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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-10-2011

Belo Monte marca un cambio radical de poltica exterior

Fabiana Frayssinet
IPS


Activistas contrarios a la construccin de la central hidroelctrica amaznica de Belo Monte creen que la decisin de Brasil de no asistir a la audiencia convocada por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un cambio "radical" de su poltica externa.

La audiencia fue fijada por la CIDH para este mircoles 26 en Washington, con el fin de que el Estado brasileo explique el presunto incumplimiento de medidas solicitadas por la propia Comisin para proteger poblaciones indgenas de la regin amaznica del ro Xing, en el norteo estado de Par.

Pero el viernes 21, el gobierno comunic a la CIDH que no enviara un representante a esa audiencia, alegando que las medidas solicitadas se estn aplicando de acuerdo al "orden jurdico brasileo y a las condicionantes socio-ambientales impuestas a la construccin de la represa".

La decisin de Brasilia, divulgada este lunes 24 por activistas, "representa un cambio radical en la poltica externa brasilea", dijo la directora de la organizacin humanitaria Justicia Global, Andressa Caldas, en una conferencia con corresponsales de la prensa internacional en Ro de Janeiro.

Este "cambio abrupto", sin precedentes en la historia democrtica brasilea, significa "una ruptura de dilogo en el sistema multilateral", abund Caldas.

El 1 de abril, la CIDH haba recomendado al gobierno "suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto" y "cualquier obra material" para proteger derechos de los indgenas locales.

Adems, el gobierno deba ofrecer a los indgenas consultas "previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas", acceso al estudio de impacto social y ambiental del proyecto con traduccin a lenguas autctonas y asegurar la proteccin de "la vida e integridad personal", incluyendo la prevencin de enfermedades que broten por la iniciacin de las obras y el flujo migratorio a la zona.

El 29 de julio, la CIDH modific y ampli las medidas cautelares con base en informacin remitida por el Estado brasileo y las organizaciones denunciantes.

La central, que debera estar en funciones en 2015, afectara unos 100 kilmetros de la Volta Grande del Xing, e inundara unos 520 kilmetros cuadrados. Segn activistas, impactar en forma directa a poblaciones de entre 16.000 y 25.000 personas.

La tecnologa elegida, una central de pasada, requiere un embalse menor, pero desviar las aguas por un canal disminuir el flujo en la Volta Grande y puede generar sequa en una zona habitada por dos comunidades indgenas de unos 200 integrantes y centenares de familias ribereas.

Pese a las protestas, el Instituto Brasileo de Medio Ambiente autoriz en junio el inicio de la construccin.

El gobierno adopt "una postura indita de amenaza, falta de respeto y deslegitimacin del sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos", dijo Justicia Global en un comunicado firmado con otras organizaciones, como el Movimiento Xing Vivo para Siempre, que representa a pobladores e indgenas de la cuenca.

Esto se suma, segn Caldas, a otras formas de "chantaje", como el retiro de la candidatura de Paulo Vannuchi, exministro de Derechos Humanos, a integrar la CIDH y la amenaza de suspender contribuciones a la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), la entidad madre del sistema interamericano.

La abogada Roberta Amanajs, de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos, opin que la "huida" del gobierno brasileo es aun "ms grave", por "su papel en el contexto latinoamericano".

"Brasil ha demostrado arrogancia, una postura antidemocrtica y de ruptura de dilogo", agreg.

El gobierno no se ha pronunciado pblicamente. Pero en la carta dirigida a la CIDH argumenta que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "siguen de forma imparcial e independiente" el cumplimiento de "las obligaciones de proteccin de los derechos humanos de los miembros de las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto".

La hidroelctrica, que requiere inversiones de unos 12.000 millones de dlares y sera una de las mayores centrales del mundo, con capacidad para generar 11.233 megavatios, abastecer a 26 millones de habitantes, incluyendo zonas urbanas de alto consumo, como la regin metropolitana de la surea So Paulo.

Segn el gobierno de Dilma Rousseff, Belo Monte ser una fuente de suministro de electricidad clave para abastecer de forma simple y renovable la creciente demanda.

Pero organizaciones ambientalistas y movimientos locales consideran que no se realizaron suficientes estudios de su impacto social y ambiental y que perjudicar la fauna, la flora y actividades de subsistencia, el abastecimiento de agua y la pesca.

Segn Antonia Melo, lder del Movimiento Xing Vivo para Siempre, esos impactos ya comenzaron a sentirse en la ciudad de Altamira, situada a 900 kilmetros de Belm, la capital estadual, por la migracin de quienes buscan obtener alguno de los 20.000 empleos prometidos por la obra.

Melo dijo a los corresponsales que la zona vive "un caos social" porque el Consorcio Norte Energia, responsable de la construccin, no ha cumplido las medidas prometidas para compensar los impactos.

Segn la dirigente, en un ao la violencia aument 28 por ciento, en especial bajo la forma de delitos como el abuso sexual de menores. El flujo migratorio, que elev en 30 por ciento la poblacin local, determin que los hospitales estn desbordados y la salud indgena comprometida.

Antes del inicio de las obras, un puesto de salud atenda a 20 personas por fin de semana, y ahora tiene que recibir a 100, ejemplific. Adems, denunci, aument la ocupacin ilegal de tierras y la extraccin de madera en reas indgenas.

Al reclamo se suman la alcalda de Altamira, gobernada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasilea, concejales, empresarios y comerciantes locales, que inicialmente crean que la hidroelctrica traera mejoras.

"Trabajadores de varias partes del pas () estn yendo a la ciudad en busca de empleo. Pero Altamira no posee estructura de salud, educacin, transporte, saneamiento y seguridad, y no puede soportar el crecimiento repentino de su poblacin y evitar el caos social que estuvo presente en la historia de las grandes obras de ingeniera implantadas en la Amazonia", sostiene un documento de la alcalda.

Caldas y Amanajs destacaron que un informe de la Fundacin Nacional del Indgena registr un aumento de la incidencia de la malaria en Par, situada en 9,44 por ciento en el estado y mucho ms elevada entre sus etnias indgenas, mientras en el resto de Brasil es de 1,67 por ciento.

Belo Monte forma parte del Programa de Aceleracin del Crecimiento del gobierno, que busca mejorar la infraestructura a travs de obras que adems generen empleo y desarrollo.

En una conferencia con la prensa extranjera en septiembre, la ministra de Ambiente, Izabella Teixeira, defendi la licencia que autoriz la construccin, suspendida luego de manera provisoria por la justicia.

La autorizacin se efectu despus de realizados los estudios tcnicos necesarios para evaluar los impactos ambientales, dijo Teixeira, y se tomaron todos los recaudos solicitados.

Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99428



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