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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-11-2011

La recin aprobada Ley de Medidas de Agilizacin Procesal
Medidas que limitan el acceso a la justicia

Diego de las Barreras
Diagonal

Bajo el pretexto de paliar el atasco en la Administracin de justicia, las medidas de agilizacin aumentan las condiciones para ponerse bajo su tutela.


La Ley 37/2011, de 10 de octubre de Medidas de Agilizacin Procesal, que ha entrado en vigor el 1 de este mes, contiene una batera de normas dirigidas a aliviar la obstruccin arterial del sistema de administracin de justicia en los rdenes procesales civil y contencioso-administrativo (pleitos contra Administraciones pblicas).

De entre ellas, cabe destacar en materia civil por su mayor cariz antisocial la nueva regulacin del desahucio del arrendatario por impago de renta o cantidades asimiladas a la misma (luz, agua, impuesto sobre bienes inmuebles, obras repercutibles), as como una importante limitacin del acceso al sistema de recursos para los ms pobres. Para lo primero, se articula una modalidad procesal que presume la veracidad del impago por parte del arrendatario (similar al juicio monitorio), de modo que si en diez das el inquilino no responde en forma (con abogado y procurador), se acuerda el desahucio sin necesidad de juicio. Adems, se establece el plazo de tan slo tres das para que el arrendatario que pretenda oponerse solicite defensa jurdica gratuita, lo que es un plazo a todas luces pensado para que se le pase al potencial beneficiario del derecho de justicia gratuita (unidad familiar con ingresos inferiores a mil euros al mes), y as la propiedad se ahorre el enojoso trmite del juicio, y la Administracin el coste de los abogados de oficio. La prioridad del legislador socialista es una vez ms, tranquilizar al ciudadano propietario frente a posibles abusos de los desposedos.

Se encarecen los recursos

En cuanto al acceso a los recursos, tanto en el orden civil como en lo Contencioso-Administrativo, la reforma establece que para poder interponer recurso de casacin ante el Tribunal Supremo la cuanta de los procedimientos (inters econmico en juego) deber ser superior a 600.000 euros , cuando la norma anterior fijaba el rasero en 150.000.

As, el Gobierno alivia la carga de trabajo del Alto Tribunal, excluyendo del acceso al mismo los asuntos de poca monta y preservando el derecho de recurso de los ciudadanos de verdad, los que manejan intereses de ese volumen. Frente a las crticas por esta modificacin, se defenda el seor lvaro Cuesta (diputado socialista y presidente de la comisin de justicia del Congreso) alegando que como deca el insigne procesalista Carnellutti (jurista decimonnico), cuantos menos asuntos, mejor justicia, aadiendo que los ilustrsimos magistrados del Tribunal Supremo haban pedido que el lmite de acceso se fijase en el milln de euros, con lo que la posicin del grupo socialista haba sido intermedia.

En el orden de lo Contencioso-Administrativo, la posibilidad de interponer recurso de apelacin ordinario (segunda instancia) contra sentencias dictadas en primera instancia se cierra a asuntos de cuanta inferior a 30.000 euros, cuando hasta ahora el lmite estaba en 18.000. Se sigue la misma lgica, que en la exposicin de motivos de la reforma se dice est orientada a limitar el uso abusivo de instancias judiciales, por parte de personas con intereses inferiores a esas cuantas.

Pero la peor de todas las modificaciones es la instauracin de la regla general de imposicin de costas al litigante que ve desestimadas sus pretensiones en el procedimiento Contencioso-Administrativo. Se instaura as en los pleitos contra Administraciones la regla propia de los pleitos entre particulares (jurisdiccin civil) de que el que pierde paga. Esto supone que quien vea desestimada su demanda contra una Administracin tendr que pagar no slo a su abogado y procurador, sino el de la Administracin, el pago de peritos que hayan intervenido, tasas judiciales, y cualquier otro gasto del juicio.

Uno de los motivos determinantes de la gente para no acudir a la justicia civil a defender sus derechos incluso cuando est cargada de razn es precisamente el miedo a perder y tener que pagar las costas. Evidentemente, cuanto ms pobre es la persona, ms se inhibe de reclamar sus derechos, sobre todo si lo tiene que hacer frente a entidades econmicamente poderosas; bancos, aseguradoras, ciudadanos acaudalados... Lo que ha convertido tradicionalmente (no tanto en asuntos de derecho de familia) a esta jurisdiccin en territorio no aconsejable a las economas medias y medias-bajas.

Ahora se implanta la misma regla en los conflictos entre particulares y Administraciones pblicas, precisamente en el terreno judicial en que hay desigualdad de armas entre las partes por definicin. Ahora, el particular que se oponga a que el alcalde de turno le declare en ruina su casa para construir encima, el extranjero que se oponga a la denegacin de la renovacin de su permiso de residencia, o la persona que se rompa la cadera por el mal estado de la va pblica, tendrn que pensrselo dos veces an- tes de reclamar contra la Administracin, so pena de quedar gravemente endeudados.

Diego de las Barreras / Abogado de ODS Seco

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Medidas-que-limitan-el-acceso-a-la.html


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