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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-04-2005

Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos
De transnacionales, TLC y seguridad nacional

Ral Moreno
Alai


A qu nos referimos cuando hablamos deL TLC

Las millonarias campaas oficiales en los medios de comunicacin y los discursos de las cpulas empresariales, pretenden justificar la ratificacin del Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos (TLC CA-RD-EU), al presentarlo como la panacea a los problemas estructurales que histricamente han padecido las economas perifricas centroamericanas. Sostienen que el TLC es la clave para la generacin de empleo y la va para accesar a un mercado de ms de 270 millones de personas, algunos osan decir que el TLC es un instrumento para el desarrollo. Segn los planteamientos oficiales bastara con mover la "varita mgica" de la ratificacin del tratado para que automticamente se potencie el crecimiento de la economa --a travs de la exportacin de productos "nostlgicos al gran mercado estadounidense--, se desarrollen las capacidades competitivas del aparato productivo nacional, se expanda la inversin extranjera y se derrame el bienestar entre la poblacin nacional.

Pese a que el TLC CA-RD-EU es promocionado con la etiqueta de "libre comercio", este tratado no conlleva a la eliminacin de los subsidios y apoyos del sector agropecuario estadounidense, ni mucho menos a desmontar las barreras tcnicas no arancelarias basadas en normas sanitarias y fitosanitariasque limitan la entrada de las importaciones de la regin. El TLC incorpora en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que estrictamente se refiere al comerico de bienes; pues incursionan en reas tan diversas como son las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, las polticas de competencia, las telecomunicaciones y el sector financiero, entre otros.

La estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lgica transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado constatar cmo estos tratados contienen una extensa lista de privilegios convertidos en derechos para las empresas extranjeras, que contrasta con la omisin entre sus contenidos de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC). A travs de estos contenidos "extra-comerciales" los TLC invaden competencias soberanas de los Estados, como la definicin de las polticas econmicas nacionales y el control de servicios estratgicos, promueven la mercantilizacin de servicios pblicos inalienables para la poblacin, trasladndolos a la esfera del mercado por la va de las concesiones.

Estamos frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora entre sus contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad intelectual, "liberalizacin" de servicios y acceso a las licitaciones pblicas. El TLC constituye la va ms expedita para legalizar las reformas neoliberales, su ratificacin por parte del rgano Legislativo convierte su texto en Ley de la Repblica, con mayor jerarqua jurdica que toda la legislacin nacional.

El estado actual del TLC CA-RD-EU

Los gobiernos centroamericanos mantienen un importante esfuerzo para lograr la ratificacin del TLC CA-RD-EU en las Asambleas Legislativas y Congresos de cada pas, este afn les ha llevado a promover entre los diputados y diputadas la aprobacin del Tratado con dispensa de trmite y dispensa de lectura, en un flagrante irrespeto al debido proceso y a las mnimas prcticas democrticas. Como parte de la tctica de la ratificacin se han establecido bolsas millonarias para comprar el voto de los diputados de oposicin, el otorgamiento de favores e incentivos a los partidos polticos con representacin parlamentaria, e incluso una campaa de cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos financiada con recursos pblicos centroamericanos y prstamos internacionales, llevada a cabo por firmas estadounidenses.

El Salvador es lamentablemente el primer pas en ratificar el TLC CA-RD-EU. Eran las 3:00 a.m. del 17 de diciembre de 2004 cuando los partidos de derecha decidieron introducir en la maratnica agenda de la sesin plenaria de la Asamblea Legislativa el punto de la aprobacin del tratado, y reeditando sus viejas prcticas retrgradas y antidemocrticas, procedieron a ratificar el TLC CA-RD-EU en un madrugn. La aprobacin fue con dispensa de trmite por 49 votos a favor de ARENA, PCN y PDC-- y 35 en votos en contra --del FMLN y del CDU--, sin que el pleno haya siquiera ledo una sola lnea de las 2,500 pginas plagadas de tecnicismos que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido a analizar las implicaciones y alcances de esta decisin.

Este hecho representa un acto burdo y de magna irresponsabilidad: No cabe duda que la inmensa mayora de quienes ratificaron el TLC CA-RD-EU no tienen la mnima idea de lo que esto implica, pero que para estos diputados y diputadas fue suficiente saber cunto y qu recibiran por haber levantado la mano. El mnimo anlisis cientfico y objetivo del texto del TLC CA-RD-EU identifica claramente los efectos perversos a que conllevar este tratado para la poblacin salvadorea, las empresas nacionales, el Estado, los recursos naturales y el medio ambiente.

Retomando la tctica salvadorea y de acuerdo a lo establecido en la reunin de Presidentes del 1 de febrero de 2005 en Tegucigalpa, la estrategia para la rpida ratificacin del tratado comenz a funcionar en la regin: el 3 de marzo el Congreso de Honduras ratific el TLC CA-RD-EU, ocho das ms tarde --el 11 de marzo-- en medio de una tensa situacin en las calles de la Ciudad de Guatemala, producto de la represin desatada por el gobierno guatemalco ante la masiva movilizacin ciudadana que expresaba su inconformidad con el tratado --que inclusive se ha cobrado la vida de dos personas y decenas de personas lesionadas--, el Congreso de Guatemala hizo la segunda lectura de la ley con la que se aprob el TLC CA-RD-EU en ese pas.

Pese a que los gobiernos centroamericanos apresuran el paso de la ratificacin, en el Congreso estadounidense la situacin no es favorable en la actualidad para la aporbacin del TLC CA-RD-EU. Se estima que por lo menos faltaran 40 votos para alcanzar los 218 votos que se requieren para aprobar el tratado y existen muchos congresisitas demcratas y repblicanos, que desde perspectivas distintas adversan el TLC. Iniciativas como la Carta Demcrata de los congresistas Sols y Grijalva, dan cuenta de la seria amenaza que entraa el TLC CA-RD-EU, y se suma a la oposicin de otros sectores estadounidenses que adversan el tratado por sus negativas implicaciones en los mbitos laborales, ambientales, productivos, inversiones, comerciales, entre muchas. Es importante que los y las congresistas estadounidenses discutan y analicen su carcter inconstitucional y los perjuicios que entraa este Tratado para los pueblos y empresas nacionales, y que NO ratifiquen el TLC CA-RD-EU.

El TLC CA-RD-EU: un instrumento de anexin

En el actual orden econmico multipolar, estructurado en bloques econmicos, el gobierno estadounidense identifica en los TLC un instrumento clave para la ampliacin de su rea de influencia, condicin fundamental para disputar mercados e inversiones a la Unin Europea y las economas del Sudeste Asia. En este sentido, para los Estados Unidos resulta clave la ampliacin de su rea de influencia ms all de los tres pases suscriptores del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), razn por la cual el ex presidente Bush lanza en diciembre de 1994 el proyecto del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), que busca anexar las 34 economas del continente y el Caribe exceptuando a Cubacon el propsito de garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo rtico hasta la Antrtica, con libre acceso, sin ningn obstculo o dificultad, para sus productos, servicios, tecnologa y capital en todo el hemisferio"[1].

La reciente invasin a Irak viene a reconfirmar el giro experimentado en la globalizacin neoliberal-corporativa hacia un neoliberalismo de guerra, as como la consolidacin de un orden poltico unipolar, controlado por los Estados Unidos, que se expresan en su carcter militarista y en el nfasis unilateralista en las relaciones internacionales. En este plano no slo se constata la creciente importancia de la industria militar[2] y la fuerte dependencia que tiene la reactivacin econmica mundial de la produccin armamentista, sino la aplicacin de decisiones unilateralistas que vienen a romper acuerdos multilaterales suscriptos por la comunidad de naciones y que constituyen la base para el entendimiento y la convivencia pacfica de los pueblos.

Los vnculos entre el neoliberalismo de guerra y la temtica del comercio-inversin se hacen evidentes en el mismo documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, en el cual se expresa que mercados libres y libre comercio son las prioridades claves de nuestra estrategia de seguridad nacional[3]. Tambin, como parte de la estrategia de seguridad nacional estadounidense se plantean las negociaciones de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), la construccin de un rea de Libre Comercio de las Amricas, los Tratados de Libre Comercio[4] y los Tratados de Inversin Bilateral.

Siendo as, no es extraa la alineacin de los gobiernos del TLC CA-RD-EU a los proyectos estadounidenses, y su obsecuencia y permesividad en acciones de seguridad nacional como la instalacin de bases militares en la regin, el apoyo en la lucha contra el terrorismo, sino inclusive, el acompaamiento en la ocupacin de Irak con envo de tropas centroamericanas y dominicanas, aunque en la actualidad, solo el gobierno salvadoreo mantiene presencia militar en aquel pas.

Aunque el ALCA constituye, en materia de seguridad nacional, un objetivo estratgico para la administracin estadounidense, el hecho de que no se haya concretado en la fecha prevista (2005) tampoco limita la consecucin de los intereses y privilegios buscados para sus transnacionales, pues la va adoptada para ese propsito contina a paso firme a travs de la firma de TLC. Los TLC representan la apuesta tctica del gobierno estadounidense para la construccin del ALCA, pues por la va bilateral se va abriendo el camino a travs de transformaciones en los marcos jurdicos de los Estados, en el sentido de desregular y liberalizar los espacios para la intervencin del capital extranjero.

En este contexto, se enmarca la vertiginosa carrera impulsada por los gobiernos centroamericanos por la masiva ratificacin de TLC, cuya labor de promocin ha sido retomada muy diligentemente por los gobiernos mexicanos[5], y que ahora asumen directamente los gobiernos de Estados Unidos y Canad. De manera complementaria a las negociaciones de los TLC, tambin se abren en Centroamrica un conjunto de megaproyectos de inversin, recogidos en el Plan Puebla Panam (PPP), y que a travs de financiamiento pblico prstamos o presupuestos nacionalesbuscan la construccin de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del capital transnacional, mediante un complejo trazado de obras de interconexin en electricidad, telecomunicaciones, transporte, principalmente[6]; amn del objetivo contrainsurgente en la regin y con especial inters en el sur-sureste mexicano.

EL TLC CA-RD-EU: un instrumento que profundiza el subdesarrollo y consolida el ajuste

Los argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como una oportunidad y clave para el desarrollo, progreso y bienestar se basan en planteamientos de apertura, liberalizacin econmica y privatizacin reconocidos como fracasados por las mismas instituciones financieras internacionales que las promovieron como el Banco Mundial, a juzgar por los catastrficos resultados que han generado en muchos pases en que se han aplicado. El TLC CA-RD-EU no ha sido inspirado ni construido desde ni para los intereses ciudadanos, o de las pequeas y medianas empresas nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los contenidos de estos tratados no solo carecen de una lgica de derechos humanos -laborales, sociales, polticos, culturales, migratorios y ambientales, sino que resultan atentatorios y promueven el incumplimiento de los mismo.

En contraposicin a la bsqueda de los valores centrales indispensables para que una sociedad aspire a un estadio de desarrollo, el TLC CA-RD-EU apunta hacia su negacin e inobservancia. En un proyecto nacional de desarrollo, antes que todo debera garantizarse el sustento vital para satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin; pero tambin es condicin sustantiva, fomentar la autoestima de las personas expresa en el sentimiento de vala y de respeto a uno de mismo, de no ser utilizado e instrumentalizado; adems, es necesaria la activa participacin democrtica, que se manifiesta en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen de unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre social.

Nada ms alejado de la realidad salvadorea y centroamericana, nuestras sociedades son una muestra evidente de la carencia de un Estado de Derecho y de democracia real, la relativa y cada vez ms frgil-- vigencia de algunas libertades civiles y polticas contrasta con la inobservancia de los DESC, la profundizacin de la pobreza y de la desigualdad hasta niveles repugnantes, cuya situacin se ha venido larvando durante los quince aos de reformas econmicas e institucionales promovidas desde las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los estudios de impactos y las experiencias de otros pases, el TLC CA-RD-EU agravar an ms.

Para las economas subdesarrolladas principalmente los pases no exportadores de petrleo-- la entrada neta de recursos financieros podra ser un componente importante en la definicin de sus estrategias de desarrollo de largo plazo, en la medida en que sta pueda convertirse en una va que les permita a estas economas compensar el dficit permanente en cuenta corriente y su bajo nivel de ahorro nacional.

La inversin extranjera directa (IED) es todava reconocida por su potencial contribucin al desarrollo, al facilitar el acceso a capital, tecnologas y mercados; en oposicin a la inversin financiera, que dada su naturaleza especulativa y errtica est asociada a procesos de desestabilizacin macro-financiera. Tambin existe alguna coincidencia en los potenciales aportes que la IED tiene en los agregados macroeconmicos, pero se cuestiona fuertemente el significado econmico y social del desarrollo en su relacin con las actividades de las empresas transnacionales. Los argumentos desarrollados por el enfoque neoclsico, que identifican a la IED como motor del desarrollo postulan que sta constituye la va para cerrar las brechas comerciales; elevar los ingresos fiscales; facilitar la transferencia de tecnologas, know how y capacitacin del recurso humano nacional.

No obstante, en la prctica el funcionamiento de la IED contrasta con estos planteamientos tericos. Se hacen evidente la obtencin de concesiones por parte de empresas transnacionales que se logran a travs de acuerdos con los gobiernos, para ejercer control y dominio de los mercados locales, lo cual viene a limitar la expansin de las empresas nacionales al suprimir la competencia. Adems, la desregulacin de la IED puede originar serios problemas econmicos y financieros como son: la disminucin en el largo plazo de ingresos en divisas, que resultaran de la repatriacin de los beneficios, o del alto componente de importacin en los flujos comerciales; y los bajos niveles de recaudacin tributaria, producto de las exenciones fiscales desmedidas que se conceden a la inversin extranjera.

La evidencia emprica demuestra que los beneficios de la IED dependen del uso de diversas estrategias polticas[7], no existe una relacin mecnica entre la presencia de IED y la transferencia de tecnologa[8]; de all que la inversin constituya un instrumento y no un fin en s mismo, el planteamiento de la IED slo cobra sentido en la medida en que sta se articula con los proyectos nacionales de desarrollo. La experiencia histrica de las economas desarrolladas en el tratamiento de la inversin demuestra la importancia de mantener los controles y regulaciones sobre la IED, de manera que estos sean compatibles con los objetivos del desarrollo[9] .

El captulo de inversiones del TLC CA-RD-EU opera en el sentido de desregular el funcionamiento de la IED, concediendo amplios privilegios al capital frente a nulas obligaciones. Establece un marco de prohibiciones a los gobiernos que evita regular el desempeo y funcionamiento de las empresas extranjeras, en aspectos bsicos como transferencia de tecnologa, contratacin de fuerza de trabajo local, contenido nacional, regulacin de monopolios, entre otros. Esto desde luego, vulnera el derecho soberno de los Estados a definir sus propias polticas pblicas y aleja cualquier posiblidad de que las economas receptoras de la IED puedan obtener algunas de las ventajas tericas planteadas.

Con el marco que el TLC CA-RD-EU otorga a las corporaciones transnacionales, recogido en un concepto amplsimo de inversin, la figura de expropiacin indirecta y la clusula de inversionista Estado, se definen las condiciones para la desregulacin de la IED. Este marco se aplica a prcticamente todas las actividades o giros de cualquier empresa; la figura de expropiacin indirecta permite a las inversiones forneas plantear afectacin de sus intereses o de sus potenciales ganancias, por la puesta en prctica de una poltica pblica o decisin del Estado; y adems se provee a las empresas extranjeras de un mecanismo efectivo para la resolucin de controversias: tribunales supranacionales constituidos por rbitros privados, como son el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrita al Banco Mundial; y la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), instancia de la UNCTAD[10].

Existen por lo menos 28 casos de demandas presentadas por empresas transnacionales presentadas en el CIADI y CNUDMI contra los Estados Unidos, Canad y Mxico, amparadas en el Captulo de Inversiones del TLCAN, de los cuales en la mayora de casos estos tribunales han fallado a favor de las corporaciones; aunque vale destacar que de todos los casos conocidos ninguno de ellos ha sido resuelto en contra de los Estados Unidos[11].

La carrera de los gobiernos de Centroamrica por la suscripcin de Tratados de Libre Comercio arranca en plena dcada de los noventa con la firma del primer TLC entre Mxico y Costa Rica (1996), hecho que coincide con la fase de apogeo en la implementacin de las reformas econmicas e institucionales empujadas por el BM y el FMI a travs de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilizacin Econmica (PEE).

Esta curiosa coincidencia temporal entre TLC y PAE-PEE refuerza y consolida el proceso de ajuste iniciado desde finales de los ochenta, pues permite simultanear en dos carriles distintos medidas de polticas con propsitos convergentes. Ambos se enfilan hacia el objetivo compartido de garantizar la desregulacin de la economa y el aseguramiento de una base de acumulacin de las empresas transnacionales, y para ello traslapan sus acciones, operando como en una carrera de relevos, dando continuidad desde el TLC a lo ya iniciado por los PAE-PEE.

En el proceso de reformas econmicas e institucionales recogidas en los PAE-PEE mucho se avanz en materia de desregulacin y apertura, los procesos de privatizacin trasladaron a manos privadas buena parte de las empresas y activos pblicos; sin embargo, todava faltan por privatizar importantes servicios pblicos, los cuales estn en la mira de las corporaciones transnacionales que orientan la agenda de los TLC hacia la privatizacin de servicios como la salud, seguridad social, educacin, la generacin hidroelctrica y geotrmica, la transmisin de la electricidad, el agua y sus servicios relacionados, entre otras.

TLC CA-RD-EU: un instrumento de subordinacin del marco jurdico-nacional

El TLC CA-RD-EU, al igual que los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por los gobiernos y ratificados por los rganos Legislativos centroamericanos constituyen leyes de la Repblica[12], jurdicamente se ubican por debajo de la Constitucin aunque tienen preeminencia sobre toda la legislacin secundaria. Los tratados internacionales son celebrados por los rganos Ejecutivo y Legislativo de acuerdo a las atribuciones concedidas por la Constitucin; sin embargo, dichas atribuciones no son absolutas ni ilimitadas, pues la misma Constitucin establece que los tratados estn supeditados al marco constitucional, en especial a lo relativo a las lesiones o menoscabos a los derechos y garantas fundamentales de las personas[13].

Como lo establece la Constitucin salvadorea, ninguno de los rganos puede celebrar o ratificar tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberana e independencia de la Repblica o los derechos y garantas fundamentales de la persona humana[14]. Siendo as, resulta contradictoria la aprobacin y ratificacin del TLC CA-RD-EU pues vulnera los derechos fundamentales de las personas.

Los principios y contenidos de los TLC CA-RD-EU resultan contradictorios con el espritu y la letra de la Constitucin de la Repblica de El Salvador, no slo porque se vulnera el principio de igualdad por la imposicin de un Trato Nacional y Trato de Nacin ms Favorecida, que en la prctica se torna discriminatorio para las personas naturales y jurdicas nanacionales; sino porque el TLC CA-RD-EU transgrede la soberana al prohibir explcitamente a los gobiernos la definicin de sus propias polticas pblicas y definir tribunales supranacionales corporativos para dirimir controversias.

Las violaciones constitucionales del TLC CA-RD-EU tambin afectan los derechos laborales, al generar una regresin y desproteccin en materia laboral; de igual forma este tratado rompe con el marco jurdico de la Integracin Centroamericana, vulnera el rgimen de contrataciones pblicas e inversin y el principio de Soberana Popular, as como la prdida de las obligaciones estatales de carcter internacional[15].

Previa a las negociaciones de los TLC CA-RD-EU, el Estado salvadoreo haba ratificado varios tratados en derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales; la Convencin Americana de Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a la Convencin Americana de Derechos Humanos, entre otros.[16] Estos tratados obligan al Estado a dictar las disposiciones que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en los diferentes tratados, as como el deber de respeto y garantas de los derechos y libertadas reconocidos en los mismos.

Por otra parte, dado que los TLC CA-RD-EU y los Convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), o la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, comparten la misma jerarqua jurdica, sera de esperar que no hubieren contradicciones entre ellos y menos preeminencia del TLC sobre los otros. Sin embargo, se puede constatar que en la prctica los TLC, desde su lgica mercantil, subordinan de facto al resto de acuerdos y convenciones internacionales.

Considerando la enorme trascendencia que tiene la ratificacin deL TLC CA-RD-EU en los marcos jurdicos nacionales, y las implicaciones que suponen para los pases centroamericanos en cuanto a la afeccin y/o modificacin de su orden legal y normativo, dada la subsuncin real de esos marcos a la lgica y principios del TLC; es indispensable que el rgano Legislativo se abstenga de ratificar el TLC CA-RD-EU y en caso de haberlo hecho, que la Corte Suprema de Justicia falle la inconstitucionalidad del Tratado.

Tomando en cuenta el sesgo en pro de inversin extranjera del TLC CA-RD-EU, su ratificacin opera como el mecanismo a travs del cual se sellan jurdicamente un conjunto de reformas iniciadas con los procesos de ajuste estructural que vulneran el inters nacional y favorecen con exclusividad a las empresas transnacionales. La subsuncin de derechos laborales a los contenidos del tratado o la mercantilizacin de servicios pblicos --como la educacin, salud o el agua--, cuyo acceso constituyen derechos sociales segn la Constitucin y los convenios internacionales ratificados; representan dos ejes de reformas privatizadoras que sigilosamente se van consolidando con la suscripcin de los TLC.

En este sentido, los TLC no solo llevan hacia la mercantilizacin de los servicios pblicos, sino que tambin erosionan la autoridad pblica, al limitarles su actuacin en el desempeo de las empresas extranjeras, sin que stas tengan contrapesos para garantizar obligaciones con trabajadores. Esto con el agravante que se legitima jurdicamente.

El tratamiento asimetras en el TLC CA-RD-EU

Los presuntos beneficios derivados de la apertura externa y la liberalizacin de la inversin no son automticos y menos se distribuyen de manera equitativa entre pases y al interior de los mismos. El desigual reparto del crecimiento est determinado por las estructuras de propiedad de los medios de produccin, por las imperfecciones en mercados internos concentrados y con informacin asimtrica, por las prcticas proteccionistas -arancelarias y no arancelarias--; sino principalmente por las enormes asimetras existentes entre pases, las cuales se hacen tangibles en los dismiles niveles de desarrollo que presentan.

Tomando en cuenta que el TLC CA-RD-EU no se aplica entre economas homogneas, sino ms bien entre economas desiguales, con importantes desproporciones y diferencias en cuanto a desarrollo, produccin, territorio, pobreza, competitividad, poblacin, recursos, poder, marcos jurdicos e institucionales y cultura; no se pueden obviar las asimetras al momento de evaluar los impactos que resultan de la implementacin de estos tratados.

Muy poco o nada aporta al desarrollo de las pequeas economas la aplicacin de tratados como el TLC CA-RD-EU si consideramos que estos operan desde y para favorecer los procesos de acumulacin del capital transnacional, el cual no slo contribuye escasamente al fortalecimiento de las capacidades nacionales, sino que ms bien le resta a ese proceso. En este sentido, los TLC hacen a estos pases un flaco favor, al exponerlos desde los mbitos del comercio y la inversin a relaciones injustas y desequilibradas que redundan en perjuicios para la poblacin de menores de ingresos.

El tratamiento a las asimetras se ha limitado en el TLC CA-RD-EU al manejo de los tiempos en la aplicacin del calendario de desgravacin arancelaria y al establecimiento de cuotas, obviando las enormes brechas entre los pases suscriptores. En el TLC CA-RD-EU, Estados Unidos neg a los pases de la regin el otorgamiento de un "trato especial", en virtud del tamao de sus economas y su grado de desarrollo, lo cual supone desconocer las abismales asimetras y asumir la opcin de profundizarlas con su implementacin.

Por otra parte, la solucin estadounidense al problema de las asimetras es muy simple: impulsar programas de cooperacin y de capacitacin que han sido aprobados para la regin por el Banco Mundial, el BID, la Agencia Internacional para el Desarrollo (US-AID por sus siglas en ingls) y otros organismos financieros, para preparar a la zona en la aplicacin de los derechos y obligaciones que les dar el acuerdo de libre comercio. Estas soluciones obvian los determinantes estructurales de las asimetras, y focalizan en la capacitacin en materia de derechos y obligaciones del TLC CA-RD-EU la respuesta a estas situaciones, con la consiguiente presin fiscal por la va del endeudamiento pblico.

Adems, esta situacin desventajosa para Centroamrica se complementa con la dificultad que entraa para los exportadores de la regin poder competir con los productos agropecuarios estadounidenses y accesar a su mercado, considerando las barreras sanitarias y aduaneras que limitan su entrada y las polticas de subsidios que ese pas mantiene en beneficio de su sector.

Como muestra de la falta de coherencia del TLC CA-RD-EU con el objetivo de "eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de bienes", Estados Unidos decidi unilateralmente que los subsidios internos no son sujetos de negociacin: "no hay manera de discutirlos en esta ni en ninguna otra negociacin comercial".

Por otra parte, pese a que las normas sanitarias y fitosanitarias constituyen un instrumento que puede contribuir a garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, en beneficio de las personas consumidoras; en la prctica stas operan como verdaderos mecanismos proteccionistas, como lo ilustra el caso del sector avcola mexicano, que en el marco del TLCAN obtiene acceso "aparente" a su mercado, sin vincularlo con la aplicacin de medidas sanitarias y fitosanitarias. Como resultado, los exportadores avcolas mexicanos en diez aos, no han podido cumplir con los requisitos sanitarios para acceder al mercado estadounidense, anulando as la concesin otorgada por dicho pas en el marco del tratado; y en contrapunto, Estados Unidos ha tenido un acceso irrestricto al mercado mexicano avcola .

Los impactos del TLCAN en el campo mexicano han sido desvastadores, slo en la rama de maz blanco han quebrado 2.5 millones de productores mexicanos como resultado de la masiva importacin de maz a precios subsidiados procedente de Estados Unidos, mucho del cual es maz transgnico[17]. Despus de diez aos de TLCAN, Mxico se ha convertido en importador de granos bsicos, elevando hasta un 43% el grado de dependencia alimentaria y oleaginosas. En la actualidad se importa la parte del consumo de maz, la mitad del consumo de arroz, trigo y sorgo; y casi toda la demanda de soya[18].

Considerando la experiencia mexicana, resultan evidentes los impactos del TLC CA-RD-EU en la agricultura centroamericana. A juzgar por el estado de postracin del agro y su baja capacidad competitiva, aunada a las prcticas de comercio desleal que mantendrn los Estados Unidos, es de esperar que el tratado se convierta en el tiro de gracia para la agricultura centroamericana, cerrando con ello cualquier posibilidad de recuperar nuestra soberana alimentaria.

TLC CA-RD-EU: mucho ms que un tratado comercial

Ms del afn de que las economas centroamericanas puedan exportar queso, ropa, caf y fruta, la verdadera motivacin del TLC CA-RD-EU se encuentra en la concresin de los intereses de las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos , los cuales se centran no slo en acceso al mercado, sino en los servicios y el comercio electrnico, el fortalecimiento de la propiedad intelectual, las inversiones e incrementar la transparencia en los procedimientos y regulaciones gubernamentales .

Se trata de una apuesta desproporcionada entre las partes que suscriben el TLC CA-RD-EU, lo cual obviamente responde a los lmites que imponen las enormes asimetras entre las Partes, pero sobre todo a la aplastante capacidad que tiene la economa del norte de definir la agenda y determinar los resultados.

Los gobiernos centroamericanos se "conforman" con ratificar en el TLC CA-RD-EU las ventajas ya otorgadas por el gobierno estadounidense a travs de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema General de Preferencias (SGP); la llegada de ms empresas maquiladoras --que aporten algunos puestos de trabajo, ante la incapacidad generadora de empleo de las economas centroamericanas[19]--; y con la posibilidad de que el mercado estadounidense se abra a la exportacin de productos "nostlgicos" que encontraran un potencial mercado en la poblacin centroamericana radicada en aqul pas.

Mientras que el gobierno estadounidense impuso un tratado que, adems de permitirle libre acceso de sus bienes a los mercados centroamericanos, le garantice ptimas condiciones para sus inversiones en la regin -sin regulaciones y con tratos "no discriminatorios"--, que sus empresas puedan beneficiarse de la liberalizacin de los servicios -para accesar al control de servicios pblicos como agua, educacin y salud, y consolidar su control en electricidad, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos--; que proteja las patentes de sus empresas y que stas tengan irrestricto acceso a los recursos naturales y la biodiversidad de la regin; as como el poder controlar las licitaciones y compras gubernamentales abiertas por los gobiernos de la regin.

Estas consideraciones justifican con creces un TLC CA-RD-EU para el gobierno estadounidense, ms que la "preocupacin por el desarrollo" de los pases centroamericanos, reiteradas veces expresada por funcionarios de la USTR. Para las corporaciones transnacionales estadounidenses --como AES Co., Enron, Coastal Power, Duke Energy, Constellation -- ya radicadas en la regin y para otras interesadas por establecerse en las reas de tratamiento de basura, telecomunicaciones, recursos hdricos, salud y seguridad social, educacin e inversiones directas en general, el TLC CA-EU representa una excelente oportunidad, dado que por sus contenidos, lgica y principios representa un instrumento probado en eficiencia para garantizar sus intereses.

El TLC CA-RD-EU tambin representa una excelente oportunidad para las corporaciones interesadas en incursionar en las licitaciones pblicas, y por esta va posicionarse en el control de servicios pblicos y servicios de utilidad pblica. Con un trato no discriminatorio para las empresas extranjeras, stas podran optar a concesiones en el suministro de bienes y servicios para las empresas pblicas, incluyendo gobiernos municipales, desplazando fcilmente a sus competidoras nacionales.

El inters corporativo por el TLC CA-RD-EU tambin se ubica en los derechos de propiedad intelectual. La ratificacin de este tratado entraa la automtica aprobacin de diez tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, que a la fecha ningn pas de la regin ha aceptado en el marco de la OMC[20]. Aprobar el TLC CA-RD-EU implica abrir la puerta a las corporaciones para patentar las especies vegetales, los bancos de microorganismos y, en general, nuestro recursos de biodiversidad, giros estratgicos para las empresas dedicadas a la bioprospeccin e industria qumico-farmacutica. Con este captulo no solo se legalizan los ejercicios de biopiratera, sino que tambin se limita fuertemente la produccin de medicamento genricos, favoreciendo la ampliacin de los perodos de prueba y comercializacin de las patentes, y con ello vulnerando el derecho inalienable de la poblacin de tener acceso a sus medicamentos.

Quines ganan y quines perdemos con el TLC CA-RD-EU?

Los TLC, al igual que cualquier poltica econmica, no son ni pueden ser instrumentos neutrales. Su implementacin genera efectos diferenciados entre los pases signatarios y al interior de estos: por un lado se configura un selecto grupo de ganadores -generalmente un reducido nmero de empresas monoplicas u oligoplicas nacionales y unas cuantas corporaciones transnacionales que operan o buscan operar en la regin-quienes reciben los beneficios de las "negociaciones" y del esquema impulsado por el tratado; y por el otro lado, soportando las secuelas negativas del tratado, se ubican amplios sectores econmicos y sociales del pas, los mismos que histricamente han sido afectados por la aplicacin de las "reformas neoliberales".

Si bien es cierto que en los contenidos del TLC CA-RD-EU no aparecen dibujados los intereses de la mayor parte de empresas -micro, pequeas, medianas, e incluso grandes empresas nacionales--, mucho menos los derechos de trabajadores, consumidores y poblacin en general; si asoman los intereses de los ncleos hegemnicos empresariales, los cuales han tenido la posibilidad de participar, y en alguna medida incidir, en las negociaciones a travs de su representacin en el equipo negociador.

Resulta muy difcil enunciar las ventajas derivadas del TLC CA-EU para los sectores sociales, cuando los contenidos de estos tratados no slo carecen de una lgica de derechos humanos, sino que los subsumen y contradicen. Estos tratados no han sido inspirados ni construidos desde ni para los intereses ciudadanos, o de las pequeas empresas, o del respeto al medio ambiente; de all la fundamental omisin de una lgica transversal de derechos laborales, sociales, migratorios y ambientales que atraviese todo el contenido capitular, que es una clara evidencia de su incompletitud y del sesgo de estos Tratados.

En este sentido, el TLC CA-EU rie con los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, con los derechos de las personas consumidoras, con los propsitos de desarrollo de las micro, pequea y medianas empresas, con la pretensin del desarrollo rural y la sustentabilidad de la regin, y en general, choca con la lgitima aspiracin de los pueblos de construir su proceso de desarrollo, renunciando a que sea el mercado quien determine sus vidas.

No cabe duda que las implicaciones del TLC CA-EU son de tan amplio alcance que trascienden del plano estrictamente comercial, para impactar en los mbitos econmico, laboral, social, poltico, cultural y ambiental. Las repercusiones afectaran directa e indirectamente a la poblacin, transmitindose por mltiples vas: el desempleo generado por la quiebra de empresas nacionales, la mercantilizacin de los servicios pblicos, el encarecimiento de las tarifas y el alza en el precio de los medicamentos, el deterioro del medio ambiente, la ingesta de alimentos modificados genticamente, la quiebra de la produccin agropecuaria con la consiguiente inseguridad alimentara, y con ello el incremento de las migraciones y el desarraigo cultural de los pueblos.

Las alternativas frente al TLC CA-RD-EU

Es claro que el TLC CA-EU no constituye una alternativa para los pueblos centroamericanos, y que los histricos y estructurales problemas de la regin no sern resueltos por esta va, por lo que una tarea impostergable es avanzar en el ordenamiento de "nuestra casa". Esto supone la afirmacin de un proyecto nacional de desarrollo, el cual debe propender hacia la integracin de los pueblos centroamericanos como herramienta que estimule el desarrollo sustentable y equitativo.

La construccin de propuestas alternativas exige definir un proyecto nacional basado en principios de participacin democrtica, sustentabilidad y reduccin de las brechas de desigualdad -etarea, genrica, social, tnica y geogrfica--, que garanticen el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos.

Es ineludible para El Salvador crear las condiciones que permitan superar el estado de subdesarrollo en que se encuentra sumergido, y que el TLC CA-EU profundizar. Mas que la ratificacin de este tratado, se requirira de un acuerdo de cooperacin, construido desde una lgica que estimule el desarrollo sustentable y equitativo de cada pas de la regin, lo cual slo se puede fundamentar a partir del fortalecimiento de la integracin de los pueblos, antes que los mercados.

* Ral Moreno es economista, profesor de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de El Salvador, Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y miembro de la Red de Accin Ciudadana frente a Libre Comercio, SINTI TECHAN de El Slalvador.


Notas


[1] Citado en: Len, Osvaldo Len (2002): Movilizacin continental contra el ALCA, en ALAI, 24 de enero, http://alainet.org/docs/1698.html.

[2] En 2002 el gasto militar se increment por cuarto ao consecutivo a una tasa del 6%, equivalente a US $ 794.000 millones. Estados Unidos contina siendo el mayor productor de armas en el mundo, su produccin se estima en US $ 335.7 billones, que corresponde al 43% de la oferta mundial. Ver: SIPRI, The 15 Major Spender Countries in 2002.

[3] Departamento de Estado de los Estados Unidos (2002): Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, septiembre, p. 23.

[4] Ibd, p. 18-19.

[5] El gobierno de Mxico ha suscrito TLC con Costa Rica, Nicaragua, los pases del Tringulo Norte de Centroamrica (El Salvador, Guatemala y Honduras), y estn en proceso TLC con Panam y Belice.

[6] Moreno, Ral (2002): Desmitificando el Plan Puebla Panam: los impactos econmicos y sociales, Oikos Solidaridad, San Salvador.

[7] Ver: UNCTAD (2002): Informe sobre Comercio y Desarrollo.

[8] Nota del Secretariado de la OMC, Informe de la Reunin del 7 al 8 de marzo del 2001, WGTI/M/14, p.6.

[9] Pese a que en la actualidad muchos pases desarrollados argumentan que el libre comercio y la libre inversin ha sido la principal va a travs de la cual han alcanzado su estadio actual, y que los pases subdesarrollados deberan estimular estas polticas; en un estudio histrico de las experiencias llevadas a cabo por Estados Unidos, Gran Bretaa, Francia, Alemania, Finlandia, Irlanda, Japn, Corea y Taiwan, se demuestra que estos pases han mantenido fuertes regulaciones a la inversin extranjera, cuando sta ha sido de inters nacional. Ver: Chang, Ha-Joon (2002): Kicking Away the Ladder, Anthem Press, Londres.

[10] Seccin B: Solucin de Controversias Inversionista-Estado, TLC CA-EU.

[11] Public Citizen (2002): El Ataque contra la Democracia: el historial del Captulo XI del TLCAN sobre inversiones y las demandas judiciales de empresas contra gobiernos, Washington.

[12] Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la Repblica al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y esta Constitucin. Ver: Constitucin de la Repblica de El Salvador, Art. 144.

[13] Abrego, Abraham (2002): Consideraciones jurdicas sobre los Tratados de Libre Comercio, p.1. mimeo, FESPAD, San Salvador.

[14] Constitucin de la Repblica de El Salvador, Art. 146.

[15] Red Sinti Techan (2005): Anlisis de la inconstitucionalidad del CAFTA. Caso El Salvador, mimeo, febrero, San Salvador.

[16] Abrego, Abraham, Op ct. p.2.

[17] En 1999 se registr en Mxico la entrada de maz transgnico de 6,000,000 de Toneladas, que representa el 30% del total de importacin en ese ao. Ver: Arroyo, Alberto (2001): Resultados del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte en Mxico. Lecciones para la negociacin del ALCA, RMALC, Mxico.

[18] Ibd.

[19] La situacin de la exportacin maquiladora en Centroamrica y el Caribe se encuentra seriamente amenazada con la supresin de las cuotas de exportacin impuestas a China a travs del Acuerdo Multifibras. Los bajos costes de produccin y la alta competitividad de las exportaciones textiles y de confeccin chinas, que entraran sin restricciones al mercado estadounidense a partir del 2005, representa una fuerte amenaza a la produccin maquiladora de la regin, dada su marcada incapacidad de competir con la produccin oriental.

[20] En este sentido el TLC CA-RD-EU son 11 tratados en uno, pues incluye adems: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas (1996), el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes, segn su revisin y enmienda (1970), el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980), el Convenio sobre la Distribucin de Seales de Satlite Portadoras de Programas (1974), el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994), el Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Arreglo de la Haya sobre el Depsito Internacional de Diseos Industriales (1999), y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).



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