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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-08-2011

El 15M de su primavera democrtica a su otoo caliente
El sentido poltico del cierre constitucional

igo Errejn
Rebelin


El martes 23 de agosto el Presidente del Gobierno, Rodrguez Zapatero, anunci haber acordado ya con el Partido Popular una reforma de la Constitucin para blindar un tope mximo de dficit pblico, que se realizara antes del final de la legislatura, en las prximas semanas.

Se han escrito muchos y muy buenos artculos crticos con el contenido econmico y el procedimiento constitucional escogido para la reforma. La iniciativa, en todo caso, tiene adems un significado poltico directamente emparentado con el terremoto que ha supuesto el 15-M en los ltimos meses: recuperar en un sentido conservador del orden existente la iniciativa que el movimiento le haba arrebatado a los principales partidos en los ltimos meses, y constitucionalizar un cierre frente a la suerte de cerco social al rgimen que los indignados llevaban meses desplegando.

Para la reforma constitucional, bastan 3/5 de la representacin en Parlamento y Senado, que renen sin dificultades los dos grandes partidos. Tras muchos aos de discurso nico que repeta que modificar la Constitucin de 1978 era abrir la caja de los truenos de la convivencia cvica, los dos principales partidos del sistema poltico, cada vez ms estrechamente vinculados en un funcionamiento orgnico como el gran Partido del Estado, acuerdan un profundo golpe de mano que, de facto, sentencia el ya maltrecho Estado social espaol.

Se trata de un hecho sin precedentes, de una gravedad que difcilmente puede ser exagerada. Los prximos das mostrarn el alcance de la reforma constitucional y sus resistencias, pero la constitucionalizacin de la austeridad neoliberal parece dar la razn a los indignados en su crtica no slo a los recortes sociales y las soluciones regresivas e injustas frente la crisis, sino sobre todo a las graves carencias democrticas de un Estado en el que la lite poltica es ya tan solo testaferro de los poderes econmicos europeos.

De momento, la reforma constitucional ya ha sido aprobada en el Parlamento, y el oligopolio de la representacin que ostentan PSOE y PP parece augurar que los trmites seguirn su curso sin sobresaltos. El candidato Rubalcaba ha maniobrado lo mnimo necesario derivando a una futura ley orgnica el lmite especfico del gasto- como para mantener prietas las filas de parlamentarios y senadores del PSOE, paliar las tmidas crticas internas y al mismo tiempo escenificar un poco creble distanciamiento de su Gobierno. An as, ser l, y no un absurdo Zapatero que juega al estadista sacrificado quizs para sembrarse un prspero ejercicio de expresidente, quien asumir el coste electoral de una iniciativa impopular ante el regocijo del PP, que comienza as a gobernar ya en un relevo ordenado regido por el mismo programa regresivo y de subordinacin a la troika europea.

Pese a su estabilidad institucional y la contundencia de las declaraciones de sus defensores, la reforma puede leerse como un movimiento defensivo, de cierre del rgimen, que profundiza la limitacin del alcance de la soberana popular y, ms an, su condicin de fuente de legitimidad poltica, a favor de una supuesta lgica econmica que escatima al debate pblico sus indisimuladas prioridades normativas a favor de las minoras privilegiadas.

El Gobierno en descomposicin de Zapatero pretende una maniobra ampliada de estabilizacin, con una reedicin limitada, estrecha y regresiva del pacto constitucional original. Al blandir la Contitucin como armadura contra el creciente descontento, estrecha an ms el margen de la poltica democrtica y de la soberana nacional, atndose a las directrices de Merkel y Sarkozy-, pero podra estar colocando a la otrora intocable Constitucin de 1978, pactada con la dictadura franquista, en la agenda poltica y en las miras de muchos de los indignados.

Si la visita de Benedicto XVI mostr la fortaleza del bloque social conservador, la apresurada iniciativa de reforma express de la Constitucin, sin someterla a referndum ni tan siquiera a debate pblico, muestra de forma ntida el secuestro de la soberana popular por los poderes financieros privados y el cierre involucionista de un rgimen temeroso de preguntar a sus gobernados. Si esta maniobra reduce el margen para la concertacin e inclusin de algunas de las principales demandas del movimiento, aumenta por otro lado las posibilidades para que la crisis de legitimidad de la lite se contagie a un sistema poltico-constitucional crecientemente impermeable y replegado sobre s mismo.

Tras su primavera democrtica, el movimiento 15-M afronta una amplia contraofensiva sistmica, y todo parece indicar que nos espere un otoo caliente.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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