Portada :: Otro mundo es posible
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-11-2011

Terrorismo o rebelin
Aspectos jurdicos globales

Enrique Santiago Romero
Rebelin


Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurreccin es para el pueblo y para cada porcin del pueblo, el ms sagrado de sus derechos y el ms indispensable de sus deberes
(Declaracin de los derechos del hombre y del ciudadano).

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un rgimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelin contra la tirana y la opresin

(Prembulo de la Declaracin Universal de Derechos Humanos. 1948).


I. CONTEXTO

Tras la II Guerra Mundial se inicia el proceso de descolonizacin que fluye paralelo a la consolidacin de la Organizacin de las Naciones Unidas y del surgimiento del Derecho Internacional producido por esta organizacin multilateral y por los nuevos sujetos jurdicos internacionales que se incorporan a ella.

El derecho a la rebelin, en este caso contra la metrpoli colonizadora, no solamente no est proscrito en el Derecho internacional sino que su ejercicio se convierte en una fuente de reconocimiento de colectivos polticos-nacionales como Movimientos de Liberacin Nacional investidos de estatuto jurdicos y reconocimiento internacional, paso previo, en la mayora de los casos, a ser reconocidos como poder poltico legitimo de los nuevos estados descolonizados.

Durante un periodo de varias dcadas previamente a la desaparicin de los bloques militares enfrentados ocurrida tras la cada del Muro de Berln a final de los aos 80, la resistencia y la rebelin dejaron paulatinamente de ser considerados ejercicios legtimos de los pueblos haban sido reconocidos como derechos- para acabar convirtindose en conductas punibles o delitos con tratamiento preferencial.

Tras la cada el Muro de Berln y la desaparicin de los bloques militares, se inicia un tmido periodo de expansin del Derecho Internacional como herramienta de regulacin de la convivencia de una Sociedad Internacional que en un primer momento cree que es posible construir un sistema de relaciones internacionales fundamentado en el multilateralismo. El Derecho Internacional se convierte en la principal herramienta de expansin del Multilateralismo frente al unilateralismo pretendido por la potencia vencedora de la guerra fra, as como en herramienta de expansin de la justicia universal como mecanismo para combatir la perpetracin de crmenes de lesa humanidad y como herramienta para defender la prevalencia del carcter de Ius Cogens del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del DIH.

Simultneamente y en el anterior contexto, la repuesta del capital financiero transnacional y de los poderes polticos que lo protegen, es la gestacin y puesta en marcha del embrin de las polticas antiterroristas, diseadas fundamentalmente para limitar hasta hacer desaparecer el derecho a la rebelin a la resistencia o la simple disidencia poltica en muchos casos.

La corriente de expansin de la jurisdiccin universal en materia de persecucin de crmenes de lesa humanidad, se trunca tras los atentados del 11 de Septiembre 2001 en Nueva York por la absoluta prevalencia de la criminalizacin de la resistencia a travs de las denominadas polticas antiterroristas de las que se nutre la difusa e imprecisamente denominada Guerra contra el terrorismo. De esta forma, la Administracin Bush gobernante entonces en los EEUU- persigue volver a la unilateralidad a la que aspiraba tras la derrota poltica de la Unin Sovitica y que permitir a la nica potencia internacional sustraerse al cumplimiento del Derecho Internacional.

La Guerra contra el terrorismo no es mas que la actualizacin y elevacin a categora de pseudo derecho internacional de lo que fueron los principios bsicos de la denomina Doctrina de la guerra contrainsurgente o Doctrina de la seguridad nacional que reg de dictaduras y victimas inocentes Indochina, el norte de frica, y el continente americano, desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra fra, si bien en este caso se pretende legitimar en los sistemas democrticos y con la excusa de combatir al fenmeno integrista armado islmico- el exterminio de rebeldes y resistentes, poltica de exterminio camuflada tras el difuso concepto aun no definido exactamente en el derecho internacional de Terrorismo.

El Enemigo interno asimilado a la poblacin civil, se nos equipara ahora a los insurgentes que ejercen el derecho a la rebelin contemplado en el Prembulo de la Declaracin Universal de los DDHH de 1948, a cuyo efecto se construye la ilcita categora del combatiente ilegal al que supuestamente no alcanzaran las previsiones de proteccin del Derecho Internacional Humanitario de imperativa aplicacin a las guerras o conflictos armados- o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La existencia de un enemigo difuso crea las condiciones para proceder a una limitacin generalizada de los derechos y garantas que respecto a todas las personas se contemplan tanto en el derecho Internacional como en el derecho interno de los regimenes constitucionales.

La Guerra contra Al Qaeda configura el escenario internacional de Guerra contra el Terrorismo, mxima expresin de esta tendencia. El conflicto colombiano es a su vez el escenario elegido por los EEUU, para implementar esta doctrina de guerra contra el terrorismo en la region que siempre ha considerado como su patio trasero: America Latina.

La criminalizacin de la disidencia y la resistencia poltica y social, adems de cuestionar el consagrado derecho de Rebelin de los pueblos contra los tiranos y las injusticias, es el ejemplo mas evidente de la involucin democrtica que acaba posibilitando la existencia de las denominadas listas de organizaciones terroristas, instrumentos alegales utilizados por demasiados estados para consolidar la tendencia post 11-S de obviar el carcter imperativo del derecho Internacional.

II.- EXPANSIN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y ASIMILACIN DEL DISIDENTE, REBELDE O RESISTENTE A TERRORISTA"

Durante una conferencia de prensa celebrada el 5 de agosto de 2005, Tony Blair proclam que nadie debe dudar de que las reglas del juego han cambiado, poniendo de manifiesto que dichas reglas las del estado de Derecho- ya haban sido variadas, antes incluso que los atentados de Nueva York, Madrid o Londres.

Asistimos a un desmantelamiento del estado de Derecho, tanto en su forma disposicin jerarquizada de normas jurdicas- como en su contenido conjunto de libertades pblicas y personales garantizadas por la ley- que descansa en una clara instrumentalizacin del poder judicial, en la prctica subordinado cada vez ms a la polica a la hora de dirigir la instruccin de las causas penales y obtener las pruebas de cargo.

Se produce un cambio radical del Derecho penal, revelndose as la transformacin global de la relacin sociedad-Estado. Asistimos a una juridizacion de las relaciones sociales en lugar de a una regulacin de estas para la mera convivencia. La globalizacin financiera en absoluto es ajena a esta tendencia a la criminalizacin de cualquier colectivo social disidente a travs de la juridizacion de las relaciones sociales.

Se legisla en materia criminal para determinados destinatarios, no para la sociedad en su conjunto. Se trata de un Derecho penal de autor, que legisla pensando en determinados colectivos disidentes o rebeldes que pasan a ser considerados socialmente como enemigos.

La Guerra antiterrorista de EEUU

En Octubre de 2001, un mes despus de los ataques de Nueva York, el Congreso de los EE.UU. aprob la denominada Patriot Act, verdadero ncleo duro de la legislacin de excepcin restrictiva de los derechos humanos que desde entonces ha ido extendindose por el planeta. Esta ley no fue ms que un intento de reinterpretar el Derecho Internacional, eliminando cualquier garanta que convierta en efectivos los principios contenidos en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. A este respecto, el denominado Memorandum redactado por John Yoo, asesor jurdico de John Ascroft, Secretario de Justicia de EEUU, dej clara la anterior intencionalidad del gobierno de la patria de Abraham Lincoln y Eleonor Roosevelt, conteniendo en su texto la ms clara formulacin hecha hasta ahora de este nuevo seudo Derecho Internacional contra terrorista:

1.- Frente a la figura del delincuente terrorista, del combatiente en conflictos armados o del prisionero de guerra -estatus todos ellos regulados en las leyes nacionales e internacionales en vigor y aplicables en una u otra situacin a rebeldes y resistentes- aparece la figura de nueva creacin del combatiente enemigo o combatiente irregular, ficcin jurdica que pretende justificar la no aplicacin de las anteriores legislaciones, en especial de los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario de 1949 y ms concretamente de la IV Convencin de Ginebra de 1949, sobre el debido trato que ha de ser prestado a prisioneros de guerra.

2.- Se establece expresamente que los detenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo no tendrn derecho a que se les apliquen las garantas constitucionales previstas para los detenidos en cualquier estado democrtico de derecho y en especial tambin en los Estados Unidos.

3.- Se declara la extraterritorialidad de los lugares de detencin en la guerra contra el terrorismo. As, aparecen y proliferan las crceles secretas a lo largo del planeta, o aquellas otras, pblicas y notorias como Guantnamo (una ilegalidad internacional, en absoluto un limbo jurdico), donde bajo la ficcin de la extraterritorialidad se llega a la sorprendente conclusin jurdica de que no existe legislacin garantista hacia el detenido o en materia de derechos humanos que sea aplicable en dicho territorio, como si acaso existiera un solo palmo de terreno en este planeta donde no fuera de aplicacin la legislacin internacional en materia de derechos humanos.

4.- Entregas extraordinarias o Renditions: Con este eufemstico concepto se describen las detenciones ilegales o secuestros llevados adelante en varios pases tambin en Europa- por agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en algunos casos en colaboracin con los servicios de inteligencia locales. Estas tcnicas, conocidas popularmente en toda Europa como vuelos de la CIA -que han motivado la apertura de Diligencias Previas en la Audiencia Nacional espaola a consecuencia de la utilizacin de aeropuertos espaoles para estas prcticas ilegales- as como la posterior exportacin o reenvo de los secuestrados a un tercer pas con bajos estndares en materia de derechos Humanos donde sern sometidos sistemticamente a tortura, han supuesto la apertura de procedimientos judiciales en varios pases europeos, adems de en Espaa, como Italia, Suiza o Alemania.

El modelo Guantnamo ha sido posteriormente exportado a otros lugares, especialmente a Irak, donde en septiembre 2003 el general del ejrcito de EE.UU. Goofrey Miller, comandante de la ilegal prisin de Guantnamo, se traslad a efectos de organizar las mismas tcnicas de trato inhumano y torturas a detenidos en la ahora tristemente clebre prisin de Abu Grahib.

5.- La utilizacin de la Tortura como arma de guerra en el marco de la guerra global contra el terrorismo: segn la ex general de brigada del ejrcito de EEUU en Irak, Janis Karpinski, mxima responsable de la polica militar estadounidense en el pas ocupado y nica condenada en Estados Unidos a raz del escndalo de las torturas masivas en Abu Grahib, la utilizacin de la tortura como arma de guerra era una indicacin incluida expresamente por el ex secretario de defensa de EE.UU. Donald Rumsfield, en su clebre memorando sobre interrogatorios a prisioneros.


Las tcnicas recomendadas en el memorando, aplicadas previamente en Guantnamo por el ejrcito de EE.UU. y la CIA, han sido denunciadas incluso por el Federal Bourea Investigation, el FBI norteamericano, y consisten en realizar las siguientes prcticas con detenidos a fin de extraerles informacin til para el combate al terrorismo:

1.- Mantener a los detenidos de pie durante mucho tiempo

2.- Perturbar sistemticamente el sueo y las horas de comida de los detenidos.

3.- Mantener constantemente elevados volumen de msica en las celdas de detencin o de interrogatorio.

4.- No proceder al registro de identidad de los detenidos, manteniendo as su identidad en secreto para sus familiares y abogados.

5.- Mantener detenidos a menores en las mismas condiciones

6.- Garantizar la impunidad de la cpula de la cadena de mando por estas prcticas

Si bien la actual administracin norteamericana del Presidente Obama ha atenuado la aplicacin de las anteriores legislaciones, ninguna de ellas ha sido derogada ni tampoco han sido cerrados los centros ilegales de secuestro y detencin de Guantnamo, u otros repartidos clandestinamente por todo el planeta. Poco se sabe hoy da de la utilizacin de tcnicas de tortura en estos centros de detencin, si bien el pasado mes de mayo de 2011, la humanidad entera pudo comprobar cmo el Presidente Obama segua en directo la Ejecucin Extrajudicial de Bin Laden, ejecucin por l ordenada.

La Unin Europea y la guerra contra el terrorismo:

La actitud de la Unin Europea frente a este nuevo orden internacional impuesto tras el 11-S de 2001 no ha estado exenta de contradicciones. Por una parte, la Unin Europea considera que la defensa de los Derechos Humanos y de las garantas bsicas de la dignidad humana est inscrita en su ADN desde la proclamacin en 1789 de la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Francia revolucionaria. Por otra parte, la dependencia poltica de la U.E. respecto a los Estados Unidos ha motivado que no haya existido una denuncia contundente de las regresiones que en materia de Derecho Internacional y en especial de Derecho Internacional de los Derechos Humanos se hayan venido produciendo en el ltimo lustro.

Las medidas en materia de poltica antiterrorista se adoptan en el seno de la U.E. dentro del denominado III pilar de la Unin Europea, el espacio de elaboracin de polticas en materia de Justicia e Interior, a travs de la tcnica denomina cooperacin intergubernamental en materia judicial y criminal, es decir, al margen de las instituciones de la Unin dotadas de legitimidad democrtica originaria - Parlamento Europeo y Comisin Europea- y a travs de acuerdos intergubernamentales, adoptados por los ministros competentes de los pases miembros, acuerdos que no requieren validacin parlamentaria salvo que signifique la modificacin de la legislacin interna de cada estado miembro.

As, las medidas antiterroristas adoptadas por la UE en estos ltimos aos en el marco de esta guerra global contra el terrorismo, han sido las siguientes, todas ellas inmersas en una estrategia exclusivamente policial de reforzamiento de la cooperacin en materia judicial y criminal:

a) Aprobacin de la denominada euro orden u orden de detencin europea que viene a sustituir a los procedimientos de extradicin entre estados miembros de la UE.

b) Unificacin del concepto y tipo penal de terrorismo contemplado en las legislaciones internas de los estados miembros.

c) Medidas para la represin de la financiacin del terrorismo y del blanqueo de dinero negro

d) Refuerzo de la seguridad area y aeroportuaria.

e) Inclusin dentro de la poltica europea de relaciones internacionales y seguridad comn (PESC) del combate contra el terrorismo internacional.

En este marco, en Diciembre de 2001 el Parlamento Europeo rechaz la firma de un acuerdo antiterrorista con EE.UU. sobre los principios contenidos en la legislacin de excepcin estadounidense contenida en la Patriot Act de Octubre de 2001.

Sin embargo, el 12 de julio de 2002 la U.E. aprob una Directiva sobre tratamiento de la informacin contenida en las comunicaciones electrnicas que permita, prcticamente sin limitaciones ni control judicial, las interceptaciones de comunicaciones electrnicas con fines antiterroristas. Posteriormente, el 23 de julio de 2003 se firma el convenio de extradicin entre los EE.UU. y la Unin Europea, acuerdo que desde el otro lado del Atlntico venia exigindose desde los das posteriores al 11-S.

Muestra de las contradicciones que atraviesan las polticas europeas de combate al terrorismo frente al necesario respeto a los derechos civiles y polticos de sus ciudadanos, fue la Posicin adoptada por el Consejo Comunitario de Laken en el ao 2004, Posicin que viene a reivindicar la necesidad de abordar la lucha contra terrorismo respetando los Derechos Humanos de todas las personas, es decir, respetando el Derecho Internacional pre existente al 11-S. Sin embargo, ese mismo ao 2004, tanto la Comisin Europea como el Consejo de Europa, suscribieron sendos acuerdos con EE.UU. sobre transferencias a este pas de datos personales de los pasajeros que vuelan a EE.UU. desde territorio europeo, transferencia que obviamente no deba contar ni con el conocimiento ni mucho menos con el consentimiento de los pasajeros afectados.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, mediante Sentencia de 30 de mayo de 2006, anul las dos decisiones anteriormente mencionadas de la Comisin Europea y del Consejo de Europa (2004) sobre transferencia a EEUU de datos personales de los pasajeros que vuelan a este ltimo pas, por entender las mismas contrarias al derecho a la intimidad y la privacidad de las personas. Antes de esta Sentencia, la U.E. venia entregando a EE.UU. 34 informaciones de carcter personal sobre los pasajeros que volaban a este pas, informacin que era transmitida 15 minutos antes de despegar los vuelos en los que viajaban stos pasajeros. En todo caso, EE.UU. vena exigiendo nada ms y nada menos que 70 datos diferentes de ndole personal sobre cada pasajero.

La Unin Europea, y en especial algunos pases miembros, tambin ha sucumbido a la tentacin de legislar en caliente tras un atentado o una alarma de atentado, sin importar demasiado que en este ltimo caso fuera o no suficientemente fundamentada. Esta tentacin tiene consecuencias tcnico jurdicas muy graves en la inmensa mayora de los casos, ya que no se aprueban nuevas herramientas legales atendiendo a su eficacia o idoneidad, sino nicamente buscando contentar a una opinin pblica en demasiadas ocasiones previamente asustada o agitada tras una alarma antiterrorista de origen difuso o desconocido.

As, el Reino Unido, antes de los atentados de Londres del 7 julio de 2005, teniendo ya en vigor una completa legislacin antiterrorista aprobada a lo largo de aos para combatir al denominado Ejrcito Republicano Irlands (IRA), aprueba profundas reformas en dicha legislacin que sin duda afectan al ncleo central de los derechos inherentes a la persona, a los derechos civiles bsicos de cualquier individuo en un estado de derecho:

1.- En principio se aprueba la detencin policial indefinida de extranjeros sin necesidad de orden judicial o de formular acusacin alguna. Esta drstica medida de detencin indefinida, debi ser reemplazada posteriormente por estrictos mecanismos de control policial sobre los extranjeros sospechosos de terrorismo

2.- El periodo de detencin policial de ciudadanos britnicos sin necesidad de formular cargo alguno contra el detenido y sin que este compareciera ante un juez, se ampli de 14 a 28 das.

3.- De igual manera, se introdujeron distintas medidas con el denominador comn de constituir importantes limitaciones de la libertad de expresin, todo ello justificado por la necesidad de combatir eficazmente el terrorismo.

En Mayo de 2009 el Ministerio de Interior britnico public los informes de evaluacin de las anteriores polticas en materia antiterrorista: dos tercios de los detenidos entre 2001 y 2008 fueron puestos en libertad sin cargos; del tercio restante -521 personas que fueron juzgadas- 198 acabaron en prisin pero nicamente 102 por delitos de terrorismo. De los ms de 1.417 detenidos, nicamente el 10% ha sido condenado por terrorismo. Ni que decir tiene que quienes ms han denunciado las discriminaciones y perjuicios ocasionados por estas polticas, ha sido la comunidad musulmana britnica.

En este marco, el Consejo de la Abogaca Europeo (CCBE), reunido en Paris en 2006, mostr serias dudas sobre la legalidad internacional de varias de las iniciativas y normas -tanto nacionales como comunitarias- aprobadas en Europa tras 11-S, por afectar estas normas al derecho a la proteccin de datos de carcter personal, al derecho a la intimidad y al derecho al secreto profesional, en especial de periodistas y abogados. Declar que el respeto a los Derechos Humanos no interfiere en los mecanismos de seguridad de los Estados y denunci la tendencia ya mencionada a legislar en caliente, permitiendo as la proliferacin de una legislacin de tipo casustico tras cada atentado, respecto a la cual, y a la vista de las experiencias previas, se tienen serias dudas de su eficacia. Que la aprobacin de leyes ms restrictivas de derechos no equivale a incremento de la eficacia en la lucha antiterrorista se deduce claramente del balance de la Patriot Act en EE.UU. o del hecho de que tanto el atentado de Madrid (11-M-2004) como el de Londres (7-J-2005) no pudieron ser evitados a pesar de contar ambos pases con extensa legislacin antiterrorista, en el caso de la britnica, claramente adaptada -en caliente- a esta nueva guerra global contra el terrorismo de origen integrista. Igualmente, el CCBE proclam que la coexistencia de los derechos civiles en toda su extensin con las medidas de mantenimiento de la seguridad, son siempre garanta de consolidacin democrtica, mientras que la proliferacin de legislacin antiterrorista aumenta la sensacin de inseguridad en la ciudadana de los estados de derecho.

La Iniciativa del Consejo de Europa de Diciembre de 2005 de establecer requisitos mnimos para la aceptacin de garantas diplomticas destinadas a proteger a personas frente a la tortura despus de ser entregadas a un tercer pas:

Si bien son escasos los gobiernos europeos -hasta la fecha, solo Polonia- que abiertamente reconocen haber colaborado con los Estados Unidos en las ilegales prcticas de secuestro y desaparicin forzosa de sospechosos de actividades terroristas para ser sometidos a tortura y prisin indeterminada sin intervencin judicial, conocidas como Renditions o entregas extraordinarias, a estas alturas de instruccin de las distintas causadas penales abiertas en pases de la U.E. por este motivo, y una vez aprobado por el Parlamento Europeo el exhaustivo Informe Fava sobre la utilizacin de los pases de la U.E. para esta prctica deleznable adems de ilegal, no deja cuando menos de sorprender que en este contexto el Consejo de Europa intentara en Diciembre de 2005 establecer unos denominados requisitos mnimos para la aceptacin de garantas diplomticas destinadas a proteger a personas frente a la tortura despus de ser entregadas a un tercer pas.

Amnista Internacional, Human Rigths Watch y la Comisin Internacional de Juristas denunciaron la anterior iniciativa como un intento de legalizar las renditions o entregas extraordinarias practicadas de forma ilimitada en el marco de la guerra global contra el terrorismo.

A todas luces, se trataba de un intento de utilizar las garantas diplomticas y la proteccin consular para sortear las obligaciones legales de los estados del Consejo de Europa, todos ellos firmantes del Convenio Europeo para la proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma en 1950, tratado que prohbe contundentemente la tortura u otros tratos inhumanos crueles o degradantes, adems de incluir taxativamente en su articulado el principio de no devolucin de ninguna persona a un tercer pas donde pudiera ser sometida a las anteriores prcticas ilegales, es decir, prohibicin absoluta de devolucin a un pas donde existiera, aunque solo fuera eso, el riesgo de ser sometidos a tales prcticas criminales.

En este contexto, ms llamativa an resulta la condena emitida por el Comit contra la Tortura de las Naciones Unidas a Suecia en el ao 2006 por el caso de Ahmed Agiza, ciudadano egipcio devuelto desde Suecia a Egipto en 2001 con la clara intervencin, o al menos induccin, de EE.UU. Ahmed Agiza fue torturado de forma sistemtica y prolongada en Egipto a pesar de las visitas regulares de funcionarios diplomticos suecos -realizadas entre una y otra sesin de tortura- a la crcel donde estaba recluido, visitas ejecutadas en concepto de proteccin consular, toda vez que el mencionado ciudadano egipcio, siendo residente en Suecia, fue detenido y reenviado a un tercer pas, con la aquiescencia del gobierno sueco, con la clara intencionalidad de ser sometido sistemticamente a tortura en el marco de los interrogatorios de sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas islamistas. Con esta devolucin, Suecia incumpli claramente el principio de No devolucin previsto en el Tratado de Roma de 1958 adems de acreditar posteriormente, con las visitas de sus diplomticos al centro de tortura egipcio, la ineficacia de la proteccin consular cuando nos encontramos frente a las denominadas entregas extraordinarias.

III.- LAS LISTAS ANTITERORISTAS: ACUERDOS POLTICOS ELEVADOS A CATEGORA DE NORMA PENAL INTERNA PARA LA PERSECUCIN DE LA DISIDENCIA

En la actualidad, no existe legislacin o normativa jurdica alguna que regule las listas de organizaciones terroristas que se confeccionan tanto por la UE como por los EEUU. Dichas listas, de orden nicamente administrativo, se elaboran exclusivamente atendiendo a decisiones adoptadas por ministros o representantes-delegados de estos, -tanto en la UE como en los EEUU- prescindindose para la adopcin de la decisin de inclusin de personas o colectivos en las mismas de cualquier reglamentacin o intervencin de instituciones legislativas o judiciales. Es tal la falta de regulacin, que incluso en la elaborada por las autoridades federales de los EEUU ni siquiera quedan claro para estas los mecanismos para suprimir o expulsar cualquier previa inclusin en dicha lista.

Los Tribunales de garantas europeos han venido ordenando en sus sentencias, en la mayora de los casos en que ha sido impugnada esta inclusin en listas de terroristas en va judicial, la expulsin de dichas listas tanto de personas como de organizaciones. As, el caso de Jos Mara Sisn, portavoz del Nuevo Ejrcito del Pueblo de Filipinas, organizacin que a pesar de estar incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE negocia desde 1992, y con la mediacin del Gobierno Noruego, un proceso de humanizacin del conflicto y consecucin de la Paz con el Gobierno Filipino, que fue eliminado de la lista europea de terroristas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente el caso de la organizacin iran Muyahidn al Jaq, eliminada de la lista europea por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en esas sentencias la vulneracin de los derechos fundamentales de las impugnantes -personas o colectivos en ellas incluidas- por haberse conculcado el derecho al debido proceso al no haber ofrecido ni informacin ni trmite alguno de alegaciones a los afectados, habindose creado as una situacin de indefensin absoluta.

En la actualidad existen en los tribunales europeos y de los Estados Unidos varios procedimientos judiciales contra personas acusadas de pertenecer o mantener vnculos con colectivos beligerantes en el conflicto armado interno colombiano lo que excluye a fuerzas irregulares al servicio del estado- procedimientos que, adems de haber buscado por el estado colombiano la criminalizacin de los movimientos sociales y de solidaridad internacional con Colombia,previsiblemente se vern abocados a la interposicin de recursos judiciales impugnando la inclusin de determinados colectivos en las listas de terrorismo de la UE, tanto por la ausencia absoluta de garantas del procedimiento de inclusin como por haberse incluido colectivos y personas que renen las caractersticas que el D.I.H. reserva para definir las categoras jurdicas de beligerante y/o combatiente.

A la hora de sustanciarse dichos recursos y emitirse el pronunciamiento definitivo, ser determinante la acreditacin del comportamiento previsto en el Derecho Internacional, por el colectivo rebelde o resistente incumbido

Si el conflicto colombiano ha sido clave en esta involucin jurdica y en la prdida de calidad democrtica operada bajo la cobertura de la guerra contra el terrorismo, tambin deber ser clave en la estrategia que los demcratas del mundo deben llevar adelante para conseguir vencer la estrategia que los EEUU llevan adelante contra la Comunidad Internacional a travs de la anulacin del derecho Internacional y la criminalizacin del derecho a la rebelin y de cualquier tipo de resistencia social o poltica frente al dominio que fuere (poltico, social, econmico, cultural, nacional, etc.) .


IV.- GUERRA CONTRA EL TERRORISMO O DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL ?

La actual guerra global contra el terrorismo, generadora de un autentico Estado de excepcin Global en materia de restriccin de Derechos Humanos, tiene demasiadas similitudes con aquella otra guerra, tambin con adversario difuso, que bajo el nombre de Guerra contrainsurgente o contrarrevolucionaria se libr a partir del final de la II Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fra, primero por el ejrcito francs en Indochina y Argelia, y posteriormente, reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejrcito de los Estados Unidos y de aquellos regmenes dictatoriales, especialmente de Amrica latina, que tieron con la sangre de civiles inocentes y desarmados el subcontinente americano desde finales de los aos 50 hasta el final de los aos 80.

Segn la estudiosa francesa Marie Monique Robin, autora de un magnfico ensayo que, con el ttulo Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, repasa el origen de la doctrina contrainsurgente francesa, sus nefastas consecuencias sobre la poblacin civil de Indochina y Argelia y su posterior traslacin al continente americano bajo la denominacin de Doctrina de Seguridad Nacional -para mayor tragedia de los pueblos guatemalteco, colombiano, boliviano, brasileo, chileno, paraguayo, uruguayo y argentino, entre otros-, las caractersticas de esta Doctrina Contrainsurgente o de la Seguridad Nacional serian:

1.- La poblacin civil es considerada como el enemigo interior a batir, en el marco de la III guerra mundial ya iniciada, toda vez que es entre ella, entre la poblacin civil, donde se camufla el enemigo difuso conocido como subversin.

2.- Es necesaria la accin y guerra psicolgica para el control efectivo del territorio y la poblacin. A tal efecto, el territorio se dividir en zonas de control sobre la poblacin civil.

3.- La eliminacin de garantas jurdicas como condicin sine quanon para abordar con xito esta guerra. La legislacin de excepcin se convierte en el arma esencial para alcanzar el nico objetivo valido, la destruccin total del enemigo

4.- La accin de inteligencia sobre la poblacin civil -acceso a informacin- se convierte en arma de guerra.

5.- La tortura a la poblacin civil se convierte en arma de guerra, tanto como herramienta de inteligencia como para provocar el efecto disuasorio necesario entre las filas del enemigo.

6.- Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas se convierten en arma de guerra, toda vez que la intervencin de las estructuras judiciales del estado de derecho hara imposible ganar la batalla a la subversin.

7.- Junto a los ejrcitos regulares, se crean escuadrones de la muerte o grupos paramilitares para auxiliar al ejrcito regular a la hora de realizar las tareas ms comprometidas -lase ilegales- de esta guerra.

A continuacin, y siguiendo los contenidos del anterior estudio, podemos definir las caractersticas de esa denominada III Guerra Mundial, segn la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la siguiente manera:

1.- Se trata de una guerra permanente y total, porque permanente y total mientras que exista es la esencia de la subversin

2.- Se trata de una guerra integral: se libra por objetivos que alcanzan a toda la sociedad y poblacin de un pas

3.- Se trata de una guerra universal: el planeta entero es considerado como un inmenso campo de batalla

4.- Es una guerra multiforme: se adapta a las condiciones de cada pas atacado por la subversin


Sin duda alguna, las similitudes entre la denomina Guerra Contrarrevolucionaria que diera lugar a la Doctrina de la Seguridad Nacional y la actual Guerra contra el terrorismo, que ha dado lugar al actual estado de excepcin global son ms que llamativas. Como en aquella, esta actual Guerra Global /Mundial contra el terrorismo se nos presenta como permanente y total porque permanente se nos dice- es el peligro terrorista. Es igualmente una guerra integral que se libra entre todos los sectores sociales de los pases afectados. Nuevamente, el planeta entero se nos presenta como campo de batalla y de igual manera, la guerra ha de librarse de forma multiforme.

Tambin en este conflicto el enemigo aparece camuflado entre la sociedad civil, desprovisto de las enseas de un ejrcito regular, por lo que toda la sociedad en especial los disidentes, resistentes y como no, los rebeldes- debe ser vigilada para as detectar al combatiente enemigo. La inteligencia se vuelve a convertir en la mejor arma, a cuyo efecto es necesario eliminar -o al menos disminuir- las garantas jurdicas que el estado de derecho venia reconociendo a todo presunto criminal, incluido el ms deleznable y peligroso de los terroristas. Los generales de este nuevo conflicto consideran igualmente a los sistemas y estructuras jurdicas como impedimentos para alcanzar sus objetivos militares, esto es la destruccin del enemigo. Destruccin que solo podr alcanzarse utilizando como arma de guerra la tortura, la desaparicin forzada, las prisiones clandestinas, y en definitiva, antiguos mtodos que no hace tanto tiempo han sido condenados por la humanidad, han mostrado su ineficacia para acabar con los conflictos y han ocasionado lesiones a bienes jurdicos de alta proteccin como es la dignidad humana en su conjunto.

V.- TERRORISMO VS REBELIN EN COLOMBIA. EL ESTATUTO DE BELIGERANTE EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El cdigo penal colombiano introduce el delito de terrorismo y los actos de terrorismo a partir de 1980, aproximadamente veinte aos despus de existir las organizaciones poltico-militares contempladas hasta entonces como rebeldes o como responsables de delitos comunes. Esta introduccin ni siquiera niega totalmente la relacin entre delitos terroristas y delitos polticos. As, el Cdigo Penal de 1980 estableca en su artculo 127: "Los rebeldes o sediciosos no quedaran sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo".

El estado colombiano ha vendi copiando ya en 1980- mecnicamente las normas de varios pases europeos sobre terrorismo, en especial las normas espaolas. No olvidemos que Espaa ha sido un pas con amplia trayectoria de movimientos y actividades revolucionarias, y por tanto precursor en Europa de los conceptos de Seguridad y Orden desde el punto de vista de las polticas criminales. Esta traslacin automtica de la legislacin antiterrorista europea a la legislacin penal colombiana se hace obviando que la situacin colombiana y las organizaciones rebeldes o disidentes all existentes, nada tiene que ver , ni en su origen, ni en sus actuaciones , ni en su composicin, ni en su ideologa, con la situacin existente en Europa o en Espaa.

En el ao 1988 se ampla y extienden las tipificaciones como terrorismo sobre una gran cantidad de conductas, a la vez que se agravan las ya existentes a travs del denominado Estatuto Antiterrorista

Con la anterior coartada, el Estado colombiano practica sistemticamente el terror contra la poblacin civil desarmada, a travs del bombardeo de las zonas de conflicto armado entre Ejercito y Guerrillas; aplica ese terror de forma selectiva a travs de agentes del estado contar opositores polticos y sociales, mediante torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, y por ltimo, a travs de la justicia especializada de Orden Publico.

As, la Corte Suprema de Justicia acaba declarando ajustado a la Constitucin el estatuto para la Defensa de la Justicia, con lo que se multiplican las conductas que pueden ser consideradas como terrorismo: oposicin al sistema social, a las polticas estatales, revueltas callejeras y protestas estudiantiles, etc.

Paulatinamente se va sustituyendo la consideracin legal del estatuto jurdico del rebelde, por un nuevo estatuto legal, en este caso el de terrorista, aplicable a cualquier rebelde, resistente o incluso disidente.

Para lograr la efectividad jurdica de lo anterior, es imprescindible anular la posible aplicacin jurdica del Derecho Internacional Humanitario o DIH, el Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados, tambin a los conflictos armados internos.

El DIH no es un dogma. Es una herramienta para la regulacin y humanizacin de los conflictos armados y puede ser utilizado como herramienta de resolucin de conflictos y de regulacin de la convivencia en el marco de estos conflictos.

Las categoras jurdicas de Beligerantes, o combatiente no pueden por tanto ser anulados a travs de la imposicin o insercin lo que supondra la reduccin y simplificacin de una situacin compleja- del concepto de terrorismo en el seno de un conflicto armado interno o internacional.

Reafirmemos las siguientes ideas:

1.- Colombia padece un Conflicto Armado Interno de larga data, originado en causas polticas, sociales y econmicas.

El conflicto armado interno se distingue en el Derecho Internacional Humanitario por cumplirse tres requisitos de no internacionalidad:

1.- Su desarrollo se verifica dentro de las fronteras de un estado.

2.- Al menos una de las partes no tiene cualidad estatal.

3.- Parte de las luchas armadas que se ejecutan, se regulan o debieran regularse por las normas jurdico-internacionales.

2.- Beligerantes y combatientes: La resistencia al reconocimiento de la categora de beligerancia a la insurgencia en el marco del conflicto colombiano, no es ms que una manifestacin poltica, nunca un debate jurdico. Recordemos que no existe a fecha de hoy una definicin de terrorismo en el Derecho Internacional, mientras que las distintas definiciones existentes en el derecho interno suelen habitualmente ser dispares. As, en algunos pases se entiende por terrorismo las actuaciones que tienden a subvertir o sustituir el orden constitucional imperante, mientras que otros entienden como tal las actuaciones criminales que persiguen imponer un rgimen de terror a la poblacin civil.

Desgraciadamente la actuacin de las fuerzas beligerantes o de los combatientes en el conflicto armado interno colombiano no siempre es respetuosa con la normativa establecida en las Convenciones de Ginebra de 1949, en los Protocolos Adicionales de 1977 y en las restantes normas convencionales y declaraciones de NNUU aplicables a los conflictos armados.

Beligerante en el DIH: la colectividad polticamente organizada que toma parte en el conflicto armado en forma opuesta a la neutralidad,

Condiciones de beligerancia:

1.- un estado generalizado de hostilidades

2.- grupo con posesin efectiva de una parte del territorio

3.- ejerce jurisdiccin, imponiendo un orden jurdico diferenciado y una institucionalidad.

4.- el grupo beligerante cuenta con una organizacin militar y una autoridad responsable. Normativa interna

5.- La parte beligerante debe conducir los combates respetando el DIH

Combatiente en el DIH: las personas que de hecho toman parte directa en el combate y son sujetos activos y pasivos de la accin hostil

Condiciones de combatiente:

1.- pertenencia a unas FFAA parte en conflicto

2.- Encuadrado en una organizacin militar con a) mando responsable, b) disciplina interna c) acatamiento normas DIH

3.- Portar signos distintivos y armas abiertamente, distinguindose de la poblacin civil.

El reconocimiento de la beligerancia exige: (1) el cumplimiento de unos requisitos de derecho material y (2) la existencia de una decisin poltica, expresin de soberana, que implica entender el conflicto armado como confrontacin o guerra civil

La existencia de actos que puedan considerarse terroristas no implica que deje de existir la situacin de conflicto armado interno ni modifica la calificacin jurdica del conflicto

Respecto al conflicto interno colombiano, atendiendo a los datos publicados por prestigiosos organismos de DDHH Colombianos o dependencias del sistema de las NNUU, el mayor violador con mucho, del DIH y de los DDHH en Colombia, es el estado colombiano, sus agentes y el paramilitarismo, -desapariciones forzadas, desplazamiento forzoso, ejecuciones extrajudiciales, tortura, crmenes de guerra, utilizacin de armas qumicas, uso desproporcionado de la fuerza, violencia contra las mujeres, etc- existiendo un porcentaje importante de dichas violaciones imputadas a la insurgencia secuestros, reclutamiento de menores, utilizacin de minas terrestres, etc- , aunque a mucha distancia de los niveles de responsabilidad atribuibles al estado. Ello es mas grave cuando la legitimidad del estado reside esencialmente en cumplir y hacer cumplir la legalidad y en proteger los derechos de los ciudadanos bajo su soberana. El Estado debe ser el Guardin de la legalidad, o pierde toda legitimidad.

Llegados a este punto, el observador deber detenerse a pensar si las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de los contenidos de las normas de Derechos Humanos realizadas por el estado colombiano, responden a un Plan Criminal preestablecido o por el contrario pueden considerase hechos aislados. Igual criterio deber aplicarse a las actuaciones ilegales realizadas por la insurgencia que puedan ser considerados violaciones del DIH o de los Derechos Humanos. A mi juicio, es en operaciones militares y/o policiales como las denominadas Gnesis, Orin, Golpe de gracia o Baile rojo donde en trminos jurdicos se acredita sobradamente la existencia de planes sistemticos de exterminio o de comisin de crmenes de lesa humanidad.

De obtenerse los reconocimientos de iure o de facto- de beligerantes o simplemente combatientes de las fuerzas insurgentes que operan en el conflicto colombiano, la inclusin de estas fuerzas beligerantes o combatientes rebeldes en las denominadas listas de terroristas perdera definitivamente su ya escasa sustentacin jurdica.

La inclusin de fuerzas beligerantes rebeldes en las denominadas listas de organizaciones terroristas, adems de carecer de sustento jurdico, contamina el conflicto y complica la bsqueda de una solucin duraderaque aborde las causas originarias del mismo, as como hace aun mas difcil abrir escenarios de confianza entre las partes que permitan construir la paz.

Tambin la utilizacin espuria e interesada de la Corte Penal Internacional puede contaminar sustancialmente el conflicto colombianos y dificultar una salida poltica y definitiva al conflicto. Llama poderosamente la atencin observar al ex ministro de defensa colombiano bajo cuyo mandato se ejecut el crimen de lesa humanidad denominado falsos positivos- Don Juan Manuel santos, actual Presidente de Colombia- , acudir por invitacin del fiscal de la Corte Penal Internacional a dicha sede judicial para dirigir al mundo un mensaje de criminalizacin de la insurgencia colombiana. Recordemos que Colombia hizo una reserva de 7 aos a la entrada en vigor de los crmenes de guerra contemplados en el estatuto de la Corte, con el argumento de necesitar adecuar el comportamiento de sus fuerzas militares a las prescripciones legales imperativas existentes en el estatuto, lo que supone un reconocimiento implcito de la comisin de dichos crmenes de guerra. Desde Noviembre 2009 la totalidad de los crmenes competencia de la Corte Penal Internacional son perseguibles desde este tribunal internacional respecto a Colombia. Utilizar esta entrada en vigor, retardada por las autoridades colombianas para preservar a sus fuerzas armadas de procesos por crmenes de guerra, para argumentar la necesaria comparecencia de las insurgencia colombiana ante La Haya para dar cuentas del reclutamiento de menores, el secuestro o la utilizacin de minas terrestres, causa rubor tras conocer como conoce la comunidad internacional la lista inabordable de actuaciones ilcitas realizadas por las fuerzas armadas colombianas en el marco del conflicto interno, lista que comienza por la utilizacin de la violencia sexual como arma de guerra, la utilizacin de armas qumicas contra la poblacin civil (Glifosato), las masacres de poblacin civil, los desplazamiento, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y un largo etctera.

La insurgencia debe valorar si la supuesta ventaja militar que perdera en caso de renunciar definitivamente a realizar prcticas que puedan considerarse ilcitas o criminales en el derecho internacional, no sera suficientemente compensada con la ventaja poltica que supondra eludir el riesgo de acabar alguno de sus integrantes procesados por la CPI, lo que sin duda alguna tendra un efecto poltico pernicioso tanto para la resolucin poltica del conflicto colombiano como para, en el contexto internacional, hacer retroceder mediante la eliminacin de las FARC y el ELN de las listas de terroristas de la UE- el intento de anulacin del derecho internacional que supone la existencia de la denominada guerra contra el terrorismo.

El reconocimiento de beligerancia supone que los beligerantes no estn sometidos al orden jurdico interno o nacional, sino que el conflicto de facto se convierte en conflicto civil y se rige por las normas de los conflictos interestatales, al ser reconocidos por terceros estados u organismos multilaterales como beligerantes. Esto implica tanto la observacin del estatuto de prisioneros de guerra como la limitacin del ius punendi del estado: no podran ser procesados los prisioneros de la insurgencia.

La beligerancia es el reconocimiento del derecho a hacer la guerra en igualdad de condiciones y con iguales garantas internacionales que el estado, y por tal motivo el estado donde se desarrolle el conflicto intentar por todos los medios que no se reconozca dicho estatuto a la insurgencia.

Pero ya se reconozca a la insurgencia como parte combatiente o como parte beligerante, lo cierto es que en los dos supuestos, con ambos se pueden alcanzar acuerdos para humanizar el conflicto armado. EL DIH lo permite y ninguna norma de Derecho Internacional lo proscribe, por lo que no tiene explicacin jurdica alguna la negativa del estado colombiano a sentarse a hablar con la insurgencia, ya sea de las causas del conflicto y de la solucin de este, o ya sea al menos de la regulacin del mismo en beneficio de la poblacin civil que lo padece.


VI.- CONTRADICCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO: DE LA NEGATIVA A ASUMIR LA EXISTENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO AL INTENTO DE IMPONER UN ESCENARIO DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Las referencias a la aplicacin del DIH -en las paginas web de las fuerzas militares colombianas, por ejemplo- la utilizacin preferente del ejercito y no la utilizacin marginal de la polica- en el combate a la insurgencia, la existencia de leyes que regulan el impuesto de guerra o reconocen personalidad poltica a representantes de la insurgencia, o la tradicin del delito poltico en Colombia, ACREDITAN CONFORME A LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS DEL ESTADO- EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO O INTERNACIONALIZADO EN COLOMBIA. La mera existencia del Plan Colombia o de las siete Bases militares de EEUU en Colombia, o el ataque militar al departamento ecuatoriano de Sucumbos por Colombia en marzo de 2008, son otra acreditacin de que dicho conflicto hace tiempo se internacionaliz

El Delito poltico en Colombia castiga el mtodo empleado, no el fin perseguido por el delincuente poltico. Se juzga solo al delincuente poltico vencido, mientras al vencedor se le entrega el gobierno

En trminos generales, tanto al rebelde beligerante como al rebelde no beligerante se le da tratamiento penal privilegiado: al beligerante se le concede inmunidad penal; al no beligerante se le da tratamiento de delincuente poltico sometido a especial poltica criminal.

Las distintas formas de enfocar la poltica criminal en un pas en conflicto armado, determinan e influyen en las posibles vas para conseguir la resolucin del conflicto por vas polticas:

1.- Poltica criminal Radical: se otorga trato de delincuente comn al infractor poltico. No ayuda ni a humanizar el conflicto ni a alcanzar un escenario de paz

2.- Poltica criminal Atenuada: se asume que la delincuencia poltica y el infractor persiguen un fin altruista

El ordenamiento jurdico colombiano ha contemplado desde hace aos el delito poltico de forma especfica para la concesin de indultos o para ser congresista o magistrado, estatuto que se puede alcanzar aun habiendo sido condenado por delitos polticos

La criminalizacin del rebelde bajo la figura delito poltico facilita la reconciliacin. Bajo la figura de delincuente comn o terrorista, impide la reconciliacin y la apertura de dilogos sobre el fin del conflicto y la consecucin de la paz.

No olvidemos que la paz es un derecho constitucional contemplado en la constitucin colombiana de 1991.

En conclusin, ya se alcance el estatuto de beligerantes, ya sea considerada la insurgencia meramente como organizaciones de combatientes, ninguna consideracin jurdica impide sentarse a hablar con ellos y nada justifica convertir el derecho a la rebelin o la resistencia contra la injusticia en un delito terrorista.

El reconocimiento del estatuto jurdico de la beligerancia implica la eliminacin del escenario poltico de guerra contra el terrorista y el reconocimiento de derechos al rebelde, pero tambin implica obligaciones: otorga estatuto poltico a la insurgencia, pero tambin la convierte en sujeto de responsabilidades ante la comunidad internacional, lo cual otorga a esta mayor capacidad de presin e incidencia sobre las organizaciones insurgentes y mayor presin para controlar que los medios de combate de esta se ajusten a lo previsto en el DIH, eludindose as el riesgo de la comisin de delitos internacionales..


(*) Enrique Santiago Romero es abogado

Tenerife, 28 de Octubre de 2011



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter