Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-08-2011

Referendum contra el golpe neoliberal

Manuel Marrero Morales
Rebelin


Al ms viejo estilo del rgimen anterior, que aprobaba leyes controvertidas en el mes de agosto (recuerden la Ley General de Educacin 14/1970 de 4 de agosto), el PP, que aspira a gobernar, y el PSOE, que no va a tener tiempo ni de hacer el inventario antes de echar el cierre, es decir, Rajoy y Rubalcaba, se han puesto de acuerdo para modificar la Constitucin.

Llevamos aos escuchando de los grupos parlamentarios propuestas diversas sobre modificacin de la Constitucin. Y, en general, lo que siempre se ha concluido por parte de los partidos mayoritarios, es que no era el momento de la "apertura del meln".

De pronto, y obedeciendo a los poderes financieros dominantes, que estn imponiendo a nivel planetario el sistema neoliberal, PP y PSOE acuerdan dar un golpe de estado a la Constitucin, modificndola en pleno mes de agosto. Objetivo de estas premuras: frenar el gasto pblico, mejor la inversin -motor generador de empleo en tiempos de crisis-, dedicado a los intereses generales, lo que acarrear necesariamente la reduccin de los presupuestos en sanidad pblica, educacin, vivienda, servicios sociales, pensiones, servicios domiciliarios,..., que son los que afectan de manera especial a los que menos tienen. El papel del Estado, a travs del Estado de las Autonomas, al que se limita su capacidad de endeudamiento a cero euros, dejara de cumplir de manera preferente su papel de redistribuidor de la riqueza en beneficio de los sectores populares y a cambio estos servicios continuarn por la va de la privatizacin.

Esta medida significa un grave atentado, intentando desmantelar lo que resta del Estado del Bienestar y eliminar los principios constitucionales que lo definen como "Social y Democrtico de Derecho", plegndose a las demandas insaciables de los poderes financieros, en detrimento de los intereses generales de la ciudadana.

Todo esto se hace, con alevosa y nocturnidad, cuando faltan menos de quince das para disolver el Parlamento Espaol. Y a ello se aaden nuevas medidas "anticrisis", que profundizan en la misma direccin que las anteriores: mayor explotacin de los trabajadores y trabajadoras (generalizacin de los contratos temporales, reduccin de cuotas empresariales, reduccin al 75% del Salario Mnimo Interprofesional para los nuevos contratados menores de 30 aos,...).

Y adems, tanto el PP como el PSOE, se ponen de acuerdo para condenar al conjunto de la ciudadana, diciendo que nos quieren salvar, y en un ejercicio desptico, deciden por nosotros pero sin nosotros, no permitiendo la celebracin de un referendum, que generara un debate social al respecto y permitiera a los votantes ejercer su derecho ciudadano en un asunto de tanta trascendencia. El ejemplo islands, donde el pueblo soberano ha tomado la decisin de enfrentarse a los especuladores del sistema financiero internacional, ha servido para que PP y PSOE, si tenan alguna duda, aprendan lo que no tienen que hacer: no consultar al pueblo, pues para eso se consideran elegidos, aunque nada de eso nos dijeron en sus programas electorales.

En definitiva, nos tenemos que movilizar y exigir al Parlamento y al Gobierno del Estado, que esta decisin tiene que ser sometida necesariamente a consulta popular, mediante referendum, como forma de democracia semidirecta, al menos. Segn la Ley Orgnica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulacin de las Distintas Modalidades de Referndum, es al Rey al que corresponde dicha convocatoria y no puede convocarse en los noventa das anteriores y en los noventa das siguientes a la convocatoria de unas elecciones. Y adems, slo pueden acceder a hacer propaganda en los medios de titularidad pblica los partidos con representacin parlamentaria. Pues bien, hay que exigir que no se haga ahora esa modificacin. Y que forme parte del debate poltico electoral. Y, en consecuencia, que el Rey posteriormente haga el gesto constitucional de convocarlo, para as justificar el desembolso del erario pblico que significa su mantenimiento.

Y ah es, en el proceso electoral, donde tenemos que movilizarnos para reclamar nuestro derecho a poder manifestar nuestro frontal desacuerdo con esta medida y con los partidos que la apoyen. A nuestros gobernantes hay que recordarles un principio bsico y es que la soberana, que se atribuyen, es por delegacin de la poblacin que tiene derecho al voto. Y en este caso, esta poblacin, adems de ser llamada cada cuatro aos a votar, exige que se le consulte un asunto de tanta importancia para apoyarlo o para rechazarlo.

Manuel Marrero Morales es miembro del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter