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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-11-2011

Manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las crceles

Boletn Tokata


Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o mtodo, un grave dolor fsico o psicolgico, con intencin de castigarla u obtener algo de ella (informacin, una confesin, obediencia, sumisin), entonces, la crcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, as como el rgimen de dominacin y explotacin capitalista a cuyo servicio est evidentemente la accin punitiva del Estado, se pueden definir como mquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes ms evidentes, es decir, el empleo de la violencia fsica directa, usados rutinariamente por los agentes de la administracin del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento normal

Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemtica y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la mquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institucin y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominacin, su actitud insumisa es razn suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represin consiguiente, constatan tambin la ineficacia de los procedimientos institucionales de prevencin contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no confan en los Jueces de Vigilancia Penitenciaria ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la Secretara General de Instituciones Penitenciarias, ni en el Defensor del Pueblo y denuncian incluso su complicidad en la creacin de las condiciones de su indefensin frente a la tortura.

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el Relator especial, el Subcomit contra la tortura, o el Comit de los Derechos del Nio, los tres de la ONU, Human Rights Watch, Amnista Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones ms o menos gubernamentales han denunciado tambin la existencia de la tortura en el territorio del Estado espaol y la impunidad creciente con que se practica, as como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regmenes de incomunicacin de detenidos o de aislamiento de presos.

A pesar de la adhesin formal del Estado espaol a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad poltica de erradicar esa siniestra y repugnante prctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores espaoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el rgimen FIES; mantienen y piensan mantener la detencin incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenrseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

Tambin ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los polticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicacin, por la que se hacen descaradamente cmplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinin pblica independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fcilmente que la mayor parte de la poblacin acepta sin el menor escrpulo el adoctrinamiento de los creadores de opinin.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado espaol se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como Mecanismo Nacional de Prevencin (de la tortura) al Defensor del pueblo, que no ha mencionado la palabra tortura ms que una sola vez desde su creacin y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo ttulo europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal espaol del Comit para la Prevencin de la Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar Garzn, acostumbrado, en la ejecucin de sus tareas en ese tribunal de excepcin, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del rgimen de incomunicacin mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo ms mnimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las ms de las veces por ellos. Eso convierte en la prctica esas instituciones en nuevos ritos de impunidad, mecanismos de ocultacin y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado espaol que, aunque bastante heterogneos, tienen en comn su preocupacin por el control, visibilizacin, denuncia y prevencin de la tortura desde la sociedad civil. Hace aos que, aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen formando una base de datos sobre la tortura, cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo tambin de forma sostenida un discurso crtico muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (ms de 7000 desde 2001), sealando asimismo el hecho evidente de que la tortura est generalizada en todo el territorio del Estado espaol, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policas y cuerpos de carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan tambin del imponente nmero de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la crcel

Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar las limitaciones en implantacin territorial y acceso a la informacin de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin ms testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre s; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias tpicas por atentado, resistencia, desobediencia o lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobarda de los exmenes mdicos, mal hechos o que llegan tarde; la presuncin de veracidad que el sistema judicial otorga a la autoridad en el ejercicio de sus funciones; la falta de tutela judicial efectiva y la inoperancia de la fiscala, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigacin; la obstruccin administrativa a su realizacin; la descalificacin y criminalizacin de quienes intentan apoyar a los denunciantes Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos slo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.

Es esta triste situacin la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestin de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos ms evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominacin por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros tambin nos convertiramos en cmplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresin sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situacin en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto ms brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, la crcel es tortura en s misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepcin y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor conspicuo de alteracin de conductas, de sumisin aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus vctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a l es tambin enormemente destructivo. La crcel impone una relacin de dependencia del preso con la administracin carcelera, una relacin de sujecin especial donde la administracin de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa sujecin especial crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el rgimen de incomunicacin de los detenidos o el de aislamiento de los presos.

Las infrahumanas condiciones de ese rgimen de aislamiento; los traslados arbitrarios; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higinico-sanitario; el encarcelamiento de enfermos mentales y terminales; la indefensin jurdica; la sobreexplotacin laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero tambin las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisin absoluta a un supuesto poder terapetico de la institucin penitenciaria; el calvario voluntariamente asumido hacia la reinsercin en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinsercin en la miseria Todas esas prcticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones espaolas, permiten tambin aplicar al tratamiento que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.

La crcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros ms que componentes de una maquinaria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situacin de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Adems, su amenaza tiende a extenderse, a regular cada vez ms aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza creciente ms y ms conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y cada da ms, a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial Se puede separar la tortura de la dominacin de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una sociedad civil independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definicin son enemigos.

As pues, no se trata de discutir con la dominacin sobre las caractersticas del rgimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situacin actual de atomizacin social, con la idiotizacin consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de sealar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sera la unin, el dilogo, la coordinacin de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la accin comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jams ningn derecho si no se ha visto obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si an no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antao al dejarse integrar poltica, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-crcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lcida, la crtica intransigente, el dilogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida da a da en la lucha contra la injusticia y la opresin.

La iniciativa de esta campaa parte de dentro de las crceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompaados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervencin de comunicaciones, violacin y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidacin, coacciones) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. An as, el propsito de los participantes es persistir en su denuncia pblica el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensin de la lucha dentro y fuera y de la atencin que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimira sin salir de esa relacin de sujecin especial entre torturador y torturado.

Pero no se trata slo de las crceles de la Secretara General de Instituciones Penitenciarias, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las crceles para nios, incluso en los centros de proteccin, en las de inmigrantes, en los psiquitricos, en las comisaras, en las calles la violencia, la prepotencia y el cinismo de las fuerzas del orden son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevencin de la tortura, se trata de fijar la atencin tanto sobre ellos y sus verdaderas funciones como sobre la situacin real de impunidad de los torturadores e indefensin de los torturados, con la intencin de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situacin de obligar a la dominacin a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andar.

Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigacin colectiva con procedimientos verdaderamente crticos y el propsito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cmo y por qu, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotndonos de las herramientas tiles y necesarias para ello, iniciando un proceso prctico basado en la relacin directa e igual entre los implicados, en la reflexin permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a travs de la comunicacin directa y de acuerdos explcitos.

Esto es, por tanto, un llamamiento a la unin y coordinacin de todos los esfuerzos encaminados a la erradicacin de la tortura No podemos consentirla!

http://boletintokata.wordpress.com/2011/11/10/manifiesto-para-una-lucha-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-las-carceles-del-estado-espanol/



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