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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2011

Otro crimen de Carabineros

Punto Final


Otra vez una muerte provocada por Carabineros enluta al pas. Manuel Gutirrez Reinoso, un joven de 16 aos que acompaaba a su hermano discapacitado que se moviliza en silla de ruedas, cay vctima de disparos policiales la noche del 25 de agosto, segundo da del paro-protesta convocado por la CUT. Los testimonios de su hermano y de vecinos de la poblacin Jaime Eyzaguirre, comuna de Macul de Santiago, responsabilizaron a Carabineros que haban disparado en contra de civiles que circulaban pacficamente por el sector.

La institucin desminti de inmediato la versin. El segundo jefe de la Zona Metropolitana, general Sergio Gajardo Oelckers, sostuvo de manera enftica la inocencia de Carabineros, descartando toda investigacin interna. La declaracin policial fue respaldada sin vacilar por La Moneda. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que el joven Gutirrez -miembro de una modesta familia perteneciente a una iglesia evanglica- participaba en un enfrentamiento con la polica. A pesar de lo asegurado por testigos, Carabineros continu negando. Sin embargo, la Polica de Investigaciones, mediante la autopsia de la vctima, lleg a la conclusin de que el muchacho fue herido con proyectiles 9 mm. de una subametralladora UZI. Sometido a pericias el armamento de Carabineros, se lleg a la conclusin que el proyectil corresponda al arma a cargo del suboficial Miguel Millacura Crcamo. Este polica, consciente de su responsabilidad, haba limpiado la subametralladora y reemplazado los proyectiles percutados. El gobierno tuvo que retroceder rpidamente y se vio obligado a tomar las drsticas medidas que impona el tenso clima poltico-social que vive el pas. En pocas horas, nueve funcionarios de Carabineros, entre ellos un coronel, fueron dados de baja por complicidad y encubrimiento y el general Sergio Gajardo fue llamado a retiro.
Hay que reconocer la reaccin del gobierno al admitir el crimen e imponer sanciones administrativas. Pero quedan muchos aspectos pendientes en el desempeo de Carabineros que ha vuelto a depender del Ministerio del Interior. Durante los ltimos meses ha arreciado la represin policial a movilizaciones sociales pacficas que se ven acosadas por la accin de Carabineros y de grupos que actan en forma provocadora. La brutalidad de procedimientos policiales, que en la prctica coartan el derecho constitucional a manifestar en forma pacfica y sin armas, ha causado preocupacin en las organizaciones defensores de derechos humanos y ha repercutido con fuerza en el exterior por los testimonios grficos que muestran en accin a Carabineros contra trabajadores, estudiantes, pobladores, mujeres y nios. El uso indiscriminado de carros lanza-agua, gas lacrimgeno, perdigones de goma y ataques preventivos sin mayor provocacin, se han hecho habituales. Personas que desfilan por sectores autorizados -o que ni siquiera participan en las marchas- han sido brutalmente golpeadas, gaseadas y mojadas. Hay denuncias de torturas con electricidad y golpizas a detenidos en comisaras y retenes. Se han constatado casos de infiltracin de carabineros en las manifestaciones y de una extraa pasividad ante desbordes del lumpen. Pareciera que a Carabineros le interesa que se produzcan desrdenes para justificar una represin indiscriminada y desprestigiar de esa manera la protesta social.

Una de las lneas centrales de este gobierno es la seguridad ciudadana. Para ello necesita una actuacin enrgica de Carabineros; en otras palabras: cada vez ms represin. Entre sus primeras medidas estuvo dar respaldo irrestricto a la polica uniformada. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el presidente de la Repblica visitaron el cuartel de las fuerzas especiales de Carabineros para felicitarlas por sus actuaciones en la represin callejera y garantizarles que contaran con el respaldo del gobierno cada vez que fuese necesario. Ahora eso no ha sido posible porque lo ha impedido la masiva protesta social que sacude al pas desde hace tres meses. Hasta la Corte Suprema se ha sentido obligada a expresar su crtica al uso de armamento de fuego contra la poblacin civil. Para la derecha el principal instrumento para enfrentar la protesta social es la represin. As el desorbitado alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, militante de la UDI, propuso sacar a la calle al ejrcito para reprimir las manifestaciones que se esperan el prximo 11 de septiembre, 38 aniversario del golpe militar.

Carabineros es una fuerza militarizada que hace labores de represin poltica y social que en otros pases corresponden a una polica especializada. Aqu se mezclan funciones y as se incrementa la peligrosidad de la represin. Esto se comprob durante la dictadura militar que situ a Carabineros en un nivel prximo al de las Fuerzas Armadas. Eso marc profundamente a ese cuerpo policial que se hizo actor y cmplice de brbaros crmenes y torturas cometidas junto con las otras instituciones armadas.
Numerosos otros crmenes ha cometido Carabineros bajo los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura. Casi siempre se trata de jvenes cados en manifestaciones y muchas veces de jvenes mapuches. El primero fue Daniel Menco Prieto, de 23 aos, estudiante de la Universidad de Tarapac, asesinado en Arica el 19 de mayo de 1999, y cuyo asesino est libre. En esa trgica lista tambin estn Alex Lemn, Matas Catrileo, Jaime Mendoza Collo y Johnny Cariqueo. Desde el 3 de septiembre de 2005, asimismo, est desaparecido el joven mapuche Jos Huenante, de 16 aos, detenido por Carabineros en la poblacin Mirasol de Puerto Montt. En la zona mapuche, Carabineros mantiene una verdadera ocupacin militar y se han denunciado nuevos atropellos en la comunidad Temucuicui. Los allanamientos policiales se hacen con extrema violencia y sin consideracin ninguna por ancianos, nios, mujeres o enfermos.
La represin policial no debe tener cabida en un pas en que se estn produciendo enormes movilizaciones sociales pacficas que exigen cambios institucionales, econmicos y polticos, indispensables para el desarrollo de la democracia.

Las responsabilidades criminales por el asesinato del joven Manuel Gutirrez deben hacerse efectivas. Son indispensables, al mismo tiempo, cambios en el alto mando de Carabineros. Y es necesario impedir que la justicia militar siga siendo un escudo protector de los abusos y atropellos de la polica uniformada.
La impunidad policial es una forma indirecta de prolongar en el tiempo la sombra de la dictadura militar. Ya es hora que Carabineros encuadre su comportamiento dentro de las formas civilizadas que impone un rgimen que se pretende democrtico.



Editorial de Punto Final, edicin N 741, 2 de septiembre, 2011
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