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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-11-2011

Niez y neoliberalismo en El Salvador

Alberto Quinez
Revista Pueblos


En 1990, el Estado salvadoreo ratifica la Convencin sobre los Derechos del Nio (CDN) casi de forma paralela a la puesta en ejecucin de las medidas de ajuste estructural que daran forma y vida al modelo neoliberal. Ambas medidas son entre s contradictorias: las medidas de ajuste, en el enfoque del Fondo Monetario Internacional (FMI), propiciaron la desvalorizacin de la fuerza de trabajo y, por tanto, el empobrecimiento de miles de hogares, ncleo primario de cuido y desarrollo de la niez.

Hay que hacer nfasis en ese carcter contradictorio pues el reconocimiento de la naturaleza de la CDN implica la creacin de condiciones que garanticen la inclusin econmica y social de las familias y de nias, nios y adolescentes, de forma particular, contrario a la pretensin del patrn neoliberal que busca re-viabilizar la acumulacin capitalista a escala mundial a base de la precarizacin de la clase trabajadora y, por tanto, de la exclusin de sectores crecientes de la sociedad.

Las polticas econmicas derivadas de las pautas del Consenso de Washington (CW), comienzan a identificarse en el plan de gobierno de Alfredo Cristiani (1989 1994) y en las propuestas de la Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), donde se plantea, entre otras cosas, una reconceptualizacin del Estado, el cual debe asumir un papel subsidiario en la sociedad[1].

La lnea ideolgica engendrada por el CW, cuya expresin concreta fue el ajuste estructural y la orientacin subsidiaria del Estado, signific reestructurar el sistema tributario, abrir y liberalizar los flujos de comercio exterior, desregular las inversiones extranjeras, solidificar el modelo de flexibilizacin laboral, entre otras cosas.

Todas estas polticas tenan como objetivo la disminucin de las responsabilidades estatales, con lo que se coartaba la posibilidad de que ste interviniera en funciones estratgicas de la sociedad para garantizar los derechos de la niez. Sin embargo, como la vulneracin de los derechos era vista como una atipicidad, o ms bien, como un fenmeno ajeno al sistema econmico prevalente, el Estado deba asumir el rol de protector sui generis, de agente paternalista, focalizado a esas atenciones ajenas al mercado.

Esa visin del Estado contradice de suyo a la que implcitamente subyace a la CDN, ms enfocada en la Doctrina de la Proteccin Integral (DPI) y que, entre otras cosas, supone que nios y nias son sujetos de derechos y con prioridad absoluta en la elaboracin e implementacin de las polticas pblicas. La prioridad absoluta implica, adems, el fortalecimiento del aparato de Estado pues slo de esa forma se garantiza que el desenvolvimiento econmico logre traducirse en el desarrollo e insercin plena de la niez y la adolescencia en la vida social.

Ms all de la visin paternalista del Estado engendrada por la ideologa neoliberal, las polticas de sta derivadas han sido eminentemente vulneradoras de los derechos humanos en general y de los derechos de la niez y de la adolescencia en particular. A ms de dos dcadas de polticas neoliberales, la situacin econmica, social y cultural de millones de hogares va en claro detrimento.

A pesar del encarecimiento progresivo de los bienes mnimos para satisfacer las necesidades de los hogares, los salarios, tanto a nivel urbano como rural, han aumentado de forma mnima o se han reducido. La tasa de desempleo ha permanecido casi estable, mientras el subempleo que expresa la situacin real de exclusin del aparato productivo capitalista- ha aumentado de forma considerable en los ltimos aos.

A pesar de que la pobreza medida por el mtodo de la pobreza del ingreso, que esconde otras privaciones importantes como el acceso real a educacin, salud o cultura- ha disminuido en casi 22 puntos porcentuales desde 1991, hay que tener muy en cuenta el papel que en este fenmeno han tenido los flujos migratorios crecientes y el ingreso familiar que significa la percepcin de remesas provenientes del extranjero.

En este contexto, el modelo econmico prevaleciente vulnera el acceso de las personas a una vida digna: precariza la calidad y el acceso a alimentos adecuados, agua y medicamentos, vivienda, servicios de salud y educacin, entre otros. En el caso de la niez, dicho acceso es doblemente negado debido al modelo econmico y a elementos socio-culturales como el patriarcado y el adultocentrismo, que minan la participacin de nias y nios en la vida de su sociedad.

Sin embargo, revisar las estadsticas sobre vulneracin de los derechos de la niez supone algunos problemas: primero, la informacin de los sistemas estadsticos nacionales no permite ver, en algunos casos, las causas originarias de la atencin a niez, lo cual se ve acentuado por la heterogeneidad con que las instituciones del Sistema de Proteccin Social Universal (SPSU) registran la informacin de niez; segundo, la reconceptualizacin de algunos sistemas estadsticos a partir de la DPI hace no comparables las estadsticas de digamos- hace 10, 15 aos, con las que se generan actualmente; tercero, dentro de los sistemas estadsticos nacionales an quedan poco visibles las vulneraciones que ataen ms a colectivos que a individuos, es decir, la vulneracin de los llamados derechos difusos.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Proteccin Integral de la Niez y la Adolescencia (LEPINA), tanto las instituciones pblicas como la misma sociedad civil estn obligadas a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de nias, nios y adolescentes a travs de un enfoque de proteccin integral (principio de corresponsabilidad). El artculo 14 de dicha ley, plantea como uno de sus principios rectores la prioridad absoluta de nias, nios y adolescentes mediante su preferente consideracin en las polticas pblicas.

Sin embargo, creemos necesario resaltar nuevamente la contradiccin que se da en el plano de lo real entre la legislacin y la poltica econmica. A pesar de que la CDN entr en vigencia en los primeros aos de la dcada de los noventa, las polticas llevadas a cabo por el Estado salvadoreo en toda esa dcada deterioraron la situacin real de la niez y la adolescencia. En el momento actual, la coherencia entre la LEPINA y las polticas llevadas a cabo desde el rgano ejecutivo es bastante cuestionable; muchas de las medidas que se estn aplicando en el tema fiscal, comercial y laboral, se enmarcan en la profundizacin del modelo neoliberal que histricamente ha precarizado la situacin econmica de los hogares, creando el contexto idneo para la vulneracin de los derechos de la niez y la adolescencia.

An ms: el Estado salvadoreo est amarrado a llevar a cabo esas medidas de poltica a partir de los compromisos asumidos como contraparte de los prstamos precautorios (Acuerdos Stand By) contratados con el FMI en marzo de 2010, y que responden a la misma lgica neoliberal que se haba venido aplicando en el pas en los ltimos veinte aos [2].

Asistimos a una nueva contradiccin entre legislacin, discurso y polticas pblicas? Probablemente, s. Pero en tanto histrico este fenmeno puede dar mucho de s, si es superado; y en tanto poltico nos compete, por nuestros nios y nias, a todos y a todas.

Notas

[1] FUSADES. Hacia una economa de mercado en El Salvador: bases para una nueva estrategia de desarrollo econmico y social. FUSADES-DEES. 1989. Pg. 3.

[2] Dicho acuerdo plantea, entre otras cosas, la reforma del sistema de subsidios, el logro de ciertas metas fiscales y macroeconmicas, la aprobacin de leyes de supervisin financiera y de fondos de inversin, entre otros. Ver: FMI. Request for a Stand-By arrangement and cancellation of current arrangement. FMI. Pg. 20.

Alberto Quinez. Asociacin de Estudiantes de Economa (AEE) y Juventud de la Tendencia Revolucionaria (JTR)

Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2274



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