atentado, masacre o muerte individual relacionada con la pluricitada guerra, facilita la induccin en la mente de los habitantes del beneficio y la inevitabilidad de una mayor intromisin por parte del poder extranjero en los asuntos internos. Los antidemocrticos NAFTA, Plan Mesoamrica, y ASPAN constituyen la parte pblica y legalizante de tales intensiones.

Organizaciones nada sospechosas ante el pblico en general como las Naciones Unidas, ofrecen buenos argumentos para un nivel mayor de invasin, con su tesis de que los traficantes ilegales constituyen una superpotencia mundial de criminales organizados; lo cual se encuentra en perfecta consonancia con otros documentos militares gringos en los cuales se menciona una posible imposibilidad de mantener la estabilidad por parte del estado y el gobierno de Mxico [314] . En otras palabras la reiterada cooperacin nunca suficiente del estado mexicano resulta en realidad una mayor sujecin a los dictados imperiales en el campo militar y judicial, concretamente, a la entrega informal, por ahora, de la soberana, la cual es vista favorablemente por una parte de los actuales gobernantes y militares de una parte del ejrcito, la oligarqua local, e incluso por la armada mexicana [315] .

De su parte en cuanto a la guerra en aquella esquina suramericana, no es sencillo explicar la permanencia desde hace cuarenta aos de la misma que con un lento inicio ha escalado hasta ser bastante cruenta, an a pesar de los rgidos programas de asistencia militar para enfrentar a los rebeldes y los miles de millones de dlares empleados en estrategias contrainsurgentes desde entonces.

Esta guerra de baja intensidad, para usar una terminologa blico-tecnocrtica, ha estado en las ms recientes dcadas acompaada por la aplicacin de la guerra contra el narcotrfico, lo cual asimismo ha generado destruccin de muchas vidas y como la otra guerra ha desviado las prioridades en una nacin con unas desigualdades sociales abismales, y una distribucin de la riqueza concentrada como muy pocos en el planeta [316] . Lo cual debemos pensar es una consecuencia indeseada pero palpable.

La subordinacin a los dictados de la Casa Blanca no ha tenido cambio alguno con relacin de al mandato de lvaro Uribe Vlez. Sin embargo, las tensiones con los gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela parecen haber terminado con el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo nada indica la disminucin y mucho menos el alejamiento de los programas de militarizacin y los de instalacin de bases pentagonales en territorio colombiano; los ms destacable en estos asuntos es como las determinaciones son tomadas en instancias fuera del pas. La autonoma de la minora que maneja Colombia luego de las guerras descritas es manifiestamente menor de lo apreciable antes de su ocurrencia.

Una consecuencia patente al librarse estas luchas al interior de las naciones analizadas es como las agencias y aparatos militares de EE.UU. van tomando posesin de un papel protagnico excluyente, con diferentes tiempos y tomando en cuenta las distinciones geogrficas.

Colombia no puede constituirse en un modelo a seguir por parte del gobierno de Mxico, si este desea realmente el bienestar de su pueblo, a causa de que aquella parte de Suramrica no ha superado ninguno de sus dos conflictos declarados, cargando a cuestas una situacin social y econmica postrante para la mayora de su poblacin.

La presencia de buchones o chacas en el extremo norte latinoamericano tiene su equivalente actual en lo propio en la esquina noroeste de Suramrica con los traquetos, unos y otros enemigos pblicos esquivos objeto de persecuciones incesantes, confusas, aturdidoras.

La insurgencia colombiana con una longevidad que hace cavilar sobre la naturaleza de la contrainsurgencia empleada para combatirla, es parte del escenario poltico poseyendo una omnipresencia que permite ver la inutilidad de los recursos de toda clase empleados en su combate; los movimientos subversivos se han convertido, o tal vez han sido establecidos como una sustentacin creble de la contencin de tipo contrainsurgente de la poblacin cuando esta se organiza por ejemplo como ocurre al presente, para enfrentar programas neoliberales de desposesin de derechos fundamentales. Esto es patente en la oposicin a las iniciativas de privatizacin de la educacin pblica del gobierno Santos de parte de los estudiantes de colegios y universidades pblicas [317] . Quien se opone a estos propsitos puede fcilmente resultar acusado de ser miembro de aquellos rebeldes, con las consecuencias legales y extralegales correspondientes.

Aquellos al interior de Mxico crticos de la militarizacin de la sociedad y de la guerra contra los esquivos narcos an tienen un espacio para realizar su oposicin sin una criminalizacin que les haga acreedores de sanciones penales como subversivos del orden imperante. Empero resultan blanco del funcionamiento de destacamentos paramilitares, sobre todo en las provincias. No obstante ya son observables las iniciales expresiones de una intolerancia de las autoridades federales que ms adelante puede manifestarse una violencia manifiesta de parte de miembros de cuerpos armados del poder ejecutivo, cuando se acusa sin aportar evidencia a las ONGs de derechos humanos de ser utilizadas por los carteles de las drogas para desacreditar a cuerpos armados cuando se le acusa de mltiples violaciones de los derechos fundamentales [318] . En este sentido puede hablarse una vez ms de un camino de colombianizacin de las guerras en Mxico, pues en aquel pas suramericano estos ardides de amedrentamiento con consecuencias letales para los activistas son bastante comunes.

Las clases desposedas son fuertemente castigadas durante las operaciones militarizadas contra la drogas ilegales de un abierto cariz de guerra sucia, por lo cual es factible que en un futuro no muy distante, con una progresin de las operaciones contrainsurgentes, este castigo se extienda a los sectores hoy no alcanzados como las clases medias, las cuales son vctimas primordialmente de la delincuencia minorista y del estado de zozobra general.

La militarizacin es fundamental para que la Guerra contra el narco pueda devenir en una contrainsurgencia ms generalizada an, cuando programas de toma econmica y de recursos de la nacin de mayor envergadura sean puestos en marcha generando una mayor resistencia; por ejemplo los de privatizacin de PEMEX. Esto se corrobora en el constante entrenamiento y entrega de armas y tecnologas para la guerra contrainsurgente pretextando en enfrentamiento al narco.

La insurgencia del EZLN en Chiapas como la ms importante y activa, se encuentra cercada en aquel estado para evitar su propagacin mediante una ley de cese al fuego aprobada por el congreso, manteniendo con ello una clara justificacin de los programas contrainsurgentes por parte del gobierno y las fuerzas armadas mexicanas va Pentgono.

A Colombia la Guerra contra las drogas le ha dejado nulos resultados en los propsitos anunciados por los gobiernos implicados de Washington y Bogot, y la guerra contrainsurgente se recrudece cclicamente desde hace dos dcadas, y no obstante, un cuadro de logros en los proyectos neoliberales de agencias internacionales de privatizaciones de empresas estatales y entrega de recursos naturales es lo ms notable, quedando muy poco para entregar al capital extranjero. Las citadas guerras han limitado la capacidad de de resistencia a los despojos mediante crueles tcticas.

La intensin en este sentido es inequvoca en un contexto y en otro:

"hemos aprendido mucho (de contrainsurgencia) en los ltimos aos, y creo que hay una oportunidad aqu para pasar (a Mxico) las lecciones aprendidas" [319] .

El pueblo de una y otra nacin de cualquier manera no debe olvidar que en caso extremo los subterfugios para la toma de recursos de sus respectivos territorios pueden en determinados momentos hacerse ms tenues puesto que como dijo el vicepresidente de EE.UU. Joseph Biden:

La fuerza ser utilizada sin pedirle permiso a nadie- cuando las circunstancias lo exijan [320]

La historia de Mxico y Colombia sabe bien de que se est hablando.

Contacto: albertorojasandrade @hotmail.com

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[1] Gore Vidal. El ltimo Imperio. Editorial Sntesis. Madrid 2002. Pag. 216

[2] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4

[3] Rydell, C.P. Everingman. SS. Controlling coanine, prepared for the office of National Drug Control Policy and The United States Army. Santa Monica C.A. Drug Policy Research Rand corporation. 1994. Citado en Cual Plan Colombia? Cartilla de Informacin Popular. American Friends Service Comitee. AFSC. Pag.9

[4] la investigacin reciente muestra que por cada dlar invertido en la prevencin, se puede obtener un ahorro hasta de $10 en tratamientos para el abuso del alcohol u otras sustancias (Aos y colegas. 2001; Hawkins y colegas. 1999; Pentz 1998; Spoth y colegas. 2002a). NIDA InfoFacts: Lecciones Aprendidas de las Investigaciones sobre la Prevencin. http://www.drugabuse.gov/Infofacts/Lecciones-Sp.html

[5] Tras 100 aos de prohibicionismo y 40 de guerra contra las drogas, el debate mundial sobre estupefacientes por fin est cambiando. Semana. 4 Junio 2011. http://www.semana.com/nacion/comienzo-del-fin/157915-3.aspx

[6] Alain Labrousse estudioso, ex editor del respetado Despacho de Geopoltica de las Drogas . Peter Dale Scott. Drugs, Oil and War: United States in Afganistan, Colombia and Indochina. Rouman & Littlefield Publishers Inc. Lanham Maryland 2003. Pag. 73

[7] Martin Woods exdirector de la unidad de blanqueo de capitales del banco Wachovia: Lndres y Nueva York, Mayores Lavaderos de la Droga dice denuncia. El universo. Abril 3 de 2011. http://www.eluniverso.com/2011/04/03/1/1356/londres-nueva-york-mayores-lavaderos-dinero-droga-dice-denuncia.html

[8] . Jean Franois Boyer. La Guerra Perdida de las Drogas. Narcodependencia en el Mundo Actual. Editorial Grijalbo S.A. Mxico 2001. Pag.30

[9] Coletta Youngers, Eileen Rosin (Editoras). Drogas y Democracia en Amrica Latina. El Impacto de la Poltica de Estados Unidos. WOLA. Buenos Aires 2005. Pag.83

[10] Youngers et al. Ibdem.

[11] Juan Lus Rodrguez. CIA, Wall Street y Drogas. Globalzate. Agosto 17 de 2008. http://www.globalizate.org/jlr180808.html

[12] La Guerra del Opio. Ediciones Lenguas Extranjeras. Beijing 1980. Pag. 9

[13] James Cockcroft. La Esperanza de Mxico. Siglo XXI editores. Mxico 2001.Pag. 398

[14] Cockcroft. Pag. 265

[15] Cockcroft. Pag. 365

[16] Cockcroft. Pag. 213, 260

[17] Cockcroft. Pag. 191

[18] Rosa Mara Villanueva. Estudio Tcnico del Comit Tcnico para la Medicin de la Pobreza. En Estado, Economa y Pobreza en Mxico. Carlos Arteaga Basurto (Coord.) UNAM. Mxico 2006. Pag. 342.

[19] CONEVAL Medicin Oficial de la Pobreza 2008. Nivel Nacional. http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do;jsessionid=fe8a7f0a6cf0a881ea5456b71d8de73f1358111f79364d5ef26e1360d973be8c.e34QaN4LaxeOa40MaNj0

[20] Cockcroft. Pag. 362

[21] Que Mxico ya no es un pas pobre dice Cordero. El Excelsior. 1 de junio de 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=741524

[22] La pobreza en el pas llega a la miseria: la iglesia. El Universal. 2 de junio de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/770064.html

[23] Noam Chomsky. Lo Que Decimos Se Hace: conversaciones con David Barsamian. Ediciones Pennsula. Barcelona 2007. Pag. 88.

[24] Andrs Barreada Marn. Los Peligros del Plan Puebla-Panam. En Mesoamrica: los Ros Profundos: Alternativas Plebeyas al Plan Puebla Panam. Armando Bartra (Coord.). Instituto Maya A.C. Mxico 2002. Pag. 136, 137, 138.

[25] Luis Astorga. Mxico: De la Seguridad Autoritaria a la Inseguridad en la Transicin Democrtica. Juan Gabriel Tokatlian (Compilador). Drogas y Prohibicin: Una Vieja Guerra Un Nuevo Debate. Libros del Zorzal. Buenos Aires 2010 Pag.369

[26] Carlos Fazio. ASPAN, Plan Mxico y soberana nacional. (exposicin de clase). 29 de octubre de 2007. http://clasefazio.wordpress.com/2010/04/13/aspan-plan-mexico-y-soberania-nacional-exposicion-de-clase/

[27] Astorga. Pag. 371 (Universal 22 octubre 2007)

[28] Carlos Fazio. El Tercer Vnculo: De la Teora del Caos a la Militarizacin. Joaqun Moritz-Planeta. Mxico 1996. Pag.179

[29] El NAFTA es un tratado intrincado de ms de 2.000 pginas con estas caractersticas . James Cockcroft. La Esperanza de Mxico. Siglo XXI editores. Mxico 2001.Pag. 367

[30] Catalogada la eleccin como desaseada y turbia. Enrique Krause. Mxico Contemporneo. En Historia de Mxico. Academia Mexicana de Historia. Gisela Von Woblser. Pag.261.

[31] Edgardo Buscaglia. La Capacidad de Mxico en su Combate a la Financiacin del Terrorismo. En Terrorismo y Delincuencia Organizada: Un Enfoque de Derecho y Economa. Andrs Roemer, Edgardo Buscaglia. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurdicas. Mxico 2006. Pag.31,32

[32] Jorge Castaeda, Rubn Aguilar. Caldern ha Agotado Prematuramente su Presidencia. El Pas. 28 de noviembre de 2009. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Felipe/Calderon/ha/agotado/prematuramente/presidencia/elpepiint/20091128elpepiint_10/Tes

[33] La Secretara de la Defensa Nacional en el Inicio de Un Nuevo Siglo. Coleccin Editorial Gobierno del Cambio. Fondo de Cultura Econmica 2005 Mxico. Pag. 103.

[34] . Sin embargo no ha podido realizar dicha tarea, pues el proyecto de Ley de Seguridad Pblica ha sido frenado en el congreso de la repblica en abril pasado .

[35] Ver lo referido a Frederick Hitz ex inspector de la CIA en Explosivos documentos "descodificados" en EU.

CIA, Contras, Fagoth y el Cartel de Medelln. Nuevo Diario. 18 de Enero de 2004. Managua, Nicaragua. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/enero/18-enero-2004/especiales/especiales4.html Tomado del Diario de Yucatn.

Sobre las confesiones del director de la CIA William Casey ver Conspiran, Espan y Trafican: Informe Especial sobre la Dea y el Gobierno Estadounidense. Andrs Sal.Lari. Rebelin 5 de noviembre de 2008. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75457 Ms recientemente se desclasifican documentos de la agencia que ratifican la financiacin del trfico ilegal. Rusia Today. 29 de marzo de 2011. http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_22299.html

[36] Coletta Youngers. Los Daos colaterales de la Guerra contra las Drogas impulsada por Estados Unidos. Conclusiones y Recomendaciones. Drogas y Democracia en Amrica Latina. El Impacto de la Poltica de Estados Unidos. WOLA. Buenos Aires 2005. Pag. 414.

[37] Evo Morales. Avanza la resistencia democrtica y la descolonizacin de AL: Evo Morales. La jornada. 3 de julio de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/03/mundo/025n1mun

[38] Ricardo Ravelo. Herencia Maldita. Reto de Caldern y Nuevo Mapa del Narcotrfico. Random House Mondadori S.A. Mxico 2007. Pag. 12,14. En este sentido tambin Luis Astorga. Drogas Sin Fronteras: Los expedientes de Una Guerra Permanente. Grijalbo Mxico 2008. Pag.14

[39] Ciro Krauthausen. Padrinos y Mercaderes. Planeta Colombiana Editorial. Santaf de Bogot 1998. Pag.157

[40] Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4

[41] Joaqun Guzmn, el Bin Laden de Mxico. Ignacio de los Reyes. BBC 12 de mayo de 2011. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110511_mexico_chapo_captura_significado_irm.shtml

[42] Declaracin de Genaro Luna Garca Secretario de Seguridad Pblica de Mxico. El Economista. 6 de junio de 2011. http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2011/04/06/violencia-bajara-7-anos-garcia-luna

[43] Operacin Fast and Furios permiti la entrada ilegal de armas a Mxico. Nuevo Da Nogales. 7 de marzo de 2011. http://www.nuevodia.com.mx/local/operacion-%E2%80%9Cfast-and-furios%E2%80%9D-permitio-la-entrada-ilegal-de-armas-a-mexico/ The Scandal of Gun-Walking . National Review Online. 28 de marzo de 2011. http://www.nationalreview.com/articles/263117/scandal-gunwalking-jim-geraghty

[44] Gobierno de EU. Surte de armas a los Zetas, revela el mamito Proceso. 5 de julio de 2011. http://www.proceso.com.mx/?p=275043

[45] Sobre la facilidad de obtener todo tipo de armamento en EE.UU. y su relacin con la violencia en Mxico ver Peter Gorman. A Border Under Siege; American military training and Texas guns are helping boost drug-war violence. 3 de diciembre de 2008. http://archive.fwweekly.com/content.asp?article=7338

[46] El Pas. Espaa. 23 de enero de 2011. http://www.elpais.com/articulo/internacional/FBI/interroga/anchas/inmigrantes/territorio/Mexico/elpepuint/20110123elpepuint_10/Tes

[47] La jornada. 10 de febrero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/02/10/index.php?article=006n1polion=politica

[48] Ginger Thomson. U:S. Widens Role In Battle Against Mexican Drugs Cartels. The New York Times. 6 de agosto de 2011. http://www.nytimes.com/2011/08/07/world/07drugs.html?_r=1&ref=world

[49] Gustavo Castillo Garca. Al Servicio de E.U. altos mandos de PGR y SSP. La Jornada. 11 de agosto de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/08/11/93654398-altos-mandos-de-pgr-y-ssp-sometidos-por-agencias-de-eu Las siglas de acuerdo al idioma ingls.

[50] Cockcroft. Pag. 266. En los mismos EE.UU. es estimada oficialmente como impregnada de corrupcin, ineficacia y falta de transparencia, engendrando impunidad dentro del sistema judicial, confesiones forzadas mediante la tortura, y violencia y amenazas contra periodistas, lo que conllev a la autocensura. Departamento de Estado. EXCELSIOR. 8 de abril de 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=728373

[51] Astorga. MxicoPag. 362

[52] Astorga. Pag.374

[53] Jos Martnez Cruz. Comisin Independiente de Derechos Humanos (CIDH). Clarn 2 de junio 2011. http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1514:jose-martinez-cuando-el-ejercito-realiza-labores-de-policia-el-secuestro-se-incrementa-76&catid=7:entrevista&Itemid=8

[54] Martnez Cruz. Ibdem.

[55] Calculo de la Federacin Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). Flor Goche. Contralnea. 1 de marzo de 2011, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/01/cndh-registra-283-quejas-por-desaparicion-forzada-en-mexico/

[56] Descripcin de Oralia Guadalupe Villaseor Vzquez. Sanjuana Martnez. Ms Quejas Contra Marinos por los Secuestros de Civiles. La Jornada. 3 de julio de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/03/politica/002n1pol

[57] Astorga. Pag. 355

[58] La Jornada. 14 de abril de 2008. http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=politica&article=015n1pol

[59] Laurie Freeman, Jorge Lus Sierra. Mxico: La Trama de la Militarizacin. Youngers et al. Pag. 330, 333.

[60] La Jornada 4 de mayo de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/opinion/002a1edi

[61] Astorga. Pag. 350. Por lo dems el gobierno federal mexicano ha extraditado poco menos de 200 ciudadanos de su pas principalmente a su vecino norteo.

[62] Sube a 58% La Percepcin de que Crimen va Ganando Lucha a Gobierno: Encuesta. La Jornada Junio primero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/06/01/115253.037suspender-garantias-donde-el-crimen-controle-de-facto-mucd

[63] Gilberto Lpez y Rivas. Glosario de la Guerra Contra el Narcotrfico. La Jornada 21 de enero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/01/21/index.php?section=opinion&article=023a1pol

[64] Manuel Espino. Carta a Felipe Caldern H. 8 de diciembre de 2009. Guerra Injusta en Ciudad Jurez. Random House Mondadori S.A. Pag.17

[65] Charles Bowden. Democracy now. Charles Bowden habla sobre su artculo La guerra en la casa del vecino. http://www.democracynow.org/es/destacados/charles_bowden_habla_sobre_su_artculo_la

[66] La Jornada 21 de mayo de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/05/21/la-guerra-del-narco-en-juarez-ha-dejado-9-mil-muertos-en-tres-anos

[67] Bowden. Ibdem

[68] La Prensa (San Antonio). 1 de marzo de 2011. http://www.laprensasa.com/25_hispanos/1038936_mexicana-que-huye-de-violencia-en-juarez-busca-asilo-politico-en-chicago.html

[69] Excelsior. 30 de enero 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=709327

[70] El Siglo de Torren. 2 de febrero de 2010. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/497975.ven-escuadron-de-la-muerte-en-masacre-de-juar.html

[71] Ciudad Jurez, el estigma de la violencia. BBC. 29 de junio 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/06/100621_mexico_ciudades_narcotrafico_juarez.shtml

[72] Alberto Torres. Temen a Escuadrones de la Muerte en Ciudad Jurez. El Universal TV .Mxico 2010. http://www.youtube.com/watch?v=kI5xusVRUpw

[73] Frase del militar al mando del copamiento de Ciudad Jurez, Jorge Jurez. Majo Siscar La guerra contra el narco desangra a Ciudad Jurez . Publico. 26 de junio 2011. http://www.publico.es/internacional/383875/la-guerra-contra-el-narco-desangra-a-ciudad-juarez

[74] Majo Siscar. Ibdem.

[75] Majo Siscar. Ibdem .

[76] Janet Napolitano. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html

[77] La Guerra contra las Drogas Ha fracasado. Semana. Junio 2 de 2011. http://www.semana.com/mundo/guerra-contra-drogas-ha-fracasado/157790-3.aspx

[78] La Repblica de Uruguay. 21 de abril de 2001. http://www.larepublica.com.uy/justicia/42025-la-culpa-es-del-chancho

[79] Jorge Fernndez Menndez. De los Maras a los Zetas. Los Secretos del Narcotrfico, de Colombia a Chicago. Grijalbo. Mxico 2000. Pag. 167

[80] Cockcroft. Pag. 409

[81] Entre 1981 y 1995 se entrenaron en EE.UU. 1.488 militares y civiles mexicanos en EE.UU. Y entre 1997 y 1998 ms de mil, superando los de 15 aos anteriores. Freeman, Sierra. Youngers, et al. Pag. 348.

[82] Sobre los estudiantes del SOA Whinsec, y su tendencia a ser instruidos en crueles violaciones a los derechos humanos ver: http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/817

[83] http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/834

[84] Fazio. Pag.179

[85] Gastn Pardo. Las asombrosas revelaciones de la CIA sobre el narcotrfico en Mxico. Redvoltaire. Febrero 10 de 2007. http://www.voltairenet.org/article145224.html

[86] Cockcroft. Pag. 399

[87] Cockcroft. Pag. 400

[88] Cockcroft. Pag. 425, 431

[89] Jorge Fernndez Menndez. De los Maras a Pag. 192.

[90] Policas de Los ngeles C.A. corruptos por los traficantes mexicanos, pero tambin robaban su propia droga incautada. Esta red de policas gringos llegaba a Detroit. Oficiales y marinos de la base naval de San Diego tambin trafican. Unos 5 mil de estos haban sido procesados por consumo o por trfico. Dato de 1998. Jorge Fernndez Menndez. De los Maras a Pag. 198, 199.

[91] Jean Franois Boyer. La Guerra Perdida de las Drogas. Narcodependencia en el Mundo Actual. Editorial Grijalbo S.A. Pag. 46,47.

[92] Patricia Adler. Wheeling and Dealing. Columbia Press University. New York 1985; F.E. Hagan. The Organized Crime Continuum. Criminal Justice Review, 8, p 52-57; Peter Reuter, John Haaga. Organization of High-Level Drugs Market. Rand Corporation ( http://www.rand.org/pubs/notes/N2830.html ). Citados por Ciro Krauthausen. Padrinos y Mercaderes: Crimen Organizado en Italia y Colombia. Planeta Colombiana Editorial. Santaf de Bogot 1998. Pag. 222

[93] Jess Blacornelas. El Crtel. Plaza y Jans. Mxico 2002. Pag.9

[94] Documentos desclasificados revelan que la CIA ha financiado redes de narcotrfico. http://pijamasurf.com/2011/04/documentos-desclasificados-revelan-financiamiento-del-narcotrafico-por-parte-de-la-cia/

[95] Javier Sicilia. El Clarn de Chile/Rebelin. 11 de junio 2011. www.rebelion.org/noticia.php?id=130237

[96] Alberto Rojas Andrade. El Control Social Violento en Pases Dependientes: Aproximacin a la Contrainsurgencia Paramilitar. Pag. 8 ss.

[97] Por la poca del Presidente Miguel Alemn Valds. Cockcroft. Pag. 188

[98] Elena Poniatowska. Fuerte Es el Silencio. Ediciones Era. Mxico 1980. Pag.45

[99] Para dar una dimensin de la tradicin insurgente podemos citar grupos y organizaciones como las de Rubn Jaramillo en Morelos (campesinos de una regin caera), el Partido Proletario Unido de Amrica de Florencio Medrano, en los aos cincuenta, en Chihuahua con Arturo Gamz Garca y Pablo Gmez Ramrez, y Lucio Cabaas Barrientos y Genaro Vzquez Rojas, Liga 23 de Septiembre, Movimiento de Accin Revolucionaria (MAR).

[100] El General Jos Rubn Rivas Pea. http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/834

[101] SoaWatch. Notorius graduates from Mexico. http://www.soaw.org/about-the-soawhinsec/soawhinsec-grads/notorious-grads/242

[102] Cockcroft. Pag. 407, 408

[103] Carlos Fazio. Guerra Sucia y Paramilitarizacin de los Conflictos en Colombia y Mxico. En Globalizacin de la Violencia. Horst Kurnitzky. Editorial Colibr S.A. Mxico 2000. Pag.68

[104] Alberto Rojas Andrade. Control Social Pag.27 ss.

[105] Fazio. Guerra Sucia Pag.64, 65, 66.

[106] Cockcroft. Pag. 365

[107] Cockcroft. Pag. 396

[108] Informe de seguimiento a un ao, elaborado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. La Masacre de El Charco. Ayutla de los Libres, Guerrero. Ocurrida el 07 de junio de 1998. http://www.derechos.org/limeddh/informes/charco.html

[109] Samuel Blixen. Narcotrfico, Terrorismo de Estado y Democracia Militarizada. Marzo 11 de 2003. http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Narcotrafico_terrorismo%20y%20militarismo.pdf

[110] Martha Patricia Lpez A. La Guerra de Baja Intensidad en Mxico. Plaza y Valdz Editores. Mxico 1996. Pag.40

[111] Martha Patricia Lpez A. La Guerra de Baja Intensidad en Mxico. Plaza y Valdz Editores. Mxico 1996. Pag. 109

[112] Lpez Rivas, Gilberto. Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox. En publicacin: Chiapas, no. 15. IIEC, Instituto de Investigaciones Econmicas, UNAM, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, DF, Mxico: 2003 1729-0201. http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0chiapas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8-00&a=d&c=chiapas&cl=CL2.1&d=HASH2670799f30d8fbca0777cb.5

[113] Doris Gomora. Militares Aprenden Tcticas de Afganistn. El Universal 27 de junio de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178692.html

[114] Denuncian que 100.000 militares desertaron durante mandato de Fox. Los Tiempos.com. 21 de julio 2007. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20070721/denuncian-que-100000-militares-desertaron-durante-mandato-de_16419_19264.html Mxico Mayores Penas para Narcomilitares. BBC. 29 de abril de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100428_0224_mexico_senado_castigos_militares_narco_ejercito_penasdesertores_droga_zetas_fp.shtml

[115] Jos Sotelo Marbn. Oaxaca Insurgencia Civil y Terrorismo de Estado. Ediciones Era S.A. Mxico 2008. Pag. 24

[116] Sotelo Marbn. Pag. 91

[117] Astorga. Pag.366

[118] Nydia Egremy. Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad. Contralnea 181. 9 de mayo de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/09/paramilitares-arma-gubernamental-contra-la-sociedad/

[119] Egremy. Ibdem.

[120] Alberto Rojas Andrade. Contrainsurgencia sin Lmites en Pases Estratgicos: el Paramilitarismo en Colombia. Pag. 252 ss.

[121] Gilberto Lpez y Rivas en Nydia Egremy. Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad. Contralnea 181. 9 de mayo de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/09/paramilitares-arma-gubernamental-contra-la-sociedad/

[122] Gilberto Lpez y Rivas. Paramilitarismo Como Poltica de Estado en Chiapas. La Jornada. 5 de agosto de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/08/05/opinion/023a1pol Sobre los cuerpos paramilitares actuando como parainsurgencias a fin de desprestigiar a las guerrillas ante su base popular ver Frank Kitson. Gangs And Counter-Gangs. Barrie and Rockliff. London 1960.

[123] Cockcroft. Pag. 388

[124] Cuarta Declaracin de la Selva de Lacandona . Elena Azaola. Crimen y Castigo Y Violencias en Mxico. Ciesas. Mxico 2009. Pag.38

[125] Kate Doyle. Archivos Improcedentes. The National Security Archive. 20 de agosto de 2009. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/index2.htm . Ver tambin a Carlos Fazio. Guerra Sucia y Paramilitarizacin de los Conflictos en Colombia y Mxico. En Globalizacin de la Violencia. Horst Kurnitzky. Editorial Colibr S.A. Mxico 2000. Pag.67

[126] Testimonio de Juan Gmez Ruz. La Jornada 22 de diciembre de 2006. http://www.jornada.unam.mx/2006/12/22/index.php?section=politica&article=012n1pol

[127] Testimonio de Mariano Luna Ruz. Gustavo Castro Soto. Navidad de Luto. Algunas Reacciones a la Masacre de Acteal en Chenalh. 25 de diciembre de 1997. http://www.otrosmundoschiapas.org/analisis/NAVACTEAL.pdf

[128] Samuel Ruiz: viable, juicio a Zedillo por el caso Acteal. La Jornada. 22 de diciembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=005n1polion=politica

[129] Ver La Masacre de Acteal, culminacin de una Poltica de Estado contra los Indgenas, Jess Ramrez Cuevas. La Jornada 22 de diciembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=007n1polion=politica

[130] Fazio. Guerra Sucia Pag.70.

[131] Fazio. Guerra Sucia Pag.68.

[132] Mxico: Los Graves Abusos del Ejrcito Durante la Guerra al Narco. Maximiliano Sbarbi Osuna. Observador Global. 21 de julio de 2011. http://observadorglobal.com/mexico-los-graves-abusos-del-ejercito-durante-la-guerra-narco-n27192.html

[133] Proyecto de Integracin y desarrollo Mesoamrica. http://www.proyectomesoamerica.org/ Hacia una Mesoamrica Integrada y Prospera? El Plan Puebla Panam Segn la Propaganda Oficial. http://www.tropicoverde.org/Proyecto_TV/doc_pdf/PPP.pdf

[134] Cockcroft. Pag. 414 ss.

[135] Ver declaraciones del Subcomandante Marcos en EZLN: Documentos y Comunicados. La Marcha del Color de la Tierra. Ediciones Era. Mxico 2003. Pag. 343

[136] Michele Leonhart. Directora de la DEA. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol

[137] Declaracin del Director Nacional del Inteligencia Denis Blair y del subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcticos, David Johnson., ante el senado. La Jornada. 11 de marzo de 2009. http://www.jornada.unam.mx/2009/03/11/politica/003n1pol

[138] Balance del Secretario Ejecutivo del Gabinete de Seguridad Nacional durante la conferencia Internacional contra las Drogas , Alejandro Poir Romero, en materia de combate al narcotrfico: se han decomisado ms de 102 mil armas; 11 mil 849 granadas, 501 aeronaves y 47 mil 490 vehculos. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol

[139] De parte del diputado del PAN Manuel Clouthier Carrillo. Proceso 210. 24 de febrero de 2010. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76863 Al respecto tambin Astorga.. Pag. 351

[140] Miguel ngel Granados Chapa. Anabel Hernndez y Genaro Garca Luna. Proceso. 9 de mayo de 2011. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91075 Ver tambin http://tu.tv/videos/solalinde-genaro-garcia-luna-de-que-lad

[141] Astorga. Pag.374

[142] Astorga. Pag. 381

[143] Alejo Vargas Velsquez. (Editor) Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. 1985-2006. Universidad Nacional Grupo de Investigacin Seguridad y Democracia. Bogot 2008. Pag.47

[144] Francisco E. Thoumi. El Imperio de la Droga: Narcotrfico Economa y Sociedad en los Andes. Editorial Planeta S.A. Bogot 2002. Pag.120.

[145] WOLA. Peligro Inminente: Las FF.AA. de Estados Unidos y la Guerra Contra las Drogas. Bogot 1993. Pag. 97

[146] Carlos Jimnez Gmez. Documentos Del Procurador. Bogot 1997. Pag. 169

[147] Rojas Andrade. Contrainsurgencia Pag. 77 ss.

[148] Jorge Alberto Restrepo, Michael Spagat, Juan Fernando Vargas. El Conflicto en Colombia Quien hizo qu a Quien? Un Enfoque Cuantitativo. En Nuestra Guerra Sin Nombre. Pag. 522,522,526.

[149] Gonzalo Guilln. Crnicas de la Guerra Sucia. Planeta Colombiana Editorial S.A. Santaf de Bogot 1997. Pag. 129, 137, 141, 160

[150] Alejo Vargas Velsquez. (Editor) Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. 1985-2006. Universidad Nacional Grupo de Investigacin Seguridad y Democracia. Bogot 2008. Pag.52

[151] Jean Francois Boyer. La Guerra Perdida de las Drogas. Narcodependencia en el Mundo Actual. Editorial Grijalbo S.A. Pag.15

[152] Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag.62

[153] El presupuesto en ms de una tercera parte y el pie de fuerza en una cuarta. Nadia Soley Lizarazo Vargas. Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag.64

[154] Nadia Soley Lizarazo Vargas. Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag.72

[155] Semana 3 de julio de 1990. Pag.23

[156] Medelln, masacre en el bar Oporto 23 de junio de 1990. Semana 3 de julio de 1990. Pag.24

[157] Semana. 7 de diciembre de 1993. Pag.66, 68.

[158] Guilln. Crnicas Pag.333 ss.

[159] Gonzalo Guilln. Un Pas de Cafres: Antologa de la Corrupcin Contempornea en Colombia. Planeta Colombiana Editorial S.A. Santaf de Bogot 1995. Pag. 247 ss.

[160] WOLA. Peligro Inminente: Las FF.AA. de Estados Unidos y la Guerra Contra las Drogas. Bogot 1993. Pag. 215

[161] Gonzalo Guilln. Crnicas Pag. 63, 64.

[162] Diana Marcela Rojas. Pag.44. En el mismo sentido Juan Carlos Chaparro. Pag. 108

[163] Diana Marcela Rojas. Pag.45

[164] James J. Btrittain, R. James Sacouman. Depende las Farc-EP de la Coca? International Peace Observa tory. 8 de mayo de 2006. http://www.peaceobservatory.org/es/387/dependen-las-farc-ep-de-la-coca

[165] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag. 104

[166] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag. 106, 107. 115

[167] Camilo Chaparro. Historia del Cartel de Cali. Intermedio Editores. Bogot 2005. Pag.129

[168] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velsquez. Papel de las Fuerzas Armadas Pag.131, 138. En el avin presidencial se trat de herona. Semana No 752. 1 de octubre de 1996. Pag.42

[169] Semana 21 de diciembre de 1998. http://www.semana.com/nacion/delatores/41087-3.aspx

[170] Diana Marcela Rojas. Estados Unidos y la Guerra en Colombia. En Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia. Francisco Gutirrez (Coord.) Universidad Nacional de Colombia, IEPRI. Bogot 2006. Pag.42.

[171] Ann Mason. La Crisis de la Seguridad en Colombia: Causas y Consecuencias Internacionales de un Estado en Va de Fracaso. Colombia Internacional. Universidad de los Andes. CEI 49/50. Bogot 2001. Pag.83

[172] Russell Driven By Drugs. U.S. Policy Toward Colombia. Boulder, Lynne Reinner. 2002. Citado por Diana Marcela Rojas. Pag. 51

[173] Juan Carlos Chaparro. Pag.139

[174] Semana. 18 de octubre de 1999. http://www.semana.com/nacion/frente-mar/39002-3.aspx

[175] Diana Marcela Rojas. Pag. 50

[176] The Future In Latin America. En War in Colombia: Made in USA. Rebeca Toledo et alteri (Editores). International Action Center. New York 2003. Pag. 45.

[177] Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogot 2008. Pag. 146

[178] Mara Clemencia Ramrez, Kimberly Staunton, John Walsh. Colombia : Un crculo vicioso de drogas y guerra. Youngers et al. Pag. 145, 147

[179] Ramirez, Stanton, Walsh. Youngers et al. Pag. 144

[180] Tailandia en un buen ejemplo de tales maneras de control de determinadas sociedades. Noam Chomsky, Edward Herman. Washington y el Fascismo en el Tercer Mundo. Siglo XXI Editores S.A. Mxico 1981. Pag. 306

[181] Ms de diez mil. Soa Watch. The School of Assassins and Neoliberalism. http://www.soaw.org/docs/SOANeoliberalism.pdf

[182] Peter Dale Scott. Pag.99

[183] Cual Plan Colombia? Cartilla de Informacin Popular. American Friends Service Comitee. AFSC. Pag.12

[184] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lecturas Dominicales agosto 25 1996. Pag.4

[185] Peter Dale Scott. Pag.89

[186] Una anotacin contundente de Francisco E. Thoumi.. . Pag.108

[187] Armas de Operativo de la DEA habran Terminado en Oficina de Envigado. Sergio Gmez Maseri. El Tiempo 19 de julio de 2011. http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/armas-de-operativo-de-la-dea-habrian-terminado-en-oficina-de-envigado_9954226-4

[188] Diana Marcela Rojas. Pag. 54

[189] Declaracin de Diego Fernando Murillo Bejarano Don Berna. El Espectador. 22 de abril de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo137174-condenan-31-anos-de-prision-don-berna . Y de Miguel ngel Meja Manera, El Mellizo. El Espectador. 27 de octubre de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo168950-paramilitares-llevaron-al-poder-al-presidente-uribe-dice-alias-el-m

[190] Diana Marcela Rojas. Pag. 54

[191] Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogot 2008. Pag. 166, 170, 174.

[192] Un Ao de la Masacre de Jamund. Semana 21 de mayo de 2007. http://www.semana.com/on-line/ano-masacre-jamundi-batallon-del-ejercito-aniquilo-mejor-unidad-antidrogas-policia/103912-3.aspx

[193] Corrupcin Hasta el Tutano. Semana. 11 de agosto de 2007. http://www.semana.com/nacion/corrupcion-hasta-tuetano/105525-3.aspx

[194] Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogot 2008. Pag. 189

[195] Corrupcin Hasta el Tutano. Semana. 11 de agosto de 2007. http://www.semana.com/nacion/corrupcion-hasta-tuetano/105525-3.aspx

[196] Semana. 16 de julio de 2011. http://www.semana.com/nacion/culpable/160435-3.aspx

[197] Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogot 2008. Pag. 155

[198] Papel de las Fuerzas Armadas en la Poltica Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogot 2008. Pag. 192

[199] Estimativos tomados de la revista Newsweek y del diario San Francisco Chronicle. Peter Dale Scott. Pag.75

[200] Peter Dale Scott. Pag.89

[201] Ver al respecto National Security Archive. 2 de agosto de 2004. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm ; Newsweek. 8 de agosto de 2004. http://www.newsweek.com/2004/08/08/blacklist-to-the-a-list.html Y a Sergio Camargo V. lvaro Uribe Vlez : el narcotraficante n 82. Universo Latino. Pars 2008 .

[202] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida. La Aspersin de Cultivos Ilcitos en Colombia. Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos. WOLA. Bogot 2008. Pag.37.

[203] Daro Arenas. Colombia: 40% del territorio, Pedido en concesin Para Proyectos Mineros. Prensa Indgena. www.prensaindigena.org.mx/?...40-del-territorio-pedido...para...mineros

[204] Aurelio Surez Montoya . Poltica Agraria de Santos: Fase Superior del Modelo Malayo Colonialista. www.prensarural.org/spip/spip.php?article5672

[205] Rojas Andrade. Contrainsurgencia Pag, 48 ss.

[206] Rojas Andrade. Contrainsurgencia Pag, 111, 119, 123 ss.

[207] CUT, CTC 2007. Las Libertades Sindicales . Vctor Currea-Lugo. Colombia Derechos Humanos en Crisis. En Colombia en su Laberinto: Una Mirada el Conflicto. Felipe Gmez Iza. Libros de la Catarata. Madrid 2008. Pag. 221

[208] Al respecto de la cada vez ms evidente participacin de militares y policas en las acciones criminales de los paramilitares vase por ejemplo. Criminal de guerra: Mancuso confirma un secreto a voces: la complicidad de varios militares con la AUC. Semana 22 de enero de 2007. Pag. 30 ss. http://www.semana.com/nacion/criminal-guerra/100532-3.aspx ; De hroe a villano coronel Hernn Meja Gutirrez, nexos de militares y paramilitares. Semana 1291. 29 de enero de 2007. Pag. 22. http://www.semana.com/nacion/heroe-villano/100685-3.aspx

[209] Americas Watch. La Guerra Contra Las Drogas en Colombia: La Olvidada Tragedia de la Violencia Poltica. Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia. Bogot 1991. Pag.66.

[210] Condenan el Estado Colombiano a Resarcir Familias Por Asesinado de Cinco Personas. Semana. 22 de junio de 2001 http://www.semana.com/nacion/condenan-estado-colombiano-resarcir-familias-asesinato-cinco-personas/158991-3.aspx

[211] Verdadabierta.com. La Masacre de El Salado Semana 30 de agosto de 2008. http://www.verdadabierta.com/web3/nunca-mas/40-masacres/435-la-masacre-de-el-salado- .

[212] La Repblica.pe. 8 de julio 2011. http://www.larepublica.pe/08-07-2011/santos-pide-perdon-por-matanzas-de-paramilitares-en-colombia

[213] Rojas Andrade. Contrainsurgencia Pag, 206,207 ss.

[214] Ver Golbery do Couto E Silva. Geopoltica de Brasil. Alberto Rojas Andrade. Contrainsurgencia sin lmites en pases estratgicos: El paramilitarismo en Colombia. 2010. Pag, 300.

[215] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida... Pag.110

[216] La captura en Choc de 11 miembros de los organismos de seguridad por complicidad con Los Rastrojos lleva a preguntarse hasta dnde las llamadas bandas criminales son la continuidad de los paramilitares. Semana. 4 de junio de 2011 . http://www.semana.com/nacion/neoparamilitares/157914-3.aspx

[217] Tiempos Violentos. Semana 1456. 29 de marzo de 2010. Pag.42

[218] Paramilitares asesinan a estudiante universitaria y su padre y desplazan masivamente a profesores. Camilo Raigozo. Notimundo. 24 de julio de 2011. http://notimundo2.blogspot.com/2011/07/parauribismo-paramilitares-asesinaron_24.html

[219] Mara Jimena Duzn. Cul Desmovilizacin? Semana. 15 de enero de 2011. http://www.semana.com/opinion/cual-desmovilizacion/150192-3.aspx

[220] Juan Diego Restrepo E . Medelln, entre la violencia y la impunidad / Medelln, biolentzia eta zigorrik ezaren artean Revista Pueblos. Dossier Especial del No 46. Abril de 2011. http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2194

[221] Palabras de Mario Iguarn. Semana. 19 de marzo de 2007. Pag.18

[222] Grupos Narcoparamilitares se Extienden como Plaga en Colombia. Carlos Osorio. El Universal. 16 de marzo de 2011. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/grupos-narcoparamilitares-se-extienden-como-plaga-en-colombia-14716

[223] Gay McDougall. http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php?option=com_content&view=article&catid=42%3Arelatores-especiales-y-grupos-de-trabajo&id=64%3Adeclaracion-de-la-experta-independiente-de-las-naciones-unidas-sobre-cuestiones-de-las-minorias-senora-gay-mcdougall&Itemid=59

[224] Antonio Albiana. Pblico. 26 de noviembre de 2009. http://www.publico.es/internacional/271582/supremo/colombiano/pide/comision

[225] Al respecto ver los cables de Wikileaks en La Otra Casa de Nario. Semana. 26 de febrero de 2011. http://www.semana.com/nacion/otra-casa-narino/152440-3.aspx

[226] Ricardo Vargas. Colombia: Un Caso Exitoso de la Guerra Contra las Drogas? Le Monde Diplomatique. (Colombia). En Rebelin 21 de diciembre de 2010. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119041

[227] James J. Brittain. A War Coca Nobody Believes in. CounterPunch. 20-22 de noviembre de 2009. http://www.counterpunch.org/brittain11202009.html

[228] Aura Rodrguez, Hctor Len Moncayo. El TLC con la Unin Europea quiebra la economa campesina y favorece la estrategia paramilitar. Rebelin/La Radio Del Sur. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118348

[229] El carcter neoliberal de los programas de estas instituciones se encuentra fuera de discusin. Sobre los principios de esta doctrina econmica respecto a la zonas campesinas uno en especial es el de que el estado no debe sostener per se a las economas campesinas sino que estas deben modernizarse y por lo tanto, reubicar a la poblacin que no es viable econmicamente en el mercado. Absaln Machado C. De la Estructura Agraria al Sistema Agroindustrial. Universidad Nacional de Colombia. Bogot 2004.

[230] Carlos Chirinos. Hillary Clinton: Mxico se parece a "Colombia de hace 20 aos ". BBC. 8 de septiembre de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100908_1808_eeuu_clinton_mexico_drogas_gz.shtml

[231] Marco Romero. Sobre la Nueva Ley de Vctimas. Periodismohumano. 11 de junio 2011. http://periodismohumano.com/en-conflicto/sobre-la-nueva-ley-de-victimas-colombiana.html

[232] Indicadores de Pobreza en Colombia: Departamento Nacional de Estadstica. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1585278

[233] Diana Marcela Rojas. Pag.58

[234] PNUD 2003. 306 El Conflicto Callejn con Salida. Diana Marcela Rojas. Pag.46

[235] Se han documentado judicialmente 1.652 masacres, aproximadamente 178 mil muertos, 35 mil desaparecidos, 3. 670 secuestros, 3.586 extorsiones desde 1992. Gestin Unidad Nacional de Fiscalas Para la Justicia y la Paz a 31 de enero de 2011. http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm

[236] Vision Of Humanity. Global Peace Index. GPI Map 2011. http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scor

[237] entre enero y octubre de 2010 se habran producido 12.811 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo perodo se habran producido 32 masacres con 153 vctimas. Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Vicepresidencia de la Repblica conforme a su metodologa-. Informe Anual de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos 2010 . Captulo IV. Desarrollo de los Derecho Humanos en la Regin. Colombia. San Salvador. 8 de junio de 2011. Pag. 355. http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm

[238] Lo que se rob en Colombia en los ltimos aos no tiene nombre. Y no es que antes hubisemos sido el paraso de la anticorrupcin, pero es que lo que pas en los ltimos cuatro o cinco aos no haba ocurrido, y creo que no exagero, en los ltimos cien aos. Flix De Bedout. Mara Jimena Duzn. Semana. 11 de junio de 2011. http://www.semana.com/nacion/santos-hace-muchas-cosas-uribe-pero-mejores-modales/158276-3.aspx

[239] Se estn robando el pas. Semana. No 1505. 7 de marzo de 2011. Pag.25

[240] En las Entraas del Monstruo. Semana. No 1505. 7 de marzo de 2011. Pag. 29

[241] Se estn robando al Pas. Semana. 5 de marzo de 2011. http://www.semana.com/nacion/estan-robando-pais/152882-3.aspx

[242] Claudia Lpez. La Mafia Cre Un Nuevo Pas. Semana No 1477. Agosto 23 de 2010. Pag.42.

[243] Tiberio Gutirrez Medelln. El Espectador. 10 de enero de 2010. http://www.elespectador.com/columna183251-captura-del-estado-vuelve-y-juega

[244] Adolfo Atehorta Presidente CNP. El Espectador. 27 de octubre 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo168933-consejo-nacional-de-planeacion-insiste-legalizacion-de-droga

[245] La Nueva Poltica Antidrogas del Gobierno. Semana 23 de junio de 2011. http://www.semana.com/politica/nueva-politica-antidrogas-del-gobierno/159039-3.aspx

[246] Como el bloqueo de vas, el arrojamiento de objetos, o la prohibicin de la minera en pequea escala, se legaliza el espionaje de personas y se le otorga efectos penales de la tele vigilancia. Ley 1453 de 24 de junio de 2011, Llamada de Seguridad Ciudadana.

[247] James J. Brittain. A War Coca Nobody Believes in. CounterPunch. 20-22 de noviembre de 2009. http://www.counterpunch.org/brittain11202009.html

[248] Fazio. Guerra Sucia Pag.66

[249] Fazio. Guerra Sucia Pag.69.

[250] Gerardo Reyes. Nuestro Hombre en la DEA. Editorial Planeta Colombiana S.A. Bogot 2007. Pag.7

[251] Phillip Crowley .La Jornada. 22 de enero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/01/22/index.php?section=politica&article=009n1pol

[252] Mxico se ha convertido en un pueblo de asesinos y corruptos: Arquidicesis. La Jornada 6 de septiembre de 2006.

[253] Televisa-TVAzteca de un lado y Caracol TV-RCN en el otro.

[254] Para citar slo algunos nombres: Contralnea, Proceso,

[255] El diario es El Tiempo, y la revista es Semana.

[256] Vision Of Humanity. Global Peace Index. GPI Map 2011. http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scor

[257] El Incmodo Oficio Del Periodismo en Mxico. Majo Siscar. Periodismo Humano. 20 de abril 2011. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/el-incomodo-oficio-del-periodismo-en-mexico.html

[258] El Tiempo. 2 de septiembre de 2008. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4496542

[259] Ejemplo de ello el programa televisivo Contrava de Hollman Morris. http://www.contravia.tv/espanol/

[260] Alain Rouqui. El Estado Militar en Amrica Latina. Siglo XIX editores. Mxico 1984. Pag. 245, 246, 248. Jorge Alberto Lozoya. El Ejrcito Mexicano. Colegio de Mexico.1984. Mxico D.F. Pag.30

[261] Rouqui. Pag. 232.

[262] Santos de Visita en Mxico. La Revista Peninsular. 2 de agosto de 2011. http://www.larevista.com.mx/noticias/santos-visita-mexico-32679/

[263] Stan Goff. The Blurring of The Lines. En War in Colombia: Made in USA. Rebeca Toledo et alteri (Editores). International Action Center. New York 2003. Pag.79

[264] Militarizacin de Amrica Latina: Entrevista a Ana Esther Cecea. Argenpress. 6 de febrero de 2009. Tomado de la Revista Maritegui. http://www.argenpress.info/2009/02/militarizacion-en-america-latina.html

[265] Ministerio de Defensa de Colombia. Memorias al Congreso 2009-2010. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/normatividad/EstrategiaPlaneacion/SistemaDeControlInterno/GPA/InformesDeGestion/memorias2009-2010.pdf Pag.31

[266] Carlos Chirinos. Hillary Clinton: Mxico se parece a "Colombia de hace 20 aos ". BBC. 8 de septiembre de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100908_1808_eeuu_clinton_mexico_drogas_gz.shtml

[267] Ver artculos: Narcotrfico. Un Crimen Imperfecto; La Chicago Criolla. Semana. 30 de mayo de 2011. Pag.50, 32; Sicarios asesinan a un ambientalista y filsofo en Pereira. El Espectador junio 9 de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-276226-sicarios-asesinan-un-ambientalista-y-filosofo-pereira ; Asesinada Lder de Desplazados en Medelln. El Espectador Junio 7 de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-275793-asesinada-ana-fabricia-cordoba-lider-de-desplazados-medellin

[268] Chirinos. Ibdem.

[269] Matthew Rooney. El Espectador. 15 de febrero de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-251071-carteles-mexico-no-equiparables-los-de-colombia-eeuu

[270] Astorga. Pag. 355

[271] Janet Napolitano. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html

[272] Blake Farenhold. Congresista por Texas. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html

[273] Ingrid Vaicious, Adam Isacson. Tha War on Drugs meets the War on Terror. The United States military involvement in Colombia Climb to the Next Level. Febrero de 2003. http://www.ciponline.org/colombia/0302ipr.pdf

[274] Cae alto lder De los Zetas en Guatemala; lo ligan a masacre. El Imparcial.com. 18 de mayo de 2011. http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/18052011/516262.aspx

[275] Michele Leonhart. Directora de la DEA. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol . Astorga. Pag. 369

[276] Jacinto Granda. Narcotrfico e Intervencionismo en Costa Rica. Redvoltaire. 6 de junio 2011. http://www.voltairenet.org/Narcotrafico-e-intervencionismo-en

[277] Michel Chossudovsky. Quin se Beneficia del Comercio del Opio Afgano? Rebelin. 27 de septiembre de 2006. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=38222

[278] Oficina de la ONU Contra Las Drogas y el Delito Advierte sobre el Crimen organizado en Iraq. Centro de Noticias ONU. 27 de agosto de 2003. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=843 En Irak el problema lleg con la invasin de 2003. Fuente Balochistan Post http://es.altermedia.info/general/donde-la-cia-toma-el-control-florece-el-negocio-de-los-narcticos_684.html

[279] Nydia Egremy. Drogas Inestabilidad y Violencia. Redvoltaire. 9 de agosto de 2010. http://www.voltairenet.org/article166681.html

[280] Napolitano. Ibdem http://www.informador.com.mx/internacional/2011/309632/6/gobierno-de-eu-lanza-nueva-estrategia-contra-crimen-organizado.htm Ver tambin nuevos decretos del gobierno Obama: Sanciones a las Mafias. Voz de Amrica. http://www.voanews.com/spanish/news/usa/Casa-Blanca-contra-crimen-organizado-126121248.html

[281] Elena Azaola. Crimen y Castigo y Violencias en Mxico. Ciesas. Mxico 2009. Pag. 31

[282] El Espectador. 30 de julio de 2010. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-216266-principal-problema-de-colombia-impunidad-onu

[283] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida Pag.93.

[284] Estela Gutirrez Garza. Economa y Sociedad Nacin en el Contexto de un Proyecto Nacin. En Seguridad y Desarrollo en Mxico. Colegio de la Frontera del Norte. Tijuana 2009. Pag. 197

[285] Jorge Fernndez Menndez. De los Maras a Pag. 197

[286] Astorga. Pag.373

[287] Janet Napolitano. Gobierno de EU lanza nueva estrategia contra el crimen organizado. INFORMADOR.COM.MX. 25 de julio 2011. http://www.informador.com.mx/primera/2011/309632/6/gobierno-de-eu-lanza-nueva-estrategia-contra-crimen-organizado.htm

[288] William Brownfield. El Espectador. 17 de mayo de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-270500-talibanes-y-farc-los-mayores-narcotraficantes-delmundo-eeuu

[289] Diana Marcela Rojas. Pag.57, 61.

[290] Esta conclusin est firmada por el senador, en ese entonces, Barack Obama. Frabrizio Gatti. Coca Made in Cia. LExpresso. 22 de enero de 2009. En este mismo artculo hay pruebas de que la Cia participa en el trfico GBI. EU. Psicoactivos. http://espresso.repubblica.it/dettaglio/coca-made-in-cia/2059291//0

[291] Adam Engel. El sistema y la Guerra de la Droga. La Fuerza de la Jaura de Douglas Valentine. CounterPunch. Rebelin. Junio 29 de 2010. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108721 En ingls http://www.counterpunch.org/engel06252010.html

[292] The Drug War Can't Be Improved, It Can Only be Ended: Beyond Solidarity. Laura Carlsen, Counterpunch. 6 de mayo de 2011. http://www.counterpunch.org/carlsen05062011.html

[293] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4

[294] EE.UU.: ms poblacin carcelaria. BBC. 25 de abril de 2005. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4480000/4480373.stm

[295] Vidal. Pag. 215

[296] Hablamos de Carlos Pasqual, quien renunci con motivo de las revelaciones de Wikileaks sobre su intromisin descarada en los asuntos internos de Mxico. http://www.informador.com.mx/mexico/2011/279054/6/carlos-pascual-renuncia-como-embajador-en-mexico.htm

[297] Es el caso de William B. Wood, quien luego de sus tareas en Bogot es designado como embajador en Kabul Afganistn. La intromisin de este funcionario en los asuntos internos colombianos fue generalizada.

[298] Informe Roquefeller: Calidad de Vida en Las Amricas. Citado por Horacio Vanaroni. Estados Unidos y Las Fuerzas Armadas de Amrica Latina, la Dependencia Militar. Ediciones Periferia. Buenos Aires sin fecha. Pag.91

[299] Secretara de la Defensa Nacional SEDENA. Coleccin Editorial del Gobierno Para el Cambio. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 2005. Pag.15, 16.

[300] Fazio. El Tercer Vnculo Pag.44.

[301] Un caso paradigmtico es el de Indonesia en los aos sesenta. Ver Noam Chomsky, Edward Herman. Washington y el Fascismo en el Tercer Mundo. Siglo XXI Editores S.A. Mxico 1981. Pag. 288.

[302] Peter Dale Scott. Pag.98

[303] Peter Dale Scott. Pag.99

[304] La Cnrr prende alarmas sobre los en desmovilizacin de las Auc . 25 de noviembre de 2010. http://www.verdadabierta.com/rearmados/50-rearmados/2826-la-cnrr-prende-alarmas-sobre-lios-en-desmovilizacion-de-las-auc

[305] Gmez Isa. Colombia en Pag.223.

[306] Contralmirante F.F. Fletcher. Proclama al Pueblo de Veracruz. 22 de abril de 1914. Gastn Garca Cant. Las Invasiones Norteamericanas en Mxico. Ediciones Era. Mxico 1971. Pag. 297

[307] Amrica Econmica. 14 de mayo de 2011. http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/calderon-mexico-mantendra-su-estrategia-contra-el-narcotrafico Genaro Garca Luna Secretario de Seguridad Pblica de Mxico ha asegurado que la guerra del narco en los trminos en los cuales se desarrolla actualmente durar por lo menos unos siete aos ms. Violencia Bajar en siete aos. El Economista. 6 de abril de 2011. http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2011/04/06/violencia-bajara-7-anos-garcia-luna

[308] Tres expresidentes latinoamericanos piden legalizar el consumo de drogas. El Pas. 25 de enero de 2011. http://www.elmundo.es/america/2011/01/25/mexico/1295977058.html

[309] Santiago Igarta. Critica Gaviria estrategia militar de Caldern contra el narco. PROCESO. 22 de febrero 2011. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76807

[310] Critica Clinton Estrategia de Mxico contra el Narcotrfico. Milenio. 25 de octubre de 2010. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f093ccf4edf26d1cdb9c4181ba5f7fcb

[311] Zzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervencin de EU. Contralnea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/

[312] James Clapper. Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. CNN 10 de febrero de 2011. http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/10/eu-la-capacidad-militar-de-mexico-es-insuficiente-contra-el-narcotrafico

[313] Alberto Montoya Martn citado por Nydia Egremy. Guerra antidrogas: intervencin de Estados Unidos. Contralnea 4 de abril de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/guerra-antidrogas-intervencion-de-estados-unidos/

[314] Zzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervencin de EU. Contralnea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/

[315] Zzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervencin de EU. Contralnea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/

[316] Colombia en uno de los pases con mayor desigualdad del mundo, y encabeza tal estimacin en Amrica Latina. Igualdad de Ingresos. The Economist. 20 de abril de 2011. http://www.economist.com/node/18587127

[317] Simultneamente el gobierno hace acusaciones genricas y sin prueba convincente de una supuesta infiltracin de la insurgencia en las universidades: Alertan sobre infiltracin de las Farc y el ELN en las universidades. Segn el DAS, la guerrilla estara operando a travs de dos movimientos en los planteles pblicos. El Pas. 6 de abril de 2011. http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/alertan-sobre-infiltracion-farc-y-eln-en-universidades

[318] Acusacin del Secretario de Marina Mariano Francisco Saynez. Provincia.com.mx. 26 de julio de 2011. http://www.provincia.com.mx/26-07-2011/240760/

[319] Almirante estadunidense Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto. Ofrece EU contrainsurgentes en combate a drogas. Proceso.mx.com. 11 de marzo de 2009. http://www.proceso.com.mx/?p=113492

[320] Los demcratas se adhieren a la dura postura militar. Rick Klein. Boston Globe. 14 de agosto de 2005. Citado por Jean Bricmont. Imperialismo Humanitario. Viejo Topo. Madrid 2005



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